El náufrago y el sobrino de la diputada Hernández, dos eslabones que llevan a Los Huistas

Augusto Jean Carlo Castillo Hernández, también conocido como «Metal» o «Joker» se declaró culpable de conspirar para enviar 2,000 kilos de cocaína a los carteles de México, a sabiendas de que la droga llegaría a los Estados Unidos.  

Según el Acuerdo de Culpabilidad suscrito por Castillo Hernández con la Fiscalía del Distrito Sur de California, el pasado 30 de noviembre reconoció que al menos desde 2017 hasta el 28 de julio de 2020, conspiró con otras personas para enviar cocaína hacia Norteamérica.

Para EE.UU. Castillo Hernández es un eslabón más para llegar a la cabeza de la organización criminal conocida como Los Huistas; para Guatemala en cambio, su relevancia es más bien familiar. Es hijo de Ericka Ruth Hernández Herrera, hermana de la diputada Sofia Hernández Herrera ―representante de Huehuetenango y dos veces primera Vicepresidenta del Congreso de 2020 a 2022 con el apoyo del partido VAMOS de Alejandro Giammattei―. 

Castillo Hernández aceptó que participó en la distribución de varias toneladas de cocaína en nombre de una organización criminal con sede en Huehuetenango (Los Huistas), distrito del que ha sido representante su tía desde 2012. 

La diputada fue electa dos veces por la UCN, y dos veces por VAMOS. El primer partido era dirigido por Mario Estrada, condenado en EE.UU. a 15 años de cárcel por conspiración para enviar drogas; el segundo por el expresidente Giammattei, recientemente acusado por actos de corrupción también por EE.UU.

El sobrino acusado reconoció que tenía fuentes de suministro de cocaína que operaban en Guatemala, que negociaba y supervisaba las transacciones con estos proveedores. Una vez acordada la transacción, Castillo Hernández recibía la cocaína en una de sus propiedades en Guatemala.  Después de recibirla se aseguraba de que llegara a los carteles que operaban cerca de la frontera.

Ahora Castillo Hernández, capturado en Guatemala el 31 de agosto de 2021 y extraditado a EE.UU. en febrero de 2022, deberá comparecer el próximo 29 de marzo ante el Juez Dana Sabraw de la Corte del Distrito Sur de California en San Diego. Ahí escuchará su sentencia que podría oscilar desde un mínimo de 10 años en prisión hasta una cadena perpetua, además de una multa máxima de 10 millones de dólares.

«Metal» como lo conocían en la organización criminal, tiene una vía para reducir su pena: doblegarse a la justicia. Un abogado experto en la defensa de este tipo de casos, y quien pidió omitir su nombre, explicó a Plaza Pública que al declararse culpable y cooperar con la justicia estadounidense podría obtener una condena menor. Eso implicaría proporcionar lugares donde ocurrieron las transacciones, montos, conexiones, y el nombre de otras personas involucradas en los operativos; incluso si estas son familiares.  

La diputada no es el único familiar del joven que acaparó titulares de prensa.

El padre del acusado, Mario Augusto Castillo Salazar, alias «Tito», figuraba en la lista de los más buscados por el Ministerio de Gobernación y tenía una orden de captura por participar en una estructura de apoyo al Cartel de Los Huistas.  

En junio de 2021, uno de sus tíos maternos, Henry Hernández Herrera, hermano de la diputada Sofía Hernández, aceptó que colaboró con Los Huistas en un caso para obstaculizar a la justicia y lograr que liberaran a uno de sus integrantes, quien fue capturado portando 600 mil quetzales en efectivo que no pudo justificar. Fue condenado a tres años de prisión, pero la Juez de Mayor Riesgo le suspendió la pena condicional. Seis meses después, Henry Hernández fue acribillado durante un partido de futbol en Santa Ana Huista. El cuerpo lo encontraron en la palangana de un picop abandonado frente al Hospital Diocesano del municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.

El asesinato de Henry consternó a toda la familia. La diputada Sofía Hernández pidió a las autoridades una investigación y a la opinión pública no tergiversar la noticia, pues destruía la reputación de su familia.  «Hemos sido una familia de trabajo, que ha luchado de manera honesta para salir adelante y ayudar siempre a los demás, con humildad y cariño», afirmó la legisladora.

