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Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina

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Desde el principio, incluso con la información de Gómez en Gobernación, al Gobierno de Álvaro Colom le hizo falta saber cómo la administración pondría en práctica su eslogan de campaña “la violencia se combate con inteligencia”. El Gobierno de la UNE había recibido en herencia un sistema de información muy debilitado.
Desde los anteriores gobiernos, no era novedad la militancia de fuerzas de seguridad, civiles o militares, de alta o baja, en filas criminales; los sicarios involucrados en el caso Rosenberg sólo lo hicieron más evidente.
La Policía Nacional Civil capturó a sindicados de narcotráfico.
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Seguridad. La herencia de Colom a Pérez Molina

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Historia completa Temas clave

Una expectativa pesa sobre Otto Pérez Molina cual bomba de tiempo: el cumplimiento de su promesa electoral de reducir la violencia. Esta es una prueba que podría hacer tambalear su credibilidad si, como le ocurrió al ex presidente Álvaro Colom, una vez en el poder carece de recursos para enfrentar el reto y tiene una lectura equivocada del manejo de la seguridad interna, que es solo uno de los engranajes del sistema de justicia que también adolece de males.

Colom dejó una gestión de luces y sombras: una reducción en la tasa de homicidios por arma de fuego y arma blanca, inteligencia civil reforzada, una mejor relación entre el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público, pero asesinatos con más saña, decomisos de cocaína sólo superiores a la administración 2004-2008 (no a las anteriores),  Guatemala convertida en laboratorio de drogas sintéticas, extorsionistas con objetivos diversificados, y policías y soldados honestos flanqueados por compañeros corruptos. Los males, enraizados en administraciones anteriores, se agudizaron en los últimos cuatro años.

Cuando Otto Pérez Molina asumió la presidencia, recibió un monstruo de varias cabezas: el narcotráfico, mercado negro de armas, contrabando, extorsión, robo a mano armada, entre las más feroces y mortales. Es una bestia que anteriores administraciones alimentaron con políticas inadecuadas, y con la cual también forcejeó el anterior gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del presidente Álvaro Colom. Todos fueron parte del problema y, a veces, de la solución.

Ahora, Pérez Molina se enfrenta —entre otros retos— a la amenaza Zeta, el independizado brazo sicarial del mexicano Cartel del Golfo que busca dominar el trasiego de cocaína en el país, que además comienza a emerger como fabricante de drogas sintéticas para el Cartel de Sinaloa en México. Las pandillas aún viven de las extorsiones, no sólo al transporte público colectivo, sino también a taxistas, residencias y comercios. Luego, el robo de celulares, motos o automóviles, el móvil de numerosos homicidios en el país, sigue sirviendo a empresas delictivas como la extorsión y el secuestro.

Pero, hay más dificultades. La corrupción, en las filas de la policía y el ejército, hacen que el vehículo encargado de la seguridad avance con llanta pinchada. Con dificultades. El reto es mayúsculo al sumar la falta de fondos, que deberán salir de una reforma fiscal -cuya aprobación será complicada- y de ayuda extranjera -condicionada a resultados y mejoras en la garantía y defensa de derechos humanos, en el caso de Estados Unidos-. ¿Pero cómo se llegó a esta crisis de seguridad?

Punto de partida

Colom inició su gobierno caminando entre candelas de dinamita: el índice más alto de homicidios en 12 años, desde la firma de la paz -43 muertes violentas por cada 100 mil habitantes-; las maras en metástasis, alimentadas por las extorsiones y el narcomenudeo; los decomisos de cocaína más bajos en los últimos 10 años; corrupción estatal, y la llegada de los Zetas al país. Cada virtual detonación ofrecía daños colaterales.

En su favor, la nueva administración contaba con la instalación, en 2007, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI). Pero la tormenta criminal perfecta ya se había gestado, y sus vientos comenzaron a soplar hacia los cuatro puntos cardinales del país. No ayudaron dos factores: Uno, el cierre, en 2004, de cinco bases militares en los principales corredores de narcotráfico, en el norte, oriente, costa sur y noroccidente de Guatemala, y dos, que el gobierno no alcanzó a percibir desde el inicio la dimensión real de la amenaza, como Colom lo admitió en 2010 en una entrevista con el Woodrow Wilson Center. Para entonces, su administración ya había nombrado al quinto y último ministro de Gobernación, Carlos Menocal. El cambio de ministros creó inestabilidad en la policía y otras dependencias de la cartera.

