Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Había una vez un río
Ir
Información

Había una vez un río

redes sidebar

Esta es la trágica historia de cómo miles de peces aparecieron muertos de un día para otro en el río La Pasión. Repsa, una importante empresa palmera, es la principal sospechosa.

Y dan una explicación científica perfectamente razonable: la materia orgánica del vertido aumentó la “demanda bioquímica de oxígeno”. En otras palabras, el material que llegó al río consumió todo el oxígeno disponible para los peces, y estos murieron sofocados.

En el río, a la altura de Champerico, el 9 de junio pasado, Elmer Ponce, reportero del noticiario local “El informante petenero”, no se podía creer lo que veía: Acarreados por la lenta corriente, miles y miles de peces flotaban sin vida. Alevines diminutos y peces tan grandes nunca vistos yacían sobre un lecho líquido, con el vientre hacia arriba y los ojos desorbitados. El olor era insoportable.

Según los caprichos de la corriente y los meandros del río, los peces bajaban sueltos o se acumulaban para formar grandes masas blancas y compactas que golpeaban la proa de la embarcación. El periodista sintió que navegaba a bordo de un rompehielos abriendo brecha en el Ártico.

Reprimiendo las ganas de llorar, con la indignación y la rabia a flor de piel, Elmer Ponce filmó y fotografió el mayor desastre ambiental que ha conocido el río La Pasión, uno de los peores ecocidios registrados en Guatemala. La mortandad de peces duró una semana y devastó las poblaciones de peces a lo largo de 150 kilómetros del río. Deja además sin alimento básico y sin agua a miles de familias que dependen del afluente para sus actividades cotidianas (beber, bañarse, lavar la ropa…).

Todo apunta a que el responsable de los dos gravísimos eventos de contaminación que ocurrieron el 29 de abril y el 6 de junio de este año, fue la empresa palmera Repsa. La Reforestadora de Palmas del Petén S.A. es parte del grupo Hame, un emporio fundado por los hermanos Milton y Hugo Molina Espinoza, cuyas marcas emblema son el aceite Olmeca y los alimentos Regia.

Según todos los testimonios recabados por Plaza Pública a lo largo de una semana, la muerte de los peces se originó exactamente en el arroyo San Ignacio que nace en la plantación de Repsa y atraviesa los terrenos de su planta extractora de aceite. Este arroyo desemboca en el río La Pasión, un poco más abajo de la aldea El Pato. También delata a la empresa su errático manejo de la crisis: en un primer momento, admitió su posible responsabilidad en la contaminación, para unos días después rechazar de forma tajante toda participación en el desastre ambiental.

Repsa tira la piedra, muestra la mano y luego la esconde

La secuencia de los hechos, reconstruida mediante numerosas entrevistas a pescadores, autoridades locales y reporteros del lugar, empieza en la noche del 28 al 29 de abril, tras una intensa lluvia. Al día siguiente los habitantes de las comunidades situadas río abajo de la planta procesadora se sorprendieron al ver a cientos de peces flotando. De inmediato, se pusieron en contacto con las autoridades y con representantes de pescadores en Sayaxché.

El 1 mayo, Apolinario Córdova, delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en Petén, llegó al lugar. Vio los peces muertos y tomó muestras de agua. También acudió Evaristo Carmenate, líder de los pescadores de Sayaxché, quien constató que la contaminación provenía del arroyo San Ignacio.

Este primer evento duró dos días. La muerte de peces menguó a partir de la comunidad de Champerico, a unos 30 kilómetros de la planta, y nunca llegó hasta Sayaxché, la cabecera del municipio.

Comparado con lo que vendría después, fue una mortandad limitada. En esta ocasión, la empresa  declaró que probablemente era responsable. Ante la cámara del reportero Rony Bac Tiul, el asesor ambiental de Repsa, Gustavo Alejandro Chacón, explicó que, a causa de las lluvias, las lagunas de oxidación de la empresa se habían rebalsado y parte de su contenido había caído en el río. Poco después, en una reunión entre la empresa, el gobernador de Petén, Antonio Morales Ozaeta, y los pescadores de Sayaxché, Nelson Guzmán, gerente de relaciones comunitarias de la empresa aceitera repitió la explicación.

El 4 de mayo, el MARN recibió una carta firmada por Chacón y por Carlos Enrique Arévalo García, representante legal de Repsa, en la que la empresa de aceites daba más detalles de lo ocurrido.  En el documento explican que las lluvias del 28 de abril provocaron que el nivel de una de sus lagunas de oxidación subiera tres metros y se rebalsara hacia los quineles (zanjas que encauzan el agua de lluvia) que desembocan en el río San Ignacio. La lluvia fue tan violenta, afirman, que no tuvieron posibilidad de reaccionar. 

