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Un hogar de muerte segura
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Opinión

Un hogar de muerte segura

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Al supuesto Hogar Seguro Virgen de la Asunción llegaban niños y adolescentes que estaban bajo custodia del Estado. Se trata de quienes sufren maltrato familiar, están en situación de calle, han sido víctimas de trata o de explotación sexual, comercial, laboral, económica, o han vivido adopciones irregulares.

Sin embargo, lejos de ser un espacio especializado en atención profesional que permita el rescate integral de las internas y los internos, se convirtió en un centro de tortura y abuso. Las denuncias al respecto se han presentado al sistema de justicia desde el 2015. Hubo dos órdenes judiciales para el cierre de dicho centro, así como de otro internado de jóvenes en conflicto con la ley. Además, dichas resoluciones judiciales ordenaban a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) que contratara profesionales de la psicología, la pedagogía y el trabajo social, entre otros, para ofrecer atención integral.

Negligencia, desatención, corrupción y crimen organizado se conjuraron en una mezcla tenebrosa que propició la tragedia del 8 de marzo. En los últimos dos años se conocieron reportes de fugas de adolescentes bajo cuidado del hogar, así como de desapariciones, sin que se esclarecieran los hechos. Una estructura de trata de adolescentes con fines de explotación sexual fue denunciada. El personal a cargo del cuidado de la población en el centro fue acusado de prácticas que caían en tortura, abusos y vejámenes.

Es decir, el centro, obligado a propiciar un proceso de recuperación social y psicológica para menores y adolescentes bajo su cuidado, era en realidad un lugar de esclavitud y tortura. De esa suerte, la fuga fallida que protagonizaron 60 adolescentes el martes 7 era una crisis anunciada, la cual derivó en una masacre, pues en el lugar murieron calcinadas 19 adolescentes y niñas en tanto que otras fallecieron en los hospitales nacionales a causa de sus quemaduras.

Las primeras informaciones indican que las adolescentes fueron encerradas en una habitación a la cual luego se le prendió fuego. No se llamó de inmediato a los cuerpos de socorro. De hecho, la primera unidad de bomberos que llegó, derivada desde la central en correspondencia con el incidente por el cual se los llamó, fue una ambulancia para traslado de personas heridas, y no una unidad contra incendios. Las familias concentradas fuera del lugar denunciaron que se les impidió el ingreso, que se les negó información y que no hubo asistencia a las jóvenes, quienes, como los campesinos en la Embajada de España en 1980, murieron calcinadas ante la acción negligente y quizá criminal del personal que debía cuidarlas.

Más de 20 niñas mueren por acción o inacción del Estado. Mueren ejecutadas extrajudicialmente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El día en el que a nivel mundial se convoca a un paro de las mujeres para llamar la atención sobre la violencia contra ellas y protestar al respecto. El día que un energúmeno golpea y lanza café hirviendo a dos jóvenes mujeres que participaban en la marcha en Guatemala.

Una sociedad que calcina a sus adolescentes en lugar de protegerlas, que permite que redes de trata exploten y abusen a quienes debe proteger, es una sociedad fracasada. Este crimen no puede ser un hecho que se olvide ni se enmascare durante tres días de duelo hipócrita. La investigación sobre lo sucedido debe llevar a identificar la responsabilidad inmediata de la masacre, pero también a deducir responsabilidades a quienes alimentaron la construcción de este centro de tortura y de muerte.

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