Lo mencionó por primera vez el sábado 11 de febrero, sin avisarle a nadie de su gabinete, y el 13 de abril lo planteará al resto de presidentes del continente y aspira a conversarlo en una reunión privada con su colega Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Cartagena.

Este capítulo era imposible de vaticinar. Hace justo un año, el 8 de abril de 2011, el mismo Otto Pérez desechaba la idea de la despenalización durante un debate presidencial. En agosto de 2011 se publicó un cable estadounidense filtrado por WikiLeaks en el que el exmilitar reconocía que en 2007 su partido había tenido “una relación mínima” con un miembro de una familia de capos y en el que el embajador estadounidense no descartaba que su campaña hubiera tenido financiamiento de narcos. El entonces presidenciable recordó que había purgado al capo del partido y con promesas de endurecer la batalla al incluyendo a la fuerza élite del ejército, intentaba despejar cualquier duda sobre su compromiso contra las mafias. En su primer mes como gobernante confirmó el uso de kaibiles, la unidad élite castrense, para combatir a los traficantes, y creó el puesto de zar antidroga dentro del Ministerio de Gobernación. Pero todo cambió de la noche a la mañana, y quienes conocen al mandatario intuyen que se trató de una apuesta calculada.

“Sabemos que es contradictorio, sabemos que tiene oposición de algunos, pero hay que hablar de la despenalización en el tema de la droga, esto lo que nos va permitir es sacar el tema a discusión, no es un tema solo de Guatemala, es de analizar de manera regional para que digan cuáles son las ventajas o desventajas”, dijo ese día de febrero Pérez Molina tras presentar las líneas centrales de su gobierno en un think tank, un centro de pensamiento.

Treinta años de debate en la periferia del poder

Ciertamente no es la primera persona en el planeta que critica la política prohibicionista que ha dominado la política estadounidense durante el último siglo. En 1914, Woodrow Wilson creó la ley contra los narcóticos, en un paradigma que llegó a ilegalizar el alcohol entre 1919 y 1933. El presidente Richard Nixon potenció esta cruzada en 1970 cuando publicó la ley de sustancias controladas y declaró la “guerra contra las drogas” para erradicarlas de la faz de la Tierra. Diez años después, a finales de los setenta, empezó una corriente a favor de la despenalización de la marihuana en California, que logró algunos avances para la descriminalización de los consumidores, pero fue luego barrida por Ronald Reagan en 1981. El republicano aseguró que acabaría con el consumo de drogas en Estados Unidos, básicamente encarcelando a todos los consumidores que pudiera. EE.UU. es el país con mayor porcentaje de sus ciudadanos encarcelados, con 0.8 por ciento de sus habitantes tras las rejas y el principal consumidor mundial de cocaína, con un 2.4 por ciento, según la última encuesta oficial. Desde los ochenta, la guerra contra las drogas fue impuesta por Estados Unidos al resto del planeta, en especial a América Latina, que no opuso mucha resistencia.

Fue impuesta con contradicciones, pues la CIA (la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) permitió a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras controlar el tráfico de droga en los años ochenta e inicios de los noventa para financiar las luchas contrainsurgentes contra guerrillas de izquierdas; con el escándalo Irán-Contras como testigo. Esto le abrió la puerta al narcotráfico y a las armas en el Istmo.

No obstante, la política oficial de Washington fue una: la guerra frontal contra las drogas. Y desde entonces el debate sobre la despenalización salió de los Estados y pasó a la academia, a la sociedad civil, algunos medios y a exfuncionarios de gobierno. El punto de inflexión del movimiento mundial que pide romper con los mitos y buscar el fin de la “guerra contra las drogas” ha sido la Comisión global sobre política de drogas, encabezada por los expresidentes Henrique Cardoso (Brasil); César Gaviria (Colombia); Ernesto Zedillo (México); George Shulz, exsecretario de Estado de EE.UU.; el exsecretario de la ONU Kofi Annan; Louise Arbour, otrora Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos o los intelectuales Carlos Fuentes de México y Mario Vargas Llosa de Perú.

En junio de 2011 calificaron la política actual contra las drogas con dos palabras: un fracaso. Y pidieron tres cosas. “Descriminalizar a los consumidores y asegurar tratamientos para su rehabilitación”; “un trato de respeto a los derechos humanos para las cadenas más bajas en la industria del narcotráfico, como campesinos, correos (mulas) o pequeños vendedores”; y alentaron a los gobiernos a “experimentar modelos de regulación legal de las drogas (en especial la marihuana) para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”.

