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Las 15 compañías guatemaltecas que fueron investigadas por la unidad antilavado de Panamá
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Sede de la UAF, oficina de la Presidencia panameña dedicada a evitar el blanqueo de capitales / La Estrella de Panamá

Las 15 compañías guatemaltecas que fueron investigadas por la unidad antilavado de Panamá

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/ Con colaboración de: Paolina Albani

A inicios de febrero de 2017 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, el ente gubernamental encargado del combate al lavado de dinero en ese país solicitó al desaparecido bufete Mossack Fonseca información sobre 338 compañías en las que fungía como agentes residentes. Querían saber los nombres de los accionistas y beneficiarios finales de esas empresas. Entre esas compañías había quince vinculadas con guatemaltecos.

La solicitud fue parte de la acometida posterior al escándalo desatado por los Panamá Papers, la filtración masiva de años de ejercicio corporativo efectuada a periodistas del rotativo alemán Süddeutsche Zeitung, quienes compartieron la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), del que Plaza Pública es aliado.

Una nueva y reciente filtración sirvió para conocer cuál fue la reacción de Mossack Fonseca –bufete ya cancelado– ante las publicaciones que mostraron cómo políticos, empresarios, deportistas y diversas personalidades utilizaron compañías offshore en paraísos fiscales, para esconder sus fortunas o hacer negocios oscuros.

Las peticiones de información de la UAF a Mossack Fonseca, a las que el ICIJ tuvo acceso, no precisan el objetivo de las mismas ni si sobre las empresas existe sospecha de algún ilícito o de que estuvieran bajo investigación.

De la lista de empresas sobre las que se pidió información, las vinculadas con guatemaltecos ocuparon el tercer lugar, seguidas por Ecuador con 19 y El Salvador con 33. El resto eran de otros países.

En más de la mitad de los casos, Mossack Fonseca no pudo identificar a los beneficiarios finales de las empresas, debido a que los bufetes intermediarios de cada país no les remitieron la información requerida, entre otras razones. En otros, Mossack Fonseca tuvo que informar a la UAF que tenía más de cinco años de no actualizar los datos de las compañías que ayudó a crear. 

Plaza Pública publicó en junio pasado cómo Mossack Fonseca había enviado información a la UAF para que esta entidad levantara un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) con las compañías Franconaves de Panamá, vinculada a la venta de un helicóptero al hijo del expresidente de Panamá; y una notificación tardía sobre una compañía de la guatemalteca Marllory Dadiana Chacón, condenada en los Estados Unidos en 2005, por lavado de dinero del narcotráfico.

Las compañías ligadas a guatemaltecos y de las que Mossack Fonseca envió información a la UAF son las siguientes:

1. Verena International Inc.

Adquirida en 2009. Hasta marzo de 2017, cuando la UAF solicitó información acerca de ella aún estaba bajo el estatus de activa. Según documentos internos de Mossack Fonseca, entre 2009 y 2010 se pagaron acciones por US$64,800. La información detalla que uno de sus apoderados legales fue Christian Alejandro Lanuza Monge, el mismo que fungió como mandatario de la compañía offshore Broadway Commerce Inc., vinculada a Marllory Dadiana Chacón Rossel, alias “la Reina del Sur”. Entre sus accionistas y directores, según la documentación de Mossack Fonseca, están María del Alma Acevedo Alcázar y Francisco Manuel Acevedo Alcázar. De acuerdo con información del portal Guatecompras, ambos están relacionados a negocios de pompas fúnebres y servicios contables, respectivamente.

2. Orel Overseas Inc.

La propietaria de esta compañía offshore era otra empresa: Montego S.A., según detallan los documentos de Mossack Fonseca. El bufete informó a la UAF que la compañía estaba inactiva y morosa desde 2011, dos años después de haber sido registrada. Guatecompras detalla que Montego S.A., cuyo nombre comercial es Pan Barcelona, tiene como representantes legales a Óscar José y Alejandro ambos de apellido Álvarez Abullarach, Anabella Clara López Lobos y Óscar Álvarez Marroquín. Una publicación de julio de 2017 reseña a los Álvarez Abullarach como los beneficiarios de una compra irregular de armas, a través de la empresa Armsa Guatemala, de la cual también son representantes legales.

**Luego de que este reportaje fuera publicado, Anabella Clara López Lobos se comunicó con Plaza Pública para desvincularse ella personalmente y a la empresa Montego, S.A., de la cual es representante legal en la actualidad, de Orel Overseas Inc. López Lobos explicó que junto a sus socios compraron Montego, S.A., en septiembre de 2013. Sus anteriores propietarios, precisó, no le informaron sobre la supuesta relación anterior entre esa compañía y la offshore.  