 

Los peces muertos con “señales de asfixia” que se encontraron flotando al día siguiente podrían ser causa de este vertido, admite sin ambages Repsa. Y dan una explicación científica perfectamente razonable: la materia orgánica del vertido aumentó la “demanda bioquímica de oxígeno”. En otras palabras, el material que llegó al río consumió todo el oxígeno disponible para los peces, y estos murieron sofocados.

Pero, casi dos meses después de esa carta al MARN, Repsa rechaza su responsabilidad en el primer episodio de contaminación. Alejandro Chacón, el asesor, explicó a Plaza Pública que, por el rebalse de la laguna, ellos creyeron al principio que eran responsables de la muerte de los peces. Por eso dieron esas declaraciones ante los medios locales. Pero cuando recibieron, el 12 de junio, los resultados de los análisis de agua y de los peces, se dieron cuenta de que estaban equivocados. “No encontramos nada que pudiera provocar esa mortandad”, afirma hoy Chacón. 

Una planta que produce aceite y desechos por igual

La planta procesadora Repsa extrae aceite a partir del fruto de la palma africana. Es una planta capaz de procesar 80 toneladas de fruto por hora. El proceso genera una enorme cantidad de desechos. Según Chacón, cada tonelada de fruta produce una tonelada de desechos líquidos. Cuando la planta está a plena potencia, expulsa 1,920 metros cúbicos de desechos en un día. Estos van a parar a una serie de lagunas escalonadas en donde se lleva a cabo un proceso de tratamiento del agua. En estas lagunas la empresa almacena 19 mil metros cúbicos de “aguas especiales”. Para contener este volumen, una piscina de dos metros de profundidad tendría que tener una extensión equivalente a un campo de fútbol y medio.

En la primera laguna, la empresa utiliza bacterias para digerir una parte de la materia orgánica. El resultado es un líquido espeso que al fermentarse atrae miles de moscas. El líquido va bajando de laguna en laguna, enriqueciéndose en oxígeno y perdiendo materia orgánica. Al cabo de un tratamiento que dura siete días, el contenido de las dos últimas lagunas, según explicó Repsa al MARN, sale por un canal que riega las plantaciones de palma y finalmente cae al arroyo San Ignacio, calificado como “cuerpo receptor del efluente”. Según Alejandro Chacón, los índices de calidad del agua de estas dos últimas lagunas son “bastante cercanos” a los que autoriza la ley para un vertido industrial en un cauce natural. 

El hecho es que el residuo de las plantas extractoras de aceite previo a su tratamiento es un líquido 100 veces más contaminante que las aguas negras domésticas. Cuando cae a un río, su enorme cantidad de materia orgánica putrefacta agota el oxígeno disponible en el agua. Esta se vuelve ácida, espesa, adquiere un tono marrón y un fuerte olor a descomposición. Los restos de aceite que contiene forman una película en la superficie que impide que el agua se vuelva a oxigenar por contacto con el aire.

Existen numerosos casos, a través del mundo, de desastres ecológicos debidos a este desecho, como por ejemplo el ocurrido en 2003 en el río Kuning de Indonesia, o en marzo de 2011 en el Río Escondido, en el norte de Nicaragua. La primera explicación de Repsa al MARN parece  constituir un buen punto de partida para la investigación penal que realiza el Ministerio Público. Por otra parte, la carta enviada demuestra que la empresa está consciente de la peligrosidad de sus residuos y de las limitaciones de su instalación frente a una lluvia intensa.

Además, durante estos últimos meses, Repsa ha realizado obras para mejorar su sistema de manejo de residuos líquidos. Una de las obras en curso, indica Chacón, consiste en mover hacia otro lugar la laguna desde donde se origina el riego de la plantación. “Estamos haciendo una ampliación del sistema de tratamiento. Van a haber más días de retención”, indica Chacón. En otras palabras, Repsa es consciente de que un tratamiento de siete días es insuficiente para obtener agua con la calidad mínima que requiere el Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas.

