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Plaza (Plaza Pública en papel) Lo que no sabías que querías saber, pero ahora te es urgente preguntarlo

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Plaza?

Plaza es el periodismo de Plaza Pública en papel. ¿Un libro? ¿Una revista? Plaza es un objeto hermoso para leer y coleccionar. Una revista de gran formato –tamaño carta, de aproximadamente 200 páginas cada número-, con el cuidado diseño de Workaholic People, que se publicará tres veces al año. Cada edición tendrá su propia personalidad: podrán ser números monográficos o ecléctico, se reproducirán temas publicados en la plataforma digital, y se buscará lanzar temas aún inéditos en la web que aporten nuevas miradas sobre las líneas temáticas de PzP. En Plaza se busca rescatar textos que por su calidad narrativa merecen ser leídos apaciblemente, o que por su impacto y trascendencia es importante que encuentren la permanencia del papel. Plaza busca satisfacer al sibarita de la lectura pausada, alejada del ruido del internet, brindar la satisfacción al coleccionista –de fotos, de textos, de libros-, saciar al que se interesa por tener explicaciones profundas sobre Guatemala. Plaza es una coquetería para la mesa del café y una bella compañía para las tardes de sillón o de hamaca.

¿Qué es Plaza Pública?

Plaza Pública (PzP) es un medio en internet de periodismo de profundidad, análisis, investigaciones y debates, radicado en la capital de Guatemala. Fue fundado el 22 de febrero de 2011 por la Universidad Rafael Landívar y reivindica los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la búsqueda de la verdad. Se enfoca en las causas y efectos de la desigualdad, la inequidad y las dinámicas que atentan contra la dignidad de las personas. Es un medio sin ánimo de lucro, nos financiamos principalmente con presupuesto de la universidad, y somos apoyados por organizaciones (como Open Society Foundation e Hivos) Apostamos por la innovación, por el periodismo narrativo, y creemos en el papel de la comunidad de lectores como garantes de la independencia y la calidad del medio.

¿Por qué Plaza Pública comete la locura de hacer el salto mortal al papel?

La misma naturaleza digital nos hace continuar en la busca de nuevas formas para llegar a los lectores, y hacer que los temas que interesan al medio y que consideramos esenciales para el debate nacional, lleguen a más ciudadanos y que desaparezcan de las agendas de los líderes de opinión y permanezcan en el debate público. Buscamos todos los medios y plataformas para trasladar nuestro periodismo. En ese sentido, no somos ortodoxos del Internet, y creemos que el papel tiene un aún enorme potencial, especialmente para los temas de profundidad, textos con la narrativa que es ya un sello de PzP, y con imágenes que van retratando el país, estén presentes, físicamente, como objeto cercano a los lectores, para la lectura pausada. Además, claro, adoramos los libros y el papel, somos unos nostálgicos, y qué gozo el olor del libro nuevo, el fetiche, y qué delicia leer en papel.

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Si no me he suscrito, ¿cómo la consigo?

Plaza nace el 28 de abril de 2016 y a partir de allí la podrás encontrar cada cuatro meses en diversos puntos de distribución (recuerda los meses clave: abril, agosto, diciembre).

La puedes encontrar en:

Librería Sophos, Watson Books & Coffee, La Casa del Libro en La Casa de Cervantes.

En estos tiempos en que es cada vez más complicado sostener las iniciativas en papel. ¿Cómo se sostendrá Plaza?

El plan es que Plaza sea autosostenible. La Asociación de Amigos de Plaza Pública respalda y gestiona el proyecto, y ha buscado diversas maneras de que pueda subsistir:

1) La apuesta más importante es confiar en los lectores, en quienes creen en el periodismo de Plaza Pública y quienes disfrutan la lectura y aman el papel. Entonces, la confianza máxima es creer que una buena base de suscriptores amigos nos permitirá la estabilidad, y la distribución en librerías, centros culturales, cafés, etc. nos permita seguir imprimiendo.

2) El patrocinio: de empresas, organizaciones, instituciones que confíen en nuestro trabajo, que apuesten por la necesidad de una ciudadanía informada, que crean en la cultura y que quieran aliar su marca con Plaza. Los patrocinios nos dan un margen de respiro y si en algún momento hubiese excedentes en los ingresos, éstos servirán para que la Asociación de Amigos de Plaza Pública apoyen investigaciones y proyectos de Plaza Pública para seguir trabajando.

Papel, la edición #1 de Plaza: es patrocinada por Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), L’Aperó, Sophos, Watson Books & Coffee. ¡Gracias totales por la confianza y el apoyo!

3) El financiamiento: un espaldarazo considerable. Una institución, organización o empresa, apoya con una donación para la impresión de más ejemplares, que serán distribuidos en bibliotecas públicas, escuelas y organizaciones.

¿Y si quiero ser patrocinador o financista de Plaza?

