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TSE: Supremo pero subordinado
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TSE: Supremo pero subordinado

Cientos de guatemaltecos han llegado a protestar frente al edificio del Tribunal Supremo Electoral.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuando convocaron a las Elecciones Generales 2015.
Las decisiones sobre temas electorales no están en este ente supremo, sino en otras instituciones.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala es débil. Débil ante los cuestionamientos en su contra. Débil ante el sistema de partidos políticos que lo ha convertido, mediante recursos y argucias legales, en un tribunal de primera instancia, de trámites. Las decisiones sobre cuestiones electorales, en realidad están en manos de otras instancias, en otras cortes superiores. El TSE, luego de 40 años de creación, es un espectador a la espera de recibir instrucciones para administrar los procesos de elección popular.

Los magistrados del TSE –cinco suplentes y cinco titulares– más que la máxima autoridad en materia electoral de Guatemala, parecen diez maestros intentando controlar una atestada aula de un jardín de niños que comieron demasiada azúcar. Niños que se quejan, que cuestionan, que alegan, que gritan, que patalean, que crean caos, desorden, que lloran, que increpan incesantemente con argumentos sin fondo y forma. Niños que hacen berrinche. Que se ponen zancadilla entre sí que jalan las trenzas y se quitan las sillas. Y así los partidos políticos, a lo largo de dos décadas, como un parvulario infecto y descontrolado, han creado algo que el gremio de abogados ha bautizado como “La judicialización del proceso electoral”. O en palabras más terrenales, usar la justicia, las cortes, como una estrategia en contra de las decisiones del TSE para intentar salirse con la suya. Y doblegar.

—Si no me inscriben… pataleo. (Y presento un recurso de nulidad ante el registro de las personas, luego uno de revisión ante el TSE, luego apelo en la Corte Suprema de Justicia, luego pido un amparo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad). Así hasta que me admitan y logre ser candidato/candidata.

—Si carezco de finiquito (ese documento que dice que no tengo ningún compromiso pendiente con el Estado) y no puedo ser electo… entonces grito y hago berrinche. (Y presento un amparo en contra de la Contraloría General de Cuentas).

—Si gasto de más y el TSE me suspende la campaña… alego, me quejo. (Y pido que los magistrados pierdan su inmunidad)

—Y si he robado, si no soy honorable, si tengo impedimentos legales, siempre, siempre intentaré quejarme… rebatir, imponer.

Así, hasta que Tribunal Supremo Electoral pierda toda supremacía. Hasta convertirlo —como se intenta hoy desde los recursos legales que presentan las agrupaciones partidarias— en un Tribunal ordinario, de primera instancia, que apenas se dedique a tramitar acciones, que sólo administre y no dirija el proceso de elecciones generales en Guatemala.

Porque al final de cuentas, como se prueba en el proceso no quien decide, no es el TSE, sino otras instancias, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la Corte de Constitucionalidad (CC).

La democracia que empezó sin paz

Pero las cosas no siempre fueron así para el TSE. Al menos una vez, la primera vez, no fueron así. Lo recuerda el exmagistrado Gabriel Medrano Valenzuela, ahora propuesto en la terna para ocupar el cargo a Vicepresidente del país, con trece años de experiencia (de 1988 a 2002) dentro del TSE, y expresidente de la CSJ (2012-2013). “A mediados de los años 80, había respeto por las decisiones del tribunal. Los partidos políticos acataban y no había descontrol. Se daban algunas impugnaciones, pero no era como hoy que se ha desvirtuado el uso de la ley de amparo y exhibición personal”, rememora Medrano.

El TSE nació –en espíritu, en idea– el 30 de junio de 1983, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Sucedió en un momento de armisticio, en un intento –como justificó Ríos Montt– de volver a “un régimen constitucional lo más pronto posible”, luego del golpe de Estado protagonizado por él, el 23 de marzo de 1983. Cuatro leyes dieron forma a la institución que intentaría controlar las elecciones y la política partidaria. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral; la Ley de Creación del Registro de Ciudadanos; la Ley de Organizaciones Políticas, y la Ley del Registro General de Población.