El malatión entra en escena

A finales de mayo se abrió otra ruta de investigación cuando el laboratorio de toxicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) detectó en un pez un producto llamado malatión. Dicho pez fue capturado el 12 de mayo cuando agonizaba sobre el río La Pasión, a la altura de la comunidad Argentina, 20 kilómetros río abajo de la empresa. El malatión es un insecticida ampliamente utilizado en numerosos cultivos, incluidos el maíz y el frijol. Es legal en países como Guatemala y Estados Unidos, aunque en la Unión Europea está prohibido desde el 2008. Sus efectos sobre el medio ambiente han sido objeto de numerosos estudios en Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en peces puede afectar el sistema nervioso y  producir malformaciones en los alevines.

Para Erwin Garzona, quien trabajó para Greenpeace y fue consultor de Naciones Unidas en materia de agroquímicos, una exposición al malatión difícilmente  puede explicar la masiva mortandad registrada en el río La Pasión. El malatión no está entre los insecticidas más poderosos o letales. Franz Hentze, de la empresa de fumigación FYSA también se declara sorprendido por la hipótesis del malatión. “Es un insecticida considerado como seguro, que incluso se usaba directamente sobre las personas para eliminar pulgas. Para provocar una mortandad de esta naturaleza, deberían haber vertido cantidades muy grandes de producto”. Hentze agrega que la industria palmera no es una gran consumidora de insecticidas ya que la palma africana necesita insectos para su polinización. Este argumento lo esgrime también Alejandro Chacón, al explicar que los únicos insecticidas que utilizan, de manera muy puntual, son biológicos basados en bacterias como Bacillus thuringiensis (Bt).

Sandra Sebastián

En todo caso, aún se esperan los resultados de las muestras de agua y de peces muertos que ha realizado el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el MARN, el Ministerio Público y el área de Salud de Petén.

La peor matanza de peces registrada en Guatemala

Los accidente industriales ocurren. Ya sea por un error humano, una negligencia, protocolos de seguridad defectuosos, un ataque o un fenómeno natural, resulta inevitable que en algún momento, algo se salga de control. Pero, una buena planificación y un personal bien entrenado pueden minimizar los riesgos al punto que pequeños accidentes y grandes catástrofes sean excepcionales. Pero, ¿aún se puede calificar de accidente  un desastre que ocurre dos veces en un mes? ¿Qué pensar cuando el segundo incidente es mucho más destructor que el primero?

Todo parece indicar que, tras el evento del 28 de abril, un nuevo vertido tóxico se realizó en la planta extractora de Repsa. Con una diferencia: el segundo fue de una magnitud muy superior a todo lo que se había visto nunca en el río La Pasión.

El líquido mortal fue bajando la corriente, arrasando con la vida acuática a su paso con saña implacable. El CONAP fue una de las primeras instituciones en monitorear esta mortandad de peces. Julio Madrid, técnico del CONAP, vio la sustancia en acción durante una jornada de muestreo a la altura de la aldea El Ceibalito. En un primer momento, recuerda Madrid, el río estaba normal. No había rasgos de contaminación ni peces muertos. De repente, navegando río arriba, vio las aguas convertirse en un hervidero de peces que sacaban la cabeza en busca de oxígeno. Vio róbalos de 20 libras y mojarras tan aturdidos que se podían capturar con las manos. Finalmente, las aguas se apaciguaban, para dejar una interminable estela de peces muertos. La franja donde se observaba a los peces morir tenía entre 50 y 100 metros de largo, franja mortífera que bajaba por el cauce del río al lento ritmo de la corriente.

Sandra Sebastián

Julio Madrid también pudo observar cardúmenes de peces diablo saltar sobre las aguas. El pez diablo tiene la particularidad de poder respirar en el aire cuando no encuentra oxígeno en el agua. De esta manera, es capaz de sobrevivir hasta tres días fuera del agua, antes de morir desecado. Introducido recientemente en el río La Pasión, se ha convertido en una plaga que amenaza a las especies nativas.

Para Raúl Maas, investigador del Instituto del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landivar (IARNA), estas observaciones son congruentes con un vertido masivo de desechos orgánicos. “Para mí, los peces murieron por asfixia a causa del desfogue de un producto que consumió el oxígeno disuelto en el agua. Es un poco lo que se ve a menor escala en los ríos de la costa sur, cuando los ingenios azucareros sueltan sus residuos.”

Según Benedicto Lucas, director del CONAP, la mortandad de los peces se observó a lo largo de 147 kilómetros del río La Pasión, entre la aldea El Pato y la comunidad de San Juan Acul, situada río abajo de Sayaxché. Para recorrer este trecho, la mancha tóxica tardó poco más de una semana. En San Juan Acul, el 15 de junio, se pudo observar unos cuantos peces muertos de buen tamaño, quizás traídos por la corriente, siendo devorados por enjambres de pececitos voraces que sobrevivieron a la contaminación. Esto muestra que la mortandad extrema no alcanzó esta zona. Cualquiera que haya sido el producto destructor, a la altura de San Juan Acul ya estaba bastante diluido como para no matar peces. Según CONAP, fueron 23 especies de peces las afectadas, de las cuales cinco están en peligro de extinción y seis tienen valor comercial para los pescadores locales.