¡Fantástico! Escribe a amigosdelaplazapzp@gmail.com y te contactaremos.

¿Quiénes son los Amigos de Plaza?

La Asociación de Amigos de Plaza Pública (LAP), es una asociación civil, sin ánimo de lucro, conformada por lectores, amigos, ciudadanos, y equipo de Plaza Pública para apoyar los proyectos e iniciativas del medio. Entre sus objetivos, además de constituirse en apoyo para proteger y defender el derecho a la información y a la libre expresión, está el de generar fondos y gestionar proyectos directamente relacionados con el medio. Desde su conformación, una de las iniciativas propuestas y apoyadas por sus miembros fue el de la publicación en papel de material de Plaza Pública.

La Asociación administrará y velará por generar los fondos que permitan la sostenibilidad y continuidad del proyecto. Para esto, considera indispensable la alianza con instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que compartan el interés por el periodismo de profundidad y calidad que produce Plaza Pública.

Para más información: amigosdelaplazapzp@gmail.com

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  • Ilustración Dénnys Mejía
    Ilustración Dénnys Mejía
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Exenciones fiscales: ¿La mejor estrategia de competitividad?

Exenciones fiscales: ¿La mejor estrategia de competitividad?

La principal estrategia de competitividad de este país desde la década de los 60 ha sido crear zonas francas y otorgar moratorias fiscales o exenciones para diversos sectores productivos. Según el discurso dominante, con ello se atraen mayores flujos de inversión extranjera directa. Sin embargo, existe poca evidencia que demuestre que estas políticas estén produciendo los resultados esperados.

“Queremos ver cómo hacemos para contar con las condiciones que nos permitan atraer las inversiones a Guatemala y que no se vayan, como ya está sucediendo, a otros países como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras”, asegura la Viceministra de Competitividad, Claudia del Águila.

Sus palabras hacen eco al temor que expresaba Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) de El Salvador, en agosto de 2011, quien aseguraba que urgía que el gobierno de su país adoptara una legislación más competitiva que la de los países vecinos, hacia los cuales estaban corriendo las inversiones .

Cinco meses antes, Daniel Facussé, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) hacía una advertencia similar: “Nicaragua tiene el salario más bajo en Centroamérica, es la mitad del salario de Honduras; las maquilas hondureñas pagan el salario más alto en toda la región. Dieciséis empresas que se han ido de Honduras hacia Nicaragua y sabemos que la última se fue hace dos meses después del último incremento al salario mínimo”.

“Las inversiones se irán si no mejoramos la competitividad” pareciera ser el cuco que les quita el sueño a empresarios y gobiernos en toda la región. El reciente caso de la maquila surcoreana Sae A Trading, que decidió salir de Guatemala e instalarse en el nuevo Parque Industrial Caracol, en el noreste de Haití, pareciera reavivar estos temores.

Construida con un capital de US$224 millones provenientes del Departamento de Estado norteamericano y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Caracol es una zona franca que promete contribuir a la reconstrucción Haití, donde un terremoto de 7,0 grados de magnitud, ocurrido en enero de 2010, sumió al país –de por sí el más pobre del hemisferio occidental– en la miseria.

Los empresarios haitianos aseguran que Caracol se convertirá en un hub (un centro) de manufactura generará 20 mil empleos, fortalecerá la región y contribuirá a la descentralización de Haití; algunos incluso hablan con nostalgia del régimen de François Duvalier (1957-86), período durante el cual se impulsó la maquila en ese país, el cual aspiraba a convertirse en “el Taiwán del Caribe”. Así como Guatemala y el resto de Centroamérica, al recibir a las maquilas coreanas que en su país habían llenado la cuota de la Organización Mundial del Comercio, despegarían como los tigres asiáticos. Lo que estos discursos no mencionan, señala un reportaje publicado por The New York Times el 5 de julio, es el hecho de que Sae A Trading, empresa que confecciona prendas de vestir para marcas estadounidenses como Walmart y Gap, y facturó US$1.1 millardos en 2011, fue señalada en Guatemala de violar el derecho a la organización sindical de sus trabajadores.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (A.F.L –C.I.O, por sus siglas en inglés), la cual ha apoyado las demandas de los trabajadores guatemaltecos de Sae A Trading, acusan a la maquila de proferir amenazas de muerte contra los trabajadores que deseaban sindicalizarse, ofrecerles coimas e incluso de participar en la violación de una operaria. Tras una larga disputa con los trabajadores guatemaltecos, Haití le brindó a la empresa la oportunidad de empezar desde cero en un país donde el salario mínimo diario es de US$3.75 (aumentará a US$5 a partir de octubre). En Guatemala, el salario mínimo diario es de Q68 (US$8.7).