“Lo que había antes del TSE era nefasto”, recuerda el exmagistrado suplente del TSE, Rodolfo Pérez Lara. “Antes del primer TSE, había un Registro Electoral. Pertenecía al Ministerio de Gobernación. Las elecciones eran controladas por el Ejecutivo. Y ya sabemos de los sonados fraudes, de los golpes de Estado, de todo lo que ocurría con los regímenes militares y su control sobre los procesos electorales”, añade Pérez Lara.

La nueva Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada en 1985, tomó mucho de lo que en ese momento existía en materia electoral. Gabriel Medrano dice que los constitucionalistas usaron de modelo las cuatro leyes para crear La Ley Electoral y Partidos Políticos. “Y como algunos de los constitucionalistas eran políticos, modificaron algunas cuestiones, le quitaron algunos dientes”, indica. El TSE se adaptó entonces a la nueva carta magna, como parte de las leyes constitucionales más importantes: La Ley Electoral de Partidos Políticos, Ley de Libre Emisión del Pensamiento, Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y la Ley del Orden Público.

Sin embargo, en la transición de las dictaduras militares a una nueva etapa de democracia, cuestiones como la supremacía del TSE en materia electoral fueron lesionadas. La cuestión era garantizar un derecho por otro derecho. Que el Estado no fuera capaz de abusar de nadie. Que existiera un respaldo, algo más grande que velara por los ciudadanos. La Ley de Amparo y Exhibición Personal fue creada para eso, explica Medrano. Había democracia formal, pero no paz; el conflicto armado interno se mantenía vigente. “Era importante entender el contexto. Veníamos de regímenes militares, y el Estado vulneraba los derechos individuales y políticos. Con la apertura democrática se da forma a un instrumento para el resguardo de los derechos del ciudadano: la acción de amparo. Pero para mí, en retrospectiva, es la génesis que le quita supremacía al TSE”, dice el exmagistrado.

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“Lo que entendemos ahora es que lo supremo fue sólo para darle cierto glamour al TSE”, dice Pérez Lara. “En la práctica es frustrante, es darse contra la pared, es decidir pero realmente no hacerlo”, enfatiza y advierte que en consecuencia, los partidos políticos, poco a poco se han dado cuenta de que existe una gigantesca puerta abierta para faltar el respeto a los magistrados. Y el desafío es cada vez más constante, cada vez que exista oportunidad, incidir, golpear hasta horadar todo el Sistema de Elecciones.

Perder todo el respeto

El primer pulso legal en contra del TSE llegó temprano, en 1990, con apenas cuatro años de existencia. La supremacía del TSE fue desafiada por Efraín Ríos Montt cuando intentó inscribirse como candidato a la Presidencia por Guatemala en las elecciones de ese año. Los magistrados, presididos por Arturo Méndez Herbruger, le dijeron que no, que tenía impedimentos constitucionales, que un expresidente de facto no podía participar en las elecciones. El TSE en esa ocasión resistió y su decisión fue respaldada por las otras altas cortes. Su autoridad se reafirmó en apelación en la CSJ y en amparo ante la CC. Ríos Montt no fue inscrito.

Y sí, hubo pataleo, quejas y gritos. Durante septiembre de 1990 Prensa Libre recopiló las amenazas de Ríos Montt, día tras día, indicando que si la gente de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), salía a las calles a protestar, no sería culpa suya sino del TSE por negarle sus derechos.

Lo mismo ocurrió en julio de 1995. Ríos Montt lo intentó de nuevo pero tampoco fue inscrito. Entonces buscó refugio, inmunidad y control a través de una diputación en el Congreso de la República.

Tras dos intentos de cuestionar la supremacía del TSE, de intentar ser inscrito, de ser necio, Ríos Montt entonces guardó la calma. Entendió lo que necesitaba. Si el TSE no mandaba, no decidía realmente en materia electoral, debía configurar las más altas cortes bajo su mando. Perder por completo todo el respeto hacia el TSE. Para la exmagistrada de la CSJ, e investigadora de la judicialización de los procesos electorales, Marieliz Lucero Stibley, el irrespeto de Ríos Montt por el TSE configuraría no sólo la justicia política de Guatemala, sino todo el Sistema Electoral de los próximos años.

“En ese momento el gremio de abogados no tenía consciencia de lo que significaba los múltiples intentos de Ríos Montt para ser inscrito. Pero en retrospectiva, analizando, el desafío al TSE que vemos ahora, los amparos, los antejuicios, las apelaciones, tienen su génesis con estos cuestionamientos desde el FRG”, dice Lucero.

