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Violación, el crimen silenciado

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45,509 de los jóvenes que participaron en la Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011), el 2.4 por ciento de la muestra, admitieron que su primera relación sexual había ocurrido en contra de su voluntad. Una sistematización de casos de violación atendidos por la Fundación Sobrevivientes reveló que el 80% de las víctimas tenían entre 13 y 17 años.
Según la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM), en 2011, el sistema nacional de salud atendió 3,046 partos en niñas de entre 10 y 14 años. “Esto significa que tendría que haber habido 3,046 denuncias y procesos abiertos, cosa que no sucedió”, afirma Mirna Montenegro, presidenta de la AGMM.
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Violación, el crimen silenciado

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Sucede con frecuencia en el hogar, y ocurre también en el trabajo y en la calle. En muchos casos, el agresor es un familiar o una figura de autoridad. La violación sexual deja profundas secuelas físicas y psicológicas. Las estadísticas podrían ser mucho más dramáticas de lo que ya son. Pero el sistema provoca que las víctimas guarden silencio y no reciban apoyo y, mucho menos justicia.

Magalí Fuentes –por ser menor de edad, se utiliza un nombre ficticio–, tenía 16 años cuando salió de su casa, en la colonia Villa Hermosa, San Miguel Petapa, como había hecho en tantas otras ocasiones, y se dirigió a la librería para comprar las hojas que necesitaba para su tarea escolar, sin saber que una mirada seguía cada uno de sus movimientos.

Cuando un hombre, de unos 50 años la detuvo a media calle, y le dijo que su tía –quien padecía de hiperglucemia––  había sufrido un desmayo, jamás tuvo motivo alguno para sospechar de él, ya que era un conocido de la familia que ayudaba al pastor de la iglesia evangélica a la que la adolescente asistía cada domingo con su familia.

Le dijo que la conduciría a Ciudad Real, donde supuestamente habían llevado a su tía, pero al llegar al lugar no había nadie, sólo una casa vacía. Cuando se dio cuenta de que había sido engañada, era demasiado tarde.

Empujándola con fuerza, el hombre la metió en la casa, cerró la puerta, echó llave para que no pudiera escapar, y le advirtió que si gritaba la mataría a ella y a toda su familia. Con movimientos bruscos comenzó a desnudar el cuerpo delgado y tembloroso de la muchacha y la violó.

Bajo la amenaza de que si hablaba, ella y su familia pagarían el precio, Magalí regresó a su casa y se encerró en su habitación sin decirle una palabra a su madre. Ir a la iglesia, los domingos, se convirtió en un suplicio. “Siempre que íbamos a la iglesia se me quedaba viendo con una mirada fea… Me acosaba, me decía cosas feas”, recuerda la joven. Habla en voz baja, a veces apenas audible, pero se mantiene serena.

Con el paso de las semanas, su madre y su tía comenzaron a notar que Magalí ya no era la misma. La joven se había vuelto huraña y taciturna, era reacia a salir de la casa por temor a encontrarse con aquel hombre.

Después de varios meses y con signos visibles de embarazo, fue imposible seguir ocultando lo que había sucedido. Su madre nunca ha dejado de apoyarla, pero en la escuela –a pesar de haber sido una estudiante modelo– le dijeron que no podía regresar hasta que hubiera dado a luz.

En junio de 2011, seis meses después de que Magalí tuviera a Sergio (nombre ficticio) –un niño de un año y medio que rebosa energía– la joven acudió al Ministerio Público (MP), acompañada por su madre, para interponer una denuncia contra el presunto agresor.

El miedo a denunciar

Ana Gladis Ollas, Defensora de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que casos como el de Magalí, en los que la víctima guarda silencio por temor, son comunes.

Ollas cita la vergüenza, el temor a represalias  por parte del agresor, limitaciones en el acceso a centros de asistencia y barreras sociolingüísticas, en el caso de las mujeres indígenas, como algunos de los principales motivos por los cuales las víctimas callan.

