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Tipo de Nota: 
Opinión
5 04 16

Read time: 4 mins

Los denominados Panama Papers son el resultado de un arduo trabajo de más de 300 periodistas que han apoyado los esfuerzos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Hay más de 11.5 millones de documentos hechos públicos que refieren cómo contrabandistas de armas, traficantes sexuales, políticos de alto nivel y narcotraficantes (entre otra fauna) utilizaron los servicios del consorcio de abogados Mossack Fonseca. Según el reporte, en sus 40 años de existencia, el bufete Mossack Fonseca ha creado 113 000 sociedades de cartón.

¿Qué es interesante en esta revelación?

Pues la corroboración de cómo los ricos y poderosos utilizan los agujeros grises en el sistema financiero para proteger ingresos monetarios, algunos de procedencia legal y otros no. En este caso, el punto medular es qué tanto los actores legales, como actores paralelos, utilizaron este vehículo (sociedades anónimas que no están obligadas a revelar los nombres reales o que usan testaferros) como herramienta perfecta para evadir impuestos y solapar corrupción gubernamental y actividad criminal.

Pero, más allá del morbo de encontrar apellidos rimbombantes, es interesante preguntarse el impacto que tendrá esta serie de revelaciones en la dinámica que fusiona al crimen organizado con las élites (políticas y empresariales) en la región. Creo que lo anterior es quizá lo que más debe interesarnos para ir corroborando la cartografía criminal.

Ya había sucedido con el grupo Rosenthal en Honduras. Este creó una empresa de cartón por medio del citado bufete de abogados para la compra de una aeronave. Además, está la gravísima acusación de lavado de dinero en los consorcios financieros del grupo. Hasta el momento este ha parecido ser el escándalo de un clan familiar que poco compartía el juego de dinero con otros actores. Está también la revelación de este escándalo en el caso de México, donde se hace referencia al testaferro utilizado por Enrique Peña para la compra de su megamansión. Allí lo interesante es que dicha persona también —al parecer— ha prestado sus servicios a otros mexicanos ricos y famosos usando el referido bufete. Eso sí, pregúntese usted quién en el corrupto sistema mexicano de justicia tomará estas informaciones y comenzará a construir un perfil de caso. Además de la presunción de inocencia que todo sistema tiene, el acceso a la defensa privada y que un caso no puede montarse con base en nota periodística (pues falta el informe forense financiero), me parece que en México este escándalo es una tormenta tropical. Ni Enrique Peña ni Ricardo Salinas Pliego ni ninguno de los otros políticos mexicanos de alto nivel están preocupados. Además, no hay Cicig en México. Tristemente.

Pero Guatemala es otra historia.

Este escándalo pone en manos de la comisión internacional un instrumento más para orientar sus investigaciones encaminadas a la colusión del crimen organizado con el sector económico. Hay que agregar el testimonio sellado de Marllory Chacón, que, en efecto, ha trazado todo un mapa de actores claves. He aquí la diferencia al menos entre la situación mexicana y la guatemalteca. Una cosa grave, sí, es un testaferro que utiliza dinero procedente del erario público para desviarlo; y otra más grave, que una persona que se ha declarado culpable de ser lavadora profesional toque los hilos del entramado institucional económico. Si las acusaciones en su momento contra el vicepresidenciable del partido Líder por su colusión con Chico Dólar se trajeron abajo un partido político bastante gordo, a Guatemala puede que le espere un tsunami.

Porque no se trata de satanizar a las empresas que generan riqueza para el país ni a los empresarios que juegan con base en las reglas formales. Esos, bienvenidos. Pero una cosa muy diferente es cuando sectores de una élite económica (no granítica, dicho sea de paso) se sientan en silla de escarnecedores junto a actores oscuros. Eso sí debe ser perseguido y castigado. En la lógica del accionar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los golpes han sido directos y brutales siguiendo el esquema plantado por la DEA en razón de afectar objetivos de alto nivel. Así como la DEA ha decapitado todos los grandes carteles mexicanos, la Cicig ha dado golpes brutales en las estructuras más visibles de todo el juego político guatemalteco: presidente Pérez y vicepresidenta Baldetti (Ejecutivo), binomio presidencial Baldizón-Barquín (partido de oposición Líder), expresidente Pedro Muadi (Legislativo) y expresidente y miembros de la Junta Directiva y de la Junta directiva de Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por el caso IGSS-Pisa (entidad autónoma). En este esquema hay solo un sector que aún no pasa por esta estrategia.

Y dadas las ramificaciones de un sistema corporativo con escasas reglas del juego fiscalizadoras, donde políticos, empresarios y narcos no tienen reparo en actuar de forma conjunta, quizá estamos a las puertas de un tsunami.

Un tsunami de complicidades mafiosas a todo nivel.

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