Entonces, ¿qué se debe inferir cuando la Viceministra Del Águila habla de impedir que las maquilas abandonen a Guatemala por Haití? ¿Reducir nuevamente los salarios del sector maquila por debajo del salario mínimo no agrícola? ¿Hacerse de la vista gorda cuando una maquila viola los derechos laborales? “Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, no es competencia nuestra”, fue la respuesta que dio Del Águila cuando se le preguntó acerca del caso de Sae-A Trading.

Para Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), casos como el de Sae-A Trading, son ejemplos de un modelo de una “competitividad espuria”. “Bajar los impuestos y los salarios ha sido el pinche y mediocre paradigma para ser competitivo. El peor caso que he visto fue con el terremoto de Haití. ¿Qué hacen en Haití? Las maquilas bajan los salarios. ¿Cuál es la propuesta de Guatemala y Honduras? Tenemos que bajar los salarios”, afirma el economista, que fue viceministro de Transparencia en el Ministerio de Finanzas durante la anterior administración.

Nuevos tiempos, viejos paradigmas

Conceder incentivos fiscales con el propósito de estimular industrias o sectores particulares, no es algo nuevo, sino que se remonta a los años 60, cuando se produjo en el istmo una “guerra de incentivos” para impulsar las industrias nacientes dirigidas a sustituir las importaciones extranjeras, asegura el estudio “Incentivos fiscales y su relación con la inversión extranjera en Guatemala y Nicaragua”, del ICEFI. Fue en este contexto que se aprobó en Guatemala, en 1973, la ley que dio vida a la Zona Libre de Industria y Comercio (ZOLIC), en el Puerto de Santo Tomás de Castilla.

En la década de los 90, estas políticas cobraron un auge mayor en la región cuando se crearon incentivos tributarios indirectos y las moratorias fiscales (exenciones del pago de impuestos por un período determinado, el incentivo fiscal utilizado con mayor frecuencia en los países en desarrollo). En 1989 se aprobó la Ley de Zonas Francas, y la Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), que siguen vigentes hasta hoy.

Carlos Sacalxot, presidente de la Asociación de Aduanas de Guatemala (AAG), explica que las zonas francas se crearon con el objetivo de atraer capital nacional o extranjero, descentralizar la actividad industrial, aprovechar la ubicación geográfica del país, generar empleo y reducir la pobreza; objetivos similares a los que formulan los empresarios que impulsan la creación de Caracol en Haití.

Las zonas francas son áreas geográficas donde se importan materias primas e insumos sin pagar impuestos arancelarios y se reexportan productos nuevos y finales. Se dividen en dos partes:

1)       La entidad administradora: empresas privadas dedicadas al arrendamiento de espacios, que no están autorizadas para importar materias primas y únicamente pueden importar los insumos necesarios para construir los edificios donde se ubicarán los inquilinos o “usuarios” sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). También se les exonera el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 12 años y el Impuesto Único Sobre Bienes Inmuebles (IUSI) durante cinco años.

2)       Los usuarios: empresas autorizadas por el Ministerio de Economía (MINECO) para instalarse dentro de la zona franca. Hay usuarios industriales (no afectos a los impuestos de importación y exentos del pago de ISR durante 12 años), comerciales (no afectos a los impuestos de importación y exentos del pago de ISR durante cinco años) y de servicios (no afecto a los impuestos de importación y exentos del pago de ISR durante 12 años).

El MINECO actualmente reporta la existencia de 18 zonas francas en Guatemala:

Según Sacalxot, la exención de ISR es más generosa para los usuarios industriales, ya que cuando se creó la Ley de Zonas Francas se buscaba impulsar este sector “porque ingresa materias primas y usa más mano de obra; lo que persigue es reducir el desempleo, combatir el subempleo y que la gente que vende chicles en la calle se inserte a la costura”.

Sin embargo, de los 226 usuarios que tienen las 18 zonas francas que existen en el país, 209 (el 78.5 por ciento) son comerciales, 25 son de servicios (el 9.3 por ciento) y 32 son industriales (el 12 por ciento), lo cual pareciera indicar que a pesar de que los usuarios industriales tienen una exoneración de ISR de mayor duración, los usuarios son mayoritariamente comerciales. Es decir, Guatemala no ha logrado atraer a los usuarios que generan más empleo.

Resulta difícil establecer el número exacto de empleos que generan tanto las zonas francas como las empresas acogidas al Decreto 29-89. Por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, Plaza Pública solicitó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el número de trabajadores afiliados a esa institución, correspondientes a las empresas acogidas a las leyes de zonas francas y maquilas, pero la respuesta fue que esa información es confidencial y no puede ser proporcionada. El Ministerio de Trabajo (Mintrab) no tenía ese dato.

Según la Dirección de Servicios al Comercios y a la Inversión del MINECO, de 2007 a junio de 2012, las zonas francas han generado 2,463 empleos, lo cual representa el 0.1% de la población ocupada. Con base en este dato, Claudia García, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), califica la generación de empleo por parte de las zonas francas como “poco significativa” y agrega que “no se cuenta con información relacionada con las condiciones de trabajo ofrecidas por este sector, lo cual es de suma importancia”.

