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Repsa: El historial de una empresa investigada por ecocidio
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Repsa: El historial de una empresa investigada por ecocidio

Repsa, principal sospechosa del ecocidio en el río La Pasión, no cerró sus puertas y siguió operando. Sin embargo, el Ministerio Público asegura tener avances en las investigaciones.
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Luego de que sonaran las alarmas ambientales por el desastre ocurrido en el río La Pasión en junio de 2015, y de que un juzgado ordenara su clausura temporal, Repsa, la principal sospechosa del ecocidio, sigue funcionando. La empresa palmera, el grupo HAME, el conglomerado al que pertenece, y sus representantes y propietarios siempre han salido librados del record de denuncias que los señalan; y siguen beneficiados con exenciones fiscales. Pero, ahora, el Ministerio Público asegura tener avances en las investigaciones y los querellantes presionan por respuestas.

Repsa no cerró sus puertas aunque un juzgado de Petén ordenó su clausura temporal para que fuera investigada y se determinara su papel en la catástrofe en el río La Pasión en junio del año pasado. La empresa continuó sus operaciones  tras obtener  un amparo provisional. Días antes, el 17 de septiembre, el Juzgado de Delitos Ambientales de Petén había ordenado el cierre temporal de la empresa —como medida cautelar y para que fuera investigada— en la audiencia en que el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) y Projusticia Campesina del Petén solicitaron unirse al caso como querellantes adhesivos, junto a instituciones de gobierno como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo.

Sandra Sebastián

Aunque Reforestadora de Palmas del Petén, S. A (Repsa) buscó una reposición que cambiara la resolución del juzgado, el 8 de octubre, la solicitud no fue otorgada. Entonces, la empresa recusó el papel de la jueza Karla Hernández y le pidió que se excusara del caso. La jueza no lo hizo, y la recusación se encuentra sin resolver. El 25 de octubre de 2015 la Sala Regional de Apelaciones de Petén amparó provisionalmente a la empresa y dejó sin efecto la suspensión temporal de operaciones. El 23 de diciembre la misma sala denegó un amparo presentado por un grupo de pobladores que buscaban que la resolución de cierre quedara sin efecto.

También, el año pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió dos ocursos de queja y dos apelaciones de Repsa. Tres recursos ya se resolvieron y versan sobre el mismo fundamento: el Juzgado Tercero de Primera instancia amparó al Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales (MARN) contra Repsa por atentar contra los derechos básicos de la vida en Sayaxché. Pero la CC corrigió la plana y resolvió que no puede amparar al MARN porque es una autoridad y Repsa es una empresa subordinada ante la institución ambiental de Guatemala. Aún queda pendiente que la CC resuelva una apelación en auto de amparo.

Con los amparos interpuestos, la jueza no puede dar audiencia al MP, y el caso se encuentra detenido.

Las declaraciones de Repsa y la búsqueda de respuestas sobre lo que causó el ecocidio en Petén fueron cambiando desde que el río se infestó de peces muertos.  Aunque en mayo  reconoció que contaminó el río debido a que las fuertes lluvias rebalsaron sus lagunas de oxidación, a partir de los hechos de junio ha negado su responsabilidad una y otra vez, con diferentes explicaciones, ante periodistas y autoridades.  

Lee: Había una vez un río.

Las investigaciones del Sistema de Naciones Unidas revelaron que Repsa no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para sus plantaciones, el registro del  MARN indicaba que éste no fue aprobado en 2006. Técnicamente, Repsa no tiene aprobación legal porque nunca cumplió con todos los requisitos para que sus operaciones sean aprobadas por ese ministerio: no pagó la fianza ni la licencia ambiental. Por estas razones el trámite de su EIA quedó sin efecto, explica la agrónoma Lucía España Rodríguez, excoordinadora de la Unidad de Calidad Ambiental del MARN.

La base de datos del MARN revela que el estatus de la solicitud continúa en fase de análisis, a pesar de que el trámite se inició en 2006. Según Rodríguez, es normal que cuando las empresas tramitan su permiso no respondan a nuevos requerimientos de información y no paguen una fianza (como hizo Repsa) cuya finalidad es que, ante una posible contaminación, ese dinero pague por los daños causados.

Como las actividades de Repsa se consideraron de alto impacto, la fianza se estableció en Q2,500,000. La Ley ambiental establece que sin fianza, ningún proyecto tiene validez jurídica.

Por la falta de un EIA la ley fija una sanción de entre Q5 mil y Q100 mil y la clausura del negocio seis meses después del hallazgo. El MARN no hizo efectiva la sanción ni la clausura correspondiente en el momento, aunque se excusa en la resolución 1227-2009, que aprueba una planta de extracción de aceite de palma, pero cuyo trámite no se concluyó. Según el MARN ya se inició un procedimiento de sanción, pendiente de resolver.