Parten de la premisa de que el consumo de drogas es un asunto de salud pública y que la prohibición no sólo es un fracaso para evitar el consumo, el tráfico y la producción, sino que provoca que los precios de la droga suban y que los mafiosos ensayen las peores atrocidades para hacerse con ese dinero de los consumidores. Recuerdan que a pesar de las incautaciones de droga y de las capturas de capos, la producción se mantiene y los traficantes, nuevos, logran llevar la droga a su destino con mucha violencia y corrompen a la sociedad en el trayecto.

Que el cartel de los Zetas, el más sangriento de todos, sea formado por exmilitares mexicanos y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico o que bancos estadounidenses y latinoamericanos estén en el centro de la operación de lavado de dinero proveniente de las drogas son otros dos argumentos liberacionistas.

La premisa de los prohibicionistas es que los criminales que se dedican al tráfico de drogas se enfocarán en otros tráficos ilegales, como el de mujeres o el de armas, y que la violencia continuará porque los liberacionistas parten de premisas equivocadas.

Amagues latinoamericanos

No es que la Comisión sobre las Drogas en junio de 2011 ni el presidente de Guatemala en el inicio de 2012 hayan despertado de la nada un sentimiento antiprohibicionista en parte de América Latina. Es que había suficientes señales para notar que la desesperación por la violencia en Colombia, México y Centroamérica –la región más violenta del mundo junto al Caribe según la ONU– exigía el debate de alternativas a la guerra contra las drogas.

En noviembre de 2011, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que estaba de acuerdo con la despenalización, pero que no lideraría el tema, en una entrevista al periódico inglés The Guardian. Era la segunda vez que un presidente en funciones lo mencionaba, aunque fuera hipotéticamente: antes, en 2008 sólo el hondureño Manuel Zelaya había deslizado la idea, sin que nadie le tomara en serio ni que él hubiera insistido.

“El mundo necesita discutir nuevos enfoques… Un nuevo enfoque debe intentar quitar el rédito de la violencia que viene con el narcotráfico. Si eso necesita legalizar, y el mundo cree que es la solución, yo estaría de acuerdo. No me opondría… Yo discutiría legalizar la marihuana y más que la marihuana; consideraría legalizar la cocaína si hay un consenso mundial porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia, (pero yo) no sería la vanguardia de este movimiento porque sería crucificado”, afirmó el bogotano en noviembre de 2011.

La reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericano (Sica) junto a los de México y Colombia en diciembre de 2011, hace cinco meses, dio otro aviso, pero se quedó a las puertas. En uno de los documentos finales se incluyó un párrafo en el que se afirmó que si no se puede reducir el consumo de drogas, se deberá “explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito”.

La estafeta improbable, el boicot y la política de Estado

Y sin mucha planificación, el presidente de Guatemala tomó la estafeta y lo anunció ante los micrófonos el 11 de febrero sin que lo supieran sus ministros. Propuso un debate sobre la despenalización de las drogas. De hecho, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza –los únicos que en el Congreso han mencionado el tema–, pidieron por escrito a los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores y a los secretarios de Inteligencia y Privado de la Presidencia información sobre la política nacional o la propuesta oficial sobre el tema y estudios que lo respaldasen. Pero todos respondieron por escrito a mediados de marzo que no existían tales y que había sido una decisión de la Presidencia.

No obstante, en febrero el Presidente envió a la vicepresidente Roxana Baldetti a una gira por los cinco países centroamericanos para invitarlos a debatir sobre el tema el 24 de marzo para llevar una posición común a la bianual Cumbre de las Américas, con los 34 gobiernos del continente, este 13 y 14 de abril en Cartagena, Colombia.

Esto no cayó en gracia a Washington. Su presidente Barack Obama, otrora crítico de la guerra contra las drogas y promotor de un debate alternativo cuando era senador en 2004, está en año electoral y se opone a que se piense en una despenalización en América Latina. Que además sea una propuesta de un vecino tan periférico como Guatemala, a cuya toma de posesión presidencial enviaron únicamente al jefe de los Cuerpos de Paz el 14 de enero, los tiene a contrapié.

Centroamérica normalmente es noticia en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo por catástrofes naturales o por los niveles de violencia. No por instalarse en propuestas audaces que cambien los paradigmas mundiales. O que al menos obliguen a cuestionárselos.

Entonces la Casa Blanca empezó su ofensiva diplomática para impedir que Guatemala lograra llevar el tema de la despenalización a la Cumbre de Cartagena. En febrero visitó el país Janet Napolitano, la secretaria de Justicia, para oponerse en público y frente a Pérez Molina a la idea de la despenalización, lo cual fue aplaudido por algunos medios conservadores. En la primera quincena de marzo, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden participó en una reunión con presidentes centroamericanos en Honduras y ni siquiera dio una conferencia de prensa. Dijo que era sano debatirlo, pero que se oponían a la alternativa. En la segunda quincena de marzo, llegaron al país los subsecretarios de Estado William Brownfield y María Otero, para oponerse también en público.