También cabe mencionar que sólo seis de las 18 zonas francas (una tercera parte) se encuentran fuera del departamento de Guatemala (y dos de ellas no reportan usuarios), lo cual apunta a que el objetivo de descentralización tampoco se ha cumplido.

Ley de Maquilas incluye pocas maquilas

La Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) exonera de pagar derechos arancelarios e IVA, y durante diez años del ISR, a “las empresas orientadas a la producción y/o ensamble de bienes que contengan como mínimo el 51 por ciento de mercancías extranjeras”.

“La idea era decirles a las empresas extranjeras con mucha plata y materias primas: ‘vengan a Guatemala, hagan sus fábricas, contraten gente y hagan blusas y pantalones para la exportación. Usted no pagará derechos arancelarios ni impuestos de exportación si los productos se van a reexportar’”, explica Barrientos, del ICEFI.

Inicialmente, sólo podían acogerse a este régimen las empresas que exportaban sus productos fuera de la región centroamericana “para que los países del istmo no se pusieran a competir unos con otros”, afirma Barrientos. Pero en 2004, después de la campaña electoral de 2003, la ley se reformó para incluir empresas que exportan sus productos a Centroamérica, de manera que hoy en día, más de la mitad de las 1071 empresas acogidas al Decreto 29-89 son guatemaltecas.

Abelardo Medina, Intendente de Recaudación de la SAT, afirma que la ley original de zonas francas y maquilas únicamente incluía empresas que exportaban bienes a países fuera de Centroamérica. Posteriormente, el Congreso amplió esos privilegios fiscales sin solicitar una evaluación de la SAT o del MINFIN. A consecuencia de ello, el valor del gasto tributario (las pérdidas para el Estado en concepto de impuestos no recaudados) “creció significativamente”.

Muchas de las empresas que actualmente se acogen al Decreto 29-89 difícilmente pueden clasificarse como “dedicadas a la producción y/o ensamble de bienes”. Un total de 313 empresas (el 29 por ciento) se dedican a la fabricación de prendas de vestir, pero 152 son empresas de producción agropecuaria (el 14 por ciento), 62 (el 6 por ciento) son “industrias manufactureras no especificadas”, 38 (el 3 por ciento) se dedican al hilado, tejido y acabado de textiles y tres son empresas mineras.

El listado también incluye 30 empresas de servicios agrícolas (el 3 por ciento), y cuatro call centers clasificados bajo el rubro de “actividades no bien especificadas”. El 48 por ciento restante incluye una amplia gama de empresas diversas (fabricantes de plásticos, perfumes, maquinaria, tabaco, productos químicos, bebidas no alcohólicas, productos de panadería, etcétera).

En resumen, el instrumento legal que suele abreviarse como “Ley de Maquilas” de hecho incluye, siendo estrictos, a muy pocas maquilas y sí incluye un buen número de empresas que no manufacturan sino que prestan servicios, como los call centers (contact centers) y empresas de servicios agrícolas. Carlos Sacalxot, presidente de la AAG, afirma que la única forma en que el MINECO podría justificar la inclusión de estas empresas sería considerar la exportación de un servicio como un bien, lo cual entra en un terreno legal contencioso.

No tengo ninguna información al respecto”, se limitó a decir Claudia Del Águila, la viceministra de Competitividad, cuando se le cuestionó sobre esto, mientras que Abelardo Medina, Intendente de Recaudación de la SAT, admite que “el tema de los call centers es complicado” y ha sido un punto de fricción entre la SAT y el MINECO, que es el que decide si una empresa puede acogerse o no al Decreto 29-89.

Además, Medina admite que muchas de las empresas que se acogen al Decreto 29-89 simplemente cierran y vuelven a abrir bajo un nombre distinto cuando caduca la exención de ISR de diez años, para reinscribirse bajo el régimen de maquila y seguir gozando de los beneficios fiscales que conlleva. Sin embargo, afirma que la SAT no puede frenar estas prácticas: “Lo que sucede es que si una empresa cierra y vuelve a abrir con otro nombre, aunque tengan los mismos dueños, es otro sujeto y el MINECO lo va a calificar de esa manera, y a nosotros sólo nos queda atender lo que dice la ley”, afirma Medina. Pero Del Águila asegura que el tema de fiscalización le corresponde a la SAT” y dijo que el MINECO sólo podía investigar a una empresa “si tiene evidencia proporcionada por la SAT”. Según Mayra Palencia, autora del libro “Los dominios del poder: la encrucijada tributaria”, este es un problema que ilustra “la debilidad de la institucionalidad pública”. 

