Cabildeo para la desigualdad

El 10 de mayo de 1988 un sector del ejército guatemalteco intentó derrocar al presidente de la República, el democristiano Vinicio Cerezo, quien dos años antes había puesto fin a 30 años de dictadura militar. Las investigaciones realizadas por el Estado Mayor del ejército no fueron concluyentes, «pero puede ser considerado como una hipótesis válida que el motivo principal de las conspiraciones respondieran al desacuerdo causado dentro de Cacif por la propuesta de reforma fiscal que impulsó la administración del expresidente Cerezo», revela el coronel retirado Mario Mérida.

A decir del militar, quien era parte del alto mando de Estado Mayor en aquel entonces, no se confirmó la conspiración de integrantes de la junta directiva del sector empresarial, no obstante asegura que existían evidencias para creer que la extrema derecha siempre estuvo vinculada a los insubordinados, ya que para 1989 se acrecentó en algunas filas de la institución y en un número considerable de oficiales la idea que el partido de la Democracia Cristiana era cabeza de los planes comunistas.

Frente a esto cabe recordar lo que escribía el sociólogo Edelberto Torres Rivas quien rechazaba el imperio de las élites económicas sobre la legislación de las políticas tributarias y sociales: «La política fiscal la debe definir el Estado, no se debe negociar con nadie».

Sin embargo, en Guatemala desde la administración de los gobiernos militares, muchos gobiernos han visto caer sus proyectos de reformas tributarias frente al empresariado desde que Cacif es Cacif, que se constituyó como tal en 1957. Paul Dosal, autor del libro Las Élites Industriales en Guatemala identifica en el transcurso de la década de los setenta el momento histórico en que se concreta el protagonismo del poder empresarial.

[relacionadapzp1]

De acuerdo con este investigador, de 1954 a 1970 el ejército de Guatemala cedió en gran medida las riendas de las políticas económicas al sector corporativo. Por ejemplo en 1965, último año de gobierno del general Enrique Peralta Azurdia, se estableció un consejo de Estado integrado con representantes del sector empresarial . Dos años después, en la presidencia de Julio Méndez Montenegro se amplió la presencia del sector privado en el Estado, cediendo asientos en la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, entidad encargada de coordinar la política fiscal y monetaria de aquel tiempo.

Dosal explica que el proyecto del consejo empresarial «fue concebido como una unidad de política asesora, sin embargo, a mediados de los años 70 se convirtió en un cuerpo consultivo independiente y agresivo, el proteccionismo de los años previos había constituido una estructura corporativa de poder», que incluso le hizo frente al poder militar cuando estos se convirtieron en un «socio inconveniente».

Sin embargo, estas historias no están en el pasado. En abril de 2023 se filtró en Instagram a través de una cuenta anónima, la posible propuesta de reformas tributarias a impulsarse el año próximo. Información que fue recogida y ampliada por la prensa local. De inmediato los representantes de la cúpula empresarial integrada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras (Cacif), solicitaron detalles del mencionado plan a las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El presidente de Cacif, Ignacio Lejárraga, en una entrevista con Plaza Pública, afirmó  que se fue a través de las redes sociales que se enteraron de las posibles reformas: «Eso es algo que a nosotros no nos habían compartido, nos ponemos en contacto con el Superintendente y se le dice que nosotros queremos opinar sobre estos temas». Al cuestionar sobre la influencia de Cacif sobre las políticas fiscales el empresario sostuvo: «Diría que tenemos una opinión que puede llegar a considerarse, que es una opinión fuerte. Pero al final de cuentas es una opinión que se expondrá públicamente, no bajo una mesa».

Para el director del Icefi, Ricardo Barrientos, el problema no recae en que un sector económico se dirija a una autoridad, o que quiera participar de los procesos legislativos y de gobierno, el problema es que sólo algunos sectores tengan ese tipo de acceso, que es lo que históricamente ha pasado. «En toda Centroamérica las organizaciones empresariales han tenido espacios y accesos privilegiados y preferenciales cuando se trata de discutir política tributaria y política fiscal en general, lo que no está bien es que haya una asimetría en el acceso a las autoridades», apunta. 