3. Glendower Holdings Inc.

Mossack Fonseca informó a la UAF que los accionistas de esta empresa fuera de plaza eran José Andrés Castillo Arenales y Claudia María Urruela Kong de Castillo, a razón de 50% cada uno. La empresa aún estaba activa para marzo de 2017. Según datos de Guatecompras, Castillo Arenales es el representante legal de la panadería San Martín, bajo la razón social La Panería, Sociedad Anónima. 

4. Liriel Company, S.A.

Las acciones de esta compañía están en un 75% a nombre de Guillermo Enrique Anzueto Barrios y en un 25% a nombre de AP International Foundation, compañía panameña, según el informe remitido por Mossack Fonseca a la UAF. Anzueto Barrios aparece como contacto de la constructora GSED-ALFA en directorios de constructores, aunque en Guatecompras el representante legal de esa empresa es otra persona. Documentación interna de Mossack Fonseca indica que la compañía manejaba vínculos con el banco Ficosa de Panamá.

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5. Blue Star World Investment Corp.

Mossack Fonseca informó a la UAF que los accionistas y los beneficiarios finales de esta empresa eran Richard Steven Callaway Ayau y Ana Patricia González de Callaway. Las acciones estaban repartidas a razón de 50% cada uno y la empresa estaba activa al momento del reporte. Fue adquirida en 2012 con el bufete guatemalteco López Alvarado y Asociados como intermediario. En Guatemala, Callaway Ayau es un empresario vinculado a la aviación. Funge como representante legal de las empresas ARM Aviación e Inversiones 777. Con la primera de ellas ha ganado más de Q3 millones en contratos entre 2010 y 2018. Uno de los más recientes data de enero de este año, para prestar servicios de transporte al despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Documentación interna de Mossack Fonseca da cuenta que Callaway Ayau además era accionista de la empresa offshore Syfly Corp., también administrada por el bufete panameño. Actas de junta directiva dan cuenta que las reuniones de Blue Star World Investment se llevaban a cabo en la misma dirección de ARM Aviación: un hangar del aeropuerto de La Aurora.

6. Adenville Holdings S.A.

Al igual que Liriel Company, los accionistas de esta empresa eran Guillermo Enrique Anzueto Barrios y AP International Foundation, a razón de un 75% y 25%. Adenville fue registrada en abril de 2013, a través del bufete López Alvarado y Asociados. En junio de 2016, correos internos de Mossack Fonseca demuestran que estaban considerando renunciar como agentes residentes de esta empresa y de Liriel Company, ya que nunca se les había remitido los nombres de los beneficiarios finales. No lo hicieron.

7. Mayhill Industries S.A.

Compañía adquirida en 2015 a través del bufete López Alvarado y Asociados y cuyo beneficiario final es José Andrés Castillo Arenales. En el documento de registro de la compañía quedó plasmado que si bien autorizaban capital por US$10 mil, los valores estimados que manejaría la empresa oscilaban entre US$250 mil y US$1 millón. Además de Castillo Arenales fue nombrada directora Claudia María Urruela Kong de Castillo.

8. Act Centroamerica Corp., y Act Inc Latino America Corp.

Ambas compañías relacionadas al exinterventor de Aeronáutica Civil, Alejandro Castañeda Serovic, quien ha sido señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de participar en reuniones con los acusados de pertenecer a la red de defraudación aduanera La Línea. Castañeda Serovic ya había sido perfilado por Plaza Pública cuando el escándalo de los Panamá Papers estalló. Cuando Act Centroamerica Corp. fue registrada, el único nombre visible era el de Vania Diggy López García, quien ya tenía un cargo en la otra compañía. Sin embargo, cuando Mossack Fonseca informó acerca de esta compañía a la UAF identificó a Castañeda Serovic como beneficiario final.

9. Salvador Services S.A.

En este caso Mossack Fonseca contestó a la UAF que no podía brindar información ya que el cliente no había proporcionado datos para identificar al beneficiario final. El cliente era el bufete Díaz Durán y Asociados, que fungió como intermediario entre guatemaltecos y Mossack Fonseca en otros casos. Sin embargo, documentación interna de Mossack Fonseca muestra que cuando la sociedad fue adquirida en 2009, el apoderado nombrado fue Juan Carlos Sánchez Cordón y explicó que la actividad de la sociedad sería la “venta, compra, importación, exportación de fertilizantes y pesticidas”. El correo que Sánchez Cordón dejó escrito lo identificaba como miembro de la empresa guatemalteca Fertilizantes B & Q. Otro de los apoderados que tuvo Salvador Services S.A. fue Cristian Alejandro Lanuza Monge, mencionado por su relación con las empresas de Marllory Dadiana Chacón Rossell. Mossack Fonseca decidió renunciar a esta empresa debido a que nunca le remitieron los nombres de los beneficiarios finales.

