De diez áreas claves de la administración del Partido Patriota, el gobierno ha avanzado en cuatro y se ha quedado estancado o retrocedido en el resto. Y a pesar de su papel como oposición coyunturalista y cerrada, sus mayores éxitos no han estado en los cambios sino en la continuidad de políticas de Estado que inició su antecesor. Sus mayores fracasos han sido por iniciativas propias o también por continuar con tradiciones. El cambio estructural que prometió hace un año queda todavía muy lejano.
Si uno se atiene para el análisis a su discurso de toma de posesión, el mandatario Pérez Molina colocó sus metas dentro de tres pactos, que hemos optado por traducir y agrupar de la siguiente manera:
- Pacto por la seguridad, la justicia y la paz, que incluye atender la conflictividad social y la lucha contra el crimen organizado.
- Pacto Hambre Cero, que está basado en el desarrollo social y el desarrollo rural.
- Pacto fiscal y de competitividad, que además incluye la lucha por la transparencia.
El Presidente cerraba su discurso del 14 de enero de 2012 con una frase que encerraba el rumbo que quería darle a su administración: “Ustedes me conocen; hoy les dejo mi compromiso personal, mi compromiso es luchar por una Guatemala segura, próspera e incluyente. Luchar por el desarrollo rural y el desarrollo social, mi compromiso es cambiar el modelo de administración clientelar y corrupto que ha existido por un modelo de gestión por resultados”.
En el primer pacto, la administración del PP puede anotarse éxitos –aunque con salvedades– en las materias de seguridad y justicia. Con un trabajo conjunto exitoso entre su ministro de Gobernación, Mauricio López, y Claudia Paz, la fiscal general escogida a finales de 2010 por el expresidente Álvaro Colom, han logrado reducir los homicidios por tercer año consecutivo, hasta alcanzar una diferencia de treinta por ciento entre agosto de 2009 y agosto de 2012, según análisis de la consultora Central American Business Intelligence con base en las estadísticas de la PNC, el Inacif y el INE.
Las salvedades están en los recortes presupuestarios para 2013 para el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y Organismo Judicial, haciendo añicos la promesa de luchar por la justicia y contra la impunidad, y abonando recursos para Defensa. Además, el gobierno ha logrado la militarización de la inteligencia civil, de los patrullajes y del abordaje de la conflictividad, que llevan al gran fracaso de esta administración: el pacto por la paz, que tiene el espeluznante saldo de la masacre de ocho ciudadanos de Totonicapán a manos del Ministerio de la Defensa en las protestas del 4 de octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska.
Como mencionamos en nuestro anterior editorial, la conflictividad social no es culpa de quienes protestan, sino de un modelo económico que no alcanza e incluso inhibe la prosperidad de la mayoría.
El gobierno está profundamente equivocado si considera que va a acabar con la conflictividad social imponiendo un modelo extractivo y energético –que a diferencia de otras latitudes latinoamericanas, en Guatemala no aporta al país en impuestos que sirvan para bienes públicos ni en prosperidad inmediata para las comunidades–. Imponiéndolo, además, a fuerza de masacres y criminalización de los líderes que resisten al modelo.
El colmo, el mayor extremo irracional se alcanza con la pérdida de vidas, como son los recientes asesinatos cometidos por guardias de seguridad de empresas (como en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; San Marcos o Izabal) o contra los guardias de seguridad de empresas (San Rafael, Santa Rosa), son muestras del fracaso de la sociedad guatemalteca, gobierno, empresas y organizaciones sociales, forma de extraer minerales y abastecernos de energía.
El negacionismo del genocidio y el trabajo para asegurar la impunidad de los crímenes cometidos entre 1978 y 1986 es otra de las tragedias de este gobierno encabezado por exmilitares.
La parte no mencionada de este primer pacto, el combate al crimen organizado, tiene éxitos primarios y fracasos rotundos. Los fracasos es en el combate al narcotráfico y al tráfico de personas, pilares en el discurso de Otto Pérez hace un año. Las capturas de capos y las incautaciones de droga y dinero se redujeron en comparación con los últimos dos años de la presidencia de Colom con Carlos Menocal como ministro de Gobernación. Y no ha habido rastros del desmantelamiento de redes de tráfico de niños y mujeres, denunciado por Plaza Pública en una investigación internacional.
El éxito es la idea casual que oxigenó el debate sobre las drogas y que se convirtió en una propuesta audaz y seria de regulación de las drogas. Esta propuesta, ahora institucionalizada con el nombramiento del nuevo canciller, es un gran aporte de la administración al futuro de América Latina, pues se discutirá con seriedad en la próxima cumbre de la Organización de Estados Americanos y Guatemala consiguió que México y Colombia respaldaran una solicitud formal a la Organización de las Naciones Unidas de revisar el marco legal que obliga a los Estados a continuar con la fracasada política represiva contra el consumo de drogas. El gobierno está consiguiendo, además, el apoyo de la intelectualidad y la opinión pública de Europa y Estados Unidos. Tarea nada fácil para un país de 14 millones de habitantes y nuestras características. Tres sobre cuatro en este pacto.