Los privilegios e influencias de los sectores económicos no se quedan únicamente en tener acceso a las autoridades y fuentes de información, sino que se extiende a la agenda legislativa en el Congreso de la República, explica el diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla. En términos económicos la agenda legislativa la dirige el Cacif, lo hace por medio de sus cabilderos dentro del Congreso, actividad que ejercen sin secretismo, explica el congresista, la orientación de la agenda parlamentaria incluye poder vetar la aprobación o discusión de leyes que les parezca pueda atentar contra sus intereses.

[relacionadapzp2]

Las reformas tributarias, fricciones históricas

La tesis doctoral de Ansia Ortiz Loaiza, titulada «Negociaciones Tributarias, Construcción del Estado y Desigualdad: Guatemala, ¿débil por diseño?» publicada en 2020 por la Universidad de Ottawa, Canadá, registra los eventos históricos que confrontaron a los sectores público y privado por el tema de recaudación fiscal.

La investigadora asegura que las estrategias y la capacidad organizativa de las élites guatemaltecas para negociar y luchar contra las leyes tributarias han existido siempre, estando presentes incluso durante las épocas de autoridad militar. Desde el general Carlos Arana (1971-1974). Pasando por el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) quien buscó promover un aumento a los aranceles a la exportación dado el crecimiento de ese sector, el que topó con oposición de la Cámara del Agro, específicamente los caficultores. Cacif apoyó la resistencia fiscal.

El presidente de facto (1982-1983), general Efraín Rios Montt, intentó negociar una política fiscal con la élite empresarial, concretó la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una disminución regulatoria al ISR, según la investigación «Los Dominios del Poder: La Encrucijada Tributaria», escrito por Fernando Valdez y Mayra Palencia, (Flacso,1998).

Eran los años críticos de la guerra civil, el país pasaba por una profunda crisis económica, a pesar de esta reforma fiscal y de la alianza entre militares y sector privado la carga tributaria cayó por debajo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ortíz Loaiza cita que la administración del general Mejía Victores propuso un paquete de reformas fiscales con el objetivo de hacerse de recursos y modernizar el régimen económico, al mismo tiempo negociaba con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicionó su ayuda. Una vez más el empresariado se opuso fuertemente.

Al consultarle al presidente de Cacif sobre el papel histórico en el tema tributario y sobre su opinión de ser considerados un grupo independiente y agresivo al momento de abordar la política fiscal, respondió desconocer los pormenores de la historia, y los datos citados. «Seguramente para los directivos empresariales haya habido épocas donde tenían que ser bastante más firmes, agresivos, en la actualidad todo se hace por medio del diálogo». Es posible que en ciertas épocas las formas de hacer valer sus posiciones fueran diferentes, admite Lejárraga. 

En la era democrática el primer conflicto de grandes proporciones entre gobierno y élite lo causó la reforma tributaria impulsada por el presidente Vinicio Cerezo (1986-1990), tal como documenta Ortíz Loaiza. Dicha reforma incluía modificaciones al ISR, al IVA, al papel sellado y timbres fiscales, Impuesto Único sobre Inmuebles, Reformas a la Ley de Fomento Avícola e Impuesto sobre Circulación de Vehículos. 

La élite empresarial convocó a un paro nacional que se extendió durante una semana. La disputa escaló al punto de llegar a dos intentos de golpe de Estado, uno en 1988 y el segundo en 1989. Ambos intentos no se concretaron debido al respaldo institucional del entonces ministro de Defensa, general Alejandro Gramajo.

A decir del coronel retirado Mario Mérida, integrante de la plana del Estado Mayor Presidencial durante el primer intento de golpe, que si bien no se confirmó la conspiración por parte de Cacif, existían indicios para creer que la extrema derecha siempre estuvo vinculada a los insubordinados. Recuerda que para 1989 se acrecentó en algunas filas de la institución y en un número considerable de oficiales la idea que el partido de la DC era cabeza de planes comunistas.

«Es una hipótesis válida que el motivo principal de las conspiraciones respondiera al desacuerdo causado dentro de la cúpula empresarial por la reforma fiscal que impulsó la administración del expresidente Cerezo», apunta.