Según el MINECO existe una investigación, aún sin concluir, de 20 empresas acogidas al Decreto 29-89, con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 43 del decreto, el cual establece que la calificación de una empresa puede ser revocada si no inicia la producción dentro del plazo establecido, si no exporta, si quiebra o cierra, o por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución de calificación (laborales, ambientales, etcétera). Sin embargo, el MINECO no quiso mencionar qué empresas están siendo investigadas ni por qué se les señala de haber quebrantado la ley.

“Lo malo no es reiniciar actividades sino no reinvertir el capital. Las exenciones deben ser para el aprovechamiento del crecimiento empresarial. Llegado un cierto tiempo, el capital se va a los socios, no se reinvierte. Habría que obligar a las empresas a reinvertir los capitales”, opina Sacalxot.

Óscar Hernández, vice-decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Panamericana (UPANA), admite que “se conoce de esa práctica y el MINECO debería de tener más control”, pero hace notar que aun cuando las empresas cierran y vuelven a abrir para gozar de la exención de ISR a perpetuidad, “siguen generando empleo” y la investigación de estos casos podría motivarlas a “irse a los países vecinos”. El cuco del que hablan los empresarios.

Se desconoce cuánto deja de recaudar el Estado por estas prácticas.

Exoneraciones contenciosas

Barrientos argumenta que al modificar el Decreto 29-89 para incluir empresas que exportan sus productos a Centroamérica, se desnaturalizó el objetivo de la ley, el cual era atraer inversión extranjera; también sostiene que la exoneración de ISR es lesiva para los intereses del país.

El informe “Estimación del gasto tributario del gobierno central, período 2005-2009”, disponible en la página web de la SAT (al cierre de esta edición, la SAT todavía no había publicado el informe actualizado que corresponde a 2010-2011, pero informó que se publicará en agosto de este año), muestra que en 2009, el Estado dejó de percibir Q989.3 millones (el 0.32 por ciento del Producto Interno Bruto – PIB) por las exenciones otorgadas a las empresas que se acogen al Decreto 29-89 y Q100.8 millones (el 0.03 por ciento del PIB) por las exenciones otorgadas a las zonas francas. Guatemala recauda 10 por ciento del PIB.

Según estadísticas publicadas por ICEFI, las empresas acogidas al Decreto 29-89 han exportado entre Q17,500 y Q26,300 millones anuales durante los últimos seis años, mientras que las zonas francas han exportado entre Q2,200 y Q3,300 anuales durante el mismo período. Pero el Estado ha permitido que estas empresas no paguen entre Q1,000 y Q1,600 millones anuales por concepto de impuestos.

Esto quiere decir que las pérdidas fiscales para el Estado que representan las exenciones para las zonas francas y maquilas duplican el monto destinado a las transferencias monetarias condicionadas (Mi Familia Progresa / Mi Bono Seguro), quintuplican la cifra que el Estado destina a la educación diversificada y equivale casi al presupuesto anual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Juan Alberto Fuentes Knight, director de la división de desarrollo económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), plantea: “El costo de estos incentivos, que son privilegios para un sector a costa de los demás, está por encima del 1 por ciento del PIB en Guatemala, es decir, alrededor de una décima parte del total de impuestos que pagan los guatemaltecos. Con las grandes necesidades que tiene Guatemala en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad y justicia, ¿se justifica que un grupo reducido de empresas se quede con este 10 por ciento de los impuestos totales, especialmente sin que nadie haya podido demostrar que esos impuestos no pagados fueron decisivos para hacer la inversión y generar empleo?”, cuestiona.

Por este motivo, algunos analistas fiscales concluyen que para justificar las pérdidas fiscales que suponen las exenciones a las zonas francas y empresas exportadoras, el Estado debiera de condicionar los privilegios fiscales a la generación de una cuota específica de empleos, dirigir la inversión hacia sectores económicos que se deseen fomentar y territorios donde sea conveniente instalar las empresas, e incluso imponer la adquisición de insumos en el territorio nacional, un requisito que es obligatorio en China y otros países.

Claudia García, de ASIES, sostiene que "la concesión de beneficios tributarios a empresas que se dedican a la exportación no sólo debe ser condicionada, sino que debe de estar estrictamente supervisada y controlada por parte de la administración tributaria, ya que son ingresos dejados de percibir para fomentar la actividad exportadora del país".

Pero Lisardo Bolaños, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirma que los estudios realizados sobre las experiencias de China y Vietnam, países que exigen la creación de un mínimo de 35 empleos para el establecimiento de un parque industrial, demuestran que con esta medida se corre el riesgo de hacer quebrar a las empresas cuando se desata una crisis económica.

Ramón Parellada, analista del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) de la Universidad Francisco Marroquín, coincide con Bolaños: “Tú no sabes si tu empresa va a triunfar o va a quebrar; lo que tienes que tener son reglas claras y parejas para todos y que sean de largo plazo. Si las cambias o si las estás amarrando generas mucha incertidumbre y no creo que eso sea conveniente”.