Rafael Maldonado, abogado de CALAS, describe al ministerio vigilante de los recursos naturales de Guatemala  como el gran ausente en esta crisis. “El MARN es corresponsable de lo que pasó en Sayaxché por no actuar en su debido momento y ahora intenta salvar su responsabilidad”, acusa Maldonado.

El Ministerio Público (MP) ha hecho varios allanamientos en las instalaciones de Repsa, la última visita fue el jueves 4 de febrero. La fiscal del caso, Carol Aroche, asegura que habrá persecución penal de los responsables, aunque no ha completado la investigación ni definido una estrategia para la acusación ante la justicia. La titular de la fiscalía de ambiente, Aura Marina López Cifuentes, evita señalar responsables individuales, pero explica que en los casos en que se señala a una sociedad anónima (como Repsa), quien rinde cuentas ante la justicia suele ser el representante legal.

Pero, según la ley, no es sólo el representante legal quien habría que enfrentar la justicia. El delito de contaminación industrial, expuesto por la fiscalía en la audiencia del 17 de septiembre en Petén, establece penas de dos a diez años en prisión y multas de Q3 mil a Q10 mil también para el director, administrador, gerente, titular o beneficiario de actividades comerciales —“que hayan contaminado mediante emanaciones tóxicas o vertido sustancias que perjudiquen el entorno” —. Como la contaminación puso en riesgo a pobladores de Sayaxché, las sanciones podrían aumentar, según la ley. En la Fiscalía aseguran que además del impacto ambiental y la posible responsabilidad de la empresa, también investigan contratos laborales para saber qué personas individuales podrían ser acusadas, en caso de que las averiguaciones avancen en ese sentido.

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Repsa pertenece a una amplia red de sociedades y empresas, algunas beneficiadas con exenciones fiscales y otras con un récord de denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos y entes internacionales sobre acceso a recursos naturales o a derecho laboral, pero que no han prosperado en el sistema de justicia guatemalteco.

El gigante de la palma y sus dos representantes

El edificio color cobre ubicado en la 4 avenida 8-93 de la zona 9 hasta hace poco anunciaba que allí se encontraban las oficinas de Agroindustrias HAME, Olmeca y Regia.   Ahora, los nombres están tachados con pintura blanca, aunque en los alrededores se continúan parqueando picops con el logo del Grupo HAME.

Repsa forma parte del Grupo HAME, un conglomerado de empresas que produce el aceite de cocina Olmeca y otros derivados.

El nombre del grupo proviene de las iniciales Hugo Alberto Molina Espinoza, su fundador. HAME explota al menos 46 mil hectáreas de cultivo de palma africana en Guatemala y opera en Sayaxché y San Luis (Petén), Ocós (San Marcos), Coatepeque (Quetzaltenango), Escuintla, Retalhuleu, Izabal y Zacapa.

La compañía, establecida en 1952,  comenzó cultivando  algodón y se convirtió en el mayor productor individual a nivel mundial. En 1975 Agroindustrias HAME funda Olmeca, dedicada a la producción de aceites, y en 1982 adquiriere Alimentos Regia, una fábrica de aderezos. Debido a la crisis del algodón, en 1987 sustituyen este cultivo por el de palma africana, la cual comenzó a utilizarse como materia prima para la producción de aceite.

Dentro del Grupo HAME, Repsa es la empresa que produce y procesa el aceite proveniente de Petén.

Según el registro mercantil, Repsa tiene dos representantes legales. Uno de ellos, Carlos Enrique Arévalo García quien ocupa 80 cargos de representación en otras 45 sociedades, con cargos como Gerente, Mandante o Presidente del Consejo Administrativo. El otro mandatario, Manuel de Jesús Elías Higueros funge como directivo o representante en 39 sociedades. Ambos coinciden con Hugo Alberto Molina Espinoza como directivos de cuatro sociedades, y entre ellos dos en otras 21 sociedades. 

Carlos Arévalo trabaja como gerente de contraloría corporativa en Olmeca y también representa a Palmas del Horizonte y Santa Rosa, dos palmeras registradas en la misma dirección que Repsa. Plaza Pública varias ocasiones solicitó entrevistarle, pero las peticiones no fueron atendidas.

Según la ley, si las investigaciones del MP continúan en la línea de señalar a Repsa, Carlos Arévalo, su representante  legal, sería el principal sindicado por contaminación industrial.

Manuel Elías Higueros es el abogado y también representante de Repsa y de la mayoría de sociedades anónimas relacionadas con el grupo: Palmas del Horizonte, Fumigación Aérea, Tacuba y Agroindustrias HAME; las sedes jurídicas de todas, están registradas en la misma dirección, la 4ª avenida 8-93 de la zona 9.