«Metal» los acerca más al líder de Los Huistas

Castillo Hernández fue capturado y extraditado a EE.UU. junto a los hermanos Jorge Alexander Campos Oliva, alias «Peluda»; y Fabio Josué Campos Oliva, alias «Black Chivita». También analizan declararse culpables para tratar de obtener una sentencia menor.

Sus capturas fueron resultado de la «Operación Guerrilla Unit», una investigación de varios años enfocada en perseguir y capturar a traficantes de cocaína de alto nivel que operan en el Noroeste de Guatemala. Es dirigida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

La operación y las capturas hubieran pasado desapercibidas pero aportó insumos importantes. Permitió recabar información que utilizaron para acusar a Eugenio Darío Molina López, alias «Don Darío», líder de Los Huistas.

Al Departamento de Estado de EE.UU. le interesa tanto capturar a Molina López que tomó dos medidas: Primero, ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a él. Segundo, en marzo de 2022 incluyó a Los Huistas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, provocando que todos sus activos en EE. UU. quedarán congelados, y que los ciudadanos estadounidenses tengan prohibido tratar con ellos.

«Este caso es uno de los procesos por tráfico de drogas más importantes, completos y a gran escala de este distrito», dijo el fiscal federal Randy Grossman al anunciar la recompensa. «Estamos trabajando incansablemente para desmantelar los cárteles, acabando con sus líderes, uno por uno» agregó.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) percibe a Los Huistas como una célula de transporte crítica en la red de suministro de cocaína de Sudamérica hacia EE.UU., por lo que han dedicado desde hace varios años a desmantelarla y capturar a sus líderes que aún están prófugos.

El origen de Los Huistas

Un viejo informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación revela que desde 2007 Los Huistas ya era considerada una organización importante de tráfico de drogas liderada por Molina López, alias «Don Dario» o «Molis», junto a Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como «Chicharra».

Iniciaron sus actividades ilegales a finales de los años 80 y principios de los 90, se dedicaban al contrabando y el trasiego de migrantes.

Luego evolucionaron a actividades más rentables como el tráfico de drogas y armas, indicó el un ex funcionario de Gobernación consultado para la elaboración de esta publicación y quien, por seguridad, se omite su nombre. Hace 17 años ya estaban identificados como una organización relacionada con el Cartel de Sinaloa y que operaba en los municipios de Santa Ana y San Antonio Huista, La Democracia, Nentón, La Libertad y Jacaltenango en Huehuetenango.

En noviembre de 2008 una emboscada perpetrada por «Los Zetas» ―ex brazo armado del Cartel del Golfo―, intentó asesinar a varios miembros de Los Huistas, entre ellos Walter Arelio Montejo Merida, alias «El Zope», cuñado de «Chicharra». El ataque ocurrió después de una carrera de caballos en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, y dejó 17 personas muertas. Una de las hipótesis de las causas de la masacre apuntaba a una represalia por un tumbe de drogas; otra indica que el conflicto nació por un descontento tras una apuesta de 1 millón de dólares perdida en la carrera de caballo; y una tercera menciona una trampa tendida por los Zetas.

El ataque fue tan escandaloso que sacó a Los Huistas del anonimato, quedando expuestos a la mira de las autoridades estadounidenses. 

Cuatro años después fue detenida la primera persona que delató a la estructura. Walter Montejo ―cuñado de «Chicharra»― fue capturado en junio de 2012 y extraditado a Estados Unidos en marzo de 2013, donde se convirtió en colaborador de la justicia estadounidense para varios casos de narcotráfico. Montejo declaró en contra de los hermanos Waldemar y Elio Lorenzana Cordón, hoy condenados a cadena perpetua.

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Temporada de pesca, la caída de Aquaman

El 16 de julio de 2012 el Presidente Otto Pérez Molina suscribió un acuerdo con el Gobierno estadounidense para incorporarse a la «Operación Martillo», un operativo antidrogas y de control del crimen organizado que se desarrollaría en aguas centroamericanas con la participación de Canadá, Belice, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, España, Holanda, Reino Unido y los EE.UU.

El objetivo era lanzar una red para atrapar a los grupos de narcotraficantes en el mar, la vía preferida para mover sus cargamentos. Según el gobierno estadounidense, un 80 % de la cocaína que llega a EE.UU. es transportada desde puntos estratégicos en Colombia y Ecuador, y emplean a organizaciones centroamericanas que abastecen y protegen los cargamentos.

Un grupo de 171 marinos estadounidenses se asentaron en la Base Naval del Pacifico y la Base de Paracaidistas en Puerto Quetzal, para iniciar operativos conjuntos por aire, mar y tierra. 
La red estaba puesta y la pesca inició.