Colom reconoció que la única información “de adentro” del Estado que le dejó  la administración de Óscar Berger,  venía del ministro de Gobernación, Vinicio Gómez. En los últimos meses del gobierno de Berger, Gómez fue viceministro del ramo cuando Adela de Torrebiarte dirigió la cartera (en 2012, Torrebiarte dirigirá la Reforma Policial).

El corto período de Torrebiarte y Gómez en el Mingob de Berger fue suficiente para reducir la tasa homicidios (de 45 por cada 100 mil habitantes en 2006 a 43 en 2007). “Vinicio Gómez era el único que sabía qué hacer”, dice el analista Héctor Rosada, respecto a los funcionarios en la cartera en ese entonces. Pero la información y experiencia que podrían haber  ayudado, se truncaron cuando Gómez murió en un accidente de helicóptero en julio de 2008.

Desde el principio, incluso con la información de Gómez en Gobernación, hizo falta saber cómo la administración pondría en práctica su eslogan de campaña “la violencia se combate con inteligencia”. Ya a partir de diciembre de 2007, los Zetas se paseaban por todo el país, con la holgura suficiente para planificar el asesinato de Juan José León (alias “Juancho”), conocido por robar cargamentos de droga, y ejecutarlo el 25 de marzo de 2008, un hecho que dejó 10 muertos más, entre escoltas del asesinado y victimarios.

Maras fortalecidas, policía debilitada

El eslogan tampoco se materializó cuando cinco pilotos de autobús urbano fueron acribillados en un solo día, el 5 de febrero de 2008, y se elevó el asesinato de pilotos a manos de extorsionistas. Estas acciones, más que una medición del crimen organizado a la fuerza de las nuevas autoridades, parecían un reto abierto que anunciaba “esto es lo que podemos hacer si queremos”. En diciembre, las asociaciones de pilotos reportaban que 175 pilotos de buses urbanos, extraurbanos y de rutas cortas, además de 11 ayudantes, habían sido asesinados.

Un investigador policíaco de extorsiones sostiene que en el gobierno de Óscar Berger (2004-2007) se hizo poco para controlar a las maras, que se fortalecieron con las extorsiones y el narcomenudeo. Ambas actividades delictivas generaron fondos que les permitieron armarse hasta los dientes. En ese lapso, por ejemplo, había más cocaína circulando en el país. Los decomisos se desplomaron. Se confiscaron 12.6 toneladas en los cuatro años (seis toneladas menos que en el Gobierno anterior), cuando se estimaba que se trasegaban unas 250 toneladas anualmente (según estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), y estimaciones del Departamento de Estado de EE.UU.).

Las pandillas enfrentaban a una policía diezmada. El  Gobierno intentaba reunir una fuerza policial que sobrepasara los 20 mil elementos. Pero para 2009, se había dado de baja a 1,500 policías -entre agentes, oficiales, subcomisarios y comisarios- por diversos actos de corrupción—desde delitos menores, hasta robo de dinero y droga decomisados-. Parte de la depuración se hizo con el apoyo de la CICIG. Desde ese año, el entonces jefe de la comisión, Carlos Castresana, advertía que la CICIG “no era una varita mágica”. Sin el fortalecimiento institucional de los diferentes organismos del Estado, la lucha contra la impunidad no tenía piso en qué pararse. Eso incluía a la PNC.

El debilitamiento de las autoridades civiles debía ser enmendado con el proyecto de la Reforma Policial, a cargo de Helen Mack. Pero cuando se llegó al final del gobierno de Colom, incluso el ministro Menocal le achacaba a Mack pocos resultados y demasiados planes en papel. Mack, sin vacilar, atribuyó la falta de concreción a la falta de apoyo financiero del Gobierno. “Sin fondos no hay reforma policial que camine”, dijo. Las asperezas entre Mack y Menocal se mantuvieron intactas hasta el cambio de mando, cuando la  PNC alcanzaría los 25 mil elementos -o un policía por cada 560 habitantes-. El Gobierno de la UNE no consiguió la aprobación de una reforma fiscal, que habría generado fondos para contratación y formación, y la ley de Extinción de Dominio -aprobada para utilizar bienes confiscados al crimen organizado en favor de la seguridad y justicia- no ha canalizado suficientes recursos para hacer una diferencia en la institución policiaca.