El aceite que HAME produce llega al mercado a través de los productos Olmeca: aceite, margarina y manteca. Y, aunque su principal mercado es Guatemala, también vende en otros países de Centroamérica y el Caribe.

También son propiedad del consorcio: margarina Cremy, la mayonesa Mayoliva, y el aceite Molino de Cocinero. El Grupo HAME concentra a Repsa, Olmeca y Alimentos Regia.

Alta productividad más exenciones fiscales, una fórmula para el éxito

La demanda mundial de aceite de palma está en alza. En 2015 la producción global alcanzó 62  millones de toneladas métricas y Guatemala se ha posicionado como uno de los países que mejor abastecen con su producción: 470 mil toneladas métricas en 2015, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. HAME es el mayor productor de aceite del país. Según su director, Juan Felipe Molina Botrán (hijo de Hugo Molina primer copropietario de la empresa desde su inicio), el conglomerado emplea 22 mil personas, la mitad en palmeras y el resto en bananeras. Repsa por sí misma emplea 4,730 trabajadores, según su vocero, José Quesada.

 

Guatemala es el décimo exportador mundial de aceite de palma y el cuarto de Latinoamérica; detrás de Colombia, Ecuador y Honduras. La Gremial de Palmicultores estimó que 130 mil hectáreas del territorio nacional están cubiertas de palma africana, 40 mil en Sayaxché. Los productos derivados de palma que el país exporta ascienden a 250.8 millones de dólares, según el Banco de Guatemala.

Guatemala es un país competitivo porque tiene la mayor utilidad por hectárea del planeta en producción relacionada a palma. Mientras el promedio mundial de esta producción es de cuatro toneladas por hectárea, Guatemala produce siete. Entre el 2003 y 2013, la superficie dedicada al cultivo de palma en el país aumentó en 270%.

Sandra Sebastián

Juan Felipe Molina Botrán (hijo de Hugo Molina), director de HAME, en una entrevista con Tico Times, estimaba los costos locales de producción en 550 dólares por tonelada, mucho menos que Colombia (700 dólares); pero arriba de países como Malasia (520 dólares) e Indonesia (480 dólares).

Las ganancias de la empresa no son públicas, pero en 2007 la Coordinación de Oenegés y Cooperativas (Congcoop) estimó que HAME producía 90 mil toneladas métricas, con un precio de mercado de 104,445 millones de dólares.

En la misma dirección de Agroindustrias HAME, Repsa, Olmeca y Alimentos Regia también se registran Palmas del Horizonte, otra palmera, una compañía dedicada al transporte aéreo de pasajeros y otra de fumigación agrícola.

REPSA y sus beneficios

Repsa y diez sociedades anónimas vinculadas con ésta se benefician de exenciones fiscales, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El decreto 29-89 establece exoneraciones del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre materias primas, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 10 años y de aranceles para exportadoras y maquilas. Ocho de las diez compañías relacionadas a Repsa son favorecidas con esta exoneración. Desde su aprobación, más de 2 mil empresas se han beneficiado de las exenciones.

Hasta el 13 de julio de 2015 se tiene certeza de que Repsa y Olmeca operaban en la Zona de Libre Comercio de Santo Tomás de Castilla, en donde no se paga ISR por 10 años, IVA de importación de mercancías, timbres fiscales y otros aranceles, amparadas en el decreto 22-73.  La SAT ofreció presentar un nuevo listado de las empresas beneficiadas con exenciones el viernes 12 de febrero.

 

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria

 

Las denuncias acumuladas bajo el tapete

La contaminación del río La Pasión ha llamado la atención sobre Repsa, pero las denuncias e indagaciones no son novedad en el conglomerado HAME, que acumula acusaciones en los últimos años.

Los señalamientos por delitos ambientales en contra de Hugo Molina Espinoza y sus empresas datan desde 1999, cuando era el nuevo propietario de una finca de Palmas del Horizonte, en Ocós, San Marcos. Con la finca, también se hizo titular de una cuestionada concesión para uso del río Pacayá, que además de Ocós, recorre Coatepeque y Flores Costa Cuca, en Quetzaltenango.

La licencia que le autoriza usar 200 litros de agua por segundo durante 25 años fue emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a José Blanco Aguirre, el dueño anterior. Esta concesión se confirmó en 1999, con el traspaso de la finca. Su vigencia se estima hasta 2024.

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Aunque los pobladores denunciaron, el MAGA negó la solicitud que hizo el MP para la persecución penal por dicho caso. El Tribunal de Delitos contra el Ambiente de Coatepeque desestimó el proceso y la Sala de Apelaciones lo confirmó en abril de 1999.

