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El postulante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Álvaro Ricardo Cordón, escucha la pregunta del diputado Álvaro Arzú Escobar, durante la sesión de entrevista del miércoles 04 de marzo.

Guatemala a las puertas de un TSE sin expertos en materia electoral

De 20 aspirantes, 19 no acreditan formación académica específica en derecho electoral.
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Guatemala a las puertas de un TSE sin expertos en materia electoral

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  • Del total de nominados a Magistrados del TSE, solo una candidata acredita experiencia laboral en temas electorales.
  • Solo un candidato tiene una especialización académica en materia electoral.
  • En las entrevistas los diputados mostraron poco interés en la trayectoria de los candidatos y más bien se preocuparon por temas que les afectan, como la cancelación de partidos.

En los próximos días el Congreso de la República deberá elegir, entre una nómina de 20 candidatos, a los integrantes del nuevo TSE. La Comisión de Postulación a cargo elaboró una lista que está integrada por un grupo de abogados que acreditan formación académica y desempeño profesional en derecho constitucional, penal y similares, pero pocos (casi nadie) en temas electorales.

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Plaza Pública revisó las hojas de vida de los 20 abogados (15 hombres y 5 mujeres) que integran la nómina de candidatos a magistrados del TSE. El objetivo: verificar la experiencia profesional y académica que cada uno acredita en temas electorales.

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Las magistraturas del TSE son cargos importantes, además de velar por cumplimiento de la Ley Electoral, autorizan la conformación de las organizaciones partidarias, autorizan las candidaturas a puestos de elección popular y tienen la responsabilidad de administrar las elecciones cada cuatro años.

Pese a las responsabilidades del cargo, estos son los hallazgos: Del total de candidatos solo una candidata trabaja en el área específica, uno tiene estudios de postgrado en materia electoral (todavía no se gradúa), otro realizó trabajo voluntario durante las elecciones, uno desarrolló investigaciones sobre la temática y dos participaron en conferencias sobre este tema. El resto son abogados con distintas especializaciones.

La primera es Marta Lidia Nij Patzán, quien sí cuenta con experiencia en el ámbito electoral. Desde mayo de 2018 labora como jefa de Análisis e investigación del financiamiento de las organizaciones Políticas de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Esta es una de las unidades especiales que se estrenaron en el pasado proceso electoral de 2019.

El candidato Álvaro Ricardo Cordón Paredes afirma que colaboró como voluntario de la Junta Electoral Metropolitana y la Junta Electoral Departamental (JED) de Guatemala en varios procesos electorales, pero no especifica qué tipo de actividades desempeñó.

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Las JED son órganos temporales del TSE que tienen a su cargo distintas actividades, entre ellas la integración y funcionamiento de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) el día de las elecciones, es decir, son las delegaciones a cargo de contar los votos.

El tercer y último aspirante que menciona algún tipo de experiencia en materia electoral es Marco Antonio Cornejo Marroquín. Según su hoja de vida, fue testigo de la Asamblea de Revisión de Impugnaciones de la JED de Guatemala durante las elecciones generales de 2019.

Esta actividad consiste en observar una reunión a la que asisten integrantes de la JED y fiscales de los partidos políticos. Ahí, los integrantes revisan y resuelven las impugnaciones que se presentan al final de la jornada electoral en las JRV.

Los demás candidatos a magistrados del TSE no acreditan ningún tipo de actividad profesional relacionada con el Sistema Electoral y de Partidos Políticos.

Tampoco hay especialización académica

En cuanto a la formación académica de los otros candidatos la situación es similar. Solo el abogado José Alfredo Aguilar Orellana afirma haber cursado la Maestría en Derecho Electoral que imparte online la Universidad de Castilla-La Mancha, ubicada en España.

Según información de la página web de esta Universidad, la maestría ofrece cursos sobre sistemas electorales y de partidos políticos, funcionamiento de partidos políticos y democracia interna, administración de procesos electorales, financiamiento de las elecciones, delitos y justicia electoral, entre otros.

Ninguno de los otros 19 aspirantes acredita formación académica específica en derecho electoral.

