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Veinte días y una esperanza para hallar cuerpos en San Miguel Los Lotes
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Personal de Covial dirige el tráfico en la carretera que rodea San Miguel Los Lotes, todavía sepultada por la erupción del volcán de Fuego / Simone Dalmasso

Veinte días y una esperanza para hallar cuerpos en San Miguel Los Lotes

“Se deshicieron de ellos como si fuesen ripio, cuando son humanos”, se queja. Por eso estallaron, dice, y por eso cortaron la vía.
La esperanza es que la Fundación Antropológica Forense ingrese en el terreno y solicite un permiso indefinido para la búsqueda.
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Las personas que perdieron a sus familiares en la erupción del volcán de Fuego han ganado tiempo para encontrar a sus muertos. Un plazo de 20 días; hasta el 11 de septiembre. A cambio se comprometieron a no cortar la vía cuando éste venza. Confían en que, para entonces, inicie sus trabajos en la zona cero la Fundación de Antropología Forense, la misma que se encarga de exhumar a víctimas del conflicto armado.

Antonio López Vázquez, de 34 años, tiene 20 días más para encontrar los restos de su papá, Jesús López Fernández, una de las víctimas de la tragedia del volcán de Fuego que permanecen sepultadas en San Miguel Los Lotes. El miércoles pasado, un acuerdo entre pobladores y el gobernador de Escuintla, Guillermo Domínguez, permitió que los familiares dispongan de un nuevo plazo para seguir buscando. La cuenta atrás ha comenzado y expira el 11 de septiembre. Un tiempo que, para López Vázquez, no es suficiente. A pesar de ello, ha aceptado el compromiso que, según el acta notarial firmada por los vecinos, incluye una cláusula por la que éstos se comprometen a no continuar con las protestas si vence sin resultados. La esperanza de López Vázquez es que, al término de estos 20 días, sea la Fundación de Antropología Forense la que se implique en la búsqueda. Hay conversaciones, pero por ahora la participación de la institución responsable de la exhumación de las víctimas del conflicto armado no está cerrada.

Han transcurrido dos meses y medio desde la erupción del Volcán de Fuego, el pasado 3 de junio, la más terrible en Guatemala de las últimas décadas. Según la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastres (Conred), la catástrofe provocó 169 fallecidos y 256 desaparecidos. Entre ellos se encuentra Jesús, el padre de Antonio. Su hijo ha convertido la búsqueda en su principal actividad. Perdió el trabajo en La Reunión, el campo de golf que quedó destruido en un 90%. Todos los días, pronto en la mañana, acude al acceso a Los Lotes y, junto con vecinos y voluntarios, excava en ese cementerio de lava y material volcánico en el que se convirtió la aldea. El efecto de sus trabajos es bien visible. Hace un mes, caminar por la comunidad era hacerlo sobre tres metros de tierra. Sobre el manto que sepultó las viviendas, reduciéndolas a pequeños salientes, como barcos hundiéndose en un naufragio. Ahora las máquinas han logrado acceder a muchas de las casas y San Miguel Los Lotes es una sucesión de enormes agujeros, de montañas de tierra y de viviendas destruidas con los tejados arrancados para encontrar cuerpos.

Simone Dalmasso

“Ahí encontramos 16 cadáveres la semana pasada”, dice López Vázquez, señalando lo que antes fue una casa y ahora parece una piscina cuadrada con agua sucia y tres paredes. “En principio había ocho personas, pero en la huida es probable que los vecinos encontrasen una puerta abierta, o les llamasen para refugiarse, y ahí murieron todos”, explica.

