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¿Por qué fracasa Guatemala? Lo que las élites se dicen pero no aceptan

A una elite inteligente y educada en ideas de progreso no le costaría mucho entender que el futuro de un país con bienestar general pasa por romper con las que mantienen a un grupo concentrando privilegios.
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¿Por qué fracasa Guatemala? Lo que las élites se dicen pero no aceptan

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Grandes empresas patrocinaron un Enade en el que James Robinson nos explicó nuestro fracaso. El profesor señaló que nuestro problema son las instituciones que facilitan la exclusión y la concentración de poder y riqueza. Esas que varios financistas crearon y mantienen.

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La idea fundamental del liberalismo es considerar y abogar por la capacidad del individuo para responder a los problemas fundamentales que le aquejan, tanto económicos, como políticos y sociales.

Esto se promueve a través de un sistema normativo, un sistema político y un sistema económico que responda a esa idea fundamental. Todo esto se enmarca en una discusión de economía política, es decir del marco que permite que las fuerzas políticas dentro de un conglomerado definan los insumos, el actuar y los resultados económicos (es decir, de bienestar) de las personas que lo integran.

Hace poco el Encuentro nacional de empresarios (Enade) invitó a, James Robinson, uno de los autores del libro ¿Por qué fracasan las Naciones?, a que expusiera su visión sobre el ser y el deber ser del modelo de economía política para Guatemala.

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Usando el concepto de instituciones formales e informales de Douglas North, Robinson, junto con Daron Acemoglu, clasifica a las instituciones en dos grupos: inclusivas y extractivas; y propone la tesis que coloca a las instituciones como causa fundamental del «fracaso de las naciones» en su camino al desarrollo.

North define a las Instituciones como las reglas del juego o restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar o regular las interacciones políticas, económicas y sociales. Estas desempeñan un papel importante pues  incentivan o desincentivan a las personas y otros agentes económicos. La relación radica en la efectividad y la previsibilidad de los resultados que las instituciones producen en las personas para tomar decisiones frente a una gama de opciones.

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Las instituciones, según North, incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones. Esto incluye prácticas de discriminación, conceptualización de relaciones personales como el matrimonio o la familia, hasta la misma concepción del individuo frente a su entorno ecológico, social o político. Pero también incluyen lo que conocemos como instituciones, o reglas formalmente elaboradas, que contienen sanciones y regulaciones jurídicas y políticas: constituciones, leyes, reglamentos, derechos de propiedad, códigos de conducta.

Para Robinson y Acemoglu son instituciones inclusivas aquellas que promueven el potencial del individuo, mediante los incentivos correctos para desarrollar la capacidad creativa individual a su máxima expresión y detonar el proceso de destrucción creativa. Este proceso, al proveer incentivos al emprendimiento personal, generaría innovación y mejores y diversas formas de producción, fomentando el crecimiento económico y desde una visión economicista, mejores niveles de bienestar consecuente. Las instituciones extractivas (llamémosle también excluyentes) son las que limitan los incentivos para desarrollar la mayor capacidad individual en el proceso de destrucción creativa: procesos de secuestro de los mercados en lo económico y del Estado en lo Político, procesos de concentración de poder y restricciones en cuanto a certeza jurídica[i], además de decisiones arbitrarias, incertidumbre y ausencia del estado de derecho.

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Según Robinson y Acemoglu, una distribución equitativa de poder en la ciudadanía (contraria a una concentración estructural de poder) facilita la aparición de instituciones inclusivas.

Esto incluye la capacidad y obligación de rendir cuentas a la ciudadanía transparentemente; y la existencia de un Estado fuerte capaz de garantizar el imperio de la Ley , y de sistemas de rendición de cuentas, fiscalización y auditoría social a quienes tienden a concentrar poder. Así se rompe con estructuras oligárquicas en lo político o monopolios en lo económico y, en consecuencia, con la capacidad de capturar, cooptar o secuestrar al Estado y la economía.

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Un ejemplo que el mismo Robinson usa es el monopolio en EE.UU. que Bill Gates generó con Microsoft, producto de su creatividad, versus el monopolio de la telefonía móvil en México, propiedad de Carlos Slim, producto de las negociaciones opacas y decisiones arbitrarias que convirtieron un monopolio estatal en uno privado.

En EE.UU el sistema de patentes y de protección de derechos de propiedad logra que personajes como Bill Gates, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos generen innovaciones importantes que el mercado retribuye monetariamente[ii]. Y tiene un marco legal que penaliza el monopolio porque rompe con la idea de un marco de competencia.

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La segunda parte de esa historia no termina en las asimetrías de poder, la opacidad y las arbitrarias reglas del juego que permitieron a Slim tener a su favor una industria que le ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta.

La diferencia, dice Robinson, es que en EUA existen instituciones (leyes antimonopolios o anti-trust) que no permiten que la estructura de poder monopólico de Gates se consolide e impida la entrada de nuevas empresas a la industria.  Esas leyes sentaron a Gates en el banquillo de los acusados y desmantelaron  su poder absoluto[iii].Mientras, en México, Slim continúa expandiendo sus tentáculos sin mucho contrapeso, como otros monopolistas y oligopolistas.

