Los burócratas mejor y peor pagados del aparato estatal

Aunque en Guatemala existen herramientas jurídicas que buscan la equiparación de sueldos para los servidores públicos. Estos instrumentos se han quedado en el papel, pues existen brechas salariales abismales entre los  mejor y peor pagados.

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Mientras que, en promedio, el salario base de un empleado de la Corte de Constitucionalidad (CC) supera los 16,000 quetzales al mes, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los ingresos per capita apenas superan los 1,700 quetzales, cifra incluso inferior al mínimo fijado en el país.   

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¿Dónde laboran los más y menos afortunados? Para responder a esta interrogante Plaza Pública hizo un análisis con información proporcionada por dos diferentes fuentes. La primera obtenida mediante Guatenóminas y la segunda de los reportes generados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Guatenóminas sirvió para establecer la cantidad de burócratas contratados de forma permanente (renglón 011) en las instituciones públicas, tanto las que dependen del Gobierno Central como las descentralizadas.

La segunda fuente permitió establecer el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2022 dirigido específicamente al pago de nómina a favor del personal que labora bajo el renglón 011.

Los datos obtenidos son el resultado de dividir la asignación para el pago del renglón 011 entre la cantidad de funcionarios y servidores públicos entre los 12 meses del año. De esta forma se pudo obtener un promedio mensual salarial per cápita (solamente del sueldo base, no incluyen complementos salariales ni bonificaciones) sin embargo las brechas salariales no se pueden determinar, ya que no se cuenta con datos más precisos.

Se estudiaron 51 dependencias públicas, 35 del Gobierno central y 16 descentralizadas. Para el análisis correspondiente solo se consideró a las instituciones públicas que reportan a su personal mediante el sistema Guatenóminas, administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Se excluyó a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), pues estas cuentan únicamente con uno y tres  funcionarios permanentes, por lo que el dato arrojado no corresponde a un promedio, sino al salario de sus máximas autoridades.

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El análisis consideró a 187,034 personas, de estas 182,653 laboran para alguna dependencia del Gobierno central y 4,381 para instituciones descentralizadas.

El ejercicio permitió establecer las instituciones gubernamentales que mejor y peor le pagan a sus funcionarios. De acuerdo al análisis, la institución que mejor le paga a sus funcionarios es la Corte de Constitucionalidad (CC). Según los datos  dicha dependencia tiene contratados bajo el renglón 011 a 428 funcionarios y servidores. En promedio mensualmente estos ganan Q16,346.77.

Al otro extremo se encuentran las instituciones que peor pagan. Estas son: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con promedios per cápita de 1,734.33 y 1,753.99 quetzales.

Descentralizadas pagan mejor

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Las cuatro instituciones más generosas con sus servidores, que le siguen a la CC,  también son descentralizadas: el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Consejo Nacional de Adopciones y la Federación Nacional de Físico Culturismo (FNFC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

En promedio los funcionarios de estas dependencias ganan mensualmente: 11,258.22; 10,816.67; 9,229.43 y 8,475.77 quetzales.  

Respecto al Gobierno central los empleados con mejores ingresos laboran para: la Procuraduría General de Cuentas (PGN), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) con salarios de: 8,214.48; 7,376.06; 6,500.20; 6,492.91 y 5,858.94 quetzales.

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De acuerdo a la información analizada en promedio un empleado que labora para una institución descentralizada obtiene ingresos per cápita de 7,628.48 quetzales, mientras que un servidor que trabaja para el Gobierno central obtiene solo 3,549.15.

Discrecionalidad salarial

En Guatemala hay varios instrumentos jurídicos que consideran la equiparación salarial. El artículo 109 de la Constitución Política de la República establece que «los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas que laboran por planilla, serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos…».