Pérez Lara como Lucero Stibley ven la segunda parte de los años 90 como el inicio de un reacomodo en el gremio de abogados en busca de poder político. Mediante compromisos y alianzas, las estructuras y asociaciones de abogados empiezan a disputar cuotas desde las Comisiones de Postulación para elegir magistrados en la CSJ y en las Cortes de Apelación. Pero también se mueven para colocar gente a fin a sus intereses dentro de la CC.

En 2003, Ríos Montt intentó participar de nuevo como candidato a la Presidencia. Lucero Stibley era parte de la CSJ que respaldó, de nuevo, al TSE al negar la inscripción. Pero el 24 y el 25 de julio, más de 35 mil simpatizantes de Ríos Montt, tal como había amenazado desde 1990, salieron a la calle a protestar en favor de la inscripción del general retirado. “Fueron días de miedo, de temer por la vida tras nuestra decisión de respaldar al TSE con la denegatoria para Efraín Ríos Montt”, recuerda Lucero. Tras la presión del llamado “Jueves Negro”, la CC tuvo la justificación necesaria para dar luz verde a la inscripción de Ríos Montt el 31 de julio de 2003. El TSE, sumiso, subordinado, sin poder real dentro del proceso electoral, acató la orden de la CC. El general retirado logró un tercer lugar en esos comicios. Los magistrados de la CC que votaron a favor de la inscripción de Rí­os Montt fueron: Mario Ruiz Wong, Francisco Palomo, Cipriano Soto y Manuel Flores. Contra aquella inscripción votaron: Juan Francisco Flores, Rodolfo Rohrmoser y Saúl Dighero.

“En lo personal considero que el TSE fue respetado hasta 2003”, dice Gabriel Medrano. “A partir de ese año es posible ubicar una desvalorización de la dinámica partidaria”.

Ríos Montt marcó algo parecido a una “jurisprudencia”. Sus recursos legales, además de controlar la CC, mostraron un TSE débil, maniatado, sin poder de decisión. A partir de entonces, en el imaginario de los partidos políticos, el TSE era impresentable, fácil de bombardear con contrargumentos, y de desafiarcele, cara a cara, desde las más altas cortes, con grandes posibilidades de salir vencedores.

Lucero Stibley indica que hasta antes de la inscripción de Ríos Montt, ante el TSE habían problemas de inscripciones de candidatos, talvez algunos alcaldes con antejuicios, talvez porque no sabían manejar la plata. Pero que la cantidad de recursos era baja, tan baja como para no afectar significativamente unas elecciones generales. “Muchos de ellos tenían procesos en su contra por ignorancia, porque el manejo de la cosa pública no es fácil. Y lo partidos no han preparado ni prepararán a la gente que asume un cargo público”, lamenta la exmagistrada. 

La justicia contra las elecciones

En 1999, según las memorias electorales del TSE, se contabilizaron apenas diez recursos legales, en su mayoría, a causa de la no inscripción de candidatos por decisión del Registro de Ciudadanos. En 2003, la suma llegó a 18, e incluía el reclamo de Efraín Ríos Montt por el cual la CC establecería que podía ser candidato. En 2007, se presentaron 75 recursos de nulidad, 28 de revisión, y 27 amparos ante la CC. En 2011, los partidos políticos presentaron 646 recursos contra las decisiones de los magistrados.

A la fecha, a tan sólo tres días de llevarse a cabo las elecciones, el TSE, según el coordinador del área procesal, César Leonel Monterroso Valencia, contabiliza alrededor de 130 recursos de nulidad, de los cuales solo 14 han sido otorgados; hay pendientes 39 revisiones; y se han presentado 24 acciones de amparo, entre las que destaca la orden de la CC para inscribir a Zury Ríos como candidata presidencial del partido Visión con Valores (Viva).

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En total, desde el día de convocatoria del 2 de mayo, son 193 recursos legales en contra del TSE. “A cinco días de las elecciones creemos que el número de recursos legales no aumentará demasiado. Vemos una reducción de amparos y apelaciones contra el TSE en comparación de los 600 de hace cuatro años”, dice Monterroso.

—¿Cómo comprender esta reducción de acciones legales contra el TSE? —se pregunta al Coordinador del Área Procesal.

