Por mucho, esas cantidades son los mayores montos públicos destinados al ámbito departamental y municipal en toda Centroamérica. Contradictoriamente, el aumento anual de esos recursos no se correlaciona con beneficios reales para las comunidades.
Ha sido un logro formal que se destinen estos fondos con la suficiente normativa de respaldo que permita no ir para atrás. Sin embargo, son muchas las aves de rapiña que más temprano que tarde han identificado un sinfín de posibilidades para e...
Por mucho, esas cantidades son los mayores montos públicos destinados al ámbito departamental y municipal en toda Centroamérica. Contradictoriamente, el aumento anual de esos recursos no se correlaciona con beneficios reales para las comunidades.
Ha sido un logro formal que se destinen estos fondos con la suficiente normativa de respaldo que permita no ir para atrás. Sin embargo, son muchas las aves de rapiña que más temprano que tarde han identificado un sinfín de posibilidades para echarles el guante. Desde las transas más evidentes hasta los negocios más sutiles. La evidencia salta a la vista: poco de esos dineros se traduce en beneficios reales; mucho queda en diversas instancias estatales y no gubernamentales; desde cuadros en el INFOM que siguen cobrando porcentajes importantes por agilizar trámites, modificar los estados contables de municipalidades, pasando por contratistas, intermediarios, “asesores municipales”, hasta el funcionario de las municipalidades, desde técnicos y operativos, hasta miembros de concejos y alcaldes. El asunto no acaba en los tradicionales negocios económicos, las tentaciones electorales asoman constantemente sin respetar calendarios ni convocatorias de nadie.
En medio de esta realidad, preocupa el aparente acuerdo hecho por el Presidente de la República y representantes de alcaldes, para incorporar en la propuesta de reformas constitucionales el aumento, del 10 al 11% del presupuesto, destinado para los gobiernos municipales. Con ello se pretende quedar bien, disminuir roces y discrepancias; en resumen, comprar a los alcaldes o quienes se presten a ello para generar un amplio movimiento de apoyo a toda medida del gobierno central. Indistintamente que el asunto de las reformas tenga o no viabilidad, el simple hecho de anunciar esa posibilidad es altamente negativo; no solo por aumentar los compromisos presupuestarios y restar margen de maniobra para asuntos de mayor importancia, sino por el mensaje negativo que deviene de otorgar dulces comprometedores solo con afán de conquista fácil.
Así las cosas, los discursos terminan siendo inoperantes, cuando la lógica simplista de la compra-venta de voluntades se impone. Muchas otras medidas, con sentido de verdadero cambio, se podrían poner en marcha con esos más de seis millones de Quetzales que les redituarían a sus impulsores beneficios políticos de mayor alcance.
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