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2,609 violadores de niñas
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Opinión

2,609 violadores de niñas

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Hace algunos días, en éste y otros medios, se relataba la historia de Maritza Caal, la niña de 13 años que murió luego de sufrir las complicaciones de un embarazo. Hacía un año que había sido entregada por su familia a Gerardo Chuc, de 18 años.

Los medios reportan que la PGN recibió 961 denuncias por embarazos de menores de 14 años en 2013, un alarmante 37 por ciento del total de los 2,609 embarazos reportados por la cartera de Salud. Sin embargo, en una reflexión más amplia y profunda acerca del tema se deberían mencionar también los numerosos embarazos de las mujeres de diferentes edades, víctimas de violaciones en las más diversas circunstancias.

No obstante, la población más vulnerable del país siguen siendo los niños, sobre todo aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza, muchos de ellos a su vez producto de embarazos no deseados, no planificados, o resultado de la violación de sus madres; niños trabajadores sin la esperanza de una educación formal, niños abandonados a su suerte, niños sin amor.

Según el artículo 174 del Código Penal, todo embarazo en una menor de 14 años es considerado una violación agravada. Quiere decir que, de haberse hecho justicia tendrían que haber 961 violadores en la cárcel en 2013, pero ¿es así? Esto en el caso de los abusos sexuales de niñas que resultaron en embarazos, no estamos hablando aquí de todos los casos de violación a niños y niñas que a diario se reportan en todo el país o de los que permanecen sin registro alguno.

Puedo imaginar las muertes o los daños físicos que una niña de 10 años pueda tener luego de una violación. Sin embargo, sospecho que los daños emocionales son aún mayores. Una niña de 10 años debería estar preocupada por sus estudios, poder jugar por las tardes, estar en la posibilidad de imaginar un futuro lleno de oportunidades, ir experimentando con seguridad y naturalidad los cambios en su cuerpo y, eventualmente, poder decidir si quiere casarse y tener hijos. Pero no, en este país muchas niñas están condenadas desde antes de nacer a una vida de pobreza, falta de acceso a sus derechos fundamentales —educación, salud, una buena alimentación, amor, para mencionar solamente algunos.

Los medios aluden a la pobreza, a aspectos culturales, a la ausencia de estructuras familiares funcionales, a la falta de educación, etc. Condiciones válidas, sin duda, y que a la larga colocan a un Estado inoperante como cómplice de cada embarazo infantil, de cada violación, de cada abuso, de cada muerte a consecuencia de estos crímenes.

Sin embargo, también hay que empezar a cuestionarse los modelos de masculinidad y de sexualidad con los que convivimos, que a su vez son los que permiten que la violación de una niña de 10 años sea posible, y que hacen que casi cada hombre guatemalteco ejerza de maneras físicas o psicológicas la violencia intrafamiliar en su hogar y se convierta en un potencial violador. Hay que analizar a fondo, además, el tipo de educación formal e informal, religiosa y laica, que se le da a las niñas, forzándolas a aceptar desde muy temprano una posición de sumisión y subalternidad que continuará reproduciendo las enfermizas dinámicas sociales con las que interactuamos a diario.

Un círculo vicioso, lo sabemos. Y en esta sociedad vivimos, señores y señoras. Así que cuando se pregunten por qué este país no avanza al paso que a todos nos gustaría, examinen también los patrones sociales dentro de los cuales se mueven y busquen la manera de modificarlos.

Los modelos de masculinidad y de sexualidad con los que convivimos, son los que permiten que la violación de una niña de 10 años sea posible
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