El temor es un problema particularmente recurrente cuando la víctima es menor de edad, cuando la agresión fue cometida por un familiar cercano, una pandilla o un individuo o grupo vinculado al crimen organizado, y en las poblaciones pequeñas donde todos los vecinos se conocen y la víctima es más vulnerable a las represalias y a la estigmatización social.  Además, los hombres que sufren una agresión sexual casi nunca denuncian. Por esta razón, afirma Ollas, es muy probable que las estadísticas oficiales sean conservadoras y no reflejen la magnitud del problema.

De 2008 a la fecha, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reporta un total de 16,642 evaluaciones clínicas por violencia sexual realizadas luego de que la víctima denuncia el delito ante el MP, de las cuales 15,212 fueron practicadas a mujeres y 1,430 a hombres. 

Pero aunque persiste la renuencia a denunciar, el número de evaluaciones realizadas aumentó de 2,522 en 2008 a 3,949 en 2011, un incremento del 56 por ciento en cuatro años, lo cual podría evidenciar que un mayor número de víctimas está rompiendo el silencio o, en el peor de los casos, que ha aumentado el número de violaciones.

El hogar es más peligroso que la calle

Para que una víctima se atreva a denunciar la violación, sobre todo cuando es menor de edad, es fundamental el apoyo que pueda recibir por parte de su familia, afirma Ollas. La madre de Magalí, al enterarse de lo que había sucedido, decidió apoyar a su hija y lo único que le recriminó fue haber tardado en romper el silencio.

Ese no fue el caso de Iris López, quien fue violada por su tío cuando tenía 11 años. “Mi mamá lo que hizo fue pegarme y decirme que esas cosas no las debía de repetir. Eso marcó mucho mi vida”, afirma. No volvió a hablar del trauma que había sufrido hasta los 27 años.

45,509 de los jóvenes que participaron en la Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011), realizada por la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico (SESC), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE), es decir, el 2.4 por ciento de la muestra, admitieron que su primera relación sexual había ocurrido en contra de su voluntad.

Otra estadística: una sistematización de casos de violación atendidos por la Fundación Sobrevivientes reveló que el 80% de las víctimas tenían entre 13 y 17 años. Aunque  las estadísticas  del INACIF no especifican la edad de las víctimas, la Fundación Sobrevivientes, la PDH y todas las fuentes entrevistadas para la elaboración de este reportaje coinciden en que los menores de edad constituyen un grupo particularmente vulnerable y la mayoría de las violaciones –posiblemente hasta ocho de cada diez casos– ocurren en el seno del hogar y son perpetradas por familiares de la víctima o por figuras de autoridad con quienes la familia tiene una relación de confianza– como el pastor de una iglesia, un maestro o un cuidador.

Según la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas (AGMM),  en 2011, el sistema nacional de salud atendió 3,046 partos en niñas de entre 10 y 14 años. “Esto significa que tendría que haber habido 3,046 denuncias y procesos abiertos, cosa que no sucedió”, afirma Mirna Montenegro, presidenta de la AGMM.

La última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), realizada en 2008 también contiene otra cifra reveladora: el 30% de las mujeres encuestadas a nivel nacional que tuvieron relaciones sexuales antes de los 13 años, las habían tenido con un familiar.

Los casos en los que la víctima es menor de edad y el agresor es un familiar son particularmente complejos, afirma Ana Gladis Ollas, Defensora de los Derechos de la Mujer de la PDH, ya que cuando la víctima se atreve a romper el silencio, el progenitor frecuentemente se niega a creerle, como sucedió en el caso de Iris López, o decide encubrir el hecho por miedo a destruir a la familia o a perder al jefe de hogar que provee el sustento económico, cuando el agresor es el padre o padrastro.

En algunos casos, cuando un menor de edad es agredido sexualmente por un familiar durante un período prolongado de tiempo, desarrolla un vínculo afectivo con el agresor, el llamado “síndrome de Estocolmo”, otro motivo por el cual guarda silencio.

Ollas también recalca que la violencia intrafamiliar está estrechamente relacionada con la agresión sexual, es decir, que muchas mujeres que sufren abuso físico también son violadas por sus parejas.  