[relacionadapzp3]

De la Corte Constitucional a la Corte de Cacif

«Después de la Corte de Constitucionalidad (CC), sólo la corte celestial», es una aseveración que entre abogados manifiesta la frustración del fin de los caminos legales para cualquier proceso de justicia.
La Asamblea Constituyente de 1985 fundó la CC, estableciéndose como «tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional que actúa como tribunal colegiado con independencia del demás organismo del Estado», lo que se puede interpretar como consultas determinadas de forma clara sobre un tema específico establecido en la Constitución.

La investigación «Política Fiscal: Expresión de las Élites Centroamericanas», publicada por Icefi en 2015 establece que la influencia de las élites económicas fue patente cuando se redactaron artículos constitucionales especiales para la protección de los derechos de los contribuyentes. La ley citada establece que cualquier persona, con el auxilio de tres abogados colegiados activos, tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general.

Ortíz Loaiza asegura al respecto que de 1986 a 1990 el Cacif ensayó una práctica que se volvería recurrente en la historia, ante cualquier normativa que atentara contra sus intereses, estrenó la reciente Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que la nueva Constitución delegó velar a la CC.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo se concretaría el proceso de aprendizaje para el sector privado y la sociedad civil: «No importa la fuerza y disciplina del partido político en el gobierno, las leyes siempre pueden ser revocadas, el nivel de influencia de la élite tiene poder de veto».

En la era democrática la CC ha sido la sede permanente de las batallas que Cacif ha librado contra proyectos de reformas tributarias, o leyes que a su  consideración violan la Constitución.

Al respecto, el presidente de Cacif  niega que su organización ejerza un poder de veto de facto a través de la corte constitucional,  pues asegura que ellos ejercen un derecho que tiene todo guatemalteco. «Si se revisa los registros de los amparos que hemos presentados se puede corroborar, nosotros presentamos recursos cada cierto tiempo cuando algo a nuestro criterio no está acorde a lo establecido en la Constitución de la República».

Aunque no pareciera, asegura Lejárraga lograr coordinar y poner de acuerdo a todos los sectores que integran Cacif, no es fácil, «primero porque cada cámara tiene sus propios intereses, y más aún, porque a las cámaras las dirigen líderes, entiéndase gente que está acostumbrada a mandar en sus propias empresas, al final de cuentas confluyen personas con opiniones muy fuertes lo que hace que coordinar a los sectores bastante difícil». 

Para los investigadores del Icefi Ricardo Barrientos y Mauricio Garita las apelaciones en temas fiscales es un privilegio,  sobre todo para quien tiene poder para presionar o incidir en las decisiones de un pequeño grupo de magistrados constitucionales. «La élite económica guatemalteca ha hecho uso intensivo de este poder de veto, en numerosos y diversos ámbitos, pero destaca notoriamente el uso de la acción de inconstitucionalidad para impugnar la legislación aprobada resultado de reformas tributarias».

El diputado Pérez afirma que en efecto las presiones existen: «Nosotros la vivimos incluso cuando presentamos la Ley de libertad de empresa, nos llamaban constantemente. Las élites no quieren perder su privilegio de tener a jueces o magistrados a una llamada de distancia».

La lucha contra las políticas fiscales es un fenómeno que se repite en toda América Latina mostrando un abanico de modelos en los que los sectores poderosos suelen mostrar su músculo.  No obstante, en el caso de Guatemala resulta ofensivo que siendo la economía más grande de Centroamérica, su recaudación tributaria sea solo del 9%, la menor  de la región y muy lejos del promedio latinoamericano, que de acuerdo con  Clacso, promedian un 20%.

[relacionadapzp4]

Empresarios con sillas en el sector público

Las cámaras y asociaciones que integran Cacif son entes que cogobiernan el país con el objetivo de fortalecer los intereses del grupo al que pertenecen, explica Edgar  Balsells, investigador y exministro de Finanzas Públicas. Como entidad tienen una presencia fuerte en las entidades descentralizadas del Estado, están en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Instituto Nacional de Electrificación, en el Instituto de Recreación de los Trabajadores, en las portuarias, en la Junta Monetaria, en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad,  en el Crédito Hipotecario Nacional, entre otras instituciones.