Talón de Aquiles: sistema penitenciario

El Mingob tenía otra debilidad en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP): los pandilleros seguían delinquiendo desde la cárcel. Mientras todo esto sucedía, Giulio Talamonti, se encargó entre abril y agosto de 2009 de la DGSP. En ese lapso, gestionó la separación de los pandilleros en diferentes prisiones para evitar que planificaran las extorsiones. Así, su equipo de trabajo contribuyó a reducir los casos que involucraban al transporte urbano en la capital y algunas rutas hacia el occidente.

Una fuente de la DIGICI afirma que en 2009 se mitigaron las extorsiones con el bloqueo de teléfonos celulares, requisas y el traslado de reclusos del Preventivo de la zona 18 a Fraijanes y otros penales. Sin embargo, un día de agosto, a Talamonti le pidieron el puesto. Ocurrió después del tercer cambio de ministro, de Salvador Gándara a Raúl Velásquez. Cuando finalizaba 2009, los pilotos del transporte colectivo asesinados en conexión con las extorsiones sumaban 192, según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), un incremento sobre las cifras del año anterior.

Poco después, el ex director de la DGSP supo que los pandilleros fueron reagrupados en las mismas cárceles, y las extorsiones se incrementaron de nuevo. En 2010, fueron reportados al menos 130 asesinatos de pilotos y de 53 ayudantes. Pero el caso más notorio se registró el 3 de enero de 2011, cuando una bomba hechiza, activada con celular desde la cárcel, explotó en un autobús de ruta corta y mató a nueve pasajeros -por este caso fueron procesados dos pandilleros encarcelados, y al menos tres personas más-.

Un mes después, un detective policiaco admitiría que la unidad que investiga pandillas sólo tenía 80 investigadores, y cada uno manejaba un promedio de 150 expedientes. Con tan limitado recurso humano, la reagrupación de los extorsionistas en las cárceles resultó letal. Para finales de marzo, se reportaban 46 muertes de pilotos. Sin embargo, en septiembre, el Ministerio Público (MP) consiguió que un tribunal condenara a cuatro pandilleros a 191 años de cárcel por 11 asesinatos de trabajadores del trasporte colectivo y tres intentos de asesinato. Otros cómplices recibieron condenas menores.

En diciembre de 2011, una fuente de la DIGICI dijo que los pandilleros habían sido separados de nuevo. Agregó que las extorsiones al transporte público habían descendido, en parte por la instalación del sistema prepago en el Transurbano y la detección de casos en los que estaban involucrados los ayudantes de los buses, o el mismo piloto. Pero los extorsionistas no se cruzaron de brazos, aumentaron las extorsiones a residencias y comercios en centros urbanos, y al transporte extraurbano.

Narco y corrupción

Cuando ocurrió la matanza entre Zetas y miembros del Cartel de Sinaloa en la aldea Agua Zarca, en Huehuetenango, en noviembre de 2008, el saldo de 17 muertos hizo evidente que no había control o presencia -cualitativa ni cuantitativa- de las fuerzas de seguridad en sectores importantes del país, que utilizaba el narcotráfico o el contrabando para transportar productos ilícitos.  Pero esto era sólo el principio.

En medio del complejo inicio de gobierno, hubo un aspecto que sí comenzó a dar resultados: los operativos militares en Petén para reducir el número de aterrizajes de avionetas con cocaína en, o cerca de, la Laguna del Tigre. Un oficial militar que participó en los operativos dijo que ubicaron los sitios de aterrizaje y colocaron vigilancia. Dos años después, el número de vuelos se redujo considerablemente -de 30 a 40 vuelos en 2008, según Menocal, bajó a 5 en 2010-. La mayoría, según registros de la DEA y del Mingob, se desvió y comenzó a aterrizar en Honduras y, después del terremoto en Haití, en enero de 2010, en el Caribe. Entonces, los cargamentos comenzaron a llegar por tierra. Además, la reducción de los vuelos no implicaba que Petén era terreno recuperado—de los narcos, o de la corrupción-.

