Ferrocarril del Bicentenario: el contrato de 26 años con dudas y riesgos para el Estado
Ferrocarril del Bicentenario: el contrato de 26 años con dudas y riesgos para el Estado
La auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas al contrato con Remed, S.A. advierte la posibilidad de que se perjudiquen los intereses del Estado. El 16 de mayo se tiene prevista la asamblea de los accionistas de Ferrovías.
La pandemia de Covid-19 y la conmemoración de los 200 años de Independencia sirvieron para que el gobierno de Alejandro Giammattei gestara negocios de construcción y compras que son cuestionados y con denuncias de corrupción.
Entre las negociaciones hechas en 2022, se sumó la contratación para reconstruir la operación ferroviaria, que ocurrió en mitad de un cuestionado proceso que trajo de vuelta el temor de una nueva millonaria demanda internacional para el país. Actualmente, el gobierno de Bernardo Arévalo tiene bajo análisis este contrato, que implica el arrendamiento de bienes estatales.
En febrero de 2022, se anunció que la Contraloría General de Cuentas (CGC) haría una auditoría al contrato suscrito por la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías) y la empresa Remed, S.A. con la que se dan en arrendamiento «los bienes inmuebles de utilidad ferroviaria» y «la operación ferroviaria correspondiente a la división Pacífico de la República de Guatemala» (Vea en el mapa fase1) .
Una de las razones para la auditoría especial fue que el contrato hizo sonar las alarmas entre algunos bloques de diputados, así como en la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) ante la opacidad del proceso con el que se otorgó la reactivación del ferrocarril, en un tramo que Ferrovías poseen en usufructo otorgado por Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
Fue hasta junio de 2023, que luego de realizar el examen de auditoría comprendido desde el 12 de enero hasta el 1 de diciembre de 2022, que el equipo de la CGC entregó su informe señalando que «no se detectaron aspectos que merezcan ser mencionados como hallazgos».
Esto principalmente debido a que los auditores no encontraron incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado por parte de Ferrovías, debido a que es una empresa mercantil, y por tanto el proceso contratación con Remed, S.A., se basó en el Código de Comercio, el Código Civil y la escritura pública de constitución de la compañía.
La CGC en este aspecto, incorporó en su informe los argumentos de la sentencia del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil, que denegó en marzo de 2022, el amparo promovido por Jordán Rodas, exjefe de la PDH, que buscaba proteger los bienes del Estado bajo usufructo a favor de Ferrovías.
A Rodas no le causa sorpresa este punto del informe de la Contraloría y dijo: «Es una de las entidades cooptadas por el pacto de corruptos. Ha sido inexistente en los casos de corrupción, con una actitud pasiva, como en este caso».
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Bienes públicos en manos de una S.A.
Desde hace casi tres décadas, los proyectos de recuperación del sistema ferroviario del país han dado retrocesos más que resultados.
En esta historia, Ferrovías fue inscrita en 1997, durante la creciente ola de privatización de empresas estatales que empujó el gobierno de Álvaro Arzú. Representando a la compañía estadounidense Railroad Development Corporation (RDC), propiedad de Henry Posner III.
A esta firma se le otorgó en 1998 el usufructo oneroso de los equipos de Fegua, con la meta de poner en marcha el ferrocarril.
Este proyecto nunca despegó, y en 2006 se inició una batalla legal por la decisión de declarar lesivo a los intereses del Estado el contrato de usufructo.
Esto produjo, que, en julio de 2007, Posner III junto al entonces gerente de Ferrovías, Jorge Senn Sagastume y la abogada estadounidense Regina Vargo -exnegociadora del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.- en conferencia de prensa anunciaran la demanda internacional contra el Estado guatemalteco.
Tras años de un proceso legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en 2012 se tuvo el laudo definitivo que condenó al Estado a pagar por parte de Fegua 14,600,000 dólares (115,347,592 quetzales) a RDC.
En noviembre de 2013 se hizo la transferencia del pago y del 82.19% de las acciones que poseía la empresa estadounidense en Ferrovías.