En la actualidad Cacif tiene representantes en 58 instancias públicas, las leyes aprobadas en distintas legislaturas y administraciones del poder Ejecutivo han otorgado a la patronal los puestos en instituciones públicas, algunas por mandato constitucional, otras por decretos legislativos o acuerdos gubernativos, lo que no puede lograr otros sectores empresariales que no estén representados por la élite tradicional.

La representatividad con voz y voto, que tienen el sector empresarial en entidades públicas evidencia un enorme conflicto de intereses, según el diputado Samuel Pérez de la bancada Semilla, obviamente el objetivo de las empresas privadas es maximizar sus utilidades, además que su lógica empresarial no es el beneficio social.

En octubre de 2022 la bancada Semilla presentó ante el Congreso la Ley para la libertad de empresas, que proponía anular la participación de los representantes del Cacif en 25 instancias públicas. Eso incluía eliminar el pago de dietas que cada representante del sector privado recibe por sesión de la junta directiva que integre.

Según la iniciativa de ley citada, no sólo existe un conflicto de interés, sino también, ha generado un gasto pagado con los impuestos de los contribuyentes, puesto que, durante el periodo de 2020 a marzo de 2022 en sesiones ordinarias y extraordinarias de estas instancias del Estado, se ha gastado Q6 millones 451 mil 370 por concepto de dietas.

[relacionadapzp5]

Captura de la política fiscal y las puertas giratorias

Guatemala puede ser uno de los más intrigantes y exitosos proyectos de cooptación de la política fiscal, así lo considera el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Argentina, publicó en 2018 el documento «Élites Económicas y la Captura de las Instituciones de la Política Fiscal en Guatemala», investigación de Wilson Romero y Edgar Ramírez.

Una definición sencilla de lo que es la captura de un Estado, según Francisco Durad:  «Ocurre, cuando las élites corporativas activan sus ingentes recursos, redes de influencia y soporte profesional —estudios de abogados, consultoras tributarias y contables, empresas de publicidad y de manejo de imagen— para ejercer ‘influencia desmedida’ sobre un sistema político que les brinda ventajas», es decir infiltran y debilitan el aparato burocrático para no pagar o pagar los tributos según su conveniencia.                               

Romero y Ramírez aportan que la captura del Estado se da cuando se crea un control sistemático de estructuras y proceso de decisión de las políticas públicas, lo que vendría a concretarse como determinar la orientación del voto de diputados del Congreso de la República en temas de legislación fiscal.

La teoría académica al respecto dice que «por último se emplean mecanismos, o procedimientos formales, informales, legales o ilegales; ilegítimos que pueden ser legitimados socialmente». Lo que podríamos concretar en la creación de leyes o instancias que legalicen los beneficios de los grupos económicos prevaleciendo sobre el interés general como lo es la los niveles de inversión en salud, educación y desarrollo.

Para el exministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez,  la élite guatemalteca ejerce su control en dos mecanismos: en redes informales y la fuerza de choque: en las redes informales, buscan asegurar las políticas de protección y ventajas en la apertura de oportunidades de negocios en cada administración de Gobierno, esto logran hacerlo con financiamiento de campañas electorales, mediante selección de ejecutivos y líderes gremiales, para presentarlos en la posible cartera de ministros específicamente en las áreas económicas y financieras del gobierno.

José Luis Moreira expone en la investigación «La economía de la regulación y la captura regulatoria» que una reseña y nuevos desarrollos, la naturaleza y espíritu con el que son creadas las instituciones públicas regulatorias, es decir, aquellas que establecen las normas de competencia y demandas de calidad, y cómo muchas de ellas pueden pervertir su funcionamiento para beneficios de pequeños grupos que se infiltran directa o indirectamente.

Ejemplificando el papel que puede significar para el Estado ceder asientos a representantes de grupos de interés, aunque también, esto puede suceder sin que estos grupos tengan una silla institucional, explica Moreira.