El segundo pacto, sobre desarrollo social y desarrollo rural, constituye probablemente el mayor fracaso de esta administración. Si bien “institucionalizaron” los programas sociales de transferencias monetarias y subsidios creados y liderados por la exprimera dama Sandra Torres, el descenso en beneficiarios, de 875 mil a 757 mil familias es un retroceso, pues no se contó con estudios para ver si los nuevos usuarios se ajustaban a criterios técnicos. Y lo que es un drama fue el retroceso en el programa de Escuelas Abiertas de prevención contra la violencia y de espacios de aprendizajes lúdicos para jóvenes en barrios menos favorecidos: de 217 mil jóvenes se redujo a 50 mil jóvenes. El clientelismo se mantuvo o aumentó y el Ministerio de Desarrollo Social es todavía una promesa en ejecución presupuestaria.
Es también un fracaso el Ministerio de Desarrollo Rural, todavía inexistente por la incapacidad del binomio Pérez Molina – Baldetti de conseguir que sus diputados y sus aliados aprobaran la ley de desarrollo rural que patrocina el sector campesino. El veto del Cacif y algunas de sus cámaras fue más fuerte que las habilidades del gobierno. Y eso le costó la renuncia del Comisionado Presidencial Adrián Zapata, investigador de la USAC, quien contaba con una propuesta de ley moderada y con posibilidades de futuro.
En esta relación con el Congreso se da otro de los grandes lastres de este gobierno: la imposición autoritaria versus la democracia parlamentaria. Prácticamente todas las leyes promovidas por el Partido Patriota han sido aprobadas sin debates, de urgencia nacional, incluyendo la más importante en una democracia: el Presupuesto Nacional. Cero de dos.
El tercer pacto, sobre fiscalidad, competitividad, transparencia y cambio estructural (estos últimos los incluimos arbitrariamente en este pacto) deja un sabor agridulce. Si bien se aprobó una primera reforma, progresiva, al Impuesto Sobre la Renta en cuarenta años, todavía pagan ínfimos impuestos en relación a sus ingresos los ciudadanos que están en el 1 por ciento que más gana en la sociedad, que obtienen más o menos 40 por ciento de lo que produce el país. Probablemente continúan pagando menos del 1 por ciento de sus ingresos y mientras el Congreso no permita a la SAT acceder a sus cuentas bancarias y la Superintendencia de Bancos permita trucos para que la obligación de transparentar las sociedades anónimas sea escondida con sociedades en Panamá, seguirán evitando aportar al erario y a los bienes públicos que pueden cambiar la vida de los guatemaltecos y guatemaltecas que nacen pobres, sin acceso a educación y salud de calidad o a créditos blandos que aseguren una vida digna para su familia. Es aquí, en el campo fiscal y financiero, en donde el Presidente podría hacer cambios estructurales para el país, pero ha optado por el mínimo.
La competitividad basada en ventajas fiscales y salariales, modelo implementado prácticamente en los últimos dos siglos y que representa un sonoro fracaso, no varía con esta administración. Plaza Pública hizo un reportaje que muestra cómo la ruta hacia la competitividad pasa por otras avenidas: ciudadanos más competitivos porque tienen educación de más calidad y más productivos porque tienen seguridad social, por ejemplo. O una mejor distribución de la riqueza –que en una democracia sólo se puede dar por la vía fiscal, la vía salarial o una mayor proporción en lo que se cobra a las empresas extractivas o energéticas–. El gobierno del PP ha preferido mantener el status quo de una competitividad oligopólica, como se evidencia en otro reportaje.
Finalmente, la transparencia ofrecida ha sido un fracaso. La falta de licitaciones en Guatecompras del Ministerio de Comunicaciones o los hallazgos de corrupción en Fonapaz por parte de elPeriódico, la prórroga gratuita de las frecuencias radioeléctricas en vez de cobrar impuestos o subastarlas como en el resto de democracias, el Presupuesto Nacional aprobado de la manera más opaca de la democracia, el otorgamiento de contratos leoninos en el Puerto u opacidad en la compra de medicinas hacen que el gobierno, y en especial la Vicepresidencia que ofreció resultados en la materia, den caravuelta en la lucha contra la corrupción que deslegitima la democracia y profundiza el clientelismo. Uno de cuatro. En total, cuatro de diez.
Así, el gobierno de Pérez Molina y Baldetti está lejos, muy lejos, de avanzar hacia los cambios estructurales que necesita el país. Le quedan prácticamente dos años de fuerza política y uno de fuerza relativa, para dejar un capítulo más sonoro en los libros de historia nacional y continental.