Con este revés judicial, la Procuraduría General de la Nación (PGN) en representación del Estado tomó el control accionario en Ferrovías, que de acuerdo con el finiquito tras el laudo es de un capital social autorizado compuesto por
1,500,000 acciones ordinarias y 500,000 acciones preferentes, por valor de 100 quetzales por acción.
Mientras el capital social emitido se compone de ordinarias y 500,000 acciones preferenciales de las cuales RDC era propietaria de 324,720 acciones ordinarias y 422,402 acciones preferentes para un total de 747,222 acciones.
Ferrovías no desapareció y mantiene el contrato 402 con el que sigue teniendo el usufructo oneroso de los bienes de la estatal Fegua, para prestar el servicio de transporte ferroviario por el que traslada un canon, que, según el presupuesto de la entidad pública, en 2023 fue de 1,955,00 quetzales, y la proyección para este año es de 3,038,000 quetzales.
Como accionistas de Ferrovías, además de la participación mayoritaria que recae en la PGN, en las audiencias ante el Ciadi se conoció que el resto de acciones está en manos de inversionistas locales, entre ellos, el principal serían las adquiridas en acciones al portador por «International Financial Securities, Inc., una subsidiaria de Cementos Progreso».
En las asambleas de Ferrovías para discutir el contrato con Remed, figuraron como accionistas Inversiones Maratón y el exgerente de la empresa, Jorge Senn Sagastume.
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Una carrera sobre rieles
En la asamblea extraordinaria de Ferrovías, que se realizó en junio de 2021, se presentó la discusión para aprobar el contrato de arrendamiento de operación ferroviaria para la división Pacífico, en esa reunión Luis Méndez, gerente de la entidad, habló del plan de reactivación de ferrocarril que se tiene desde 2015.
«Ferrovías realizó ciertas inversiones en la reactivación ferroviaria y con la administración anterior hubo interés de parte de la entidad Remed, de CV, de S.A., teniendo a bien firmar una carta de entendimiento con dicha entidad en el año 2020», cita el informe de la CGC en mención de lo indicado por Méndez durante la asamblea.
Ese día, el representante de la PGN se opuso a la firma del contrato con el argumento de aclarar algunas dudas.
Entre los puntos pendientes, según se lee en un oficio de la PGN -de febrero de 2021- se enumeran aspectos de obligaciones administrativas; la identificación de las fincas que van a ser arrendadas y en qué condiciones se encuentran; aclarar cuáles son los bienes que se incluyen en el contrato, así como estipular un plazo en el que debe reactivarse el sistema ferroviario, y se recomendó realizar estudios técnicos y de factibilidad financiera y operativa.
En la acelerada marcha por aprobar el contrato, en la asamblea general del 13 de octubre de 2021, uno de los puntos a tratar fue el cambio del representante legal de Ferrovías.
El entonces jefe de la PGN, Luis Donado, propuso designar a José Fernando Ulloa Rosenberg como administrador único y representante legal de Ferrovías, en sustitución de Carlos Estrada.
Según el extracto del acta 02-2021, que cita el informe de la Contraloría, Donado hizo la salvedad de que la propuesta no se realizó porque «se tenga un compadrazgo, ni se pretenda beneficiar a terceros, sino por la esperanza que se tiene para que la empresa funcione como debe funcionar».
Abogó también porque se trata de un tema para contribuir a a reactivación del país en el que se ha enfocado el señor presidente (Alejandro Giammattei). La sustitución fue aprobada «con el 81.27% de las acciones presentes con derecho a voto».
Los cambios y la negociación del contrato fueron criticados desde algunas bancadas en el Congreso. En febrero de 2022, durante una citación, los diputados del Grupo Parlamentario de Oposición -actualmente VOS-, cuestionaron al entonces ministro de Economía, Antonio Malouf, de haber participado en las negociaciones iniciales con Remed, junto con el exsecretario de la Presidencia Giorgio Bruni. Además, señalaron a Malouf de incidir en el nombramiento de Ulloa Rosenberg, para lograr agilizar la negociación con la empresa mexicana.