10. Ils Holding Inc.

El bufete Mossack Fonseca identificó como accionistas y beneficiarios finalesa partes iguales de un 50% cada uno, al salvadoreño Adolfo Salume Artiñao y al guatemalteco Ricardo Antonio Saravia Baechli. Al mismo tiempo que Mossack Fonseca intentaba completar la información para enviarla a la UAF, Salume Artiñao buscaba cambiar Ils Holding Inc., y varias empresas más que tenía con ellos al bufete panameño Robles y Robles, según documentación interna de Mossack Fonseca. Salume Artiñao es un reconocido empresario salvadoreño, quien también ha tenido pininos en política, y que hasta febrero de 2017 poseía 17 empresas con Mossack Fonseca como agente residente: 15 en Panamá y 2 en el estado de Nevada (Estados Unidos). La documentación interna de Mossack Fonseca muestra que Ils Holding Inc. estaba bajo administración de otra empresa: Abberley, también propiedad de Salume Artiñao. Saravia Baechli, por su parte, es actualmente uno de los representantes legales de la empresa Grupo CLC, según Guatecompras.

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11. Pavella International Corp.

Hasta febrero del año pasado, la empresa estaba bajo estatus de “activa”, según lo informado por Mossack Fonseca a la UAF. Sin embargo, documentación interna del bufete consigna que la empresa dejó de reportarse y buscaba reactivarse en 2015. Fue registrada originalmente a través del bufete guatemalteco López Alvarado y Asociados y tuvo como único director a Charles Michael Bickford García, empresario guatemalteco dedicado a la aviación. Bickford García es uno de los represantes legales de Inversiones 777, ligada a Richard Steven Callaway Ayau. La dirección de contacto que consignó a Mossack Fonseca, sin embargo, es la misma de ARM Aviación, la otra empresa de Callaway Ayau.

12. Cic Industrial S.A.

Empresa calificada como “inactiva” en el reporte que Mossack Fonseca envió a la UAF y sin datos actualizados de sus accionistas y beneficiarios finales. La documentación interna del bufete reseña que fue registrada en 2007, que declaró US$200 mil como activos y que uno de sus primeros accionistas fue Harold Giovanny Valverde Flores. Según datos de Guatecompras, Valverde Flores posee la empresa Proyectos Gioval, dedicada a la construcción,  y ha ganado más de Q6 millones en contratos con el Estado guatemalteco.  

13. Edelton Services Corp.

Empresa offshore inactiva. Mossack Fonseca informó a la UAF que no tenía documentación actualizada. La información histórica del bufete muestra que la compañía fue registrada en 2001 y sus directores fueron Mario López Pérez, Michel Boileau Rappenne y Luis Fernando Valladares Guillén, uno de los representantes legales de Tigo Guatemala.

14. Acarsa International Services Corporation.

Con estatus de “inactiva” según el reporte enviado por Mossack Fonseca a la UAF y sin datos actualizados. En 2005, los directores registrados eran Salvador Morales Osoy y Mayra Aleyda Benavides Ayala de Morales.

15. Summerhill Holdings S.A.

La UAF no incluyó a esta empresa en su solicitud original del 6 de febrero de 2017, pero sí lo hizo en agosto de 2017. Mossack Fonseca solicitó al bufete intermediario guatemalteco, Global Legal International Consulting, conocer quiénes eran los beneficiarios finales. La respuesta obtenida mediante correo electrónico fue de apremio “por favor renuncien cuanto antes a esta sociedad, estuvo involucrada en escándalos mediáticos”.David Rivera, contacto de Global Legal escribió posteriormente a Mossack Fonseca que le era “imposible” pedirle al cliente que actualizara sus datos, “si desea, basta con una simple búsqueda de Google de la sociedad para ver por qué les solicitamos esto”. La compañía es la que está vinculada con el prófugo exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso Construcción y Corrupción. El 31 de agosto de 2017, Mossack Fonseca informó a la UAF que la compañía estaba inactiva desde hacía más de cinco años y no tenían datos actualizados.

* NOTA DEL EDITOR. El párrafo antecedido por un esterisco (*) fue agregado a este reportaje el 17-07-18 a las 16:25 horas.

 

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