Para el 2013 los registros oficiales del Comando Sur de EE.UU. daban cuenta del decomiso de unas 222 toneladas de cocaína y 41,606 fardos de marihuana. Cuatro años después, estimaron que la incautación ascendió a 693 toneladas de cocaína, 25 millones de dólares, la captura de 1,863 traficantes y 581 embarcaciones.

«La operación (Martillo) ha logrado un incremento en las capturas, pero el resultado más positivo ha sido la participación de las fuerzas de las naciones socias hacia la meta de contrarrestar el crimen organizado transnacional», indicó Christopher Tomney, director de la Joint Interagency Task Force South  (JIATF), fuerza multiagencias para la lucha antidrogas con sede en Cayo Hueso, Florida.

Pero aún hacía falta capturar a los peces gordos que dirigían el trasiego de cocaína por alta mar.

En el segundo semestre de 2017, la Guardia Costera de Estados Unidos logró la detención de varios cargamentos claves.

El 19 de mayo de 2017 capturó una embarcación con 810 kilos de cocaína; el 23 de mayo una lancha rápida con 989 kilos; el 9 de noviembre un cargamento de 750 kilos; el 16 de diciembre otro envío de 1,082 kilos; y el 27 de enero de 2018 un cargamento de 601 kilos de cocaína. Las drogas y los detenidos fueron trasladados a la base en San Diego, donde se les inició proceso por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de California.

La información obtenida con dichas capturas llevó a la Fiscalía tras la pista de Luis Carlos Melgar Morales, alias «Aquaman». Lo detuvieron el 26 de enero de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, cuando intentaba abordar un avión para regresar a Guatemala. 

En las acusaciones presentadas pocos días antes en la Corte del Distrito Sur de California, fue señalado junto a sus jefes William Estuardo Lemus Lara, y su hermano Josué Adán Lemus Lara; así como a su socio Rafael Orlando Ramírez Barillas, alias «Thor».

El testimonio de «Aquaman» sería el que, con el tiempo, ataría la relación entre Los Huistas, los cárteles de Suramérica, y un hombre que «naufragó» tres veces.

El «náufrago» que hundió a Los Huistas

El 15 de junio de 2015, el buque mercante Maersk Batur rescató a Jamil Caicedo, un pescador colombiano que viajaba junto a dos ciudadanos ecuatorianos. 

La pequeña lancha sin motor viajaba a la deriva en aguas perdidas del Océano Pacifico, lejos, muy muy lejos de casa.

El barco carguero los llevó al punto de tierra más cercano, a Auckland, Nueva Zelanda, a 12,313 kilómetros de distancia de Colombia. La Cancillería colombiana pagó su hotel en Auckland, le suministró ropa y hasta le llevó a conocer la ciudad. Luego pagó su viaje de regreso a Colombia.  

Según la historia publicada por el diario El Tiempo, Caicedo salió a probar suerte en la pesca con dos amigos ecuatorianos, pero horas después fueron atracados en pleno océano. Afirmó que los amenazaron con armas y les robaron el motor de su lancha, quedando a la deriva.  

«Estuvimos 15 días sin saber nada, ni dónde había tierra… nada», declaró. Según el pescador, lograron sobrevivir gracias a las frutas y el agua que llevaban en la lancha: «teníamos comida para ocho días y a partir de los 13 días nos quedamos sin víveres (…) lo único que teníamos era agua.  Creímos que no íbamos a volver a ver a la familia, con el mar tan grande que es no había muchas posibilidades de salvarnos. Uno piensa que se va a morir».

Lo que el célebre náufrago omitió contar, y que luego reveló El Tiempo, es que Caicedo había sido repatriado ya dos veces durante el último año. La primera llegó desde Panamá, y la segunda desde Ecuador, donde fue rescatado en febrero de 2015 por un guardacostas de EE.UU. 

Es decir, lejos de ser un accidente, naufragar parecía un hábito.

Según el reporte oficial, el buque de la guardia costera estadounidense lo encontró la primera vez en aguas del Pacífico con los ecuatorianos Carlos Leonardo Angulo y Alfredo Guerrero Batioja. Caicedo aseguró que su motor se dañó y llevaban diez días a la deriva. El guardacostas lo entregó a las autoridades panameñas que lo devolvieron a Colombia, donde regresó el 4 de febrero del 2015.