Claudia Hernández, subdirectora de la Fundación Sobrevivientes, agrega que las agresiones cometidas por un familiar son las más difíciles de demostrar. “A veces pasan años antes de que se detecte. No se descubre hasta que la víctima muestra heridas o queda embarazada.”

La violación: una emergencia médica

Las estadísticas brindadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) muestran que del 2009 a la fecha, sólo 1,239 personas en todo el país recibieron atención médica por violencia sexual, es decir, entre 6% y 9% de las víctimas que denunciaron el delito ante el MP.

Adriana Maruri, una psicóloga que trabaja en el proyecto de atención a sobrevivientes de violencia sexual de Médicos Sin Fronteras (MSF), explica que este porcentaje es alarmante, ya que recibir atención médica y psicológica durante las primeras 72 horas después de la agresión es de crucial importancia para prevenir un embarazo no deseado y la transmisión de enfermedades venéreas como el VIH/SIDA.

Como confirma un estudio recién publicado por el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+), el cual reveló que el 67% de las entrevistadas –mujeres de diferentes edades con VIH/SIDA– fueron víctimas de violencia psicológica, física o sexual, existe una fuerte correlación entre la agresión sexual y el contagio de enfermedades venéreas.

MSF inició su trabajo en Guatemala hace más de 20 años, apoyando a la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, donde se dio cuenta de que muchas de las víctimas que eran referidas a ese centro asistencial habían sufrido una agresión sexual.

Maruri explica que tras detectar que la violencia sexual era uno de los problemas más preocupantes y desatendidos en el país, en 2007, la organización comenzó a brindar atención médica y psicosocial a las víctimas en el Hospital San Juan de Dios y la Oficina de Atención a la Víctima del MP, centros que permanecen abiertos las 24 horas del día. El servicio también está disponible, en un horario más limitado en tres clínicas ubicadas en las zonas 1, 7 y 18, las cuales fueron traspasadas al MSPAS en 2010 y 2011.

En estos centros, se le administra a la víctima un kit que incluye la pastilla anticonceptiva de emergencia con la cual se previene el embarazo hasta 72 horas después de la violación, y antiretrovirales para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y se le brinda, además, apoyo psicológico e información sobre cómo poner una denuncia y a dónde acudir para continuar con el tratamiento.

“La violación es una emergencia médica”, recalca Maruri, motivo por el cual  MSF ha realizado campañas informativas sobre la importancia de buscar ayuda inmediatamente después de la agresión, mediante afiches colocados en el transporte urbano y charlas informativas impartidas a líderes comunitarios y organizaciones sociales.

Aunque no se han realizado estudios de impacto que demuestren hasta qué punto han sido efectivas estas campañas, al cotejar las cifras del INACIF y del MSPAS surge un dato que pareciera indicar que un creciente número de víctimas está tomando consciencia de la importancia de buscar tratamiento médico: en 2009, el 6% de las mujeres que presentaron una denuncia ante el MP fueron atendidas en un centro de salud, cifra que ha incrementado a un 37% en lo que va del año. 

Atención a la víctima: obligación del Estado

Entre los avances logrados en los últimos años, se encuentra la creación de un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, implementado por el MSPAS a nivel nacional a partir de enero de 2010, el cual establece la obligatoriedad de administrarle a cada paciente el kit de emergencia. En caso de que esto no se cumpliera, el paciente tendría el derecho de iniciar una acción legal en contra de las autoridades.

Lissette Vanegas, directora de la Unidad de Género del MPSAS, afirma que los kits, cuya adquisición es financiada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), se han distribuido en 24 hospitales, donde 200 proveedores de salud (médicos, enfermeras y psicólogos) han sido capacitados sobre su uso correcto y la implementación del protocolo.

La atención brindada por el MSPAS se divide en 29 áreas geográficas, cada una de las cuales cuenta con al menos un hospital, y se subdivide en centros y distritos de salud (la unidad más pequeña). Hasta ahora, sólo dos departamentos –Alta Verapaz y San Marcos, – aquellos donde se reportan más casos de violencia sexual–  han capacitado a todos sus distritos.

Vanegas admite que la capacitación de todos los distritos del país sigue siendo una tarea pendiente, debido a la falta de recursos.