En esa citación, los diputados precisaron que, algunas reuniones se dieron en el Habano de Don Rodrigo (cigars, drinks, food & VIP lounge), un negocio propiedad de Ulloa Rosenberg. Aunque, el exministro de Giammattei, reconoció llegar al lugar, dijo que iba a comprar y a consumir en ocasiones, en alguna de ellas posiblemente coincidió con Bruni y el representante de Ferrovías.
Ulloa Rosenberg, fue nombrado en agosto de 2019, como representante del Ministerio de Economía ante la junta directiva multisectorial del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), designación que lo sitúa en cercanía con Malouf.
La agenda de la asamblea de Ferrovías de octubre de 2021, además del cambio del representante legal, incluyó la presentación del proyecto por parte de representantes de Remed.
En ese momento, el empresario de la compañía -no se indica el nombre en el acta-, estimó que la inversión para el proyecto sería entre 400 millones y 500 millones de dólares, cifra que fue cuestionada por Senn Samayoa, accionista de Ferrovías.
Senn Samayoa cuestionó que la cifra carecía de respaldo por la falta de posibles clientes que podrían usar la vía, pese a que el representante de Remed aseguró contar con los fondos para llevar a cabo la inversión.
Otro de los accionistas, el representante de Inversiones Maratón -acciones de Cementos Progreso-, votó contra la autorización propuesta por Donado para darle al nuevo administrador la potestad de retomar las negociaciones con Remed. Consideró que «la magnitud de la inversión y del proyecto» requería de procesos competitivos «que se pueden obtener en una licitación pública internacional» a fin de garantizar las capacidades económicas, financieras y operativas de las empresas.
Los argumentos de ambos accionistas se escucharon, pero no atendidos, y con el 81.53% de las acciones a favor, se autorizó continuar con las negociaciones para arrancar con el proyecto del Ferrocarril Bicentenario.
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Remed y la sombra de RDC
Carlos Álvarez de Alba, es empresario mexicano presidente del Stella Holdings, un conglomerado regiomontano que enlista entre sus compañías a Remed, S.A. de C.V., principal accionista de la filial guatemalteca Remed, S.A., que para constituirse en el país se basó en el registro de la empresa VSA, Sociedad Anónima.
Hasta este mes, en el sistema Guatecompras la empresa VSA, Sociedad Anónima aparece con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 95491643 y como representante al ingeniero Mynor Armando Dardón Díaz. Aunque en el
Registro Tributario Unificado (RTU) el NIT está registrado a Remed, S.A., y su representante legal es Juan Manuel de León.
Dardón Díaz participó como representante en más de una docena empresas de distintas actividades, entre ellas, la Agencia de Seguros y Fianzas Granada, en la que en 2017 figuró como representante, Gustavo Adolfo Mancur Milian, presidente del Crédito Hipotecario Nacional durante la administración de Giammattei.
Ante el Registro Mercantil, a finales de 2020 se modificó el nombre de VSA a Remed, y se ampliaron las actividades que puede realizar a temas como obras civiles, urbanización y proyectos de ingeniería, arquitectura y transporte.
Como resultado, de la diligente actuación de la PGN en las asambleas de Ferrovías y de los pasos legales que aceleraron la incorporación de Remed en el país, la mañana del 14 de enero de 2022, en las instalaciones de Fegua, los representantes de Ferrovías y Remed firmaron el contrato de una inversión de 700 millones de dólares para rehabilitar la vía férrea y la explotación comercial en los tramos desde Ayutla, San Marcos hasta Escuintla.
En el caso de Álvarez de Alba, durante la COP26 en 2021, el consorcio británico VivaRail le entregó un reconocimiento por su aporte en el área de transporte sostenible, al mismo tiempo Remed anunció la integración de los trenes eléctricos promovidos por ese consorcio, para impulsar la infraestructura en proyectos como el Ferrocarril Bicentenario.
Lo destacado de esa alianza fue que en VivaRail, además de Adrián Shooter -fallecido en 2022-, tenía la mitad de acciones RDC, la compañía de Henry Posner III, quien ganó la demanda internacional a Guatemala como principal accionista de Ferrovías.