Los procesos de captura suelen consolidarse con redes relacionadas entre lo público y privado, la literatura académica se refiere a este fenómeno como «puerta giratoria», en la cual los reguladores o funcionarios, al terminar el ejercicio de su cargo obtienen puestos dirigenciales de relevancia en el sector privado, activando de inmediato la preocupación del público por potenciales conflictos de interés. En síntesis lo que se busca es restringir la competencia en mercados determinados, señala Moreira.

En ese sentido el ex ministro de Finanzas, Edgar Balsells, afirma que  lo que se ha forjado en el país es una especie de élite político-público, pero no burócrata, no de servicio, sino de complicidad.

[relacionadapzp6]

La agenda económica

El diputado Samuel Pérez cita que a principios del año 2021 una presentación de Cacif reunía varias propuestas en un documento el cual consistía en un paquete de leyes que a criterio de los empresarios eran vitales para la economía, por lo tanto deberían llenar la agenda legislativa. 

El documento aludido fue elaborado desde el consejo de asesoría económica de  Cacif y denominado «Proyecto de Reactivación Económica», un paquete de proyectos, muchas de ellas buscaban lograr privilegios fiscales. Entre ellas la eliminación de Impuesto de Solidaridad (ISO), creada por el decreto 73-2008, tributo a pagar por empresas que obtengan un margen bruto de superior al cuatro por ciento de sus ingresos, funciona como un anticipo al ISR, representa para el fisco más de 6,000 millones de quetzales.

El proyecto de los empresarios lo integraban las propuestas de leyes de agilización del crédito fiscal, pacto de eficiencia y simplificación tributaria, Ley de Leasing (iniciativa 2896), Reformar a la Ley de Bancos (iniciativa 5157), Ley de Interés Preferencial Para facilitar el Acceso a la Vivienda (iniciativa 4818), Reforma a la Ley de Zonas Francas, y la creación de una ley que evite la doble tributación. Algunas ya fueron aprobadas y otras se encuentran en proceso de discusión.

El académico Edgar Balsells sostiene que quienes han dirigido la Comisión de Economía y Comercio Exterior con los años han ido forjando una serie de leyes que han desvertebrado la política fiscal, impidiendo la discusión de iniciativas como la Ley de Competencias, no obstante han fomentado los incentivos fiscales por medio de leyes hechas a la medida del empresariado.

La Comisión de Economía ha ido jalando esos proyectos. En el periodismo hay que hablar de nombres asegura el exministro de Finanzas. «Calladita la boca, (Enrique) Montano y (Rodolfo) Neutze son los que han llevado el liderazgo para impulsar las leyes en materia tributaria», asegura. Balsells argumenta que ambos diputados están completamente conectados con financieras y directivas del sector exportador.

Juntos han creado una narrativa de un Estado libre, lleno de exoneraciones debido a que no hay una cultura económica, especifica Balsells, quien explica que estos personajes han forjado una amplia agenda anti tributaria en beneficio de las familias con más dinero en el país, como lo citada eliminación del ISO, la ley de factoraje, la de leasing, ampliado los beneficios de las maquilas y de las exportaciones no tradicionales, el tema de zonas francas, «todo eso ha sido movido mucho por la gremial de exportadores».

Rodolfo Neutze fungió como vicepresidente de la Financiera Summa y la empresa Almacenadora del País, la primera especialista en flujo de efectivo, en productos de factoraje y leasing. Fideicomisos y Servicios Bursátiles, según la información de su página web.

Por su parte el  diputado Enrique Montano estuvo vinculado por 16 años en diferentes puestos en la alcaldía de Ciudad de Guatemala, hasta que fue electo en el 2020 para representar al Distrito Central por el conservador Partido Unionista. En el sector económico está relacionado con la exportación de call center, actividad que fue beneficiada con exenciones tributarias idénticas a la renovada Ley de Maquila. Su hermano Guillermo Montano es propietario de la empresa Telus dedicada a la actividad mencionada, quien presidió la Gremial de Exportadores de Guatemala (Agexport) de 2021 a 2022.