La suerte se le acabaría pronto.

Tres años después de su último supuesto naufragio, el 3 de abril de 2018, Caicedo fue capturado ―no rescatado― por un guardacostas de EE.UU. cuando viajaba a bordo de una lancha rápida con un ciudadano ecuatoriano, otro colombiano y un guatemalteco, a unas 430 millas náuticas al sur de México y Guatemala.

Los guardacostas estadounidenses descubrieron en la embarcación un cargamento de 461 kilos de cocaína, por lo que fueron detenidos y trasladados a San Diego. Los acusaron por narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de California.

Los cuatro detenidos reconocieron su participación en el trasiego de cocaína, se declararon culpables de los cargos y colaboraron con las autoridades estadounidenses para obtener una sentencia menor. Caicedo, de nuevo, omitió varios detalles en su testimonio, por lo que obtuvo una condena de 108 meses de prisión, mayor que los 80 y 96 meses que obtuvo el resto de su tripulación.

Caicedo dijo a los fiscales que hizo ese viaje porque era un pescador pobre de Tumaco, Colombia; que sus hijos dependían de él, y que su madre tenía cáncer, por lo que necesitaba el dinero que le pagarían por llevar la cocaína a México. El pago ―dijo― oscilaba entre 30 mil y 50 mil dólares. El capitán de la embarcación recibiría 60 mil y el negociador guatemalteco cobraría 125 mil. 

Lo que omitió contar, y luego descubrió la fiscalía, es que Caicedo y Mauro Ojeda ―el otro colombiano capturado―, iban armados, pero al ser detenidos por el guardacostas estadounidense arrojaron sus fusiles al mar. Eran los encargados de proteger el cargamento. 

Caicedo aseguró que solo era parte de la tripulación y que el capitán del barco era el ecuatoriano. En esa parte tenía razón. Con el historial de naufragios de Caicedo (tres solo en 2015) sus jefes ya no le confiaron esa función.

Los fiscales estadounidenses le mostraron una foto de los capturados a Melgar Morales, «Aquaman», y este reconoció a tres de los cuatro capturados. Al ver el retrato del náufrago, confirmó que le había trabajado cargas anteriores. Dijo incluso que Caicedo había estado en su casa en Guatemala (Melgar vivía en una mansión en la zona 10) entregando cocaína, y corroboró que su hermana era miembro de una facción de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); y que controlaba el área (Tumaco en Nariño) con quien había coordinado en relación a los cargamentos de drogas que realizaba. 

Tras el testimonio Caicedo quedó abierta una puerta para que la investigación siguiera en Guatemala.

Operación Arpón de Neptuno

Con todas las capturas y la información recogida, las autoridades estadounidenses estaban listas para pescar a los peces gordos que utilizaban la ruta de Tumaco, Colombia, hacia Guatemala para trasegar cocaína que luego era vendida a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 14 de agosto de 2018 fue lanzada la operación «Arpón de Neptuno» en la que las fuerzas de seis países (Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador y México con el apoyo de EE.UU.), se unieron durante más de tres días consecutivos para realizar operativos transnacionales y desarticular una estructura de narcotráfico. El resultado fue de 38 personas capturadas en los cinco países.
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público (MP) la red investigada tendría relación con Ismael Mario Zambada García, alias «el Mayo Zambada», líder del Cártel de Sinaloa, uno de los capos más importantes del mundo, socio de Joaquín «el Chapo» Guzmán. Actualmente el Cartel de Sinaloa está dividido en dos grupos: uno bajo el mando de el «Mayo Zambada», y la otra fracción controlada por los hijos del «Chapo Guzmán» conocidos como «Los Chapitos”.

El modus operandi consistía en que las drogas elaboradas en laboratorios clandestinos de Colombia eran trasladadas a Centroamérica desde puertos clandestinos en Tumaco y Ecuador, por medio de lanchas rápidas a Guatemala donde eran almacenadas y posteriormente transportadas a la frontera con México, donde era vendida a los carteles mexicanos que las introducían a las ciudades de EE.UU.
Durante el operativo en Pereira, Colombia, fue capturado el guatemalteco Josué Adán Lemus Lara, alias «Chema», originario de Concepción Las Minas, Chiquimula, quien se radicó en ese país a inicios del 2017 bajo la identidad de un exitoso empresario de café. Su fin era tener el control de la producción y transporte de cocaína desde Tumaco hacia Costa Rica, Guatemala y México, para abastecer al Cártel de Sinaloa. Y un par de meses antes, fue capturado su hermano, William Estuardo Lemus Lara, alias «Humilde», durante un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional Civil y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) en Chiquimula.

