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Informe oficial de EE.UU. acusa a REPSA de contaminar el río La Pasión
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Informe oficial de EE.UU. acusa a REPSA de contaminar el río La Pasión

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Poco después del ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, expertos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos visitaron la planta producción de la empresa de palma africana Repsa. Los inspectores constataron que la empresa se deshacía de sus desechos más contaminantes en el río.

La Agencia de Protección Ambiental no duda en calificar esta descarga de “ilegal”, tomando en cuenta la legislación guatemalteca
El proceso por el ecocidio sigue estancado; los artilugios legales emprendidos por Repsa han conseguido bloquear el juicio

Lo primero que notaron los expertos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense frente al sistema de tratamiento de aguas de la planta Repsa I fue el intenso olor a huevo podrido. Esa era solo la primera de las sorpresas que les aguardaba durante la inspección que realizaron en julio 2015.

Dos meses antes, poco después de que aparecieran decenas de miles de peces muertos flotando sobre el río La Pasión, el gobierno de Guatemala pidió ayuda a la EPA, agencia federal encargada de proteger la salud humana y el medio ambiente, para descubrir las causas del desastre ambiental. 

La EPA envió a la zona a un equipo liderado por el ingeniero Jairo Castillo. Junto con inspectores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los estadounidenses recorrieron parte del río y visitaron las dos plantas que Reforestadora de Palmas SA (Repsa), parte del grupo empresarial que produce los aceites Olmeca y los alimentos Regia, y principal sospechosa de haber causado la tragedia. Plaza Pública realizó una solicitud de acceso a la información (Freedom of Information Act request) a la EPA, y obtuvo así el informe de estos expertos. El documento, que podría servir en el proceso penal que se lleva a cabo para esclarecer el ecocidio, refuerza la idea de que el mal manejo de los desechos líquidos por parte de la planta aceitera causó la muerte masiva de peces.

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El sistema de tratamiento de Repsa I contaba entonces con cinco lagunas para tratar los desechos líquidos producidos por la extracción de aceite. Los expertos notaron que las lagunas estaban llenas hasta el tope de desechos putrefactos, cuando lo prudente es dejar un margen de un metro entre el nivel de los desechos y el borde del estanque. Observaron además que las lagunas no estaban selladas con concreto ni ningún material impermeable. “Esto crea las condiciones para una contaminación de las aguas subterráneas”, indicaron en el informe.

Archivo/Sandra Sebastián

Pero había algo peor. Los expertos descubrieron una tubería de 15 centímetros de diámetro que, desde el fondo de la primera laguna, descargaba los desechos más contaminantes a un canal que desembocaba en el río. El líquido que corría era, según el informe, “gris oscuro con apariencia aceitosa”. Mediante esa tubería, Repsa cortocircuitaba su propio sistema de tratamiento de desechos. La Agencia de Protección Ambiental no duda en calificar esta descarga de “ilegal”, tomando en cuenta la legislación guatemalteca.

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El informe detalla los efectos de la descarga de residuos de esta naturaleza en un río. Estos desechos “consumen el oxígeno del agua y asfixian a la vida acuática”, lo que produce muerte de peces y desaparición de invertebrados. “Muchos ríos grandes y pequeños han sido devastados por estas descargas, afectando a las poblaciones que viven río abajo”, prosigue la EPA.

Los expertos también exploraron la segunda planta extractora. Se dieron cuenta que la empresa estaba ampliando el sistema de tratamiento del agua de la planta Repsa II. Se estaban cavando 12 nuevas lagunas, para pasar de 9 a 21 lagunas, lo cual parece indicar que el sistema que tenían era muy insuficiente para tratar de manera adecuada los desechos producidos. Los técnicos de Repsa indicaron a la EPA que las obras habían empezado en mayo de 2015, es decir, poco después de la primer episodio de muerte de peces, ocurrido el 29 de abril. Los inspectores constataron que las nuevas lagunas sí estaban revestidas con cemento.

Junto con inspectores del MARN, el equipo norteamericano quiso también visitar las instalaciones de Naisa, otra empresa palmera de la zona. Pero, aunque la compañía les garantizó el acceso por teléfono, una vez en el lugar les negó la entrada. Los inspectores de la EPA se extrañaron que el reglamento de aguas residuales en vigor no permitiera al MARN inspeccionar estas plantas libremente y sin previo aviso.

Lee también: Repsa: El historial de una empresa investigada por ecocidio

Los inspectores recorrieron el río La Pasión a lo largo de varios puntos. Más de un mes después de la catástrofe encontraron que las aguas seguían siendo turbias. Observaron además manchas aceitosas con escombros en la superficie. Notaron también que en Sayaxché había aguas negras corriendo directamente al río, y que un poco más abajo, personas iban a recolectar agua del río para su propio consumo.

Se intentó obtener la opinión de Repsa sobre este informe, pero la empresa palmera prefirió no dar declaraciones.

Un informe engavetado

El informe de la EPA debería haber servido al MARN para emprender acciones en contra de la empresa. El Ministerio es querellante adhesivo en el proceso que busca hacer la luz sobre el desastre ambiental. Sin embargo, según la Fiscalía de Medio Ambiente, el MARN nunca les hizo llegar el informe. Alfonso Alonzo Vargas, viceministro de Ambiente, indicó que desconocía la existencia misma del informe puesto que el desastre ambiental ocurrió antes de que asumiera su cargo.

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El proceso por el ecocidio sigue estancado. Según Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), querellante del caso, los artilugios legales emprendidos por Repsa han conseguido bloquear el juicio. Repsa presentó una demanda civil en contra de la jueza de medio ambiente de Petén, Karla Hernández, quien debía conocer el caso, y que en septiembre 2016 decretó el cierre provisional de la planta aceitera. Por esta acción en su contra, la jueza prefirió separarse del proceso.

La Sala de Apelaciones de Petén decidió entonces enviar el caso al juzgado de primera instancia de Izabal, en el cual ni el Ministerio Público ni CALAS confían. “Basta con saber que hace una semana capturaron a la secretaria de ese juzgado por corrupción”, dice Rafael Maldonado, en referencia al arresto de Claudia Madrid Cerritos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El MP presentó un amparo para impedir que el caso vaya a Izabal, pero este aún no ha sido resuelto.

De esta forma, casi dos años después de la tragedia, no se ha podido tan siquiera realizar la audiencia de primera declaración, ni tampoco se ha acusado formalmente a Repsa por el desastre ambiental. La justicia para las comunidades afectadas luce tan turbia como las aguas del río La Pasión.

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