En cuanto a otras actividades de capacitación o investigación, el candidato Julio Enrique Ricardo Dougherty Liekens acreditó ser el autor de dos investigaciones para la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC. Una elaborada en 2018 entorno a las juntas electorales, y otra de 2019 sobre los sistemas electorales.

Por su parte, el abogado Marco Antonio Cornejo Marroquín señala en su hoja de vida que, durante 2018 y 2019, participó en varias conferencias sobre temas electorales en la Universidad Da Vinci. Además, fungió como diputado al Parlacén.

Los demás integrantes de la nómina (14 en total) no acreditan ningún tipo de experiencia profesional (remunerada o voluntaria) o actividad académica relacionada con el funcionamiento del TSE y la administración del proceso electoral.

Blanca Odilia Alfaro Guerra no acredita formación académica ni experiencia profesional en materia electoral, pero sí participó como candidata a puestos de elección popular. Fue alcaldesa de Masagua, Escuintla, por el Partido Patriota. En las elecciones pasadas de 2019 acompañó a Edwin Escobar como candidata a la Vicepresidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, sin embargo, su candidatura quedó frustrada luego que el TSE rechazó la inscripción de Escobar por falta de finiquito.

¿Qué permite esta poca especialización?

La falta de especialización en los candidatos es un agujero que permite la normativa vigente. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es escueta en cuanto a las calidades que deben tener estos funcionarios. No hay ningún tipo de exigencia sobre formación académica y experiencia profesional en la materia.

La ley establece que los magistrados del TSE deben tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de los derechos ciudadanos, ser abogado colegiado, mayor de 40 años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Para Celia Luna, investigadora de ASIES, si bien es deseable que los magistrados del TSE sean expertos en el tema electoral y de partidos políticos, la realidad actual evidencia un vacío y un reto dentro del sistema educativo guatemalteco. “No contamos con oportunidades de especialización académica”, afirma.

Se buscó información en las universidades del país sobre algún tipo de especialización en materia electoral y de partidos políticos, pero no se encontró ninguna opción de posgrado.

“Es un riesgo que no comprendan los procesos de modificación de la LEPP y en qué situación se encuentra la normativa para impulsar procesos de actualización y modernización electoral”, señaló Luna. 

Una tabla de evaluación ambigua

La Comisión de Postulación -encargada de proponer a los candidatos a magistrados- debería funcionar como un mecanismo de filtro al exigir que los candidatos demuestren algún tipo de competencia en materia electoral.

Esta Comisión tiene a su cargo la elaboración de la tabla de gradación para calificar a los candidatos a magistrados y elaborar la nómina que se presenta al Congreso de la República. Está presidida por el rector de la USAC y cuenta con la participación del decano de Derecho de esta universidad, un representante de los rectores de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados y un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas.

Para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, la Comisión de Postulación que elaboró la nómina de candidatos a magistrados del TSE -que ya se encuentra en el Congreso y puede ser conocida en cualquier momento- fue demasiado laxa en su trabajo.

“La tabla de gradación fue bastante general, poco exigente y floja para evaluar los méritos académicos, profesionales y de proyección humana”, asegura Ibarra. “De manera arbitraria la Comisión de Postulación otorgó puntos a los candidatos por cursar o haber cerrado pensum de posgrados, aun cuando no se han graduado”, puntualizó.

De hecho, los integrantes de la Comisión de Postulación evaluaron el conocimiento y experiencia profesional en materia electoral con otras áreas del derecho como Constitucional y Administración Pública, por ejemplo. Además, le dieron un valor de 15 puntos a las pruebas psicométricas. Para Ibarra, esta valoración fue excesiva, ya que es una prueba que no arroja datos certeros sobre las capacidades profesionales de los aspirantes.

Esta fue la tabla de gradación que utilizó la Comisión de Postulación para calificar los 102 expedientes que se presentaron:

Tras las primeras evaluaciones se evidenció que solo 20 candidatos obtendrían una nota de 70 puntos o más. En respuesta, la Comisión de Postulación decidió bajar la calificación mínima para la votación y la integración de la nómina. Eligieron de entre los 40 con mayor punteo, pero 20 tenían notas entre 56 y 69 puntos.