Siete lanchas de Repsa recogiendo pescados

El 7 de junio, alertado por las comunidades, acudió al lugar el gobernador de Petén, Antonio Morales Ozaeta. Iba acompañado por Roy Flores, director del área de Salud del Sur de Petén, Apolinario Córdova, delegado del MARN, Goldin Melchor, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y por tres líderes comunitarios, entre ellos Evaristo Carmenate y Carlos Mucú.

Juntos, tomaron una lancha en la comunidad de Champerico y navegaron hacia El Pato, sorteando bancos de peces muertos y respirando un aire putrefacto. “Allí pudimos constatar la mortandad”, indica Morales Ozaeta, el gobernador. Tomaron muestras de agua y peces que luego enviaron a un laboratorio de la Universidad de San Carlos. En el camino, encontraron varias lanchas de Repsa. Sus trabajadores estaban recogiendo tantos peces muertos como podían. Según comentaron los trabajadores de Repsa, desde las cinco de la mañana, siete lanchas fueron asignadas para esta ingrata tarea. Algunos de los integrantes de la comisión lo interpretaron como un intento insensato por parte de la palmera de borrar evidencias. Más adelante, los funcionarios vieron un camión de la empresa en donde las lanchas vertían su repugnante cosecha. Quisieron acercarse para preguntar hacia dónde llevaban la carga, pero el chofer del camión arrancó y huyó. Según Alejandro Chacón, el asesor ambiental de Repsa, la empresa, en su afán de ayudar a las comunidades y evitar la propagación de enfermedades, destinó a parte de sus empleados a la recolección de peces.

Tras cuatro horas contra la corriente, la comisión encabezada por el gobernador llegó al arroyo San Ignacio, que proviene de la planta procesadora de Repsa. Sus aguas eran pastosas, marrones y despedían el olor fétido y ácido de la materia orgánica putrefacta. “Entramos unos 20 metros por el arroyo donde supuestamente se originó la contaminación, pero el olor era demasiado fétido. Un olor a desechos, o más bien a desagüe”, recuerda el gobernador del Petén.  

Volvieron al río La Pasión, y lo subieron otro rato. “Es curioso porque más arriba, dónde está la comunidad El Pato, se miraba el río normal. Ya no había peces muertos”, indica Antonio Morales Ozaeta.  

A pesar de la evidencia, ni el gobernador ni los demás funcionarios se han pronunciado públicamente en contra de la empresa Repsa. “Lamentablemente no podemos decir quién fue. Yo como abogado no lo puedo decir. Necesitamos las pruebas”, dijo Morales Ozaeta a Plaza Pública el 18 de junio. Pero el 23 de junio, el gobernador cambió de opinión y declaró a Emisoras Unidas que una de las posibles causas de la mortandad era un vertido de precursores químicos realizado por narcotraficantes.

Fiscales en la planta

El Ministerio Público tomó cartas en el asunto el 10 de junio, casi un mes y medio después de la primera contaminación y cuatro días después de la segunda. Esto, a raíz de una denuncia interpuesta por el MARN. Los fiscales, acompañados por funcionarios de las autoridades de Salud y Medio Ambiente allanaron la planta procesadora de Repsa. La diligencia no agarró por sorpresa a la empresa aceitera.

Técnicos y fiscales tomaron muestras en las fosas de oxidación y visitaron las bodegas sólo para constatar que en ellas no había un solo bote de malatión. Dos técnicos que participaron en esta diligencia indicaron a Plaza Pública que el olor alrededor de las lagunas y de las zanjas que van hacia el arroyo San Ignacio seguía siendo insoportable, al punto de provocarles dolores de cabeza.

Según Aura Marina López Cifuentes, de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, los representantes de una empresa declarada culpable de una contaminación industrial se exponen de tres a 10 años de prisión, y a una multa de entre Q3 mil y Q10 mil. “Sale barato”, admite la fiscal. Agrega que la Procuraduría General de la Nación, los ministerios de Ambiente o Salud pueden solicitar el cierre de una planta industrial si lo consideran prudente.

