Les toca a los alcaldes

Esa lista debe verse como un primer momento, y no como la única posibilidad de limpiar el Congreso. Aun cuando seguramente la mayoría de los implicados iniciarán en breve diversas acciones legales para que se revierta la decisión y apostarán por lograr una correlación favorable a sus intereses en la nueva integración de la Corte de Constitucionalidad, el objetivo ciudadano debe ser impedir por todos los medios que tal propósito se logre. Por el contrario, la lista de los sustitutos en la cual aparecen otra serie de personajes grises y oscuros es el próximo objetivo. Dejar fuera a tres diputados por ser contratistas del Estado es buena noticia, pero dentro de los suplentes hay aproximadamente entre cinco y seis de esa categoría, sumados a los parientes y amigos de quienes evidentemente se prepararon con anticipación para un relevo que no afectará sus intereses.

En todo caso, el paso dado es positivo. Dejaría fuera a caudillos de estructuras criminales que se han fincado en los territorios y han usado el Congreso como sitio para terribles componendas. Sus relevos, aunque tengan manchas, no son de la categoría de sus padrinos. Ahora corresponde continuar ese desarmado con los alcaldes electos. Nos topamos con el hecho de que todos los electos han sido adjudicados por los órganos temporales. Eso puede y debe revertirse. No es posible que alcaldes que integran las mismas redes sigan operando en innumerables municipios para seguir cometiendo los mismos desmanes de la política tradicional, que sigue siendo la única conocida. Así, nos topamos con alcaldes que son narcos, contratistas, lavaderos, coyotes o integrantes de grupos armados, unos en municipios fronterizos, otros en los costeros, otros más en Jutiapa, otros más en Petén. Este es un fenómeno de alcance nacional. No es posible dejar pasar y solapar que en días pasados se haya entregado una de las adjudicaciones en una cárcel a un alcalde electo que cometió un crimen. Eso es el colmo.

Eso de dejar fuera a los cuestionables es cuchillo de doble filo. Se trata de que el TSE tenga los arrestos para asumir las acciones jurídicas, políticas y extorsivas de los ahora machucados, pero también para dirigir las baterías a aquellos electos que sean las piezas centrales. Corresponde acompañar e incidir desde el ser ciudadano para que lo iniciado no pueda revertirse.