Algunos países no establecen cuotas de empleo, pero tienen políticas de inversión focalizadas que buscan orientar la inversión extranjera hacia sectores prioritarios. Francisco Rivadeneira, Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, por ejemplo, explica que su país exonera a las empresas extranjeras de impuestos internos pero que el porcentaje y duración de la exención está condicionado a los siguientes factores: sostenibilidad ambiental, inversión en zonas deprimidas del país que históricamente han tenido un desarrollo menor y el establecimiento de “alianzas estratégicas o encadenamientos” con empresas locales. En cuanto al tema laboral, Rivadeneira afirma: “Los incentivos no están atados a eso porque esa es una precondición. Nosotros no vamos a aceptar inversión que pueda afectar los derechos del trabajador”.

Los analistas que afirman que los incentivos fiscales deberían de condicionarse a la generación de una cuota mínima de empleos también recalcan la importancia de obligar a las empresas a cumplir con la legislación laboral: pago de prestaciones, afiliación de los trabajadores al IGSS, condiciones salubres y seguras en el trabajo, etcétera.

El Decreto 29-89 establece que las empresas que se acogen a ese régimen deben cumplir con la legislación laboral y ambiental, pero en la práctica ninguna institución se asegura que esto se lleve a cabo. “Eso le corresponde al Ministerio de Trabajo (Mintrab), no es competencia nuestra”, dijo la Viceministra Del Águila cuando se le preguntó acerca de este tema. Un reportaje de Plaza Pública explica que Guatemala cuenta con una legislación adecuada en materia de protección laboral pero en la práctica no se cumple ya que el Mintrab carece de suficientes inspectores para realizar inspecciones de oficio y los inspectores no tienen la potestad de imponer sanciones a las empresas.

“Producir bienes y servicios con seguridad laboral tiene un costo para el empresario, lo cual significa que superar el problema dependerá de las características económicas del modelo que tengamos. Si queremos una competitividad inmediata la vamos a obtener sacrificando la seguridad, pero el costo social de las lesiones, de las enfermedades o de la pérdida de vida va a aumentar. Tenemos un modelo económico que establece que no vamos a invertir en seguridad en el trabajo y a la par tenemos toda una infraestructura jurídica que dice que producir así es ilegal”, afirma el abogado laboralista Alejandro Argueta,. 

Mitos sobre la inversión extranjera

El estudio del ICEFI anteriormente citado afirma que “el impacto sobre la inversión extranjera de los incentivos fiscales en el sector de exportaciones no tradicionales en Guatemala no es obvio”. Además, hace notar que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) eran mayores antes de la aprobación de los Decretos 29-89 y 65-89 y experimentaron una merma durante la década de los 90. Según el ICEFI, esto demuestra que al menos en el caso de Guatemala no ha existido una correlación entre la concesión de exenciones fiscales y un aumento de la IED, un tema que ha sido poco estudiado.

Hasta la fecha, este es el único estudio realizado en el país que busca medir el impacto que han tenido las exenciones fiscales para atraer mayores flujos de IED.

Según las últimas cifras de la CEPAL, aunque Guatemala registró un incremento del 22 por ciento en la captación de IED (US$985 millones) en 2011, se sigue colocando por detrás de Panamá, que captó US$2.8 millardos, Costa Rica con US$2.1 millardos y Honduras con US$1.04 millardos, pese a ser la economía más grande de Centroamérica. “Nos hemos prostituido fiscalmente y de todas formas las empresas como Intel se van a Costa Rica”, afirma Barrientos.

El estudio publicado por ICEFI hace notar que las moratorias fiscales (exenciones como los decretos 29-89 y 65-89) son los incentivos más populares en los países en desarrollo a pesar de que presentan tres grandes problemas:

1) Al eximirse las utilidades independientemente de su magnitud, las moratorias fiscales tienden a favorecer a inversiones con un alto rendimiento esperado y que se habrían realizado aún en la ausencia de incentivos;

2) Pueden propiciar la elusión fiscal ya que las empresas gravadas pueden establecer relaciones económicas con las empresas exentas, trasladándoles utilidades mediante un sistema de precios de transferencia (por ejemplo, pagando un precio demasiado alto por los bienes de la otra empresa y recibiendo una comisión clandestina);

3) Un potencial de abuso de prorrogar las moratorias indefinidamente, al transformar la inversión efectuada en una inversión nueva (los casos anteriormente citados de empresas que cierran y vuelven a abrir bajo otro nombre para seguir gozando de las exenciones).

Con base en las investigaciones que se han realizado en diferentes países del mundo, el estudio de ICEFI enumera una gama de variables que inciden en la atracción de IED y que, según se ha demostrado, tienen tanto o más peso que los incentivos fiscales. Estos factores incluyen el gasto público, el tamaño del mercado y la tasa de crecimiento del PIB, la apertura comercial, bajos niveles de inflación y menores niveles de corrupción en el sector público.

