Cerrar

Ir

El anti proyecto del gobierno de Jimmy Morales avanza

«En la coyuntura presente, debido al desbalance de las relaciones de fuerza, la restauración ha adquirido un carácter total.»
Con nuevas leyes, atacarían, controlarían y perseguirían a mujeres, a la población LGBTQI y los que ellos consideran opositores
Tipo de Nota: 
Información

El anti proyecto del gobierno de Jimmy Morales avanza

Historia completa Temas clave
  • Las no renovación del mandato de la CICIG, la expulsión de su comisionado Iván Velásquez y el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de Gobernación son algunos de los actos que los expertos identifican como señales de un proyecto anti democrático del gobierno de Jimmy Morales.
  • Este anti proyecto representa una regresión que, en primer lugar, llevara al país a condiciones similares previas al año 2015, un año clave en la lucha contra la corrupción e impunidad; y deteriora los avances obtenidos con los Acuerdos de Paz.
  • Para las y los expertos consultados hay evidencia de decisiones desde el oficialismo en pro del desmantelamiento democrático y regresión al autoritarismo. Además, visualizan que el presidente electo, Alejandro Giammattei, dará continuidad al anti proyecto.
  • La diputada Sandra Morán ha elaborado un elenco de 27 leyes que, considera, hay que tener bajo observación por su potencial regresivo.

En tres años y seis meses el gobierno del presidente Jimmy Morales ha entorpecido labores, disminuido financiamiento o eliminado completamente numerosos esfuerzos de profundizar la democracia, la memoria histórica y la justicia transicional. Ya sea para simpatizar con las fuerzas que subyacen al FCN-Nación o para proteger a sus aliados o a sí mismo, el anti proyecto de Morales es real. Dentro de dos semanas, con el fin de la Cicig, la restauración dará un paso crucial. ¿Hasta dónde aspira a llegar?

Redes-lateral

El domingo 30 de junio el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de Guatemala celebraron, por primera vez, en las calles, desde hace trece años, el Día del Ejército.

Para conmemorar el 148 aniversario de las fuerzas castrenses marcharon miembros de las Fuerza Especial Naval y de las Fuerzas Mar y Tierra, hasta una cuadrilla de kaibiles y las Fuerzas Especiales con todo y humos verdes y caras con maquillaje militar iban sobre la Avenida Reforma. Iban, también, caballos, tanquetas y, surcando el cielo despejado, un grupo de helicópteros coronó el desfile. El coronel y portavoz del Ejército de Guatemala, Oscar Pérez Figueroa, dijo que el recorrido reunió a 400 miembros del ejército. El mismo presidente Jimmy Morales, su esposa y autoridades del MINDEF vieron el desfile bajo un toldo blanco, frente al Ministerio de la Defensa, sobre la Reforma.

La última vez que los militares desfilaron sobre las calles, y no dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, fue en el 2006, hace trece años, tres gobiernos. Ni siquiera durante el de Otto Pérez Molina salieron a marchar. Y si bien el año pasado Morales anunció que las celebraciones de nuevo se llevarían a cabo en las calles, fue cancelado tras la tragedia de la erupción del Volcán de Fuego.

Esto, según la abogada de Derechos Humanos Mónica Mazariegos, es uno de los pequeños gestos que representan los intereses regresivos del gobierno actual.

Días después, y a pesar que la compra fue finalmente revertida, el gobierno buscó comprar dos aviones Pampa III por Q210 millones.

[frasepzp1]

Hay otros gestos más grandes. Jimmy Morales ha obstaculizado el mayor esfuerzo anti-impunidad que haya conocido el país: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante dos años, y después de expulsar a su comisionado, y a buena parte de su equipo, e intimidado a otra, ha expulsado a la propia Comisión, que no verá renovado su mandato pese a que casi tres cuartas partes de la población la apoyan, según las encuestas. Además, nombró a Enrique Degenhart como ministro de Gobernación, que no sólo ha ido desmantelando la cadena de mando de carrera que prevalecía en la Policía Nacional Civil (PNC) en los últimos años, sino que ha pretendido desaparecer o adueñarse del Archivo Histórico de la Policía (clave para el juicio Molina Theissen) y disolver la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, derivada de los Acuerdos de Paz. También ha aumentado, año con año, el presupuesto del Ministerio de la Defensa, en detrimento de otros ministerios sociales.

