Por el respeto a la legitimidad y a la democracia

Es decir, no hay manera de legitimarse en el poder político si no es adaptándose, respondiendo, inclinándose, optando, reconociendo, respetando, representando, asumiendo y aceptando la voluntad y las aspiraciones de la comunidad política a la que se debe.

Por el otro lado, uno de los referentes más importantes de la ciencia política decía, en su célebre texto ¿Qué es la democracia?, que esta es, ante todo, un principio de legitimidad, pero también un sistema político llamado a resolver los problemas —desigualdades, arbitrariedades, abusos— del poder. Yo ampliaría que la democracia busca ponerles límites al poder económico, al poder del Estado con intenciones dictatoriales, a los funcionarios que responden a agendas propias o pagadas y a los gremios que buscan su propio beneficio.

El derecho tiene el deber de encontrar los mecanismos y los acuerdos reconocidos como norma para respetar esa legitimidad. Pero el derecho o norma en sí no dota de legitimidad al poder. La ley —aun la Constitución misma— no puede tomar el lugar de la comunidad política, de la ciudadanía, de la voz del pueblo como soberano. Sin legitimidad no hay poder político que no roce lo autoritario. Y no hay nada más lejos de la democracia que un poder autoritario.

Así, pareciera que la legitimidad del poder político en Guatemala deviene del proceso electoral, pero no de la democracia. Esta es una trampa de la democracia representativa: me eligieron; ergo, mi lugar en el Congreso es legítimo. Falso, lo que hace legítima la acción política de cualquier diputado es la coherencia entre sus decisiones y propuestas y las necesidades de su electorado. Si los señores congresistas se amparan en la Constitución, en el Estado de derecho y en el número de votantes que los llevaron al Congreso como dicta la ley, se pierde en procedimientos e ignora lo más importante. Es decir, sin legitimidad estos mecanismos pierden sentido y fuerza. Por lo tanto, al no ser legítimos pierden toda fuente de poder político.

Pero ellos siguen en sus puestos sin escuchar los miles de voces que marcharon el 20 de septiembre por las calles de muchos lugares del país. Pretenden no darse cuenta del rechazo generalizado que generan. No se inmutan a pesar de que ya nadie les cree, a pesar de que los consideren sinvergüenzas, sucios y corruptos. Siguen ejerciendo su poder ajeno a cualquier sentido de democracia y de legitimidad.

Por el respeto a la legitimidad y a su portavoz, por el respeto a la democracia, los diputados deben renunciar. Para salvaguardar la legitimidad y la democracia, la Corte Suprema de Justicia debe proteger según derecho y dar trámite a los antejuicios interpuestos para no dejar pasar los abusos de los diputados. Por la defensa de una verdadera y legítima democracia en una sociedad heredera de dictaduras, el Tribunal Supremo Electoral debe cancelar partidos con señalamientos de delitos electorales. Hoy es el tiempo de poner a prueba las instituciones que responden realmente a la voz de la ciudadanía. Que la ciudadanía respalde a quien resguarde la legitimidad de su poder.

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