En cuanto a indicadores macroeconómicos, Guatemala es el mercado más grande de Centroamérica y tiene niveles bajos de inflación (3.4 por ciento según el Banguat y la media centroamericana fue 5.5 para 2011). 

Ricardo Barrientos, analista de ICEFI, agrega que otros indicadores fundamentales son salud y educación, ya que para atraer inversión de calidad se necesita una mano de obra cualificada. El Informe de Desarrollo Humano de 2011, situó a Guatemala en el lugar 131 (en un ranking de 187 países), el peor índice de la región. En cambio, Panamá y Costa Rica, los países que captan más IED en la región, ocupan los lugares 58 y 69, respectivamente. “Ser competitivo significa tener una fuerza laboral bien educada, infraestructura de calidad, que dé al menos certeza jurídica”, afirma Barrientos.

Francisco Rivadeneira, Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, afirma que si bien su país no descarta los incentivos fiscales, no considera que este deba ser el eje principal de su estrategia de atracción de IED. Cita la estabilidad jurídica, entendida como la capacidad institucional de solucionar por la vía legal cualquier diferendo que pueda surgir entre la empresa y el Estado, tener un economía de escala y suficiente mano de obra calificada como algunos de los factores que las empresas extranjeras toman en cuenta a la hora de invertir.

El economista Lisardo Bolaños, del CIEN, admite que los incentivos fiscales por sí solos no bastan para atraer inversión extranjera, pero insiste en que sin ellos Guatemala no puede ser competitiva: “Para hacer un pastel se necesitan huevos; no sólo con huevos se hace un pastel pero sin los huevos jamás vas a hacer un pastel. Decir que con las exenciones fiscales no basta es una crítica válida pero incompleta. Uno de los problemas es que para Estados Unidos importar desde China es más barato que importar desde Guatemala porque el costo de la energía es más caro y la mano de obra que no terminó la secundaria es 4.5 veces más cara que en países como Camboya y Vietnam”.

En cuanto a la educación como estrategia de competitividad, Bolaños, afirma que si bien es cierto que a largo plazo hay que mejorar la cobertura y calidad del sistema educativo, el país enfrenta un problema urgente el día de hoy que no puede ser postergado: los miles de jóvenes que se incorporan cada año a la fuerza laboral con un nivel de escolaridad bajo.

Bolaños argumenta que mientras se logra elevar la calidad educativa, la única opción para esos jóvenes son trabajos no calificados (y con salarios bajos) como los que ofrece el sector maquila. “Hay que ver cómo incrementar la productividad a largo plazo. Todo país desarrollado tuvo que pasar por esa paradoja. En vez de expandir la educación secundaria, se necesita ampliar las competencias en el Intecap”, sostiene el analista. En cambio, Barrientos insiste que competir en base a los salarios más bajos es “competir hacia abajo, ver quien se desnuda más”.

OMC: no más exenciones

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha establecido que para 2015 las exenciones fiscales deben ser eliminadas en los países que son miembros de ese foro, ya que considera que son una competencia desleal para los países que no cuentan con esa medida. La Viceministra de Competitividad, Claudia del Águila, subraya que la medida sólo aplica a las empresas industriales y no afecta a otros sectores como el agrícola o el de servicios.

Previendo que la entrada en vigor de esta nueva disposición pudiera tener un impacto negativo en el sector exportador, en 2008, el ex diputado Mariano Rayo, del Partido Unionista, presentó la iniciativa 3858, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía, que busca modificar la actual Ley de Zonas Francas de manera que cualquier empresa, exportadora o no, pueda tener exenciones fiscales; que prácticamente casi cualquier empresa en cualquier parte del país pueda exigir ser declarada zona franca.

“Lo que el diputado Mariano Rayo quería hacer era modernizar la Ley de Zonas Francas, porque tiene más de 20 años. El instrumento legal se desgasta en ese tiempo y él estaba buscando un símil con las zonas francas de El Salvador y República Dominicana”, afirma Fanny De Estrada, directora de competitividad de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

Parellada, del CEES, argumenta que al eliminar los privilegios fiscales, se crearían condiciones de igualdad para todas las empresas que operan en el país independientemente de que sean nacionales o extranjeras: “Si vamos a crecer y creemos que el ISR es un impedimento, eliminemos el ISR pero para todos, no para unas empresas sí y para otras no. Así se genera una neutralidad impositiva, a todos por igual”.

Pero Medina, de la SAT, señala que de haber prosperado, esa propuesta hubiera dejado al Estado, que de por sí tiene una de las cargas tributarias más bajas de la región, totalmente desfinanciado: “El ISR lo pagan las empresas contribuyentes, los sujetos pasivos y las personas. ¿Qué pasaría si ya no se pagaran los derechos arancelarios, el impuesto por distribución de petróleo y de tabaco? Nos quedaríamos con sólo el ISR de los trabajadores y una parte del consumo de la población, es decir, el IVA. El Estado prácticamente se quedaría sin un centavo de recaudación”. Medina calcula que las pérdidas fiscales para el Estado ascenderían a un 7% del PIB, del 10% que recauda el Estado.