Marco Fonseca, doctor en filosofía política, considera que estas movidas son parte de un proyecto pensado, premeditado, que siempre formó parte del FCN.

Lo llama “proyecto de restauración”.

«Para lograr esto se dan a la tarea de imponer controles», agrega Fonseca. «En la coyuntura presente, debido al desbalance de las relaciones de fuerza, la restauración ha adquirido un carácter total. (El objetivo) es capturar y controlar los recursos, instituciones y el personal del Estado».

¿Hay proyecto?

La diputada progresista Sandra Morán cree vital entender para qué entraron Morales y FCN al poder, si se quiere comprender el proyecto.

«Unos entraron a hacer negocio, y estas personas comparten redes y acciones que están en el marco de la corrupción y eso hizo que tomaran decisiones planificadas», señala Morán. «Si vemos a los militares, por ejemplo, que están detrás de Morales, son militares de pensamiento contrainsurgente, y debilitan a las personas o instituciones que están tratando de hacer un marco democrático. Esto es parte de un plan, de un proyecto».

Hace cuatro años, el general retirado José Luis Quilo Ayuso, fundador de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), y también de FCN, le explicó a Plaza Pública para qué crearon el partido: «Lo que más nos impulsó a nosotros, en 2004, fue que ya había persecución penal en contra de militares en retiro. La salida para hacer que se respeten las amnistías, un derecho ganado, era hacer política. Nosotros pretendemos, por la vía política, detener esta persecución. Y eso cómo, o qué, pues se hace al buscar una Ley de Punto Final, por ejemplo. La guerra, el enfrentamiento armado, ahora es una situación jurídica, y también es una cuestión política.»

Pero la incomodidad era más amplia, reconocía Ayuso, y venía de la pérdida de espacios de los militares desde el principio de la democracia.

El diputado electo de Semilla Bernardo Arévalo, especialista en procesos de Paz, considera más bien que estas decisiones fueron tomadas a partir de la coyuntura. «Estamos hablando de una intención que encuentra salida y oportunidad a partir del momento político; son reacciones oportunistas más que los efectos de una planificación», afirma. «Obviamente sí existe un ánimo que parte de una insatisfacción con la construcción institucional. Pero no creo que hayan sido parte de un plan fríamente calculado».

El ex secretario del MP Javier Monterroso está de acuerdo con Arévalo. «Recordemos que el Jimmy Morales del 2015, aunque su círculo siempre fue pro militar, parecía afín al trabajo y la política de la CICIG; pide su renovación», dice. «Fue hasta que empiezan a investigar a su hermano, a su hijo, a él mismo (por el caso de financiamiento electoral ilícito) cuando Morales se refugia y reacciona».

Estas investigaciones, asegura el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, nublaron la objetividad del presidente y sus decisiones fueron provocadas por la coyuntura. Las califica como viscerales.

Sin embargo, las medidas y el rumbo del gobierno, coinciden las fuentes, dialogan y actúan en pro del desmantelamiento democrático y regresión hacia el autoritarismo. ¿Planificación o reacción? Poco importa, pues las acciones buscan socavar la democracia e instaurar controles e impunidad.

El ex secretario del MP considera que después de iniciadas las investigaciones de la familia de Morales, comenzó un segundo capítulo de gobierno actual. «Después de eso pasa a convertirse en el principal alfil promotor de la desarticulación de democracia y Derechos Humanos del país», agrega Monterroso.

Se pone plenamente en marcha, entonces, el anti proyecto de Morales, el proyecto de restauración.

Mónica Mazariegos añade que estas decisiones tienen un rumbo común a pesar de no formar parte de un plan estructurado: dialogan entre sí, tienen coherencia interna. «La coyuntura ha permitido que el presidente y el gobierno demuestren su sentido anti democrático, a veces neo fascista y autoritario», señala. «Es obvio que este gobierno no vino a fortalecer la democracia o a resguardar los Derechos Humanos».