Según los registros públicos, los expedientes de los hermanos Lara están vinculados estrechamente con el del máximo líder de Los Huistas, «don Darío».

Todos los operativos apuntaron a Los Huistas

Para 2018 los cabos estaban cada vez más atados y la información recabada le permitió a la justicia estadounidense armar expedientes más sólidos, esta vez, en contra de Los Huistas, cartel para el cual trabajaba desde al menos un año antes el sobrino de la diputada Hernández.

El 1 de agosto de ese año, la Fiscalía acusó de narcotráfico a Samayoa Recinos, alias «Chicharra», colíder de Los Huistas, ante la Corte del Distrito de Columbia en Washington D.C. Un año antes, el 30 de mayo de 2017, fue acusado a su yerno, Salazar Flores, diputado suplente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), también por cargos de narcotráfico.

Salazar fue diputado por el partido Lider ―propiedad de Manuel Baldizón (capturado y declarado culpable en EE.UU.)―; reelecto por la agrupación Unión de Cambio Nacional (UCN) ―uno de los partidos medianos en el Congreso y que fue identificado por la Embajada de EE. UU. como de «Ideología narco» bajo el mando de Mario Estrada (capturado y condenado en EE.UU. por cargos de narcotráfico)―; y buscaba la reelección por Prosperidad Ciudadana ―partido con poca relevancia entonces encabezado por el presidenciable Carlos Pineda―. Perdió la inmunidad en julio de 2023.

El 1 de noviembre de 2018 la Fiscalía de San Diego acusó a otro familiar del líder de Los Huistas. Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias «Kraken», yerno «don Darío», por cargos de narcotráfico ante la Corte del Distrito Sur de California. Su caso está asociado a los hermanos Lemus Lara. 

El mismo día Melgar Morales, alias «Aquaman», de 28 años de edad, se declaró culpable de los cargos ante el Juez Dana Sabraw, y reconoció que durante dos años (de enero de 2016 a enero de 2018) fue gerente de una organización que conspiró para enviar más de 10,000 kilos de cocaína hacia EE.UU., los cuales fueron valorados en 600 millones de dólares.

Indicó que, bajo la dirección de William Lemus Lara, dispuso de lanchas rápidas para transportar cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica y Guatemala.
Finalmente, el 29 de enero de 2019 la Fiscalía acusó a «Don Darío», jefe de Los Huistas.

Primeras condenas

El 1 de marzo de 2020 el Juez Dana Sabraw condenó a «Aquaman», quien tuvo como abogada defensora a la «ex fiscal de hierro», Bonnie Klapper, la misma defensora de Marllory Chacón. Lo sentenciaron a 144 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de 100 mil dólares.

El 27 de enero de 2023 el mismo juez condenó a uno de los hermanos Lemus Lara, William, líder de la organización de transportistas de droga que proveía a Los Huistas y a los carteles mexicanos, a 210 meses de prisión, 5 años de libertad supervisada así como una multa de 200 mil dólares.

El 19 de enero de 2024, condenó a Rafael Orlando Ramírez Barillas, alias «Thor», empleado de Aquaman y los hermanos Lemus Lara, a 121 meses de prisión. La próxima condena será la de Josué Adán Lemus Lara a quien un jurado declaró culpable el 2 de noviembre pasado.

A pesar de la recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a la captura de «Don Darío», este continúa libre al igual que el resto de líderes de la organización.   

El primer miembro conocido de Los Huistas a ser condenado en EE.UU. será Jean Carlo Castillo Hernández, sobrino de la diputada por Huehuetenango. En los expedientes públicos, su caso está asociado directamente al de «Don Darío». Según los expedientes públicos, la siguiente audiencia está programada para el próximo 29 de marzo. Si la sentencia resulta relativamente baja, significa que proporcionó información relacionada a sus contactos y toda aquella que le soliciten las autoridades de EE. UU.

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

 

El presente artículo fue publicado bajo las garantías respaldadas por la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, que en su artículo 35 indica que «No constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación». En el capítulo IV de la citada ley se establecen las responsabilidades de los medios de comunicación ante la solicitud del derecho de respuesta. Por esta razón se publica la carta enviada por la diputada Sofía Hernández a la redacción de Plaza Pública. Puede descargarse aquí.