Los militares podían estropearles los aterrizajes a los narcos, pero no podían hacer capturas o cateos. “Cuando necesitábamos entrar a alguna propiedad, pedíamos apoyo a la policía”, dice el oficial. “Pero cuando íbamos a una comisaría, nos hacían esperar hasta una hora sólo para decirnos que no nos podían dar apoyo o darnos uno o dos agentes. ¿Qué íbamos a hacer con eso? ¡Nos estaban tomando el pelo!”. Para cuando se localizaba a la fiscalía, se obtenía una orden judicial de cateo, y llegaban al lugar hasta donde habían seguido el traslado de la droga, ya no había evidencia alguna, ni nadie a quien capturar.

En 2008, siguieron un cargamento de 1,300 kilos de cocaína en Petén, hasta una finca de Walther Overdick, principal aliado de los Zetas en Guatemala. La policía acompañó a la fiscalía en el proceso de decomiso y custodió el cargamento hasta la capital. Al llegar, según el citado oficial militar, la fiscalía descubrió que 250 kilos habían sido sustituidos por harina.

Recursos y estrategia insuficientes

En cuanto al ejército, Colom decía que era necesario elevar el número de tropa, de 21 mil a 25 mil reclutas, pero no pudo financiar ni el personal, ni el equipo —que ya es deficiente con el ejército actual. Las fuerzas castrenses se ven obligadas a usar teléfonos celulares—a veces de defectuosa señal—para comunicarse durante operativos antinarcóticos, cuando lo recomendable sería utilizar radios Harris con canales de comunicación seguros, pero que cuestan US$20 mil cada uno (unos Q155 mil). Además, hasta ahora, el Congreso no aprueba un préstamo para comprar radares y aviones para este efecto y atender crisis por desastres naturales.

El analista y ex militar Mario Mérida afirma que las deficiencias en el uso de elementos militares contra el narcotráfico no se reducen a tropa insuficiente, sino a falta de estrategia a mediano y corto plazo. En marzo de 2009, por ejemplo, la policía encontró un campo de entrenamiento Zeta en Ixcán, Quiché, con al menos 500 granadas, municiones y armas. Fue evidente que el lugar no permaneció bajo vigilancia de las autoridades porque en julio de 2011 descubrieron que los zetas seguían usando la finca. Esta vez, para una “narco fiesta”, según la denominó Menocal.

En otro caso, después del asesinato de Juancho León en marzo de 2008, las autoridades descubrieron que los zetas, involucrados en el crimen, entraron en 2007 a Guatemala por Huehuetenango y viajaron por vía aérea a Cobán, Alta Verapaz. Había información de inteligencia que se estaban asentando en el área, pero el Gobierno decidió instalar un Estado de Sitio hasta diciembre de 2010. Colom y Menocal aseguraban que la violencia descendió en más de un 50 por ciento en ese departamento. Sin embargo, sólo tres semanas después de que finalizó el Estado de Sitio, los Zetas ya traficaban cocaína en Raxruhá, y tres meses después, dejaron los restos del fiscal Allan Stowlinsky en varias bolsas en el centro de Cobán.

Otro ejemplo, de la falta de previsión, fue la incursión a Petén de una caravana de 20 vehículos con unos 60 zetas a bordo, en octubre de 2010. Entraron por Belice, se dirigieron a El Naranjo—presuntamente a recuperar un cargamento de droga—y enfilaron hasta México por la frontera oeste, después de una nutrida balacera con policías y soldados. Parecían estar “calentando motores”, pero se desconocía para qué. La respuesta vino siete meses después, cuando decapitaron a 27 campesinos en una finca en La Libertad, presuntamente en represalia contra el dueño de la propiedad por traficar para el Cartel del Golfo. Hasta entonces, se instaló un Estado de Sitio en Petén.