Otra acción clave que consideran parte de esta regresión anti democrática es la militarización del país. El sacar los jeeps J8 a la calle, el crear un perímetro alrededor del Parque Central durante las fiestas del 15 de septiembre y el aumentar la presencia militar en las calles son parte de esa militarización, el poner al Presidente a formar junto a oficiales del Ejército para una conferencia de prensa que dejó una imagen preconstitucional.

Otras son el olvido y trato despectivo a los pueblos indígenas, la tolerancia al narcotráfico, el desmantelamiento de las unidades eficientes de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de activistas, organizaciones de Derechos Humanos y de la comunidad LGBTIQ; el asesinato impune de defensores de hasta 91 Derechos Humanos (según UDEFEGUA) y campesinos indígenas, la protección judicial a quienes integran en el Congreso, el Ejecutivo y otros ámbitos la alianza contra la Cicig; o sus iniciativas, la iniciativa 5272, la ley de reconciliación nacional, una amnistía inconstitucional apenas disfrazada en un nombre bondadoso.

Marco Fonseca señala especialmente la desarticulación que han sufrido la PNC y el Ministerio de Gobernación.

«Los cambios en estas dos instituciones son más profundos desde la llegada de Enrique Degenhart (en enero de 2018)», dice Fonseca. “Vimos cómo se fue retirando el apoyo a la CICIG, cómo debilitaron sustancialmente las capacidades investigadoras de la PNC; Degenhart ha hecho cambios drásticos e injustificados en los altos mandos de la fuerza policial en estos últimos dos años».

Uno de los problemas que ha entorpecido el avance de la PNC, según los expertos, ha sido el nombramiento de Enrique Degenhart como ministro de gobernación. Mientras los anteriores ministros, Mauricio López Bonilla y Francisco Rivas, apostaron por la profesionalización de policías y el fortalecimiento de la institución, Degenhart parece dar marcha atrás a estas iniciativas. En febrero del año pasado removió al director Nery Ramos, al subdirector de investigación criminal Stu Velasco y al director adjunto Edwin Mayén. El diciembre destituyó a quince miembros más, entre ellos el jefe de División Especializada en Investigación Criminal, tres comisarios, dos primeros oficiales, un segundo oficial y un oficial tercero. En enero de este año despidió al subdirector Edgar Leonel Álvarez Quisquinay por haber revocado la orden de retiro de cinco vehículos a la CICIG. Degenhart suma más de treinta destituciones, y muy pocas explicaciones de los motivos por los que ha descabezado una y otra vez a la Policía. A Degenhart no le gusta explicar ni rendir cuentas. Un año después de elaborada la encuesta de victimización, por ejemplo, los resultados siguen ocultos por instrucción ministerial, contra todo principio democrático y contra la Ley de Acceso a la Información Pública. Actúa a menudo, amparándose en injustificadas proclamas de seguridad nacional o sin justificación alguna, como si los actos de la administración no fueran públicos y la información le perteneciera.

Javier Monterroso y Jordán Rodas añaden que el ministro desperdició, además, miles de dólares en capacitaciones y formación de personal. «Desde entonces nuestra seguridad se vuelve más débil, más porosa», señala Rodas.

«Esta intención (de desmantelamiento) la podríamos rastrear a una semana antes que Morales tomara posesión», señala Monterroso, «cuando la CICIG destapa el caso CREOMPAZ, en el 2016, y deja a Morales sin sus cuadros naturales de seguridad».

Según la especialista en seguridad democrática Iduvina Hernández podría ser incluso antes. «Pienso que este gobierno viene a complementar lo que se había iniciado en otras administraciones», señala. «Arranca principalmente con el Partido Patriota (2012-2016), cuando empieza un proceso de declive en institucionalidad de Derechos Humanos.»

Un sismo llamado Jimmy Morales

Iduvina Hernández continúa afirmando que nota una Corte de Constitucionalidad (CC) debilitada, arrinconada por el Presidente Morales y sus acólitos, que no han dejado de insinuar que los magistrados estaban actuando contra la propia Constitución, al interpretarla, y que él no tenía por qué acatar sus órdenes. También un MP que, tras ser una institución de gran prestigio a nivel nacional e internacional, empieza a perder el respaldo ciudadano. «Hace décadas no había confianza en el sector justicia, en el Estado; costó ganar esa confianza», dice. «Y todo eso se empieza a perder». También señala el aumento en impunidad que, junto a la decepción social, podría ser más devastador socialmente que la reversión de la sentencia al juicio a genocidio del 2013. «En el imaginario ciudadano es terrible, son secuelas que vamos a sentir por mucho tiempo», finaliza.