Montano renunció al Partido Unionista. Rodolfo Neutze, electo por el partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), también renunció al suyo, en la actualidad ambos diputados se encuentran registrados en la página web del Congreso como independientes. Comparten otras similitudes: no buscaron reelegirse; ambos presidieron en la actual legislatura la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Montano en el año 2020 y Neutze en el 2021, además de no conceder entrevistas para abordar este tema.

Zonas Francas: una ley a pedido 

Uno de muchos beneficios fiscales otorgados a diversos sectores económicos son las que se aprobaron en 1989 con la Ley de zonas francas, un régimen aduanero especial que otorgaba exenciones de impuestos a empresas del sector industrial, comercial y servicios, siempre que estos fueran destinados a la exportación.

La ley, que buscaba atraer la inversión extranjera, permitió que muchas empresas guatemaltecas gozaron de los beneficios y exoneraciones de impuestos, sin cumplir los requisitos. Por ello, en 2016 atendiendo el compromiso que Guatemala suscribió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establecía que antes de 2015 se eliminarían las subvenciones en temas de zonas francas, el Congreso aprobó  reformas limitando la participación de sectores económicos, a su vez que creó un marco regulatorio de mayor supervisión y corrigió vacíos legales con el fin de evitar que empresas extendieran sus beneficios más allá del tiempo establecido.

En 2017, diputados cercanos al sector empresarial aprobaron la iniciativa de ley que buscaba restaurar los beneficios tributarios de 1989, una mayoría parlamentaria se resistió a aprobar; sin embargo, tras cinco años de cabildeo y con integrantes de una nueva legislatura, el parlamento la aprobó en 2021, con  84 de los 160 votos. La medida se dio a pesar de que las autoridades de la SAT habían advertido que de concretarse el fisco dejaría de percibir unos Q4,110.39 millones anuales, Balsells identifica este proyecto como el de mayor envergadura en la aplicación de una política de exenciones y beneficios económicos en detrimento de la recaudación tributaria del Estado.   

Crecimiento económico y desigualdad

En Guatemala existe una contradicción a la que denominan histórica estructural la cual enfrenta un crecimiento económico concentrado contra el bienestar social limitado, según establece la investigación de Clacso.

Según el Banco Mundial (BM), Guatemala es una economía de ingreso medio-alto, que por población y actividad económica es la más grande de América Central.  «En 2021, su población superó los 17 millones y su PIB total y per cápita fue de 86,000 millones de dólares y 5,025 dólares, respectivamente. El país ha experimentado un ritmo estable de crecimiento —3.5 por ciento en promedio durante el período 2010-2019—, respaldado por una gestión fiscal y monetaria y una postura macroeconómica prudentes».

El 2022 la economía creció el cuatro por ciento según Banco de Guatemala para el 2023, los cálculos proyectan un crecimiento de 3.2%.

Los investigadores de Clacso amplían que en la última década la economía creció el 1.2 por ciento por encima del crecimiento de la población, ese excedente no se ve reflejado en desarrollo y bienestar para la sociedad, la desigualdad aumentó y la pobreza se hizo más amplia y profunda.

Existen diversas formas en las que una economía puede crecer; una es siendo igualitaria en donde la gran mayoría de las personas se benefician del crecimiento y hay formas de crecimiento como la de Guatemala donde prevalecen condiciones profundas de desigualdad, agrega el director del Ifeci. En sociedades desiguales el crecimiento no es beneficioso para todos, la relación es que dependiendo de cómo se diseñe una política fiscal se puede tener un impacto sobre la igualdad o la desigualdad, entonces por ejemplo una política fiscal con impuestos regresivos y gasto público regresivo profundiza las desigualdades.

Se entiende por impuestos regresivos cuando la carga tributaria recae de manera desproporcionada sobre las personas con menores ingresos, es decir, cuando las personas con ingresos más bajos terminan pagando un mayor porcentaje de sus ingresos que las personas con ingresos altos.

En Guatemala el IVA, cobro por bienes y servicios es el impuesto que más recauda, superando el 40% del total de recaudación. El ISR adiciona cerca del 20% de la carga tributaria.