Otro avance ha sido la firma de un convenio, en 2011, entre el MSPAS, el INACIF, el MP, y otras instancias, que busca mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de atender a las víctimas. Los proveedores de salud del MSPAS, por ejemplo, deben tener conocimiento de los procedimientos a seguir para guardar las prendas de vestir de la persona que sufrió una agresión sexual, de manera que el MP pueda procesarlo como evidencia.

Sin embargo, Emilio Hernández, director del área de salud de Baja Verapaz, afirma que en la práctica los protocolos no siempre se cumplen: “En el hospital de Baja Verapaz sólo hay un kit pero está bajo llave, lo cual significa que no está disponible las 24 horas. El MSPAS sí ha hecho el esfuerzo de capacitar a los cuadros de dirección pero no hay la misma entrega y disponibilidad por parte del personal operativo. Lo de los protocolos no está bien interiorizado y los médicos tienen miedo de hablarle a la gente por temor a verse involucrados en un proceso legal. Recientemente una doctora prácticamente tuvo que forzar al director de un distrito a hacer la denuncia”.

Ana Gladis Ollas, Defensora de los Derechos de la Mujer de la PDH y Adriana Maruri, de MSF, coinciden con Hernández: “La persona que ha sido violada se convierte en una prueba andante pero los médicos le tienen mucho miedo al tema legal y a ser llamados por el MP”, afirma Maruri.

Mirna Montenegro, presidenta de la AGMM agrega que en algunos casos, la falta de recursos generalizada que prevalece en el sistema nacional de salud ha obligado a los profesionales médicos a romper los kits y sustraer algún componente específico, como los antiretrovirales, por ejemplo, de manera que quedan incompletos y ya no cumplen su función.

En cuanto a la coordinación con otras instituciones, dijo que el miedo a denunciar es particularmente fuerte en las poblaciones pequeñas donde las personas se conocen y los médicos tienen miedo a represalias. No obstante, afirma que sí ha habido casos donde los protocolos se han aplicado exitosamente. Montenegro cita el caso de Puerto Barrios, donde los médicos del hospital departamental se dieron cuenta de que la mayoría de las mujeres atendidas por violencia sexual habían sido agredidas en un taxi, información que compartieron con la policía y las autoridades municipales para que se creara un registro de taxistas que facilitara la investigación de los casos. 

Superar el trauma

“Sentía miedo. No se me podía acercar un hombre porque me asustaba mucho. Me sentía muy sola y al principio no quería decir nada”, recuerda Magalí Fuentes.

Claudia Hernández, subdirectora de la Fundación Sobrevivientes, organización que le ha brindado asistencia psicológica y legal a la joven, explica que entre los síntomas que manifiestan las víctimas de la violencia sexual se encuentra el miedo a salir a la calle y al contacto con personas del sexo opuesto, el retraimiento, la depresión, la vergüenza, un sentimiento de culpa y la pérdida de la autoestima. Otro sentimiento común es el odio y el resentimiento. Si la víctima no recibe atención psicológica inmediata, puede desarrollar trastornos depresivos o ansiosos que pueden resultar en tentativas de suicidio.

En el caso de los niños y niñas, los síntomas incluyen la falta de control sobre la orina y la defecación, la regresión del lenguaje, berrinches frecuentes, bajo rendimiento escolar y una evasión o demasiado interés en los temas relacionados con la sexualidad.

La recuperación, afirma la psicóloga Flor de María Díaz, quien trabajó durante nueve años en el programa de atención a las víctimas de violencia sexual del Hospital Roosevelt, es un proceso largo que puede durar varios años, ya que “los problemas psicológicos superan el dolor físico”.

“En el caso de las adolescentes es más difícil la recuperación porque tienden a no tener objetivos y metas definidas, mientras que las madres, de 25 años en adelante, muestran “resiliencia”, es decir, una fuerza interior que les permite enfrentar lo que pueda venir para sacar adelante a sus hijos”, explica Díaz.