Ante la persistencia de Guatemala, que convocó a una cumbre de presidentes centroamericanos el 24 de marzo para tratar el tema del debate sobre la despenalización en preparación para la Cumbre, Washington dio una vuelta de tuerca. Casi en silencio, los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua desistieron de participar sin previo aviso, acusando a Guatemala de querer manipular la agenda.

Llegaron Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Ricardo Martinelli, de Panamá. Dos presidentes conservadores como Pérez Molina. Guatemala les presentó una propuesta: 1) Intensificar la incautación de drogas, y que lo decomisado sea compensado por los países consumidores. 2) Crear una corte penal regional para juzgar cuatro delitos: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de mujeres. 3) Despenalizar el tránsito de droga, crear corredores y establecer puestos de control. 4) Reglamentar la producción y el consumo y crear una agencia regional que asuma la responsabilidad de regular, vigilar y registrar el tráfico. Chinchilla fue la única que se mostró de acuerdo con la propuesta de abrir un debate continental sobre la despenalización.

Además de ser el primer gobierno en el planeta que presenta formalmente la iniciativa de debatir la despenalización de las drogas desde la producción hasta el consumo (que después ha ido evolucionando en precisión y contenido hasta convertirse en una invitación a regularlas de una manera distinta), Guatemala dio otra vuelta de tuerca en respuesta a Estados Unidos: Pérez Molina acusó públicamente a Washington de boicotear la reunión del 24 de marzo en Antigua por medio de presiones al salvadoreño Mauricio Funes.

Después de la reunión de Antigua, el gobierno de Guatemala recibió una invitación de Chatham House, uno de los think tanks más prestigiosos de Europa, para exponer su idea de despenalización. La última semana de marzo y a Fernando Carrera, secretario general de Planificación, fue enviado una gira por Londres, Washington y Nueva York para explicar la propuesta de Guatemala a académicos, a los think tanks más influyentes (Brookings Institution, Woodrow Wilson Center), a oenegés como la Washington Office for Latin America (WOLA), a la Open Society Foundation, y a funcionarios del gobierno estadounidense y de la ONU.

Por una de estas presentaciones en Londres llegó la invitación de The Observer, la edición de fin de semana The Guardian, para que el presidente Pérez Molina escribiera una columna.

Aquella columna del 7 de abril, cuya versión original  en español apareció un día después en Plaza Pública, fue calificada por el medio británico como “un hito” en el debate. En ella, Otto Pérez mezclaba los argumentos usuales con otros menos comunes: que dos décadas de “guerra contra las drogas” no han siquiera frenado el consumo, que el debate entre los que piden mantener la prohibición y los que quieren la liberalización absoluta es ideológico, que es necesario un debate serio y ver el asunto desde el punto de vista de la salud pública y sobre todo proponerse legalizar el consumo y la producción “en el marco de un marco regulador estricto”.

Mientras tanto, añadió, “Guatemala no dejará de honrar sus compromisos internacionales en el combate al narcotráfico. Pero tampoco deseamos seguir siendo testigos mudos de un auto-engaño de proporciones globales”.

La columna motivó un editorial por parte de The Guardian en el que le pide a Obama coherencia para sumarse al revitalizado debate. Ahora el tema de la despenalización o la regularización de las drogas es el tema candente en la antesala de la Cumbre de las Américas. Y desde esta semana, lo que empezó titubeante se presenta también como una política de Estado de Guatemala.

¿Por qué Pérez Molina? ¿Por qué ahora?

Como ha sucedido en toda su carrera, al inescrutable Otto Pérez es muy difícil comprenderlo si no es por sus actos. Y ni en Washington ni en Europa ni en Guatemala hay una explicación certera entre los políticos, los académicos y la opinión pública sobre los motivos que llevaron a Pérez Molina a tomar la batuta en el tema de la despenalización de las drogas.

The Economist lo ninguneó en febrero como un presidente que buscaba obtener más fondos de Estados Unidos; Plaza Pública recordó ese mismo mes que la ayuda estadounidense no es significativa, US$2 millones (Q15.5 millones) para este año. Natalie Kitroeff, una investigadora del Council on Foreign Relations en Nueva York, profundizó sobre la interrogante.

