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Quiénes y cómo nos cuidan

Rafael Donis.
Sobre la seguridad privada.
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Las empresas de seguridad parecen haber estado allí desde siempre. En realidad desde hace 40 años. Hasta ahora, apenas eran entendidas, fiscalizadas o reguladas por el Estado. Se trata de un sector con poder político que ha crecido de modo pasivo, latente, y sin muchos controles. Por eso el Estado les ha lanzado un ultimátum: ajustarse a un nuevo reglamento. Rafael Donis, director general de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, tiene la tarea de hacer cumplir la ley ante un sector que hasta el momento ha hecho lo que ha querido.

Donis, en esta entrevista, perfila la presencia de la seguridad privada como algo ubicuo y diario. Un ente con demasiados tentáculos en el que muchos ciudadanos, antes de recurrir al Estado, han depositado la confianza de ser protegidos. Cómo nos cuidan y quiénes, sin embargo, como dice Donis, todavía no es algo comprendido a cabalidad por todos los guatemaltecos. Sus funciones tienen un límite. Y a contra reloj, cuando quedan solo cinco meses para que caduque el plazo de regulación que el Ministerio de Gobernación otorgó, los agentes de seguridad transitan por una frontera que les resulta a veces desconocida y por ratos ambigua entre lo que pueden y no pueden hacer. Entre lo que pueden y no pueden cuidar.

Si hablamos del número de empresas de seguridad autorizadas en Guatemala las cifras no cuadran. Se manejan tres cantidades: 148 autorizadas por el Ministerio de Gobernación. La SAT que cuenta con alrededor de 280. Y el Registro Mercantil que reporta unas 185. Sería un problema preguntar: ¿Cuántas hay en realidad?

–Este es uno de los problemas más serios, de discusión y debate, al que nos enfrentamos una vez aprobado el Decreto 52-2010 como herramienta jurídica ante el tema de empresas de Seguridad. Hasta no hace más de seis meses tuvimos un acercamiento con el registrador mercantil. Fue una reunión, sobre todo, para aclararnos el panorama acerca de todo el proceso de inscripción de sociedades,  representantes legales, empresas mercantiles, comerciantes individuales en materia de empresas de seguridad. Debíamos intervenir. A ciencia cierta, cuántas están registradas, no es un dato que se maneje con exactitud.

Sin embargo, hoy hay un filtro, un control por parte del Ministerio de Gobernación, para que la discrepancia que existe en estas tres entidades se regule y se puedan manejar cifras confiables y homogéneas. Una empresa de seguridad, antes de ser inscrita, debe llevar ahora una resolución de nuestra oficina para poder prestar un servicio de seguridad privada. No hay ni se dan inscripciones sin esta acreditación. Gobernación es la única entidad que puede decidir si se inscribe o no una empresa. Autorizadas, a la fecha, tenemos 148.

Los número diferentes ¿persisten?

–Tenemos todavía números diferentes por un factor: se contabiliza el número total de viejas inscripciones. En tanto los procesos de verificación entre las patentes de comercio del registro mercantil y los registros tributarios unificados (RTU) de la SAT no se terminen de cotejar, habrá divergencia.

Una empresa de seguridad era vista como otra sociedad más. Los pasos eran machoteros y se llenaba formulario tras formulario sin otro tipo de control. Y luego venían a Gobernación. La diferencia entre el Registro y SAT se daba (y se da) porque algunas de ellas no llegaron nunca a constituirse; sacaron, por ejemplo, el NIT pero no el RTU.

Si no les iba bien con la seguridad privada, entonces las empresas vendían chuchitos. Y si funcionan y prestan el servicio es porque lo hacen a la sombra de otra empresa autorizada. Claro, en ilegalidad.

¿Cómo detectan a las no autorizadas?

–La cuestión de las empresas de seguridad es que han estado allí por más de 40 años y nadie, ni uno solo de los Gobiernos pasados –ni durante la época democrática– ha querido notarlo, entenderlo o regularlo. El problema, el problema fundamentalmente político, radica esencialmente en dar apertura a una fuerza de grupos armados que no son parte del Estado, sin un control estricto. Las empresas, si eran aprobadas, era porque habían usado sus recursos y contactos, tras mucha presión política.