—El clima político ha afectado las elecciones. Vivimos manifestaciones. Un desgaste de la clase política. Pero además, la mayoría de recursos de 2011 fueron planteados por falta de finiquito. Querían ser inscritos sin finiquito, y apelaron, se quejaron. En esta ocasión los magistrados cumplieron con rechazar de entrada a quien intentara inscribirse sin presentar finiquito —explica Monterroso Valencia.

El exmagistrado de TSE Helder Ulises Gómez, (2009-2014) dice que lo que sucede en la actualidad es un acto consciente de parte de los abogados para quitarle todo el poder al TSE. “Lo deja como si fuera un Tribunal de primera instancia, o una sala de apelaciones. Se subyuga al TSE a una orden de otras instancias y sin capacidad de defenderse, de apelar”. 

En 2011, Ulises Gómez tuvo a su cargo tres casos que cataloga de paradigmáticos en cuanto a la utilización de la justicia contra las elecciones: Sandra Torres Casanova, Harold Caballeros y las elecciones en Nebaj. Dentro del TSE, dice, hubo divisiones en cada caso, sobre todo para las resoluciones que tenían una repercusión política. “Para el caso de Sandra Torres, se le manifestó que no podía ser candidata con tres votos a favor y dos en contra”., dice. La CSJ y la CC para este caso fallaron a favor de la resolución final del TSE. “Hasta cierto punto se respetó la supremacía del TSE, pero porque la presión política pudo más que lo jurídico”, señala el exmagistrado.

Sandra Sebastián

En el caso del pastor evangélico Harold Caballeros, el TSE se opuso a su participación en las elecciones de 2011. Tres en contra de él, y dos a favor”, dice Gómez. Harold Caballeros desistió finalmente de su candidatura, pero durante su proceso judicial, la CC estableció que el TSE, al ser una institución pública, no tiene legitimidad para apelar resoluciones de cortes superiores dentro del sistema de justicia en Guatemala. Eso es algo que todavía hoy inquieta a Gómez: “Si ni el TSE puede apelar cuestiones electorales, entonces quién. ¿El MP o la PGN? Los únicos que podrían serían los secretarios generales de los partidos políticos, pero se abstienen para salvaguardar sus intereses”.

El TSE, ante los fallos en su contra, está neutralizado.

Mario Fuentes Destarac, abogado y miembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), aclara: “El amparo sólo es de los gobernados, no de los gobernantes. No podría venir una institución pública a pedir amparo a su favor. Porque, ¿cómo va a tener violación a los derechos humanos una entidad pública? Tenemos que reconocer que el amparo es importante, pero también saberlo delimitar”.

—¿No es frustrante ser magistrado del TSE? —se le pregunta al ex magistrado Gómez

—Es frustrante. Desde el orden administrativo lo es. Para el TSE no hay supremacía y no hay independencia ni autonomía en materia electoral, en la forma de llevar y controlar un proceso. En todo lo demás, las altas cortes pueden entrar a conocer. Pero en los ámbitos electorales debe ser el únicamente el TSE. Quizá dejar una segunda instancia, la CC. Pero eso conlleva reformas constitucionales, reformas a la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Reformas para ordenar la casa para reconocer el verdadero papel que juega el TSE–dice Gómez.

A pesar de todos los cuestionamientos que se pueden plantear en contra del TSE, para el constitucionalista, Rodolfo Rohrmorse, el tribunal electoral mantiene indiscutiblemente su supremacía. “Su rol”, dice. “Es la máxima autoridad en materia electoral. Pero hay que entender que la CC es un contralor de la legalidad, y el amparo, en nuestra Constitución siempre es necesario”, añade. 

La incertidumbre de la supremacía

Si en años electorales anteriores la incertidumbre recaía en uno o dos candidatos —en Ríos Montt en el 2003, en Sandra Torres en el 2011—, en las elecciones de 2015, con muchos casos abiertos aún no se sabe qué sucederá. Hay, al mismo tiempo, recursos de nulidad, de revisión, de apelación, de amparo, todos a la espera de fallos definitivos. Un recurso antecede a otro y éste a otro más, hasta alcanzar a la CSJ, a la CC, para que el TSE pueda tramitar los procesos.