La atención psicosocial es fundamental para romper el ciclo de violencia, asegura Nora Patricia Enríquez, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital Roosevelt, especialmente cuando una víctima es menor de edad, ya que de lo contrario puede interiorizar el abuso como una conducta normal. “Vino una joven y me dijo: “Yo creía que eso era parte de la vida”. Cuando el abuso ocurre en el hogar, les dicen, “como te quiero, lo hacemos”, hasta que caen en la cuenta y luego guardan resentimiento,” explica Enríquez.

La psicóloga agrega que en el caso de las mujeres que resultaron embarazadas producto de una violación es muy importante trabajar en la aceptación del bebé, de manera que se rompa la asociación entre el niño o niña y las circunstancias violentas en que fue procreado. “A veces son muy buenas mamás, otras veces las mujeres que han sido maltratadas se vuelven sobreprotectoras y otras veces descargan sus frustraciones en el hijo, y el hijo que nació como producto de la violación es el más desnutrido y el que siempre se atiende de último”.

Magalí recibió sesiones semanales de terapia psicológica durante casi un año en la Fundación Sobrevivientes. “La psicóloga decía que si sacaba lo que llevaba dentro me podía ayudar. Me dijo: olvidar no puedes, pero sí vivir con eso”, cuenta la joven. Con el apoyo que recibió, logró aceptar a su hijo, ha retomado sus estudios y sueña con ir a la universidad.

Una sociedad que incuba violencia

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), documentó 1,465 casos de violación durante el conflicto armado interno en Guatemala. “La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente (…) Las víctimas directas fueron principalmente mujeres y niñas, pero también fueron ultrajados sexualmente niños y hombres. Las violaciones sexuales causaron sufrimientos y secuelas profundas tanto en las víctimas directas como en sus familiares, cónyuges y comunidad entera”, reza el informe.

Para Flor de María Díaz, al finalizar la guerra, las maras y el crimen organizado han sustituido al ejército como agentes de terror, empleando las mismas tácticas que conciben a los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. “Ahora se usa para marcar territorio, para decir “estas son mis mujeres y aquí mando yo”. Violar a cierto número de mujeres muchas veces es un requisito para entrar a la mara”, afirma la psicóloga.

Díaz afirma que atendió a una niña de 15 años que había sido violada por 38 mareros, en dos ocasiones separadas, luego de que se rehusó a hacerse novia de uno de ellos. La pandilla apedreaba su casa, hostigaba a la familia entera y el acoso llegó a tales niveles que las organizaciones a las cuales pidieron ayuda, barajaron la opción de sacarla del país.

Hasta ahora, en Guatemala, no se ha realizado ningún estudio sobre el perfil del agresor sexual y las condiciones que lo incuban. Díaz lo caracteriza como un individuo que experimenta placer al imponerse sobre un ser físicamente más débil. En muchos casos esa conducta no se manifiesta en todos los ámbitos de su vida, lo cual significa, por ejemplo que un agresor puede llevar una vida matrimonial “normal” y a la vez ser un violador en serie.

También asegura que entre los agresores hay un buen número de individuos que fueron víctimas de diferentes tipos de violencia –incluyendo la violencia sexual–– durante su niñez. “Llegó al hospital un hombre al que le habían macheteado el brazo después de que violó a una joven. Después de que había sido violado y maltratado por su familia, de niño, se convirtió en un sociópata”, narra la psicóloga a modo de ilustración.

Díaz afirma que al Hospital Roosevelt han llegado mujeres de todas las edades, etnias y clases sociales desde niñas de diez años que fueron violadas por un familiar cercano hasta mujeres septuagenarias que fueron violadas mientras salían a la tienda del barrio.

El educador Roberto Landaverry,  quien ha impartido talleres de equidad de género para hombres en más de diez municipios de Huehuetenango, Quiché, Sololá y Chiquimula, está convencido de que la persistencia de un modelo educativo profundamente patriarcal y machista incuba las condiciones que crean al violador.