López Fernández se encuentra intranquilo. Es miércoles y no sabe si al día siguiente podrá continuar con los trabajos. La víspera, agentes de la Policía Nacional Civil impidieron que las tres máquinas (dos grandes y una pequeña) con las que los pobladores trabajan en Los Lotes tenían prohibido el paso. Los vecinos cortaron el paso en Ruta Nacional 14, la carretera que une El Rodeo con Alotenango, destruida por los flujos piroclásticos. No es la primera vez que los afectados realizan una protesta similar. El 16 de agosto, una semana antes, también se hicieron presentes durante la inauguración de la vía. Llegaron a plantar seis cajas con restos de sus seres queridos para exigir que el Gobierno les permitiese seguir con unas labores que prácticamente desde el inicio han realizado sin apoyo institucional.

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“El gobernador dio órdenes de que las máquinas no ingresasen”, explica López, en relación al incidente del miércoles. “Hubo molestias, la desesperación… en lo personal me interesa encontrar a mi papá y darle cristiana sepultura, saber que sus restos están en algún lado”, explica. Le ocurre a muchos. Saber que sus familiares están enterrados en algún callejón o alguna casa y no poder encontrarlos es motivo de angustia. A ello se le suma la sensación de que las autoridades están más preocupadas por la carretera, en la que ya se han invertido Q17 millones, que en la búsqueda de los desaparecidos. En medio, episodios atroces, como el hallazgo de restos humanos entre la basura depositada en la playa de El Jute. “Se deshicieron de ellos como si fuesen ripio, cuando son humanos”, se queja. Por eso estallaron, dice, y por eso cortaron la vía. “Hicimos una manifestación pacífica y nos enviaron los antimotines. Aunque si nos tocaban iban a perder más”, afirma.       

La historia de este hombre fuerte, calado con gorra y que cita continuamente a Dios, tiene algo de milagroso. A las 12 del mediodía de aquella trágica jornada se encontraba trabajando en el campo de golf de La Reunión. Doce años llevaba como caddy. Según relata, observó que el volcán andaba fuerte, pero estaba acostumbrado. Incluso cuando fue evacuado del complejo, regresó a casa y almorzó con su familia. “Andaba con hambre”, recuerda. Entre quienes compartieron mesa y mantel estaba su suegra, que horas después habría muerto. También su cuñado, con el que salió a ver qué pasaba con el volcán. “Estaba todo el mundo mirando y, para cuando me di cuenta, mi cuñado me había sacado seis metros corriendo y detrás de mí venían carros y motos sonando la bocina. No me va a matar el volcán y me van a matar ellos, pensé”.

Simone Dalmasso

Hay casualidades que marcan la diferencia. En el interior de la vivienda de López Vásquez había ocho personas: su esposa, sus tres hijas, su cuñada y sus dos sobrinas. Ocho en total. Sobrevivieron protegiéndose con chamarras y cubriendo su rostro con paños mojados. A su lado, en la vivienda contigua, solo separados por una pared, estaban doce familiares. Murieron todos. En su caso, fueron sepultados por la tierra, la lava y los materiales volcánicos que irrumpieron en el domicilio. “Pensamos que la pared podía ceder. Gracias a Dios no fue así”. La distancia entre la vida y la muerte es una pared de concreto.

Quien no se encontraba en ninguno de los domicilios era Jesús, el padre. Había salido al campo y el desastre le pilló en mitad de la aldea. Por los testimonios de algunos vecinos, su hijo ha reconstruido su recorrido. Se encontraba relativamente cerca de la vivienda familiar y del callejón que enfila a la salida de la aldea. Así que se deduce que trató de alcanzar la casa y, al verse sorprendido por la tromba negra, se refugió en otra vivienda o pereció en la calle. “Llegó el viernes y no le vi, porque me quedé dormido y él salió temprano. Lo mismo ocurrió el sábado. Y el domingo… pues peor”. Los desastres dan relevancia a hechos intrascendentes.

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Hace una semana, López Vázquez fue trasladado junto a su familia a un lote en La Industria, el terreno en el que el Gobierno ha reacomodado a los sobrevivientes. “Lo perdimos todo. No tenemos dónde ir. Es difícil lo que pasa aquí y lo que pasa allá”, dice en relación al refugio temporal. “Yo casi todo el día vengo a la búsqueda”, explica.