Las élites empresariales defienden el modelo neoliberal y señalan que tal crecimiento es insuficiente para reducir la pobreza. Para estos sectores, la meta ideal de crecimiento debiera ser del 6%, con una apuesta al mercado exterior, lo cual requiere elevar la competitividad sustentada en los bajos salarios y los privilegios fiscales, es decir, la competitividad espuria, según la investigación de Clacso.

Los estudios del Icefi amplían que cuando la debilidad del Estado se enfrenta contra la fortaleza de las élites para crear marcos regulatorios que les sean beneficiosos el Estado se vuelve débil, por lo tanto las políticas sociales que pueda implantar ven poca posibilidad ante el mundo.

Guatemala, ¿débil por fundación?

Todos los caminos pueden llevar a concluir, según Ortiz Loaiza, que la institucionalidad de Guatemala es débil por diseño, se refiere a la Constitución Política, específicamente al papel que la CC ha jugado en los proyectos de reformas tributarias.

No importa si el Congreso, que es el representante del pueblo, discuta por meses y se ponga de acuerdo y apruebe una ley, esta no garantiza su vigencia porque siempre estará a la sombra del fallo final que tenga la CC. Ortiz en su investigación deja un registro minucioso de las que considera contradicciones del tribunal Constitucional y del poder que ejerce el Cacif en muchas de ellas. 

Al problema legislativo se debe agregar un elemento social, la debilidad o ausencia de la vida pública de los movimientos sociales guatemaltecos y las organizaciones de la sociedad civil. La debilidad es el inicio de la «falta de capacidad para contrarrestar el poder de Cacif y los intereses del gobierno», señala la académica.

El diputado Pérez concuerda que existe una debilidad de representatividad en la sociedad guatemalteca, es necesario tener un contrapeso social ante grupos de poder como el Cacif, pero también con grupos que fomentan la corrupción y el narcotráfico.

En el 2015 se vivieron esbozos de movilización que demuestran que en efecto la sociedad puede hacer retroceder a grupos de poder y corrupción, el parlamentario se refiere a  la ley para la protección de la vida y la familia que afectaba a las mujeres y a la comunidad  Lgbti. También alude a la movilización que se realizó en contra del presupuesto que el Gobierno de Alejandro Giamattei aprobó en su primer año de administración y tuvo que dar marcha atrás.

Cómo se mantiene un sistema de desigualdad social tan profundo, Balsells, quien representó a la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, dice que «tiene un oxígeno porque existe una lógica de mercado, el tipo de cambio tiene 10 años estable, lo mismo pasa con las tasas de interés bancario, eso permiten los grandes negocios, hay cierto rebalse porque hay divisas en el sistema, divisas que proceden de los migrantes».

El Instituto de Migración de Guatemala registró que en 2022 fueron repatriados 94,216 conciudadanos vía aérea y terrestre, desde México y Estados Unidos, lo que puede dar una idea de cuánta población se está yendo cada año del país, el subregistro, los migrantes que lograron llegar a Estados Unidos es la incógnita.

El año pasado el Banguat registró un ingreso de divisas proveniente de las remesas familiares por 18,040.3 millones de dólares, casi tres mil millones más que el 2021, cuando fueron 15,295.7. Ese es el verdadero causante del retraso de la crisis del país, asegura Balsells. 

Mientras no haya una crisis internacional que afecte la exportación y los niveles de ingreso de divisas por remesas, el sistema permanecerá, «pero no hay que confundirse, esto no es un ascenso permanente, los sistemas tienden a crisis, la crisis de divisas vendrá, como la crisis fiscal y monetaria, toda exuberancia irracional de negocios tiende a la crisis», confirma. 

El modelo de negocios de la sociedad guatemalteca está sobre un polvorín, y los grandes empresarios lo saben, la abundancia de remesas no va a durar para siempre, y la migración como válvula de escape tampoco, lo que no sabemos es cuánto tiempo durará el sistema en colapsar, las condiciones sociales así lo sugieren, «el papel de los centros de pensamiento y casas de estudio es preparar las agendas para ese momento crucial, cuando el sistema colapse y de paso a la posibilidad de las reformas de un sistema enfermo».