Eugenia Mijangos es parte de los magistrados titulares que tienen a su cargo las elecciones del 2015. Para ella, el clima electoral es atípico en muchos sentidos. Primero por el contexto de la crisis política, con la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ahora capturada y llevada a tribunales acusada de liderar una red de defraudación aduanera, y al momento de la entrevista mencionaba la exigencia de la población que pedía la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, ahora ya presentada. Atípica también por la solicitud, de parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para que algunos candidatos a la Vicepresidencia y la Presidencia, como Édgar Barquín del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), o Roberto González de Compromiso Renovación y Orden (CREO), pierdan su inmunidad.

Atípica también, indica Mijangos, por la evolución de las estrategias de los partidos políticos para cuestionar al TSE.

“Es clara la judicialización que existe en las elecciones. Pero las estrategias de los partidos políticos incluyen ahora nuevas formas de contravenir las decisiones del TSE. Es preocupante. En lugar del fortalecimiento y diversificación de las estrategias electorales, ahora hay algunas instancias legales –como ONG– que trabajan en apoyo a determinado grupo o partido político. Y desde ahí los candidatos hacen campaña aun fuera de la ley”, explica la magistrada. Los recursos legales cada vez son más voluminosos, agrega.

El TSE negó la inscripción de la hija del general Ríos Montt, Zury Ríos, pero la CC resolvió dejarla participar. El expresidente Alfonso Portillo, luego de cumplir condena en Estados Unidos acusado de peculado y lavado de dinero, regresó a la contienda electoral pero el TSE le negó la participación. La CC ha resuelto acorde al TSE y le ha negado la inscripción por falta de honorabilidad. Y así, en ese impasse, hay alcaldes y diputados… Al menos 40 candidatos han sido rechazados por falta de idoneidad.

El TSE ha decidido, en primera instancia, pero debe esperar, y acatar órdenes superiores para intentar controlar el proceso electoral.

—¿Cómo se puede controlar tanto y con tanta debilidad? —se pregunta a la magistrada Mijangos.

—Teniendo una ley más actualizada, más en contexto con el fenómeno político actual y no el de 1985. Somos la única parte del Estado que tiene relación cotidiana con los partidos políticos y ahí deberíamos incidir, en sus cuadros, en las organizaciones políticas.

A lo largo de los últimos diez años la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido maquillada mediante pequeñas reformas en el Congreso de la República. Nada de fondo. Sólo cuestiones de forma, como en 2004. Pero ahora muchos sectores —sociedad civil, el mismo TSE— exigen un cambio toral, acorde a los tiempos que corren. Y dentro de lo que se solicitan están los nombres de los financistas de los partidos políticos; la imposibilidad de cambiarse de agrupación; aumentar las sanciones, no sólo de forma monetaria sino también desde lo legal; lograr una mayor participación indígena y de género; y revisar la ley cada vez que concluyan los procesos electorales para recomponer aquí y allá y lograr una herramienta más versátil en materia de elecciones. En definitiva algo más versátil, con mayor capacidad de reacción, que el propio TSE.

Pero lograr las reformas que pide el TSE, es rogar de nuevo a otras instancias del Estado: El Congreso de la República, primero para que las aprueba, y la CC,después, para que las ratifique. El TSE, al parecer, siempre será un subordinado. Siempre a la espera de una orden, de un cambio. El TSE como el gran espectador. En tanto la estrategia de los partidos políticos consiste en ganar tiempo dentro de las Cortes, plantear recursos legales a la espera de algún fallo a su favor o en contra, que seguramente serán resueltos una vez terminado los procesos de elección popular.

Los magistrados del TSE, entonces, enfrentarán a los mismos actores políticos, pero en otro contexto y quizás, ante muchos reelectos, con otro tipo de inmunidad. Y una vez más el TSE quedará ante un proceso electoral, en 2019, que apenas logra dirigir.

“Lo que entendemos ahora es que lo supremo fue sólo para darle cierto glamour al TSE”, dice Pérez Lara. “En la práctica es frustrante, es darse contra la pared, es decidir pero realmente no hacerlo”.
A tres días de llevarse a cabo las elecciones, el TSE, según el coordinador del área procesal, César Leonel Monterroso Valencia, contabiliza alrededor de 130 recursos de nulidad, de los cuales solo 14 han sido otorgados; hay pendientes 39 revisiones; y se han presentado 24 acciones de amparo.
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