La coordinación principal para empezar a fiscalizar los estados de operación de cada una se da entre el Ministerio de Gobernación y el Registro Mercantil. El Registro maneja las cifras más confiables de cuántas están registradas por ser el primer paso para crear una empresa. Pero hay que comparar los números del Registro con las cancelaciones de patente, luego, de este universo, evaluar los datos de la SAT. No tenemos una cifra exacta de las no autorizadas, o de las ilegales, pero con el proceso sabemos que hay 148 que han cumplido los requisitos, incluso de modificación, es decir, las empresas viejas que se han adaptado a la ley que las regula.  

¿Cómo se representan las empresas de seguridad?

–Hay varios grupos, y subgrupos que los representan. Hay ex militares, civiles e israelitas, por ejemplo. Y hay una gremial que aglutina a todos y que por lo regular no está de acuerdo con la implementación de la ley de regulación de empresas de Seguridad. Existe, no obstante, un diálogo permanente con una mesa técnica de Gobernación que se reúne con cierta frecuencia con ellos a modo de comprender y discutir los intereses de la gremial y la viabilización de la ley. ¿Por qué digo intereses? Porque tienen poder, han utilizado sus recursos, derechos, también presiones. Nuestra función es únicamente ejecutar la ley. Adaptarlos a la nueva dinámica no ha sido sencillo.

En una dinámica empresarial de buenos y malos, justos e ilegales, ¿la regulación es algo que conviene a este sector, digamos, económicamente?

–La competencia es algo que les interesa. Las prestaciones de servicios de seguridad no autorizadas, a causa de la ley, hoy son un delito. En tema de seguridad, por obvias razones, no se puede dar un paso en falso. En la actualidad ya podemos llegar y desarticular a una empresa de seguridad que no esté autorizada. Por ejemplo, en una colonia, donde los vecinos se han reunido y han creado y contratado una fuerza de seguridad, podrían ser desarticulados, desarmados y vinculados a un proceso penal.

¿Es un favor a los empresarios?

–No es un favor a los empresarios. Hay que entender que los afectados son los que contratan y los que prestan un servicio. Además de los efectos colaterales de sus funciones en un área determinada.

Y ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas empresas que trabajan con su propio equipo de seguridad? Aquellas, como algunos bancos, que contratan a sus agentes de modo interno.

–Hay avisos de lo que se puede y ya no se puede hacer. Las empresas –comercios, bancos, inmobiliarias– deben entender que la seguridad no es uno de sus giros. Pueden tener un departamento de seguridad, que es el que contrata y se encarga de políticas internas. No pueden, desde luego, comprar armas a nombre de una empresa que no sea de seguridad.

Tenemos casos, sobre todo en el área rural, en las fincas y el sector agroindustrial, donde una sola familia tiene en comodato hasta 65 armas, todo un arsenal que distribuye entre sus empleados para su seguridad. El aviso, el ultimátum, es que una vez que una de estas armas se use de modo inadecuado, vamos por el arma, por el empleado y por el que solicitó la licencia.

En cuanto a la ley de empresas de seguridad y la ley de armas y municiones, ¿el arma es propiedad de la empresa o del guardia? ¿De quién es el arma?

–Algo claro: ningún guardia debe trabajar con su arma propia. Puede trabajar con su propia arma únicamente si trabaja de modo individual, es decir, escoltas e investigadores. No guardias, no agentes. La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) es la encargada de evaluar y otorgar estas licencias, y llevar este control.

Cada empresa es responsable de dar los insumos necesarios para que el agente cumpla su función. Y esto incluye uniforme, chapa, seguro, el arma… todo. Todo debe ser propiedad de la empresa.

Y la responsabilidad, por ejemplo, cuando un agente de seguridad de una empresa dispara…

–Lo primero que hay que entender es la delimitación de espacios. Cuando hay un delito que perseguir, Gobernación, como ente rector, denuncia o conduce a los responsables y que el juez determine. Por otro lado, es un recurso que podemos usar para evaluar si hay responsabilidad administrativa de las empresas. En ese sentido, tenemos capacidad de sanción. Multas. Multas que no son del agrado de los empresarios.

Las empresas se están sancionando respecto a la portación ilegal de armas que recae en sus empleados. Las empresas no están dando a sus elementos las credenciales correspondientes. En este sentido, todo se convierte en una maraña legal y el Sistema de Justicia ha estado dando salida improvisada a este tipo de casos. Básicamente quien dispara no es del todo responsable. No obstante, ese dictamen es la base jurídica que podemos utilizar para imponer una sanción económica al empresario, no al individuo si demuestra defensa propia, y el juez determina que no hubo delito.