Ese sismo llamado Jimmy Morales, según Mónica Mazariegos, ha afectado principalmente los esfuerzos de Derechos Humanos, que principalmente provienen de la sociedad civil o de mecanismos internacionales.

«No tenemos una institucionalidad de Derechos Humanos, dependemos mucho de las personas, de esfuerzos individuales», señala. «Por eso, cuando pasamos de una Claudia Paz y Paz a una Consuelo Porras, se siente lo frágil del andamiaje de Derechos Humanos. Contamos con diseños institucionales de democracia, pero una cultura plenamente anti democrática».

Ante tal debilitamiento es inevitable pensar, pues, en que buscarían tipo de continuidad al anti proyecto. ¿Ha pensado esto Morales? ¿Los autores del anti proyecto consideraron un tipo de seguidilla? Hay mucho en juego, después de todo. No solo es Morales, o la cúpula militar que lo acompaña, quienes se ven beneficiados de este desmantelamiento.

El analista político Edgar Gutiérrez señala también al sector privado: empresarios que se verían afectados si los aparatos pro democracia funcionaran a cabalidad y con eficiencia y libertad y no fueran víctimas de este entorpecimiento.

Entonces, ¿se buscó que el proyecto continuase? Sin duda, coinciden las fuentes.

«Toda medida política aspira a la continuidad», asegura Bernardo Arévalo. «Pero otra cosa es que tengas la capacidad de planificar y entender e implementar. Y si falla la continuidad, entonces empiezan las negociaciones para garantizar protecciones».

[frasepzp2]

Javier Monterroso piensa que FCN consideraba que Estuardo Galdámez era un buen candidato. Bueno, sobre todo, representaba las políticas regresivas del gobierno actual. «Identificaron que podían mantenerse», dice Monterroso. «Él mismo sacrificó su reelección como diputado. Como denunciaron grupos civiles, hubo compra de votos; querían que el partido continuara en el poder. Pero», continúa el ex secretario del MP, «era también un candidato perdedor. Y perdieron, solo lograron ubicar a dos diputados y ahora les interesa cooptar las cortes y garantizar la impunidad».

Y por esa derrota tan absoluta, analiza Gutiérrez, miembros del FCN señalaron fraude en el último proceso electoral: una secuela más del sismo.

Un fraude que han dejado de reclamar ahora, tras la victoria de Alejandro Giammattei, a quien muchos identifican como un elemento de continuidad.

Veintisiete iniciativas

Recientemente la diputada Sandra Morán elaboró un documento que lista las reformas que ella considera regresivas o que atentan contra la democracia y los Derechos Humanos. Veintisiete en total. Entre ellas, la que busca obstaculizar la gestión de fondos internacionales para las ONGs o la que busca obstaculizar el procedimiento de extinción de dominio.

Son este tipo de iniciativas que, así como señala Mazariegos, reflejan el sentido anti democrático y autoritario del gobierno; iniciativas periféricas que cooperan con los grandes desmantelamientos.

«[Estas reformas] van generando acciones de control e impunidad; reflejan los intereses de los grupos de poder que están detrás del gobierno», señala Morán. «Su rol es garantizar las estructuras necesarias para perpetuar las redes criminales».

A la diputada le preocupan especialmente cinco.

La Ley de Reconciliación Nacional, la 5466 (Reforma al decreto 5192 de prisión preventiva), La Ley de Protección de la Vida y la Familia, a la ley de organizaciones gubernamentales para el desarrollo y la Ley Contra Actos Terroristas.

«Con estas ellos atacarían, controlarían y perseguirían a mujeres, a la población LGBTQI y los que ellos consideran opositores; también resolverían casos de amigos y aliados y disminuirían el trabajo y la presencia de ONGs en todo el país», señala. «Esto también afectaría el reconocimiento o fortalecimiento de participación política, el derecho a la asociación, derechos de salud y educación, libre pensamiento, derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas, continuarían criminalizando la defensa de territorio».

