25A: un capítulo cerrado o una brasa a la espera de combustible

Hace un lustro Guatemala vio uno de los momentos políticos más álgidos de su historia. En  esa fecha, un grupo de más de 30 mil personas llegaron de forma espontánea a la Plaza de la Constitución, y otros miles más llegaron a los parques centrales de Quetzaltenango, Cobán, y otras ciudades del país.

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La ambigüedad y a la vez el sentido práctico del lema “#Renuncia Ya”, sirvió como plataforma para reunir -por unos meses- a diversos sectores de la ciudadanía, quienes vieron en Otto Pérez y Roxana Baldetti, pero luego también en candidatos presidenciales como Manuel Baldizón, el símbolo de la corrupción y el desfalco histórico del Estado.

El ritmo político de los siguientes dos años lo puso la protesta. Aceleró procesos políticos inertes, dio vuelta a realidades electorales que parecían inminentes, y proyectó en el imaginario y discurso de los guatemaltecos el concepto de corrupción.

Guatemala parecía tomar fuerza para tomar una nueva dirección, pero en 2017 encontró su rompeolas. Los actores que en años previos a penas lograban sacar la cabeza del remolino para entender por qué un día dormían en las zonas acomodadas de la ciudad, y al siguiente amanecían en prisión preventiva, se organizaron para responder.

Con el entonces presidente Jimmy Morales al frente, una enorme retaguardia de gente sin libertad, pero con mucho poder, logró expulsar del país a los principales gestores de la lucha contra la corrupción: Iván Velásquez y Thelma Aldana. Morales cerró la CICIG, y una acusación penal consolidada por el Ministerio Público que ella dirigió, tiene a Aldana viviendo como refugiada en Estados Unidos.

Poco a poco, quienes fueron acusados por CICIG regresan a sus casas, y las estructuras políticas del país parecen volver al lugar que habían ocupado siempre. Hoy la protesta parece una realidad lejana, improbable.

¿Qué lugar ocupa entonces 2015 en la política guatemalteca? ¿Qué cambió? ¿Qué queda? Entrevistamos a activistas y analistas para ayudar a encontrar estas respuestas.

El agua que pasó bajo el río

Aunque en términos históricos cinco años pueden ser pocos, el lustro se vivió con intensidad, en particular todo lo que engloba “la lucha contra la corrupción”, como lo indica Gabriela Carrera del Instituto 25A.

“En este capítulo hubo una serie de propuestas y contrapropuestas para desmantelar las estructura corruptas que desde la guerra ocupaban el Estado, usando como herramienta  principal la justicia. Esto iba de la mano con otras herramientas que buscaban cercar la estructura y dar oxígeno a lo público. Pero la contraofensiva del 2017 accionó contra los principales actores de estos cambios, CICIG y MP, impactando también a todos los colectivos que nos acercamos al movimiento”, señaló.

En una entrevista a Plaza Pública, el excomisionado Iván Velásquez, desde Colombia, recuerda el día que lo invitaron a una reunión con 20 o 30 de los empresarios más grandes del país. Dijeron que si CICIG no paraba “lo que había que hacer era ponerle una cerca al país, rejas al país, porque todos quedarían presos”. Velásquez respondió que el trabajo continuaría hasta donde las pruebas lo permitan, “Esta reunión fue la decisiva para desatar la estrategia que desarrollaron después”.

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Hugo Novales, politólogo, coincide en que el resultado de 2015 no es un cambio institucional profundo, pero sus efectos pueden entenderse en clave temática: la lucha contra la corrupción se volvió el marco con el que los guatemaltecos entienden la política. Las jornadas de protesta y las acciones judiciales de CICIG y MP “modificaron las posiciones políticas en Guatemala, los clivajes se movieron de la justicia transicional a la lucha contra la corrupción. No podemos dejar de leer las disputas políticas actuales si no es en ese tono: la lucha contra la corrupción invade el imaginario político de los guatemaltecos, y hasta ahora se quedó”, explica.

En cambio, para Brenda Hernández, miembro de la Batucada del Pueblo, la oportunidad se perdió desde la elección de 2015, cuando el reclamo “En estas condiciones no queremos elecciones” fue acallado por otros sectores. “Teníamos la fuerza para transformar el sistema electoral y político de fondo, pero no se hizo”, indicó. “El sistema sigue siendo el mismo”, concluye.

Si bien el balance de los cambios institucionales es desfavorable, el movimiento que despertó en 2015 dejó tejidas muchas redes de actores y colectivos, que previo a ese proceso enfrentaban lo político de forma dispersa. “Salir a la calle, hacer protesta, tiene menos dificultad ahora”, señala Carrera. “La gente se conoce. Se ha generado un tejido social que permite consolidar la democracia. Hay puentes generacionales, que nos permiten entender la historia. Hay actores políticos cercanos al movimiento social, como lo fue Sandra Morán, por ejemplo. Es decir, hay un acercamiento entre colectivos, entre luchas. Hay articulación”, expresa.

Brenda Hernández coincide en que “las redes siguen activas, y han permitido que ciertos liderazgos importantes en las protestas se politicen”, expresa.

“Yo soy diputado por las manifestaciones de 2015”

Aunque el desencanto es generalizado, analistas y activistas pueden nombrar con claridad algunos resultados de la protestas. Novales considera que la corrupción “es un problema visible en las encuestas de opinión”, y siendo un tema relevante, el sistema político construyó algunas respuestas para atenderlo, tales como “la reforma constitucional, pero sobre todo la reforma a la Ley Electoral de Partidos Políticos (LEPP) que trató como principal tema el de financiamiento de la política. Es decir, el más cercano a la lucha contra la corrupción”, señala.

Carrera coincide en señalar las reformas a la LEPP y el dormido -pero no muerto- proyecto de reforma a la Constitución, como algunos resultados de la protesta. Señala también otros aspectos como “la recuperación de la AEU, los procesos judiciales que aún rebotan en el sistema judicial, y los reveses de los intereses corruptos en las comisiones de postulación”. Pero también pone el ojo en los resultados electorales de 2019, y en particular, “en la irrupción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)” en las urnas.