“Mariano (Rayo) es buzo”, afirma Mayra Palencia. “Esas son las salidas clásicas del que quiere que finalmente aceptes lo que te está proponiendo. Lo que está diciendo es: como hay un montón de vacíos y las empresas maquiladoras no venden toda su producción en el extranjero como debieran hacerlo sino que la venden acá, es mejor que (las exenciones) sean generalizadas. Aquí no hay solamente una racionalidad fiscal en el sentido del dinero, sino que hay que ver las cosas en términos productivos y de desarrollo humano. ¿Cuál es el valor agregado que se está generando?”

“Un Estado más famélico que el existente atentaría incluso contra los intereses del gran capital. Ya ni para seguridad serviría. La ley de Alianzas Público Privadas, por ejemplo, necesita de un Estado fuerte para echarla a andar y servir como contraparte del sector privado”, agrega Marcelo Coj, analista de AVANCSO.

Plaza Pública trató de comunicarse durante varios días con Mariano Rayo, asesor de Asíes, pero no atendió las llamadas ni respondió el correo electrónico en un plazo de dos semanas. La iniciativa sigue estancada en el Congreso y no ha prosperado. Plaza Pública también intentó hablar con el gerente general de Transactel, el call center más grande del país, pero un viaje le ha impedido responder, y con el gerente de Koramsa, una maquila coreana, sin tener ninguna noticia suya.

El gobierno de Otto Pérez Molina lanzó la Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021, un documento de 43 páginas que busca posicionar a Guatemala como “uno de los mejores países para hacer negocios en Mesoamérica”. Las medidas que se proponen incluyen, entre otras:

  • la capacitación de los jóvenes en inglés y en competencias técnicas
  • un aumento presupuestario para el Intecap (aunque no se especifica el monto)
  • educación tecnológica (sin especificar la inversión)
  • regularización del trabajo a tiempo parcial y contrataciones a plazo definido
  • remuneración basada en la productividad
  • modernización del sector aeroportuario
  • reducción de las tarifas portuarias
  • adaptar el sistema portuario para acomodar a los nuevos buques post-Panamax
  • establecer lineamientos para la estabilización de los costos de la tarifa eléctrica
  • inversión en exploración petrolera
  • simplificación de los trámites aduaneros

La Viceministra Del Águila afirma que la regularización del trabajo a tiempo parcial será el eje principal de la nueva estrategia de competitividad. En marzo de este año, se presentó la Ley de Inclusión Laboral para legislar el trabajo a tiempo parcial, luego de que el gobierno anterior fracasara en su intento de lograr la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene un objetivo similar.

El convenio 175 de la OIT define como un trabajador de tiempo parcial a aquél asalariado cuya jornada de trabajo normal es más corta que la de los trabajadores de tiempo completo y establece la protección completa de los asalariados, especialmente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la adaptación de los regímenes legales de seguridad social y la protección de la maternidad entre otros.

Las organizaciones sindicales lo rechazaron, argumentando que atentaba contra los derechos del trabajador y que los empleadores se valdrían de este instrumento legal para contratar a personas por unas horas al día y así evitar el pago del salario mínimo. La nueva Ley de Inclusión Laboral es casi idéntica al convenio y ha sido rechazada bajo los mismos argumentos por la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicio y del Estado de Guatemala (FESEBS), la Confederación Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CTC), entre otras organizaciones sindicales.

La estrategia de competitividad para el país ha girado en torno al paradigma que sin exenciones fiscales y salarios cada vez más bajos, las empresas extranjeras buscarán otros destinos para invertir, a pesar de la falta de evidencia que demuestre que estas medidas efectivamente generan una mayor inversión.

“Hay que creer en la competitividad pero cambiar el paradigma de lo que significa ser competitivos”, argumenta Barrientos, pero los planes formulados por un gobierno tras otro no logran romper con esos esquemas y Guatemala sigue enfocando sus energías en “competir hacia abajo”. 

Nota de edición: 
En resumen, el instrumento legal que suele abreviarse como “Ley de Maquilas” de hecho incluye a muy pocas maquilas y sí incluye un buen número de empresas que no manufacturan (y dan empleo de obra masivo) sino que prestan servicios, como los call centers y empresas de servicios agrícolas.
El Estado ha permitido que estas empresas no paguen entre Q1,000 y Q1,600 millones anuales por concepto de impuestos. Según la Dirección de Servicios al Comercios y a la Inversión del MINECO, de 2007 a junio de 2012, las zonas francas han generado 2,463 empleos, lo cual representa el 0.1% de la población ocupada.