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Le invito a pensar casos de Guatemala[iv]: Aquí sucede algo similar en industrias que se han visto constantemente favorecidas, por beneficios fiscales plasmados desde finales del siglo XIX, o por proteccionismo internacional basado en un modelo de sustitución de importaciones que ha mantenido a empresas estratégicas concentradas y con poder monopólico: industria avícola, azúcar, cemento, aceros, bebidas alcohólicas…

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Robinson cierra con la idea formar un proyecto político que rompa con esas instituciones extractivas. Tarea nada fácil para una sociedad que se ha construido a través de los privilegios concedidos desde la constitución de un Estado excluyente en muchos sentidos.

Si nos basamos en sus conceptos, Guatemala es un ejemplo de libro de país basado en instituciones extractivas. Pero se convierte en un caso digno de premio cuando escarbamos los orígenes de la extractividad de las instituciones formales. 

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La clasificación de North de las instituciones como «formales e informales» implica que ese conjunto de normas sociales y costumbres que rigen el actuar de una sociedad son el fundamento de las normas, leyes, códigos y organizaciones con sistemas de gobernanza y presupuesto que consoliden y faciliten ese orden social establecido implícitamente. Muchas veces esa conducta es dictada por élites y pequeños grupos de poder e influencia en el sistema de valores de una sociedad.

El último Enade, un evento financiado por empresas, industrias y capitales que concentran buena parte del poder gracias al marco institucional, trajo con ese patrocino al autor de la tesis que explica cómo el fracaso de Guatemala se debe a la estructura de economía política de su naturaleza extractiva que concentra el poder en esa elite.  Y cómo ese marco político, económico y social atenta directamente contra el pensamiento liberal y la idea de desarrollo individual.

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Presentes en el evento se encontraban también representantes de entidades de un Gobierno que avala, legisla y mantiene esas instituciones impunemente. El presidente, Jimmy Morales, inauguró el evento sin percatarse de que el expositor sutilmente pondría en evidencia su penoso actuar después de cuatro años, dejándole ver que Guatemala es un modelo de la institucionalidad que mantiene a las naciones fracasadas. Basta ver la tendencia del reporte del WEF doing business que muestra la caída de once posiciones desde el inicio de su mandato.

Si el Estado busca facilitar procesos de desarrollo individual mediante el emprendimiento, sorprende que dificulte crear negocios nuevos, no haya impulsado (sino frenado) una ley de competencia a la que se había comprometido para regular los monopolios y oligopolios, y también que las instituciones de patentes, de financiamiento y registro de  empresas estén ausentes en buena parte del país.

Romper con el ciclo que mantiene a las naciones fracasadas implica la elaboración, propuesta y conformación de un proyecto político. Tarea titánica en un país done las instituciones siguen respondiendo a quienes les cooptan y capturan.

A una elite inteligente y educada en ideas de progreso no le costaría mucho entender que el futuro de un país con bienestar general pasa por romper con las instituciones extractivas: esas que mantienen a un grupo concentrando privilegios.

El fracaso de Guatemala es que muchos financistas del Enade actúan como si no lo hubieran entendido.

 


[i] Un ejemplo es la limitación a acceso a derechos de propiedad consecuentes de la captura del estado o leyes a favor de ciertas elites que acaparan poder frente al resto de la población.
[ii] Argumentos rebatibles, pero lo dejaremos para otra ocasión.
[iii] La propuesta de Robinson y Acemoglu empieza a ser cuestionada por la evidente capacidad de los grandes capitales para capturar y cooptar también instituciones inclusivas, mediante poder blando, persuasión y lobby legal.
[iv] La situación general de competencia en Guatemala ha sido analizada en un estudio reciente de la CEPAL, que hace notar, por ejemplo, que la industria del azúcar exhibe un alto grado de integración vertical, lo mismo que la industria avícola. Esta integración va desde la producción y distribución de huevos hasta la venta al consumidor final en restaurantes de comida rápida. El estudio de la CEPAL también hace referencia a una situación de oligopolio en la producción nacional de bebidas alcohólicas, y una de monopolio en la producción de cemento.  Estas observaciones están en línea con la conclusión de un estudio de la UNCTAD de 2005 que sostiene que se mantienen prácticas contrarias a la competencia en varios sectores en Guatemala (por ejemplo, cemento, azúcar, enlatados y frijoles), y que, por esta razón sería económicamente beneficioso para Guatemala desarrollar y hacer cumplir la legislación en este ámbito. La falta de competencia en el mercado guatemalteco también ha sido remarcada por las autoridades, en particular por el Ministerio de Economía. En un estudio reciente señala que, dado el tamaño relativamente pequeño de la economía, y las numerosas regulaciones existentes, los mercados locales siguen mostrando poca actividad competitiva. Además, subraya, en aquellas industrias en las que los precios no son fijados o sugeridos por parte de distribuidores mayoristas, los precios tienden a seguir un acuerdo sobreentendido que permite una posición cómoda a los oferentes y una falta de opciones a los consumidores, y concluye que puede decirse que la característica destacada de los mercados nacionales es la presencia generalizada de monopolios, oligopolios y mercados cartelizados.
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