¿Se puede contrarrestar el anti proyecto? Iduvina Hernández cree que se precisaría la remoción de Consuelo Porras del MP, la depuración de la Corte Suprema de Justicia, cambios a la política exterior, etc.

Todo esto es factible, dice, pero depende del nuevo presidente. «Con los candidatos que tenemos ahora, no veo que eso ocurra», señala, firme.

Por ejemplo, el pasado 23 de julio, el candidato presidenciable de VAMOS, Alejandro Giammattei, aseguró que la CICIG terminó. Que buscará crear un nuevo proyecto de justicia basado en inteligencia, investigación, persecución penal, independencia de poder (para el organismo judicial) y sistema penitenciario. Que se apoyará en países amigos.

Fonseca añade que si bien el anti proyecto de FCN Nación se volvió inviable, él lo ve renovado a través de VAMOS. Jordán Rodas afirma tener esperanza en algunos de los políticos que van a tomar posesión el otro año, pero, señala, que de no ser detenido el anti proyecto el retroceso sería devastador para el país.

«Vamos en una ruta ser un estado fallido, un narco estado», señala Gutiérrez.

La continuación del anti proyecto no solo sería devastador para el país, según Rodas, sería regresivo también. Rodas y Gutiérrez opinan que nos llevaría, primero, de vuelta al 2014 cuando el Partido Patriota manejaba a Guatemala con poder absoluto y total impunidad. Luego el objetivo, según Marco Fonseca, será regresar hasta antes de los Acuerdos de Paz. Y, de ser posible, afirma, a la transición democrática de 1985. Gutiérrez está de acuerdo pues los militaron que rodean a Morales participaron en el conflicto armado interno y, señala, parece que detuvieron su reloj político en la década de los ochenta. «De ahí vienen sus ideas retrógradas», dice.

«De ellas provienen el ataque abierto contra la CC, el MP, el TSE, la PDH y otras instituciones que surgieron precisamente para eliminar los vestigios del Estado de seguridad nacional (el de las dictaduras militares previas a 1985)», afirma Fonseca. «Además, eso explica el papel creciente que juegan actores civiles y militares vinculados a la tradición kaibilista, autoritaria y represiva de Guatemala».

Regresamos entonces al inicio, al desfile militar.

Si hace trece años, hace tres gobiernos el ejército de Guatemala no lograba desfilar en las calles de la ciudad y ahora sí es, en parte, gracias a ese anti proyecto. A esa tradición kaibilista que menciona Fonseca. Pero, añade Arévalo, no se trató, no se trata simplemente de restituir el desfile. «Es parte de una visión», dice. «Es una visión donde estas personas creen que los militares deberían ser parte de la realidad. Esta fue una oportunidad de mostrar su presencia, su fuerza». La restauración, el anti proyecto, las ondas sísmicas de Morales, pues, han sido graduales pero constantes y devastadoras. Ya sea si fueron previstas con anticipación, como sugiere Fonseca y Morán, o son el resultado de una coyuntura que obligó al presidente a reaccionar, como piensa Arévalo, ellas, en conjunto, responden al sentido anti democrático y autoritario del gobierno, como argumenta Mazariegos. El desmantelamiento activo, la asignación de ministros afines a los intereses espurios del gobierno, los despidos, el entorpecimiento, el non-grato, las reformas regresivas, los pequeños gestos; todos ellos construyen ese gran argumento activo, esa bestia política que busca sentar las bases para la impunidad y el control autoritario: el anti proyecto.

Falta ahora ver si Giammattei quedará a cargo de este anti proyecto y elegirá continuarlo, si será igual de perverso, si acaso revierte lo destruido por el FCN, o si finalmente nos avienta al abismo, al epicentro del próximo sismo anti democrático.

Autor
Edición
Ver Comentarios

Un solo correo

Comienza cada semana con las
notas más relevantes de
Plaza Pública

Suscripción
Suscripción
Lo más importante
de Plaza Pública en tu correo eletrónico
Autor
a
Edición
a