El artículo 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101 97), establece que las «remuneraciones de los funcionarios y empleados públicos se fijarán de acuerdo con lo que establece la Ley de Salarios de la Administración Pública y otras disposiciones legales atinentes, salvo que el Organismo o Entidad Descentralizada a que pertenezcan cuente con leyes específicas sobre la materia».

El Plan Anual de Salarios y Normas para su Administración (Acuerdo Gubernativo 292-021) aprobó la escala de salarios de los puestos del Organismo Ejecutivo y otras instituciones que se rigen mediante la Ley de Servicio Civil. Dicha reglamentación aplica para los servidores y funcionarios contratados de forma permanente.

Pero, ¿por qué estos instrumentos han quedado solo en el papel? Analistas consultados ven varios factores: la existencia de pactos colectivos y una burocracia descentralizada que se rige bajo sus propias reglas, así como la falta de una actualización y homogenización de las escalas salariales, son algunas de las causas.

Luis Linares coordinador del área de estudios laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), y especialista en la administración pública asegura que, esta disparidad salarial rompe el espíritu de la Ley de Servicio Civil y la Ley de Salarios en la Administración Pública, pues estos instrumentos buscan homogenizar las escalas salariales del aparato gubernamental.

A su juicio, las instituciones en las que peor ganan los funcionarios han encontrado en los pactos colectivos un mecanismo «incorrecto de compensación». Cita como ejemplo el caso de una enfermera, graduada a nivel de licenciatura que gana un salario base de apenas 1,700 quetzales al mes, pero que con las bonificaciones estipuladas en los pactos puede alcanzar los 5,000.

Aunque este monto sigue siendo bajo intenta equipararse con otras bonificaciones.  «Es un ingreso excesivamente bajo para un personal que tienen una carga de trabajo y una responsabilidad sobre la vida de las personas».

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Ve necesario realizar esfuerzos para equipar los salarios en toda la administración pública y fijarlos bajo criterios de especialización y responsabilidad, lo que ni siquiera se cumple con las instituciones que dependen del Ejecutivo.

Respecto a por qué las instituciones descentralizadas tienen en promedio mejores condiciones, Linares ve «una anarquía» asociada al nivel de influencia y capacidades institucionales para aumentar las escalas salariales. Reconoce que, aunque no puede existir una homogeneidad absoluta se debe trabajar en reducir las brechas.

«Esto es culpa de los administradores públicos que no se han preocupado en actualizar y homogenizar las escalas salariales»

«No hay uniformidad en cuanto a los rangos salariales. Los que deberían ser parecidos son los del Ejecutivo, pues se rigen por la Ley de Salarios y su plan anual», asegura Juan Carlos Carrera, abogado y ex director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Al igual que Linares coincide en que los bonos estipulados en los pactos colectivos son una forma incorrecta de equipar los ingresos.

Considera que los salarios bases en el aparato gubernativo no deberían de estar por debajo del mínimo. «Hay un manejo discrecional con las entidades descentralizadas que no se rigen por el servicio civil. Tienen cierta autonomía desde el punto de vista financiero y eso les permite tener mejores salarios».

Carrera considera que la disparidad no necesariamente es mala, pues hay instituciones como la CC que debe mantener una fuerza profesional altamente calificada, dada la importancia de sus funciones. No obstante, cree oportuno iniciar una discusión y análisis serio respecto al tema para reducir las brechas.

«Lo que no es posible es ver que, por ejemplo, un conserje gane el doble en una institución que en otra o que un director jurídico con más o menos el mismo perfil tenga muchos mejores ingresos si labora en una u otra dependencia. En teoría la escala debería ser la misma para el mismo puesto».

Finalmente, el analista ve necesario hacer un análisis de ingresos tributarios, actualizar los rangos salariales, a sabiendas que esto representará una carga financiera que deberá absorber el Estado mediante sus ingresos.

Mientras no haya un abordaje serio desde el Estado, persistirán esas brechas laborales y las diferencias entre los que ganan más y menos serán abismales, opinan los expertos.