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Juramentación de los magistrados del TSE en el Congreso de la República, el 18 de marzo 2020. Congreso

Un TSE mucho más amigable con los partidos políticos

Pasará mucho tiempo para que se sepa con certeza, quiénes financiaron y cómo gastaron los recursos usados por los partidos en la campaña electoral de 2019.
«El transfuguismo se ha tergiversado, hay que delimitarlo. Debe aclararse… el TSE ha litigado en contra de los partidos» - Mynor Franco, actual presidente del TSE.
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Un TSE mucho más amigable con los partidos políticos

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Cuando los reflectores apuntaban a las preparaciones para enfrentar al COVID19, el Congreso de la República eligió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los votos casi unánimes eligieron a jueces y exjueces, una exalcaldesa, un ministro de Jimmy Morales, entre otros, al frente del órgano electoral. Las primeras decisiones tomadas empiezan a dar indicios de una corte más amigable.

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Los nuevos magistrados tomaron el mando el 20 de marzo, hace ya tres meses. Sin perder tiempo, ese mismo día, emitieron un decreto que dio oxígeno a varios partidos políticos que estaban al límite de la cancelación, o pendientes de rendir cuentas: a causa del COVID19, suspendieron la entrega de informes de campaña y congelaron todos los procesos de cancelación que tenían en la mesa. La prórroga durará lo que dure el Estado de Calamidad.

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Poco tiempo después hicieron otro movimiento importante. Destituyeron a los encargados de las principales unidades y direcciones del Tribunal, entre ellos el encargado de la fiscalización, Giovani Rodríguez, y el de las inscripciones y cancelaciones, Leopoldo Guerra.

Aunque las decisiones puedan justificarlas desde una lógica gerencial (nuevo jefe, nuevo equipo), el cambio implica que el trabajo que venían haciendo estas unidades queda detenido abruptamente, y los nuevos responsables arrancarán desde cero.

Los cambios, en realidad, eran previsibles desde el momento en que los hoy magistrados fueron entrevistados por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, donde la voluntad de estrechar la relación con los partidos fue evidente, por ejemplo, al responder con argumentos como «Los únicos legitimarios del cierre de un partido deben ser los afiliados o los ciudadanos», o «nuestros clientes principales y quizá únicos son los partidos políticos, y los políticos».

Los nuevos magistrados otorgan más tiempo

Las primeras acciones del nuevo tribunal demuestran una vocación para atender a los partidos políticos: les da tiempo, mucho tiempo, para arreglar su situación y rendir cuentas. Estos cambios incluyeron la remoción del personal quienes, por sus funciones, resultan claves para agradar o incomodar a las agrupaciones políticas.

El 20 de mayo, el TSE despidió a ocho mandos medios, entre ellos al auditor Francisco Alonzo; el director Financiero, Armando Arroyo; el director del Instituto Electoral, Eddie Fernández; el Inspector General, Oscar Sagastume; además del Director Administrativo, Samuel Vargas; y la jefa de la Unidad del Voto en el Extranjero, Claudia Rojas. También renunció la jefa de la Unidad de Medios de Comunicación, Rosa Bolaños.

Pero hay otras dos destituciones que adquieren singular relevancia, dado el peso técnico y político que su puesto sostiene: la de Leopoldo Guerra, encargado del Registro de Ciudadanos; y la de Giovani Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos.

Guerra trabajó en el TSE desde el año 2007. Investigaciones periodísticas ubican su pasado en la defensa de militares acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. Por sus fallos como registrador, lo consideran cercano al partido UNE.

El Registrador de Ciudadanos decide, en primera instancia, si un partido debe ser o no cancelado por faltas cometidas, pero también sobre quiénes están autorizados para competir. Sus decisiones deben ser refrendadas por los magistrados del TSE.

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En el reciente período electoral, Guerra falló contra la inscripción de candidatos como Alfonso Portillo, señalando, como en 2015, que el artículo 113 de la Constitución (relativo a la idoneidad en empleos y cargos públicos) le impide postular dada su condena por lavado de dinero en EEUU. Sin embargo, inscribió al Diputado José Ubico, quien también fue sentenciado en el mismo país por narcotráfico. Guerra además determinó que la inscripción de Zury Ríos no procedía, amparado en el artículo 186 de la Constitución que impide a familiares de jefes de facto competir por la presidencia.

En tanto, la destitución de Giovani Rodríguez, Jefe de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, deja al Tribunal sin el primer gestor de lo dispuesto en la nueva LEPP y sus reglamentos en materia de financiamiento político.