De los agentes, ¿quiénes sí y quiénes no pueden portar arma?

–Si se es vigilante no se puede hacer uso de un arma de fuego. Para este puesto la escolaridad es mínima. Un guardia, uniformado, por otro lado, sí puede manejar un arma pero se limita a revolver, pistola o escopeta. Su escolaridad llega a la educación básica. Hay una excepción en la ley para los guardias de los transportes de valores, ellos a diferencia de los otros agentes pueden usar fusiles. En cuanto a escoltas, investigadores y guardaespaldas, están autorizados únicamente a utilizar pistolas y revólveres.

¿Cómo entrenan las empresas a sus agentes? ¿Hay escuelas de guardaespaldas, de agentes de seguridad?

–Actualmente, sobre la formación de cada agente no se tiene control. No hay estándares, ni en escolaridad ni en manejo de armas ni en la capacidad física para su trabajo. Y todos en las empresas, al parecer, pueden ser instructores.

Pero ojo, esto está cambiando. Este tipo de formación especializada está exclusivamente delegada a la Policía Nacional Civil. Para agosto de 2013 tiene que estar completamente bajo control. Y cada agente de seguridad privada no podrá trabajar sin la certificación del Ministerio.

¿En qué consiste este programa de certificación?

–Bien, es un curso que está estructurado para durar 120 horas y que se basa en la verificación. No formaremos guardias, sino que haremos un examen para acreditar a aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar bienes específicos y personas particulares. Exámenes sicológicos, habilidad en manejo de armas, por ejemplo.

Aunque de estos cursos hay dos cosas que no les han sentado del todo bien a la gremial y los empresarios. Una es la inclusión de la enseñanza de métodos policiales. Y otra, los derechos laborales.

Es decir que las empresas no quieren poner en evidencia sus métodos de entrenamiento, como tampoco los tratos laborales.

–Hay diálogos con ellos. A grandes rasgos, la mayoría de agentes de seguridad no saben cómo reaccionar ante circunstancias criminales. Nadie se lo enseña. Es preocupante. El pobre paisano que viene a trabajar a la ciudad apenas sabe leer y escribir. Y de procedimientos policiales no sabe nada. Qué hacer con el arma, con el cuerpo de un asesinado dentro de su perímetro, o cómo enfrentar un caso de violencia intrafamiliar, el trabajo y coordinación con el MP y la PNC, qué no hacer en la escena de un crimen, redactar un informe, no huir, esperar, y en algunos casos –cuando han disparado– cómo argumentar defensa propia. No tiene idea.

Aparte, cada agente debe saber quién los contrata. Y qué derechos tienen. Además entender que pueden exigir una póliza de seguro, que deben tener el respaldo del seguro social. En fin, el ABC de la seguridad, pero desde la perspectiva del Estado. La política de sus funciones, la rotación de turnos, horarios, registro de garita, todo eso allá en la empresa se lo van a explicar. Pero antes debe estar informado. Antes debe estar acreditado.

¿Qué tan fuerte ha sido la oposición de la gremial?

–De momento, el primer curso puesto en marcha, está enfocado para instructores y empresarios. Es un grupo muy especial. Vienen y tienen derecho a ver y cuestionar los módulos del programa. Es una manera para que los empresarios estén tranquilos. Su influencia es grande para modificar las leyes.

Hay un fenómeno social que se da en el modo de laborar de los empleados de seguridad que vienen del área rural. Para ellos estos trabajos son temporales, una especie de nuevo jornal. Una vez que hay tiempo de cosecha, o zafra, renuncian y regresan a sus pueblos. Los contratan bajo factura, sin prestaciones de ningún tipo. ¿Es consciente el Ministerio de Gobernación de estas dinámicas?

–Eso es ilegal. Ningún agente debe estar contratado por servicios. El problema es la falta de empleos y en este negocio no debe haber aprendices. No debe haber menores tampoco. Y deben ser instruidos en el trato laboral. Por este tipo de fenómenos ilegales  el número de agentes varía en ciertas épocas del año.

Guatemala es el país que mayor desproporción de agentes privados y policías públicos tiene. Una cifra que el informe Global Burden of Armed Violence 2011, presentado en Ginebra, Suiza, estimó en 120 mil privados en relación a 25 mil públicos. ¿Gobernación sabe cuántos agentes hay?