Frente a la posibilidad del retorno de RDC al país, por medio de Remed, las autoridades y empresarios se mantuvieron en silencio. Tampoco hubo comentarios con respecto a que, a finales de 2022, VivaRail inició el proceso de insolvencia en los tribunales británicos, pocos meses antes, Robert Pietrandrea, fundador RDC se había retirado de la compañía.
A inicios de este año, trascendió que Great Western Railway -GWR, una compañía de FirstGroup-, iniciará pruebas con los trenes de baterías de larga duración, que inicialmente promovió VivaRail, y que, tras su quiebra GWR adquirió parte de los equipos y contrató a personal que laboró en esa empresa.
Para conocer los avances y planes del proyecto en Guatemala, se solicitó información a Remed, pero se indicó que la solicitud se trasladará al Consejo de Administración para poder dar respuesta. En el caso de Ferrovías, se buscó vía telefónica a Ulloa Rosenberg, pero no atendió los mensajes.
En tanto que Fegua, se limitó a explicar que no tiene relación contractual con Remed y que conocer los avances del proyecto «es competencia exclusiva de Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías), por ser quién suscribió el contrato».
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Sin vía libre
El contrato obliga a Ferrovías a permitir que Remed use los bienes inmuebles para desarrollar el sistema de movilidad férrea y otros proyectos ferroviarios, además, puede subcontratar a terceras personas para operar, administrar y prestar servicios.
Aunque las dos empresas acordaron una cláusula en la que Remed renuncia al derecho de demandar local o internacionalmente al Estado de Guatemala, se hace la salvedad en el caso de que Fegua rescinda o termine el contrato 402 con Ferrovías, lo que afectaría a la empresa de origen mexicano.
Un punto de tensión para Fegua, es poder liberar la vía férrea de las añejas ocupaciones por parte de pobladores, que, ante la falta de respuestas al déficit de vivienda, encuentran en estos terrenos un lugar para asentarse.
La Contraloría, no pasó por alto este tema de los bienes inmuebles afectos al contrato con Remed, y realizó consultas al Registro de la Propiedad.
Para el primer semestre de 2022, los datos consignados en el informe refieren que en el registro con sede en la ciudad capital hay 13 inmuebles incluidos. La empresa Pineros, S.A., tenía arrendada una de las propiedades, sin embargo, este contrato con Fegua venció en abril de 2023.
En el segundo Registro de la Propiedad (Quetzaltenango) se constató que existen 40 inmuebles afectos al contrato, de los que 29 están en arrendamiento a favor de Remed por un plazo de 26 años, una finca rústica que colinda hasta la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP) Puerta del Istmo, seis fincas rústicas en San Marcos que no están en usufructo a favor de Ferrovías y los datos no coinciden con los del contrato 402. Asimismo, identifican una que no ha sido dada en usufructo a Ferrovías.
Fegua informó a los funcionarios de la Contraloría que han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público por el delito de usurpación agravada en los casos en los que existen invasiones en el derecho de vía férrea en la división del Pacífico.
Otras acciones que realizan es buscar que el Viceministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda - del Ministerio de Comunicaciones- conforme una mesa interinstitucional para dar soluciones al problema. De igual manera realizan inspecciones, notificaciones verbales y escritas en algunos lugares de la Costa Sur para recuperar los inmuebles.
Fegua reconoció a la Contraloría que los procesos judiciales dependen de los plazos del MP y de los juzgados, lo que impide estimar el tiempo para lograr desalojar las vías.
Alertas contractuales
La Contraloría señala hallazgos en el informe, pero analiza las cláusulas de la escritura del contrato con Remed y pone el foco en posibilidades que impidan concretar el proyecto, entre estas ven los problemas de la ocupación de las vías, la capacidad de inversión de la empresa mexicana y las limitaciones de auditar a sociedades anónimas.
«A criterio de este equipo de auditoría, podrían surgir inconvenientes legales para hacer la entrega efectivamente por parte de Fegua a Ferrovías, y que esta última arrende a la entidad Remed los bienes inmuebles objeto de usufructo y arrendamiento, perjudicando posiblemente los intereses del Estado Guatemalteco», así concluye el informe al respecto de las ocupaciones en tramos de la vía férrea.