“La relación sexual se ve como una obligación de la mujer, al extremo de que en algunos casos se ve como normal que los padres abusen de sus hijas”, afirma Landaverry. La iniciación sexual del hombre frecuentemente se da en un contexto de violencia y abuso, patrones que se repiten y se reproducen en etapas posteriores de la vida: “En Cuilco, Huehuetenango, un hombre contó que cuando tenía 14 años, un tío le pagó Q5 a una prostituta para que lo hiciera hombre. Lejos de sentir amor, sintió odio y frustración”.

Ana Gladis Ollas, Defensora de los Derechos de la Mujer de la PDH, afirma que en el ámbito rural estos factores socioculturales pueden verse agravados por las condiciones de hacinamiento en que vive gran parte de la población.

María Caal Yoc (por ser menor de edad cuando ocurrió el caso, se cambia su nombre), de Chuarrancho, Guatemala, tenía 16 años cuando fue enviada a casa de su tía, en la zona 19 de la ciudad capital, para trabajar como tortillera. La joven dormía en un petate en el suelo junto con sus tres primas, en una casa de un solo ambiente donde también dormían sus tíos y el yerno de la pareja. El ataque ocurrió en medio de la noche cuando sintió repentinamente una mano sobre su boca y un brazo masculino que le agarraba las manos, inmovilizándola. El ataque fue tan veloz y silencioso que las primas de María no despertaron. 

Debilidades en la aplicación de la justicia

En materia de investigación criminal, un avance fue la creación del INACIF en septiembre de 2007, institución que cuenta con un banco de semen donde se guardan las muestras que se le toman a la víctima para cotejar el DNA con el de los sospechosos. El INACIF también cuenta con psicólogos para evaluar a las víctimas, y los informes que rinden pueden utilizarse como evidencia ante un tribunal.

En el plano jurídico pueden citarse logros como la aprobación de la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en 2009, la cual tipifica clara y detalladamente los delitos de violación y agresión sexual, sustituyendo definiciones arcaicas contenidas en el Código Penal antes de esa fecha. La nueva ley estableció una pena de entre ocho y doce años por el delito de violación sexual, la cual puede incrementarse en dos terceras partes si la violación es grupal, si se utilizan armas o sustancias narcóticas, si la víctima es una mujer embarazada o una persona vulnerable por motivo de avanzada edad o discapacidad, cuando el agresor es un pariente o un responsable de la custodia de la víctima y cuando el agresor contagia a la víctima con una enfermedad venérea.

La ley también estipula que siempre se comete el delito de violación “cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aún cuando no medie violencia física o psicológica”. La Oficina de la Mujer del Organismo Judicial (OJ) ya ha capacitado a más de 100 jueces sobre el tema de la violencia sexual.

Sin embargo, las estadísticas del OJ muestran que de los 7,316 casos de violación sexual que ingresaron de 2009 a la fecha, el promedio anual de sentencias condenatorias no supera el 5%.

Si existe un marco legal adecuado, ¿dónde está fallando el sistema?

Claudia Hernández, subdirectora de la Fundación Sobrevivientes, enumera algunos factores: “El INACIF sólo tiene un psicólogo y un psiquiatra y no se dan abasto. Los casos en los que actuamos como querellantes siempre llevan un informe psicológico porque los del INACIF son un poco débiles y sólo usan la observación y la entrevista. Además, todavía tenemos jueces con una visión machista y patriarcal que siempre cuestionan “¿por qué la víctima no gritó? ¿Por qué no contó lo que le pasó?” y eso hace que las condenas sean bajas.”

Hernández también explica que a veces las víctimas desisten de continuar con el proceso por temor a ser sujetas a represalias o porque rehicieron su vida con una nueva pareja y temen que ésta no las acepte si llega a saber que sufrió una violación.

Casi un año después de haber denunciado la violación, Magalí Fuentes sigue esperando que se haga justicia. “En el MP nos dicen que ya tienen toda la papelería para hacer efectiva la orden de captura pero que no pueden hacerla efectiva porque –el presunto agresor–  cambió de dirección”, afirma la madre de la joven.

Se solicitó una entrevista con un representante del INACIF pero el vocero de esa institución, Ricardo Gatica, dijo que sólo el MP está autorizado para dar declaraciones. Plaza Pública se avocó a la Fiscalía de la Mujer del MP, donde se informó que Blanca Yolanda Sandoval, jefa de esa sección “no podía hablar con ningún medio de comunicación hasta nueva orden”.