En la nómina que enviaron al Congreso de la República, nueve candidatos eran inicialmente reprobados. Entre ellos se encuentra Marta Lidia Nij Patzán, la única candidata con experiencia profesional en materia electoral, pero con la nota más baja (56 puntos).

Experiencia, un asunto que no le interesa a los diputados

Todavía queda un último filtro: El Congreso. En las semanas anteriores la Comisión de Asuntos Electorales entrevistó a los 20 candidatos a magistrados del TSE para conocer sus capacidades y propuesta de trabajo.

Sin embargo, más allá de conocer a fondo las capacidades de los candidatos en temas electorales, los diputados estuvieron interesados en conocer sus posturas en cuestiones que afectaron a los partidos políticos durante el anterior proceso electoral.

Algunas de las preguntas que les formularon a los candidatos abordaron temas como la idoneidad de los candidatos, la utilización del finiquito como requisito para la inscripción de candidaturas, los criterios para emitir sanciones y multas, la cancelación de las organizaciones partidarias y la prohibición del transfuguismo.

Ante estos cuestionamientos la mayoría de las respuestas fueron complacientes con los diputados. Algunos candidatos vertieron varias críticas al actual TSE, principalmente sobre la imposición de multas. Para desvirtuar las sanciones impuestas, por ejemplo, se hizo referencia al principio de presunción de inocencia.

La diputada Greicy Doménica de León, de la bancada oficial y presidenta de esta sala de trabajo, aseguró a medios de comunicación que la sala de trabajo no elaborará un informe de este proceso de entrevistas, sino que únicamente sirvió para que los diputados conocieran a los candidatos y su plan de trabajo.

El diputado Roman Castellanos, de Semilla e integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, se manifestó satisfecho con la nómina que llegó al Congreso de la República. Sin embargo, afirmó que era un riesgo que los magistrados al TSE no sean especialistas en materia electoral y de partidos políticos.

“Se reduce a lo legal el funcionamiento del TSE y se deja de lado sus funciones relacionadas con el fortalecimiento de la democracia en el país, la formación política de la ciudadanía y la mejora de los procesos de fiscalización de los partidos políticos”, afirmó Castellanos.

Un problema detectado por CICIG

Un trabajo enfocado en lo legal y con poca comprensión de las necesidades del fortalecimiento de la democracia fue, precisamente, una de las preocupaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En su informe sobre el sistema político y electoral (2019) hizo énfasis en los riesgos que supone que un Tribunal se encargue de la administración de los procesos electorales.

“Una de las principales discusiones internacionales ha orbitado en torno a la concentración de funciones administrativas y jurisdiccionales en las autoridades electorales” -señala el informe- “Dado que los organismos electorales no solo están llamados a organizar los eventos eleccionarios, sino también a resolver recursos jurídicos propios de la materia electoral, se debe asegurar que su diseño institucional pueda responder a ambas necesidades funcionales”.

De esta manera, los magistrados que integran el TSE se podrían enfocar en resolver cualquier acción legal en materia electoral como la inscripción, sanción, suspensión y cancelación de organizaciones políticas, o dar respuesta a cualquier objeción sobre la inscripción o no de cualquier tipo de candidatura.

Al mismo tiempo, otro órgano integrado por un equipo de profesionales de carreras políticas y sociales, por ejemplo, tendría a su cargo tanto la organización y desarrollo del proceso electoral, la integración de las Juntas Electorales y de las Juntas Receptoras de Voto, así como de actividades de formación y capacitación cívico electoral.

Privilegiar la experiencia académica y profesional en materia de derecho electoral y diseñar un mecanismo institucional para separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del TSE fueron, expresamente, dos de las últimas recomendaciones de la CICIG para fortalecer el sistema.

Ahora el Congreso deberá elegir, de la nómina de 20 candidatos que elaboró la Comisión de Postulación, a los 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes del TSE.  Los nuevos magistrados, que deben tomar posesión este mes, estarán a cargo del desarrollo del proceso electoral de 2023.

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