En Fegua no existe un plan para desalojar las invasiones en los inmuebles que Ferrovías tiene en usufructo, tampoco hay plazos ni recursos destinados para solucionar estos problemas, según los auditores.
Una de las cláusulas del arrendamiento a Remed le otorga los bienes inmuebles que no están comprendidos en la vía férrea, estaciones, corredores y terraplén para que pueda destinarlos a la explotación comercial que decida la compañía, siempre que tenga relación con la operación ferroviaria.
Para los auditores, la cláusula no define qué tipo de negociación se debe considerar dentro de la operación ferroviaria, y «en lo relacionado a la fiscalización, la Contraloría General de Cuentas, se vería aún más limitada en su ejercicio, ya que dichos contratos se suscriben entre entidades privadas, situación que impide que la Contraloría pueda auditar».
También resaltan que «se debe considerar la posibilidad del fracaso comercial al no concretar potenciales clientes», en referencia a lo expresado por el representante de Remed en la asamblea de Ferrovías cuando se estimó la inversión del proyecto.
En la asamblea de octubre de 2021 se hizo constar que, Remed, S.A. de C.V -(principal accionista de Remed- no había cumplido con obligaciones previas acordadas en cartas de entendimiento, por ello «es posible que se puedan tener inconvenientes en el cumplimiento» del contrato.
¿Revisarán el contrato?
Se consultó a la Procuraduría General de la Nación (PGN), a cargo de Julio Saavedra, si está previsto revisar la contratación de Remed, pero no dieron respuesta «por confidencialidad» y argumentan que la entidad no actuó como titular en la celebración del contrato realizado entre dos entidades privadas.
En tanto, la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Juan Gerardo Guerrero, indicó que el contrato está bajo análisis y a la espera de los informes de la administración para el ejercicio fiscal 2021-2023; y de la auditoría externa contratada para verificar las implicaciones y el avance de la ejecución del contrato y todo el manejo de la administración de Ferrovías.
Para el exinterventor de Fegua, Edgar Balsells, el gobierno de Arévalo debe plantearse una ruta para prevenir que este caso termine con una demanda internacional.
Es un contrato que involucra bienes públicos que son de Fegua, pero que en su momento -luego del pago que se hizo por la demanda ante el CIADI- se dio prórroga al usufructo de Ferrovías, en lugar de liquidar la empresa y fortalecer a Fegua, como entidad descentralizada.
En los planes del gobierno debería estar el pronto relevo del interventor de Fegua -David Berganza Alburez- dar transparencia al contrato suscrito entre Ferrovías y Remed, y el estatus del proyecto; así como el análisis de la contratación y el pronunciamiento de PGN y un catastro específico elaborado por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, agregó Balsells.
Berganza llegó a Fegua en 2023 para sustituir a Augusto Ponce Barrientos, que, en citaciones en el legislativo, negó conocer el contrato firmado para el proyecto Ferrocarril Bicentenario, que desarrollará en la primera fase la División Pacífico.
El contrato 402 -de usufructo oneroso- entre Fegua y Ferrovías vence en el año 2047. El contrato de arrendamiento de Ferrovías y Remed, tiene una duración de 26 años, a partir del 9 de marzo de 2022, el cual puede prorrogarse, siempre y cuando se extienda el contrato 402.
En 2024, la Secretaría General ha convocado para el 16 de mayo la Asamblea General de Accionistas de Ferrovías para tratar, además de informes financieros, la «deducción de responsabilidades en contra del antiguo administrador» y el nombramiento, remoción o confirmación del órgano de administración.
Es decir, que han transcurrido dos años de vigencia del contrato entre las dos empresas, bajo hermetismo e incertidumbre de las advertencias que se hicieron en la auditoría de la Contraloría.
Según Guerrero, recurrir a la declaratoria de lesividad no es una opción, puesto que el plazo legal para hacerlo ya concluyó de acuerdo con la Ley de lo Contencioso Administrativo, por lo que este gobierno busca otros mecanismos de acción para el contrato del Ferrocarril del Bicentenario.
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