Sin embargo, hay que reparar en que no se trata de cualquier tipo de periodismo ni de cualquier periodista. Está claro, y no es ningún secreto, que muchos medios de comunicación sirven a intereses económicos y, por lo tanto, no incomodan ni cuestionan ni mucho menos denuncian. Muchos de estos, más que medios de comunicación, son agencias de relaciones públicas al servicio de aquellos intereses o que se limitan a lucrar con base en la nota roja. No hay un compromiso social ni ético.
Es el periodista que denuncia a personas y a grupos de poder el que incomoda y, por ende, está bajo vigilancia y en constante peligro. Y es que, tal y como se ha venido manifestando luego de estos hechos, es sumamente preocupante vivir en una sociedad en la que los periodistas no pueden ejercer libremente su profesión, en la que no hay condiciones para una prensa independiente y plural. Además, tenemos claro que la información es poder, por lo que resulta imperioso contar con medios dispuestos a informar a la población y que contribuyan a una ciudadanía crítica frente a un Estado poco transparente. Asimismo, contamos con importantes ejemplos de casos de corrupción y otros delitos que se han destapado gracias a la investigación periodística, y no de las instituciones que tienen ese mandato.
Sin embargo, la situación de amenazas, criminalización y violencia no es algo muy distinto a lo que viven otros guatemaltecos y otras guatemaltecas, como los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, especialmente los defensores del territorio y de los recursos naturales. Muchos han sido amenazados, han sufrido ataques, han sido encarcelados como presos políticos, y algunos hasta han sido asesinados. ¿Por qué? Porque hacen denuncias y portan demandas sociales que se convierten en obstáculos para ciertos grupos de poder con intereses políticos y económicos.
El clima de miedo, terror y autocensura es algo también común en lugares donde imperan grupos de poder como el crimen organizado y las maras. Los vecinos son testigos de delitos como tráfico de mujeres, asesinatos, violaciones, etcétera, y sin embargo nadie puede decir nada. Nadie se atreve a denunciar porque ello puede costarle la vida.
Y es por todas estas situaciones que me parece que el elemento a destacar luego de estos hechos de violencia recién ocurridos en contra del gremio periodístico no debe ser el derecho a la libertad de expresión, según el discurso que se ha venido manejando. Si bien es un componente esencial para la democracia, lo cierto es que aquí hay algo mucho más grande que subyace: ese contínuum de la violencia. Violencia que tiene múltiples expresiones y dimensiones y que es producida y reproducida por grupos de poder con intereses políticos y económicos —legales e ilegales— amparados por el Estado. Violencia que pone en evidencia que cualquier persona que represente una mínima molestia o un obstáculo para alguien con poder seguramente será removida del camino: será asesinada. Y es que la violencia, por un lado, genera más violencia, pero por otro, paraliza a la población. Y de eso es de lo que muchos se benefician.
Toda esta situación es sumamente preocupante, pues la forma como se están resolviendo problemas y conflictos en muchas partes del país, con la muerte, me pone los pelos de punta y me regresa unas cuantas décadas atrás. Como si la humanidad no aprendiera nada de su pasado sangriento y doloroso.
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