Pegajosa corrupción

En octubre de 2010, Colom dijo: “Pensamos que [el problema] era de un 80 [por ciento], pero resultó que era de un 120 ó 200”, respecto a la percepción errada en lo que les esperaba en el Ministerio de Gobernación. El ex Presidente se refería a que—salvo por Gómez—su equipo de trabajo desconocía cómo era el monstruo por dentro, a las sinuosas avenidas de corrupción, y al crimen infiltrado en las estructuras estatales. Pero una cosa era la corrupción enquistada en el Estado, y otra, la que viajaba en algunos de los zapatos de la burocracia entrante.

El analista Gustavo Porras dijo al Wilson Center que para ser parte de estas estructuras no era necesario infiltrarlas, sino “ser parte de” [ellas]. Esto se conseguía, según explicaría Ricardo Stein en la misma publicación, con el tradicional pago de facturas políticas que hacen la mayoría de partidos oficiales entrantes. La mecánica coloca a personas en puestos de trabajo en el Estado como remuneración del apoyo político, o financiero, en la campaña. Sin embargo, los nuevos burócratas no siempre están calificados para el puesto. Esta condición les hace más vulnerables a la corrupción o, peor, a ser seducidos por el crimen organizado—sino es que ya son parte de él.

Colom admitió que en 2009 separó a Obdulio Solórzano (luego acribillado en 2010, siendo ministro Menocal) de la dirección del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) porque tenía vínculos con personajes ligados al narcotráfico. Luego aclaró que a Solórzano, quien fue uno de sus principales financistas de campaña, no se le comprobó participación directa en el trasiego de drogas. Extraoficialmente, funcionarios de la administración comentaban que Solórzano era conocido en el mundo narco como “Don Yuyo”, y tenía asociaciones con los Zetas en Cobán, y los Lorenzana en Zacapa.

Desde que Solórzano fuera separado del cargo de Fonapaz hasta su asesinato, ya habían pasado por el despacho del Ministerio Francisco Jiménez, que después de seis meses fue nombrado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, y Salvador Gándara (ex alcalde de Villa Nueva y ex jefe de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva),  sucedido en el cargo por Raúl Velásquez. El nuevo ministro había sido militante del partido UNE y había participado en el diseño del plan de seguridad. Al menos, así lo decía él mismo.

Una fuente cercana al Mingob reveló que poco después que Velásquez estrenó su despacho en el MINGOB, en julio de 2009, recibió una visita. Eran dos policías que le llevaban dos paquetes. “Esto es para usted”, le dijeron. Él, sorprendido, les agradeció y les autorizó retirarse. En la soledad de su despacho, por curiosidad, abrió uno de los paquetes. Abajo del papel de forro, había fajos de billetes. Muchos billetes. Casi en seguida, recibió una llamada. Escuchó la voz de una mujer cercana al Ejecutivo. “Que no se te alegre el ojo porque esos [paquetes] son míos”, le dijo ella.

Un semestre tenía en el puesto Velásquez cuando fue denunciado en conexión con el lavado de US$5 millones (unos Q38.7 millones). El dinero debió servir para la compra de combustible para la PNC, pero presuntamente fue utilizado en la compra de inmuebles. Velásquez mantuvo que era inocente, pero huyó y permaneció oculto durante meses. Una versión reza que se entregó; otra, que fue capturado.

Claroscuro esfuerzo contra la impunidad

En enero de 2010, las revelaciones de la CICIG respecto al caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg (que desligaban a Colom y a la entonces Primera Dama del caso y apuntaban a que el abogado ordenó su propia muerte) dejaron atónito al país. Más allá de las interioridades, y de quién ordenó su muerte; resaltaba una realidad grotesca: policías activos y otros dados de baja, y un ex militar, conformaban el grupo de sicarios que mató al abogado. Desde los anteriores gobiernos, no era novedad la militancia de fuerzas de seguridad, civiles o militares, de alta o baja, en filas criminales; el caso Rosenberg sólo lo hizo más evidente. Además, tres de los guardaespaldas de Juancho León, que murieron en marzo de 2008, eran ex policías. Estos hallazgos confirman que del Estado han salido algunos matones del crimen organizado.