Rodríguez formaba parte de los esfuerzos de auditoría de los partidos políticos desde el 2002, y escaló puestos hasta que asumió como Jefe de la Unidad de Fiscalización, creada por la reforma electoral de 2017. Desde mediados de 2018 estuvo al mando de la unidad, encargándose de reclutar al personal; desarrollar la reglamentación; ejecutar planes de fiscalización antes y durante la campaña electoral; y de fortalecer las capacidades de rendición de cuentas de los partidos políticos.

Este cargo es imporntante porque todas las sanciones que el Pleno del TSE impuso a los partidos, por ausencias y omisos en materia de financiamiento político desde 2018, fueron tomadas con base en hallazgos de esta unidad, junto a las de Inspectoría y Medios de Comunicación.

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Aunque no sea una unidad independiente del pleno del Tribunal, el hecho de que sea un puesto de oposición hace que su elección no se base en confianza, sino en méritos y calificaciones (Artículo 4, Reglamento de Control y Fiscalización). Por ello, las razones de su destitución debieron ser justificadas más allá de la afinidad de los magistrados, explica Celia Luna, analista e investigadora en ASIES. Indica que, aunque se entienda que una nueva administración quiera tener personas de confianza para implementar sus mandatos, los magistrados deberían justificar la destitución de cuadros como Rodríguez con base en una evaluación de desempeño, para dejar claro que no fue antojadiza o política, sino técnica.

Sobre las destituciones, más allá de criterio de evaluación, Mynor Franco, actual presidente del TSE indicó a Plaza Pública que se deben a que los mandos «…a veces están acostumbrados a un patrón de trabajo, no se adaptan al ritmo de trabajo nuevo…se le dice esto y no lo hacen cuando uno lo necesita. Debemos inyectarle dinamismo al Tribunal», dijo.

Luna advierte también que la destitución se hace en un momento fundamental, porque después del proceso electoral viene una segunda fase de la fiscalización, en la que la Unidad respectiva debe cuadrar toda la información brindada por los partidos con la entrega del informe financiero de campaña electoral. El hecho de que Rodríguez salga en el arranque de esta segunda fase hace que estas labores puedan quedar «cortadas», por lo cual es «importante que los magistrados se vean comprometidos y den continuidad a su trabajo en breve, que se vea que se quiere continuar», recomendó la analista.

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Por ello, la decisión no llega en el mejor momento. Al despido de Rodríguez se agrega la emisión del decreto 110-2020, que dispone la suspensión de todos los plazos legales establecidos por el Tribunal. Esto suspende la entrega del informe financiero de campaña, que originalmente debía presentarse a finales del pasado abril, pero ahora depende de lo impredecible: el comportamiento y expansión del COVID19. Pasará mucho tiempo para que se sepa con certeza, quiénes financiaron y cómo gastaron los recursos usados por los partidos en la campaña electoral de 2019.

¿Qué queda detenido después de los despidos?

El decreto 110-2020 que aplaza la entrega de informes, favorece, entre otros, al partido que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.

La prórroga evita que venza el plazo en el que deben presentar el informe de campaña del partido VAMOS, y del resto de agrupaciones políticas. Como lo señaló una investigación de Plaza Pública, este informe es la última oportunidad que tiene el partido de Giammattei para declarar los gastos y fuentes de financiamiento de los 9 asesores que lo acompañaron durante la campaña electoral.

Entre estos asesores destacan dos de ellos: Kif Nava y Pol Anria. Ambos todavía trabajan en la comunicación del presidente, y confesaron haberlo asesorado gestionando propaganda disfrazada de información en redes sociales, y por medio de mensajes dirigidos a usuarios de Whatsapp, según lo cuenta una investigación periodística.

A principios de mes trascendió que el TSE sancionó a VAMOS con una multa de 384 mil quetzales por hacer campaña en Facebook, pero no especificó si fue en respuesta a lo declarado por los asesores. La multa puede ser apelada.

Otra decisión que queda suspendida con el acuerdo es la cancelación de media docena de partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. FCN, UCN y PAN ya habrían sido cancelados por el Registro de Ciudadanos por haber omitido información financiera en sus reportes de campaña de 2015. FCN y UCN apelaron la decisión ante el TSE en diciembre, mientras PAN fue cancelado por el TSE hasta principios de marzo del 2020.