El MARN lo solicitó y obtuvo el cierre de las operaciones de la planta por 15 días, hasta el 30 de junio. Además extrajo de sus archivos los estudios de impacto ambiental de Repsa,  y descubrió que la empresa no tenía el estudio por las 30 mil hectáreas de palma africana que posee. Esta falta podría acarrearle una multa de entre Q5 mil y Q100 mil. Alejandro Chacón, de Repsa, admite que los estudios de impacto ambiental no están al día con respecto al crecimiento de la plantación, pero que llevan un año trabajando para solventar esta situación.

Con la segunda mortandad, Repsa negó toda responsabilidad. Alegó que en 15 años nunca había generado problemas ambientales. “Estamos seguros que la planta no fue la causante. No tenemos la capacidad de hacer ese daño ambiental”, asegura Chacón. “Nosotros agotamos los análisis de suelos, de lodos de agua, de peces, y no encontramos nada que nos incrimine”.

En un comunicado publicado por Repsa en medios escritos el 12 de junio, la empresa aceitera resaltó que la muerte de los peces se atribuía al insecticida malatión, para inmediatamente afirmar que no utilizan ese producto ya que, por su alta toxicidad rompe “con el equilibrio ecológico de la palma”. Para terminar, Repsa amenazó con represalias judiciales a todo el que se atreviera a culparla de la mortandad de peces. Ante la fuerte exposición mediática a la que ha sido sometida, Repsa volvió a publicar el mismo comunicado el 22 de junio, aunque esta vez eliminando la mención a las represalias.  

Una cosa es segura: como daño colateral a la inédita catástrofe ambiental, esta crisis reduce a nada los esfuerzos del gremio del monocultivo de la palma africana por mostrar una cara más amable, más respetuosa de sus trabajadores y del medio ambiente. Mientras tanto, en la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), prefieren no pronunciarse sobre la autoria del desastre**. Susana Siekavizza, directora ejecutiva de Grepalma, dice: “Tenemos que ser responsables y objetivos y en este momento no puedo emitir opinión sobre el responsable de la contaminación. Como Grepalma reiteramos nuestro compromiso con las mejores prácticas ambientales agrícolas y sociales”.

En manos del Ministerio Público queda la investigación penal para descubrir lo que pasó exactamente el 6 de junio y el 29 de abril, y las razones de estos vertidos masivos de sustancias contaminantes. Pero, tal y como lo señaló el Ministerio de Ambiente, la crisis podría ser una oportunidad para revisar las sanciones que se le pueden imponer a las empresas. 

 

 

**Nota de edición: Cuando se publicó esta nota, se afirmaba que la Grepalma "prefiere no pronunciarse sobre el caso"; se cambió a "pronunciarse sobre la autoría", pues sì han hecho declaraciones sobre el tema.

Texto
Texto
“Entramos unos 20 metros por el arroyo donde supuestamente se originó la contaminación, pero el olor era demasiado fétido. Un olor a desechos, o más bien a desagüe”, recuerda el gobernador del Petén.
Miles de peces murieron y algunas tortugas en el río La Pasión en uno de los peores ecocidios registrados en Guatemala.
Los comunitarios dependen del río La Pasión para subsistir. De ahí muchos obtienen su alimento básico y agua para sus actividades cotidianas (beber, bañarse, lavar la ropa…).
Los pobladores de varias comunidades de Sayaxché, consternados, sacaron decenas de peces que flotaban a lo largo del río. Muchos de ellos nunca habían visto algunas de las especies que murieron.
Cientos de pescadores han tenido que parar su actividad, pese a que dependen de la pesca para su economía y su dieta diaria.
Un comunitario enseña los daños a la cosecha de maíz a causa de la plantación de palma africana. La empresa se ubica atrás del cerro.
La empresa Repsa no quiso responder a los señalamientos que le responsabilizan por la contaminación del río.
Algunas de las lagunas de Repsa donde llegan los desechos que produce su planta procesadora. Estas se rebalsaron y su contenido llegó al río.
Un quinel construído por Repsa conecta con el rio La Pasión. De ahí extraían, y retornaban, agua del río que se visualiza al fondo.
Miles de hectáreas de palma africana se visualizan a lo largo de la carretera de El Petén.
Dos bolsas con agua y una caja con Incaparina recibieron las familias de las comunidades por parte del Estado para sobrellevar la crisis causada por la prohibición de usar el río.
Pobladores de Sayaxché exigen justicia. Un total de 23 especies de peces fueron afectadas, de las cuales cinco están en peligro de extinction. Otros animales que se alimentan de peces también sufren las consecuencias.