–Es un dato especulativo cuando no se tiene una base. Hay 148 empresas registradas en esta dirección. Y del sector, el reporte mensual promedio estima un número de sólo 41 mil agentes. A veces sube u otras baja, pero se mantiene en promedio. La deducción seguramente viene del número de armas que tiene registrado el sector: 70 mil armas. Las armas no son asignadas a una persona, sino depende de los turnos. Un arma para dos personas, una para dos turnos, y 70 mil por dos da como resultado esta desproporción. Ese estudio fue hecho a partir de las estadísticas de armas. En realidad no son tantos los agentes.

Existe al menos alguna coordinación con las fuerzas del Estado. ¿Cómo trabajan las fuerzas públicas al lado de las privadas?

–La seguridad pública y la privada funcionan de modo paralelo cuando en realidad deberían estar cruzadas. Ser complementos. Y su coordinación no debería estar en que reaccionen juntos ante un delito, sino en que la estructura de la seguridad privada contribuya al efecto de la seguridad pública. Esa es la verdadera asociación. Las competencias legales no le permiten otro tipo de acción.

El ciudadano común y corriente cree que las empresas de seguridad son una extensión de la seguridad pública. Los agentes de seguridad privada, primordialmente, tienen tan sólo un efecto disuasivo.

Sin embargo, deben existir estrategias.

–Desde luego. Tenemos 25 mil efectivos públicos. Por turnos no se superan los 8 mil en sus puestos. Ese es nuestro primer problema como fuerza pública. El efecto disuasivo no se logra. Cuál es la estrategia: la movilización de la fuerza en el momento y en el lugar. Pero para que eso ocurra deben existir miles de ojos, en el lugar y en el momento. Esta sería la seguridad privada, a grandes rasgos, un mapeo previo de la situación. Antes de mover los equipos de reacción, cómo, dónde y cuándo exactamente, los tentáculos de la fuerza pública, es decir, los agentes privados pueden estar alerta.

En el imaginario colectivo persiste la idea de que mientras más agentes de seguridad existan, más seguridad se percibe. ¿Se ha mitigado la violencia con más agentes y más empresas de seguridad?

–Esto es un paradigma equivocado. El guatemalteco se siente más seguro mientras más armado esté quien lo custodie. En realidad, solamente es una percepción social. La seguridad privada tiene una competencia limitada en el tema de mitigar los conflictos. En definitiva, la seguridad ciudadana no es su campo.

Un agente, ante un asalto, no puede ni debe hacer nada. Su función no es reaccionar. Pero como no le han enseñado los procesos policiales, a veces reacciona, y cuando reacciona por lo regular lo hace sin pensar. Se trata, ante todo, de un ser humano. Se le podría educar en la manera de actuar, no reaccionar. Tenemos un grupo de guardias y agentes de seguridad privada consignado por haber intervenido ante un delito. El mismo malhechor los ha acusado. El guardia está para cuidar bienes personales y personas en particular. Es un fenómeno social incluso elitista.

No obstante, es un sector que sigue creciendo. ¿Se nutre de la violencia?

–La gente tiende a decir que a medida que la violencia se incrementa, más mercado hay para las empresas de seguridad. Lo cierto, sin embargo, es que crece si hay más bonanza, si hay un crecimiento económico.

El usuario de la seguridad privada paga para cuidarse Q4 mil mensuales. Y si se cuida una familia entera se contratan entre 5 a 10 agentes, lo que descarta a un tercio de la población. Su nicho de mercado está en quiénes lo puedan pagar. Cuando haya nuevas agencias, nuevos bancos, nuevos camiones, nuevos comercios, simplemente los agentes aparecerán.

Los empresarios han hecho de este sector lo que ellos querido. Ha crecido sin que nos muchos nos diéramos cuenta.

Tenemos casos, sobre todo en el área rural, en las fincas y el sector agroindustrial, donde una sola familia tiene en comodato hasta 65 armas, todo un arsenal que distribuye entre sus empleados para su seguridad.
Esto es un paradigma equivocado. El guatemalteco se siente más seguro cuanto más armado esté quien lo custodie. En realidad, solamente es una percepción social. La seguridad privada tiene una competencia limitada en el tema de mitigar los conflictos. En definitiva, la seguridad ciudadana no es su campo.
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