Los vecinos reiteraron sus denuncias y solicitaron inspecciones en 2006, 2010 y 2012. Señalan que Palmas del Horizonte y las fincas San Juan El Horizonte, Poza Rica y La Pitahaya son responsables de detener y desviar el cauce del río Pacayá, impidiendo el acceso al agua a las comunidades río abajo. Según el informe alternativo de las organizaciones indígenas para el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial, las comunidades no lograron que el MAGA ni el MARN confiaran en sus informes técnicos o que realizaran estudios propios para determinar el agravio.

En 2005, Olmeca S.A. fue acusada por la Municipalidad de Sayaxché de no pagar el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). En febrero de 2011 la empresa no había actualizado el registro de sus cultivos ante el Catastro Municipal por lo que pagaba menos IUSI del que le correspondía.

En marzo de 2008, la fiscalía contra el ambiente de Sayaxché recibió una denuncia: Repsa-Olmeca habría provocado un incendio forestal el 17 de marzo que consumió 7 hectáreas de bosque del proyecto de reforestación bajo incentivos forestales; pero ésta fue desestimada.  En junio de 2009, Hugo Molina Espinoza fue demandado por usurpación y permanencia ilegal en terrenos propiedad de Irineo Betancourt, en La Gomera, Escuintla. También fueron acusados Hugo Molina Botrán y Rafael Francisco Bolaños Argeñal. Se desconoce cuál es el estado de las investigaciones, dado que el Ministerio Público se negó a dar información sobre ambos casos.

En 2012, el agente de aduanas Sergio Rodolfo Velásquez fue capturado por comercializar madera ilegal en el puerto Santo Tomás de Castilla. Según el Registro Mercantil, Velásquez es uno de los doce mandatarios de Repsa vigentes aunque él afirma que solo gestiona los despachos aduaneros de la empresa.

Y un año antes, el 9 de diciembre de 2011 varias organizaciones comunitarias representando a trabajadores de cuatro palmeras —Tikindustrias, Naisa, Repsa y Palmas del Ixcán— denunciaron ante el Ministerio de Trabajo que las empresas no pagaban salario mínimo, ni brindaban certificados de su condición de empleados; obligaban a trabajar horas extras sin remuneración adicional y les exponían a sustancias químicas sin advertirles sobre los efectos en su salud.

Esta denuncia es una de las muchas que provocaron una revisión internacional en la que Estados Unidos demandó a Guatemala por competir deslealmente e incumplir con el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), violando las leyes laborales.

Por las denuncias, se instaló una mesa de diálogo entre los trabajadores de Sayaxché y los empleadores. Se reunieron tres veces, hasta abril de 2013, pero no llegaron a ningún acuerdo. En junio de 2012, unos trabajadores se reunieron con Carlos Contreras, el entonces Ministro de Trabajo, quien les dijo que solo podían recibir el salario mínimo legal negociándolo en mesa de diálogo y que deberían estar agradecidos porque al menos tenían dónde trabajar.

El panel arbitral que discute la demanda contra Guatemala por incumplir la legislación laboral aplazó la entrega de su informe en septiembre, diciembre y enero debido a cambios en el arbitraje internacional. El Ministerio de Trabajo espera que en marzo se presente un nuevo avance.

Pero, a pesar del record de denuncias y procesos la empresa matriz HAME y sus dependientes siempre ha salido librada. “Son empresas con grandes capitales —denuncia el abogado ambientalista de CALAS y querellante del caso, Rafael Maldonado— han podido y aún pueden traficar influencias con jueces y fiscales”.

Pero, en este caso, el de Repsa y el río La Pasión, Maldonado ve más esperanza en que el proceso judicial avance. El abogado ambientalista dice que, a partir del año pasado ve un cambio en el sistema de justica, con jueces y fiscales atrevidos, que han perdido el miedo. Una muestra de ese avance, señala, es que organizaciones de gobierno y sociedad civil se unan como querellantes adhesivos en el juicio por contaminación del río La Pasión.

La fiscalía de delitos contra el ambiente del MP, además de las pesquisas realizadas en los últimos meses, recibió un insumo más para establecer causas y responsabilidades por el caso del río La Pasión: el resultado de los análisis a las muestras de agua contaminada que el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala envió al extranjero para su estudio. “Nos interesan estos resultados para agotar todas las vías posibles de investigación y persecución judicial”, detalló la fiscal Aura Marina López.

El MP prevé que la investigación concluya entre febrero y marzo de este año. Hasta entonces se sabrá si la megaempresa y sus representantes deben enfrentar un juicio.

Repsa no tiene aprobación legal porque nunca cumplió con todos los requisitos para que sus operaciones sean aprobadas por ese ministerio: no pagó la fianza ni la licencia ambiental.
Los señalamientos por delitos ambientales en contra de Hugo Molina Espinoza y sus empresas datan desde 1999, cuando era el nuevo propietario de una finca de Palmas del Horizonte, en Ocós, San Marcos.
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