¿Castrar al violador?

La falta de avances en la sanción de los agresores sexuales motivó al diputado Fernando García, del Partido Patriota, a presentar una iniciativa de ley que busca endurecer la pena impuesta por el delito de violación, de manera que el juez pueda ordenar la llamada “castración química” del agresor.

El procedimiento consiste en aplicarle inyecciones semestrales de acetato de medroxiprogesterona, una hormona esteroide que reduce los niveles de testosterona en el hombre, de manera que su impulso sexual sea comparable al de un preadolescente.

Bajo esta propuesta, la cual está siendo analizada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, si un agresor que ya ha sido sometido a la castración química reincide, el juez tendría la potestad de ordenar la castración quirúrgica.

La castración química se aplica en nueve estados de Estados Unidos, Canadá, la comunidad autónoma de Cataluña en España, Australia, Francia, Reino Unido, Suecia y Dinamarca, pero sólo de manera voluntaria, como condición para el otorgamiento de la libertad condicionada, entre otras circunstancias. En la mayoría de esos países se suele aplicar en el caso de los pederastas, y para algunos violadores con altos índices de reincidencia. Los estudios realizados en esos países demuestran que la reincidencia entre los agresores que acceden a someterse a ese procedimiento puede reducirse del 90% al 4%.

En los países donde existe la castración química voluntaria también se han conocido testimonios de agresores –principalmente pederastas– que afirman que el procedimiento les cambió la vida para mejor. Por ejemplo, en 2009, BBC World Service publicó el testimonio de un hombre canadiense que había sido encarcelado por posesión de pornografía infantil y el abuso de un menor de edad. Tras someterse a la castración química, afirma que había dejado de experimentar las fantasías sexuales con menores de edad que antes lo impulsaban a buscar a sus víctimas, y que había logrado rehacer su vida y entablar una relación sentimental con una mujer de su edad. Sin embargo, el entrevistado recalcó que era importante que el procedimiento se realizara de manera voluntaria, porque una imposición forzosa podía generar sentimientos de cólera y resentimiento contra el sistema que podía traducirse en un agravamiento de la conducta agresiva.

Sin embargo, el número de hombres que están dispuestos a someterse a ese procedimiento es bajo. Por ejemplo, en Cataluña, España, no ha habido, hasta ahora, ni un solo voluntario, y en la República Checa, sólo 85 hombres entre 2000 y 2011 accedieron a recibir las inyecciones.

Rusia y Moldavia, países que adoptaron la castración química este año, buscan aplicar la medida de manera obligatoria, como propone el diputado García. En Alemania y la República Checa existe la castración quirúrgica voluntaria, pese a que la práctica ha sido condenada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT). En América Latina, se ha debatido la posibilidad de implementar la castración química en México, Brasil, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, Chile, Honduras y El Salvador, pero hasta ahora ningún país de la región ha adoptado la medida.

La propuesta de García ha despertado críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos.  Héctor Oswaldo Samayoa, director de incidencia política del Instituto de Ciencias Comparadas en Estudios Penales (ICCPG) argumenta que riñe con la prohibición constitucional contra los castigos corporales y tratos degradantes contra los presos y califica la iniciativa como “populista”. La Fundación Sobrevivientes también se ha pronunciado en contra de la propuesta por las mismas razones. “Lo que hay que hacer es apostarle a la prevención para que ningún hombre llegue  a violar a una mujer”, agrega Landaverry.

Magalí Fuentes reflexiona sobre su experiencia y ofrece estas palabras a las víctimas de la violencia sexual: “Es normal el resentimiento, pensar: “¿por qué todo esto me lo hicieron a mí?” Pero yo les diría que sigan adelante, que no se queden en un mundo de soledad”. El problema es que Magalí es uno de los pocos ejemplos, en que la víctima denunció, recibió tratamiento y apoyo familiar y está en el proceso de obtener justicia. Cientos, ¿miles?, continúan en silencio.

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