Son las 14.30 y López Vázquez, junto a una veintena de vecinos y voluntarios, resguarda el exterior de San Miguel Los Lotes. Todos aguardan el resultado de la reunión mantenida entre el gobernador de Escuintla, Guillermo Domínguez, y una representación de los pobladores. Finalmente, hubo acuerdo. Dos de los participantes en el encuentro llegan a dar cuenta del pacto. Entre ellos está Daniel Humberto López, que esgrime un acta notarial de tres folios. “Hemos logrado un permiso de 20 días”, afirma. Sin embargo, el documento no recoge fecha alguna. La mayor parte está dedicado al registro de los asistentes. Solo al final indica que el motivo de la reunión es la solicitud de autorización “para ingresar a la zona cero para la búsqueda de los restos humanos de sus familiares”. El gobernador “se compromete a proponer dicha solicitud ante la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, para que esta, en consenso con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, previo a su análisis correspondiente, resuelva a la solicitud planteada por los vecinos”. De ser positiva la respuesta, al vencer el plazo autorizado por la Conred, “los vecinos se comprometen a retirarse pacíficamente y no tomar ningún tipo de acción de hecho, como por ejemplo bloquear el paso vehicular por la Ruta Nacional 14, entre otros, ya que estarían incurriendo en ilícitos de carácter penal que el Ministerio Público determinará”.

Simone Dalmasso

Hay partes del acuerdo, como los 20 días, que no están por escrito. Sin embargo, la advertencia a quien se manifieste aparece bien claro.

Ahí está la clave. Un compromiso por escrito de que, pase lo que pase, los vecinos no volverán a expresar su descontento cortando la vía.

Verbalmente, el gobernador también se comprometió a buscar maquinaria para ayudar a los familiares. Según Pérez Vázquez, cada hora de trabajo les cuesta Q400, que está siendo sufragado con apoyo exterior. A pesar de que la ayuda ha disminuido, hay guatemaltecos, tanto en el interior como migrantes en Estados Unidos que han aportado fondos para que las máquinas sigan trabajando. “El gobernador dijo que podría aportar una excavadora y un camión. No más. Sin embargo, está pidiendo ayuda a empresas. Es decir, que el gobierno, en realidad, no va a poner nada y luego aparecerá diciendo que apoya a las víctimas”, se queja el damnificado.

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A pesar de que el documento no lo especifica, el permiso es de 20 días, según informaron desde el departamento de Comunicación de la Gobernación de Escuintla. Estas mismas fuentes señalan que, sobre las máquinas, solo existe un compromiso de buscar apoyo, pero no puede considerarse una promesa. Plaza Pública quiso conocer de palabras del gobernador, Guillermo Domínguez, qué implicaba el acuerdo, pero no respondió las múltiples llamadas.

En el acta también se establece que la Conred debe otorgar el aval para seguir trabajando. David León, vocero de la institución, explica que esa decisión corresponde a Gobernación, como ha ocurrido en otras ocasiones.

La pregunta es obvia: ¿qué ocurrirá cuando pasen esos 20 días?

“Veinte días no son suficiente”, dice Pérez Vázquez. Su esperanza es que, para entonces, la Fundación Antropológica Forense de Guatemala haya ingresado en el terreno y solicite un permiso indefinido. De este modo esa misma institución se haría cargo de buscar los cuerpos sepultados tras la erupción. Esta posibilidad es confirmada por David León. “Hay acercamiento, reuniones, lo que se prevé es que, finalizados estos 20 días, entre la Fundación de Antropología para un trabajo más específico. Mas científico. Un tratamiento especial que ellos realizan el proceso de exhumación”, dice.

La diferencia sería clara. De familiares directos de las víctimas con piochas y palas a excavadoras pagadas por estos mismos damnificados. De ahí, a una institución con los conocimientos científicos adecuados para concluir con un trabajo que, al menos, servirá para cerrar heridas. Que sirva para no volver a ver a un padre buscando los restos de su hija con una cucharilla para el café.

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