Paradójicamente, la propuesta es similar a la iniciativa que su partido adversó en la legislatura pasada.
De acuerdo con el libro Rendición de Cuentas, del ex Ministro de Finanzas Fuentes Knight, en ese entonces las argucias del Partido Patriota en contra de los impuestos iban desde las consabidas letanías: “ya pagamos suficientes impuestos, lo que el gobierno recauda se roba o se usa mal y hay que ser más eficiente con el gasto, etcétera” hasta argumentos más coyunturales como que “…no es el momento” por la recesión económica mundial.
Si creían en esto, ¿qué los motivó a cambiar de opinión?, ¿por qué ahora apoyan una medida a la que antes se opusieron? Porque necesitan de más recursos. El presupuesto apenas alcanza para financiar las políticas públicas existentes, no se diga para cumplir con las promesas de campaña. Según la investigación –pendiente de publicación– realizada conjuntamente por el Icefi y el Ingep “Costos y desafíos para la implementación de los planes de gobierno, 2012-2015”, en 2011 por cada quetzal de ingresos corrientes, la administración pública tenía compromisos de gasto que superaban el Q1.08; si le sumamos las propuestas electorales este indicador ascendería a Q1.10 en 2012, Q1.13 en 2013 y aproximadamente a Q1.16 en 2014 y 2015. ¡Cifras claramente insostenibles!
Analizada a la luz del presente, resulta irracional esa oposición del Patriota a una medida que los beneficiaría ahora y que les hubiera permitido ahorrar capital político en estos momentos. ¿Qué razones los llevaron a “dispararse en el pie”? Fuentes Knight plantea un motivo “...estar en línea con lo que los medios [de comunicación] querían comunicar y en contra de lo que el gobierno pretendía hacer. La consigna era oponerse”. A esto agregaría, actuar en consonancia con las intenciones de la élite económica, la que histórica y sistemáticamente se ha opuesto a todo intento de aumentar la carga tributaria, en especial si es por la vía de los impuestos directos –en especial el impuesto sobre la renta.
Infortunadamente, los incentivos del sistema de partidos políticos hacen que resulte conveniente para la oposición impedir el avance de la agenda oficial –por el desgaste que ello implica al partido gobernante–, incluso aunque ello redunde en el estrangulamiento financiero de la administración pública, y por ende en el debilitamiento del Estado, como es evidente en esta situación.
Dados estos elementos, ¿en qué se diferencia este intento con respecto a ocasiones anteriores? En que esta vez parece que la reforma tributaria sí será aprobada. Hay una gran razón para pensar en ello. Se cuenta con la anuencia de la élite económica y los medios de comunicación. Cabe mencionar que la tremenda influencia de estos actores presiona a que los congresistas apoyen –aunque no quisieran– la reforma fiscal; caso contrario, se arriesgan a ser sancionados públicamente, cuando menos. Un ejemplo de esto se encuentra en la editorial de Prensa Libre “Lider se excluye del debate fiscal”. No obstante, conviene tener en mente las palabras de Hugo Maúl, quien advierte que sería un error suponer que solo porque en esta ocasión no haya existido oposición de los jugadores con “derecho de veto” –o sea este sector empresarial– “...la aprobación de la propuesta de reforma tributaria está garantizada”. Es decir, hay espacios para el veto y la desarticulación de la reforma, ya sea en el Congreso o bien después de aprobada –por medio de los recursos de inconstitucionalidad.
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