La destitución de dos cúpulas policiales era otro síntoma de debilidad institucional. Primero, ocurrió con Porfirio Pérez Paniagua, señalado del robo de droga y narco dólares, decomisados en 2009. El comisario fue absuelto, pero el caso llamó la atención sobre el criterio del Ministerio para seleccionar personal. Al menos tres asesores de esa cartera, incluyendo uno de Pérez Paniagua, eran ex policías que en 2000 resultaron involucrados en el robo de US$5 millones (del crimen organizado), según una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC, fechada en diciembre de ese año.

En el mismo sentido, en marzo de 2010, el designado director de la PNC en el segundo semestre de 2009, Baltazar Gómez Barrios, y la directora de la División de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), Nelly Bonilla, fueron capturados. Ambos eran vinculados con el asesinato de cinco policías en Amatitlán. Según el MP, llegaron a saquear una bodega de los Zetas, quienes recibieron la voz de alerta y llegaron a matar a los policías. A Gómez también se le achacaba participación en el uso de los fondos de gasolina, en la que se asociaba a Velásquez. En la bodega también fueron halladas armas robadas de una base militar, con complicidad de personal castrense.

Pero había algunas luces de esperanza. Ese año, dos policías rechazaron un soborno de Q20 mil por “dejar pasar” un camión que transportaba ropa de contrabando. Capturaron al piloto y a los dueños de la mercadería -que meses después fueron excarcelados-. El entonces vocero de la PNC, Donald González, declaró que había otros casos similares. Pero el Gobierno nunca hizo un reconocimiento público a los policías a los policías que no se habían prestado a actos de corrupción. Esta omisión dejó sin contrapesos a la imagen negativa de la PNC.

Otra victoria que se desvaneció en titulares de prensa fue la captura, en 2010, de 22 de 35 miembros de una banda de extorsionistas y lavadores de dinero. Era uno de los casos en que el MP trabajó, capacitado por la CICIG, pero sin participación de la misma. Utilizaron escuchas telefónicas, legalizadas, en parte, porque la Comisión impulsó su aprobación en el Congreso. Lo que inicialmente era un caso de extorsión acabó en la identificación de una estructura de lavado de dinero que enviaba fondos a Panamá, y la captura de una auxiliar fiscal que, dentro del MP, era cómplice de la banda.

Mala época para los extraditables

En enero de 2010, no terminaba de enfriarse la reacción pública por las revelaciones del caso Rosenberg, cuando el ex presidente Alfonso Portillo fue capturado en Izabal. Fue un éxito de la policía y del MP, que habían sido espoleados por la Fiscalía de Nueva York y apoyados por la CICIG. El ex Presidente había vuelto a Guatemala extraditado de México en 2008, por estar acusado de peculado.

Un juez le dejó en libertad, pero ligado a proceso, por una fianza de Q1 millón. El MP fue incapaz de llevarlo a la cárcel hasta que tuvo el respaldo de la fiscalía neoyorkina. La orden de captura, por lavado de dinero, la emitió una corte de Nueva York en diciembre de 2009. Menos de dos meses después, un tribunal guatemalteco emitió  otra orden de captura y las autoridades lo detuvieron. La absolución de Portillo en el juicio fue un duro revés para el MP y la CICIG. Ambos apelaron la sentencia.

En el último año y medio de la administración, el objetivo de las autoridades se fijó sobre los guatemaltecos que EE.UU. requiere por narcotráfico.  Comenzó con la captura de Mauro Ramírez, y su círculo inmediato en octubre de 2010 y continuó en 2011. Después de décadas de delinquir en Guatemala, Juan Ortiz López, alias “Chamalé” o “Hermano Juan”, fue capturado en Quetzaltenango el 30 de marzo. Sólo dos meses antes una fiscalía de Tampa, Florida, presentó una acusación contra él por narcotráfico y una corte pidió su captura. Luego, la detención de Waldemar Lorenzana Lima, que la fiscalía de Washington D.C. pidió en marzo de 2009, tomaría dos años, casi igual que la de uno de sus hijos, Elio Lorenzana Cordón.