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El TSE anterior también había ordenado al Registro de Ciudadanos comenzar los procesos de cancelación de UNE, VIVA y CREO, pero con el acuerdo mencionado todo queda en pausa. Según el actual presidente del TSE, no tienen planes para continuar con estos proceos «por cuestión de la movilidad. Tal como lo hizo la SAT, y la Contraloría General de Cuentas». A esto se agrega que mientras no haya una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad «no podemos resolver nada al respecto».

El retraso beneficia a decenas de legisladores. Si estos partidos fueran cancelados, 87 diputados al Congreso de la República quedarían sin una plataforma política de base y no podrían incorporarse a otro partido político, según lo establece la LEPP (Art.205 Ter). Además, quedarían relegados a la categoría de independientes, imposibilitándoles ejercer ningún mando de los distintos órganos de Congreso (Junta Directiva, Comisiones) según la Ley Orgánica de la Institución (Art.50).

Contrario a la lentitud de otros procesos, la semana pasada el TSE confirmó a Sandra Torres como la secretaria general de la UNE, esto a raíz de una disputa dentro del partido que busca separarla del cargo. La resolución del Tribunal contraviene la decisión de la jueza quien, en un proceso en el que es acusada por financiamiento electoral no registrado, otorgó medida sustitutiva a Torres bajo la condición de que esta no tuviera participación en actividades relacionadas a la UNE.

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La complacencia con los partidos empezó en el Congreso

En los primeros días de marzo, cuando el COVID19 parecía aún distante, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso entrevistó a los 20 candidatos resultantes de las comisiones de postulación. Los encuentros tenían una metodología en común: un período corto para la presentación del plan de trabajo, y un período más prolongado para atender las preguntas de cada diputado. La segunda parte mostró desde entonces la disposición a complacer a las agrupaciones políticas.

La presidenta de la Comisión, Greicy de León (VAMOS) arrancó el intercambio con preguntas bastante básicas: «¿Qué piensa de la política?» o «¿Ha participado en política?» A estas seguían otras que les obligaban a tomar posición sobre temas polémicos, tales como «¿Qué opinión le merece la administración del proceso electoral de 2019?», «¿Qué piensa de la aplicación del artículo 113, relativo a la idoneidad en la inscripción de candidatos?» y «¿Qué opinión le merece el transfuguismo?».

A la presidenta de comisión seguía Mario Taracena, diputado de UNE y uno de los principales gestores de la reforma electoral más reciente. A todos y cada uno de los hoy magistrados preguntaba «¿Está dispuesto a asistir al Congreso de la República para ser fiscalizado en los aspectos administrativos?», «¿vendría al Congreso a brindar opinión técnica sobre las reformas a la Ley Electoral?» para después advertirles que la prensa se encargaría de hacer cumplir su compromiso.

Fue quizás el contexto, o disposición de los candidatos para ser electos, lo que determinó las respuestas que, como las preguntas, deslizaban en el filo entre lo técnico de lo político.

«Sabemos lo difícil que es formar un partido… una cancelación no puede ser tomada a la ligera. Los únicos legitimarios del cierre de un partido deben ser los afiliados o los ciudadanos. Y en su caso el TSE» respondía el magistrado Gabriel Aguilera, ex ministro de trabajo durante el período de Jimmy Morales, calificado como el «cuadro más interesante del nuevo Tribunal» por la Fundación Libertad y Desarrollo. Fue de los más votados por el pleno: recibió 147 votos de los 150 diputados presentes.

«El TSE no tendría razón de ser sin los partidos, su relación debe ser madura, estrecha, sólida», señalaba la magistrada de apelaciones, Irma Palencia, quien laboró para el Registro de Información Catastral y la Procuraduría de Derechos Humanos. Además de comprometerse a trabajar por reordenar la legislación en materia electoral, para hacerla «clara, flexible y básica», manifestó su anuencia a ser fiscalizada y discutir las reformas electorales de forma conjunta por Congreso. Fue junto a Aguilera, la magistrada más votada por el pleno, con 147 votos.

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 «El transfuguismo se ha tergiversado, hay que delimitarlo. Debe aclararse… el TSE ha litigado en contra de los partidos, cuando su función es judicar. No debe haber necesidad de judicializar la justicia electoral… No debe ser delito, ni la Ley prohíbe que las autoridades se reúnan con los partidos para unificar criterios» respondía Mynor Franco, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ante las incisivas preguntas de los diputados, para después comprometerse a asistir Congreso parar rendir cuentas o concertar ideas para una reforma electoral. Recibió 141 votos del pleno.