“¿Pero cuál es la jugada maestra de Pérez Molina? Una teoría popular es que está tratando de presionar a EE.UU. para levantar el embargo de armas desde 1978 por las violaciones a los derechos humanos del ejército en el conflicto armado interno. Tiene sentido porque ha expresado su deseo de comprar armas estadounidenses. Y amenazar con despenalizar las drogas podría presionar a EE.UU. Pero Pérez Molina también puede estar haciendo un intento más ambicioso de cambiar los fundamentos de la relación de Estados Unidos con Guatemala y Centroamérica. La región ha estado lejos de la atención estadounidense para América Latina. El llamado al debate pone a Guatemala en el radar de Washington y reafirma su autonomía”, concluye Kitroeff.

Falta un detalle. Guatemala no está amenazando con dejar de perseguir narcos. Oportunamente, el 3 de abril fue capturado uno de los capos más buscados y principal contacto de los Zetas en el país. Esto no es suficiente a criterio de algunos círculos conservadors en Washington, que ven en la propuesta de Pérez Molina una justificación previa para ser benevolente con los traficantes.

La iniciativa, eso sí, da oxígeno internacional a un presidente que es exmilitar y que tuvo que decir en su discurso de toma de posesión que pedía a la comunidad internacional el respeto a la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. Fue una toma de posesión con raquítica presencia internacional de jefes de Estado (Centroamérica, México, Colombia, Guyana y Georgia). Y muchos de los reportajes a nivel mundial sobre el nuevo presidente hablaban del temor de reveses en los avances en derechos humanos y la lucha contra la impunidad, y las preocupaciones porque un general de un ejército de pasado criminal tomara la jefatura de Estado de Guatemala.  

Era un presidente que no despertaba ninguna simpatía en el mundo, en un país pequeño y conservador, con un Estado desfinanciado y un sistema político corrupto, y una buena parte de la sociedad abrazando crecientemente una cultura mafiosa, con la renuncia a cualquier moral que eso implica. Y es que después de todo, el narcotráfico sirve de válvula de escape para sociedades desiguales y con la dignidad mal distribuida, en las que el dinero es una de las pocas alternativas para conseguir un status de dignidad y poder.

Pero de un inicio de gobierno acorralado, de pronto, tres meses más tarde, Otto Pérez Molina y Guatemala están en el centro del escenario, y su propuesta camino de convertirse en el centro de la Cumbre de las Américas. La afirman en el Huffington Post, en Al Jazeera, en The Economist, en Razón Pública de Colombia, en una entrevista a Pérez Molina y a Santos en el Washington Post, en todos lados.

Qué puede pasar en Cartagena

La cita en Cartagena de este viernes y sábado es crucial, pero está lejos de ser definitiva. En vez de un punto de llegada, puede aspirar a ser un punto de partida. La despenalización no está entre la agenda oficial de la cumbre, que hablará sobre desarrollo e inversión. Estados Unidos probablemente procurará que no aparezca en la declaración final. Y Guatemala tiene pensado incluirlo en el discurso de Otto Pérez Molina frente a la asamblea y en las reuniones bilaterales. De hecho, Guatemala pidió una reunión bilateral a Barack Obama, cuando a lo más que había aspirado el país antes era a una reunión regional con los seis presidentes centroamericanos y dominicano.

En los pasillos parlamentarios de la OEA, organizadora del evento, hay gran expectativa sobre el tema, explica Fernando Carrera, de Segeplan, quien acompañará al presidente a la cita. “Lo que busca Guatemala es ganar condiciones para generar un diálogo”.

La iniciativa de Guatemala ha animado a Colombia y a México, cuyo presidente Felipe Calderón se reunió esta semana con Cardoso y Gaviria (los ex mandatarios que formaron la Comisión de Drogas) para explorar vías para plantear el tema y logró que la cumbre de presidentes de México, Canadá y Estados Unidos girara en torno a la responsabilidad estadounidense en la violencia ocasionada por la guerra contra las drogas. Costa Rica está anuente a participar en el diálogo y Uruguay podría sumarse. Y la diplomacia brasileña, determinante en Suramérica, debate puertas adentro el asunto. Guatemala incluso pudiera pedir que se cree una comisión de expertos para empezar el debate técnico sobre el tema.

Estados Unidos probablemente intentará vetar que las palabras “regularización de las drogas” aparezcan en la declaración final o en una comisión. Guatemala, junto a Colombia, México, Costa Rica y otros países, intentará ganar el pulso simbólico. Pero sólo es una primera parada. La siguiente será posiblemente en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. De momento, en una idea que parecía accidental y que ahora se ha convertido en una política de Estado, Otto Pérez Molina ha conseguido oxigenar su imagen internacional, entrar en la historia y colocar a Guatemala en el centro del debate mundial que podría ser sólo el inicio del fin del siglo de la guerra contra las drogas.