Si los Lorenzana y Chamalé fueron intocables en otros gobiernos era porque EE.UU. no había pedido su captura y las autoridades no estaban presionadas para detenerlo -como en el caso Portillo-. Un investigador de la Fiscalía de Narcoactividad del MP aseguró que es otra fiscalía la que investiga y ubica a los extraditables, no la Fiscalía de Narcoactividad, aunque el prófugo buscado sea un narcotraficante. Claudia Paz explicó que las capturas de los narcos obedecían sólo a la orden de extradición. No dijo que el MP pidió su captura por los delitos que estos sujetos cometieron en Guatemala, por los cuales no han sido acusados, pero que las fiscalías estadounidenses sí documentan en sus expedientes.

En 2010, un funcionario del MP relató que un oficial estadounidense le preguntó al entonces Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate, si el MP investigaba a los Lorenzana. Cándidamente, Velásquez respondió que no. Entonces, el norteamericano le espetó, “¡¿Y qué está esperando para hacerlo?!”.

Perspectivas en 2012

Un funcionario de inteligencia civil atribuye la reducción de homicidios, en los últimos dos años de la gestión de Colom, a que la DIGICI permitió acceso a datos reales, un exfuncionario de la dirección asegura que en los últimos meses, el gobierno empezó a manejar “un abanico de información menos especulativa, y menos sustentada en percepciones” es decir, por fin se empezaba a aplicar la “inteligencia”. Ello permitió eliminar una dependencia exclusiva sobre los ministerios de Gobernación o Defensa, para reunir datos. También se fortaleció la relación entre el MP y Gobernación, y la PNC, y el uso de la información recabada en los cateos y capturas.

En 2010, por ejemplo, el diputado independiente Aníbal García, luego candidato vicepresidencial por el Frente Amplio de Izquierda, anticipó que la CICIG estaba teniendo un efecto importante, no necesariamente en los casos llevados a juicio, sino en las leyes que impulsó. Una de ellas, que legaliza las escuchas telefónicas, y otra del colaborador eficaz, permitió resultados concretos. Uno de ellos es el decomiso de cocaína a los Zetas en 2011. La mitad de los mil kilos incautados a este grupo en el primer semestre del año pasado se logró por medio de escuchas telefónicas, de acuerdo con Menocal.

El número de muertes por arma de fuego bajó, pero aún representa la mayor causa. De todas las muertes registradas, incluyendo las naturales o accidentales, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en 2011, el 39 por ciento –promedio mensual- fue ocasionado con arma de fuego. Algunos meses, el porcentaje subió a 42. Según datos de la PNC, en 2011, el 78 por ciento de los homicidios fue ocasionado con arma de fuego. La administración de Colom, basada en datos estadísticos de la PNC, aseguró que la tasa de homicidios se redujo a 38 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, si se considera los datos del INACIF, esa tasa se obtiene sólo si se utilizan las cifras de muertes por arma blanca y arma de fuego (que podría incluir un porcentaje mínimo de casos de suicidios). El gobierno actual anunció que la tasa real actual oscila entre las 42 y 44 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En cualquiera de los casos, estas cifras alcanzan niveles epidémicos, según la Organización Panamericana de la Salud.

Mientras tanto, los diarios en las primeras semanas de enero de 2012 mostraron síntomas de los retos por venir: El asesinato del concejal electo de Nueva Concepción, Escuintla, Misael Pérez, y su esposa, en un supuesto intento de robarles la moto en que viajaban; el asesinato de un taxista, en San Sebastián, Retalhuleu, por presuntamente negarse a pagar una extorsión; y el asesinato del diputado Valentín Leal Caal electo por de Alta Verapaz, un día antes del cambio de mando (y supuestamente en las vísperas de su traslado del partido Libertad Democrática Renovada al oficialista Partido Patriota); el anuncio del actual ministro de Gobernación, el ex militar Mauricio López Bonilla, sobre la existencia de 11 mil barriles de precursores químicos en el país, para la fabricación de drogas sintéticas; y la captura de un policía de la unidad antinarcótica con US$10 mil (unos Q77 mil), cuyo origen no pudo explicar.

Estos hechos enfrentan al nuevo mandatario con el viejo reto de la bestia de múltiples cabezas, en constante mutación, y contra el que se juega la credibilidad de sus promesas de campaña.

 

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