«El amigo no compromete al amigo» respondió Blanca Alfaro ante la pregunta sobre el posible conflicto de interés respecto a su frustrado compañero de binomio presidencial, Edwin Escobar. Alfaro, ex alcaldesa de Masagua por PP y LIDER llegó al Tribunal con pocas credenciales a parte de su pasado político partidista, que, no obstante, fue bien visto por los presentes en la entrevista, pues «¡Por fin un político!» llegaría al Tribunal, como señaló Taracena. Sintiéndose cómoda, la magistrada mostró su entusiasmo hacia su pasado político. «En el qué hacer democrático no hay enemigos, sólo amigos», «las reformas no deben dejar sin pies, sin manos, sin corazón a los partidos», «no se puede pensar que terminando con la noble institución partidaria se fortalecerá la democracia. Se tiene que cuidar a los partidos, tratar, de forma transparente, llegar a arreglos», fueron algunas de sus afirmaciones. Pese a dar el discurso más amistoso, fue la menos votada de los titulares, con 139 votos del pleno.

El más austero de comentarios fue el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas Cetina. A pesar de recibir halagos por parte de Taracena (y el compromiso público de ayudarlo con votos) logró enredar en una nube de palabras las respuestas a las preguntas comprometedoras. Se limitó a decir que tratarían de resolver las contrariedades entre la Ley Electoral y Constitución en materia de la idoneidad, y se comprometió a dejarse fiscalizar y apoyarlos en la discusión de reformas electorales. Recibió 143 votos del pleno.

Con relación a la elección de los magistrados, la diputada de VAMOS y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales (CAE), Greicy De León, señaló que su bancada votó por la experiencia académica y laboral de los candidatos. Tiene la expectativa de que los electos, a diferencia del tribunal anterior, operen de forma transparente, no causen zozobra, y sean imparciales en la inscripción de candidatos, pues los criterios de las anteriores autoridades «fue arbitrario, e incluso, no fue legal» en este sentido. Un tribunal más cercano.

Por su parte, el diputado de Semilla y también miembro de la comisión, Román Castellanos, indica que votó a favor de tres de los magistrados electos (a excepción de Alfaro Guerra y Mynor Franco) con base en su formación y compromiso, buscando además que fueran independientes a “las redes que capturaron el Estado”.

Franco, actual presidente del TSE, aseguró que el Tribunal, como lo dice la LEPP (no indicó cuál), está al servicio partidos políticos. «Nuestros clientes principales y quizá únicos son los partidos políticos, y los políticos… nosotros estamos de puertas abiertas, si viene un diputado lo atendemos, es la intención de todos los magistrados», señaló. Los partidos serán los clientes preferentes del Tribunal, pero dentro los partidos pueden haber clientes a quienes atienden primero.

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El próximo proyecto del TSE: Actualizar la ley electoral

Lo anterior se entrelaza con la gestión de la llamada «tercera generación de reformas» a la Ley Electoral. Desde noviembre de 2019 el TSE activó la llamada Comisión de Actualización y Modernización Electoral -CAME- que según el artículo 256 Bis de la Ley Electoral, convoca a la sociedad civil para dar insumos al TSE en caso desee planear una reforma ante el Congreso.

Para la analista Celia Luna, el esfuerzo de la CAME -culminado en marzo- dejó a la ciudadanía con altas expectativas de reforma. Indica que en el espacio hicieron evidente la necesidad de un ajuste a la tarifa electoral de los medios de comunicación, y la necesidad de establecer un piso de donación para activar los libros de registro de donante, pues actualmente arranca con 1 centavo, aspecto que puede desincentivar las donaciones.

Román Castellanos, de Semilla, coincide con la necesidad de hacer menos engorrosos los trámites para los financistas, además de trabajar por una mayor la cercanía y calidad de la representación en los distritos. Greicy de León de VAMOS, apunta más a los temas tratados en las entrevistas hechas durante la fase de evaluación de los candidatos: dejar claros los criterios para la inscripción de candidatos y hacer el proceso electoral más transparente para los partidos.

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De León asegura que ya se gestaron los primeros intercambios con el Tribunal. Franco en cambio advierte que es con base en lo sugerido por la CAME que se trabaja una propuesta independiente que presentará a Congreso en agosto, una vez culmine la pandemia.

Aunque hay un desacuerdo en ese sentido, es probable que cualquier propuesta planteada busque sintonía y coordinación, porque el Tribunal tiene claro quién es su principal cliente, como nos dijo Franco, o que “en democracia todos son amigos” como decía la magistrada Alfaro.

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