Los diputados, que legítimamente pueden, y deben, representar los intereses de distintos sectores de la sociedad, no nos han ofrecido a los ciudadanos muestras, aunque fuesen mínimas, de su compromiso con la democracia. El hemiciclo ha dejado de ser el espacio para el debate de ideas, para la presentación de los argumentos a favor y en contra de determinadas leyes. A pesar de que el Congreso de la República es usufructuario de una frecuencia televisiva en canal abierto, el guatem...
Los diputados, que legítimamente pueden, y deben, representar los intereses de distintos sectores de la sociedad, no nos han ofrecido a los ciudadanos muestras, aunque fuesen mínimas, de su compromiso con la democracia. El hemiciclo ha dejado de ser el espacio para el debate de ideas, para la presentación de los argumentos a favor y en contra de determinadas leyes. A pesar de que el Congreso de la República es usufructuario de una frecuencia televisiva en canal abierto, el guatemalteco no puede, como sucede ya en multitud de países, seguir los debates parlamentarios por televisión. Pero no porque el canal no funcione o cualquier otra razón técnica, sino porque simplemente los diputados son impedidos de realizar esos debates. La dirigencia del partido mayoritario en esa asamblea, que además controla el poder Ejecutivo, simplemente se ha negado a que esos debates fundamentales sucedan, priorizando las negociaciones en la llamada instancia de jefes de bloques, a las que no tiene acceso ni la prensa ni su propio canal de televisión, con lo que no tenemos cómo saber lo que se dice y los argumentos que se presentan para convencer a los supuestos opositores para aprobar de forma exprés algunas leyes.
Durante el año legislativo que está por concluir, el partido en el poder optó por evitar el debate público, imponiendo acuerdos nada transparentes para que el pleno simplemente apruebe las leyes que ellos han elaborado y negociado fuera del parlamento.
Elección de la nueva Junta Directiva, aprobación del Presupuesto general de ingresos y gastos del Estado y las Reformas a la ley General de Telecomunicaciones son clara muestra de este procedimiento oscurantista y antidemocrático. La sospecha de pagos a los diputados por votar a favor de una ley o ausentarse de una votación cada vez cobra más fuerza, siendo más justa la sospecha cuando se descubre que en las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones a quienes se beneficia de manera más que evidente es a las empresas telefónicas, a las cadenas radiales –en su mayoría en manos de exmilitares o sus herederos– y a la televisión abierta.
Pero resulta que en la disputa por imponer criterios e intereses, aquellas normativas que supuestamente son de beneficio popular sufren presiones públicas y explícitas de los sectores más conservadores, como es el caso de la aún no aprobada ley de Desarrollo Rural. El partido en el gobierno del diente al labio dice que es una ley prioritaria, pero no se ha empeñado por aprobarla como lo hizo con las otras antes mencionadas. En este caso sí se hacen públicas las desavenencias, pero no se usa el foro para hacerlas de manera detallada. La iniciativa de ley 4084 ha sufrido ya varias revisiones, pero aún ya sin dientes, los líderes conservadores de los terratenientes presionan al Congreso para que no se apruebe. De esa cuenta, y usando el mismo discurso que el martes 27/11 Ricardo Villanueva de la Cámara del Agro lanzó a la dirigencia del CUC, bien puede decirse a los terratenientes: ¿por qué no crean su partido y en elecciones sin financiamiento privado oscuro compiten por presencia en el Congreso y allí, con argumentos y no con amenazas ni con gritos se debate democráticamente el futuro del país? La hora ha llegado de que el Congreso deje de ser simple caja de resonancia de los intereses del gran capital y la oligarquía criolla, que deje de ser corrompido por quienes compran leyes a plazos, por adelantado o al contado y que, cuando no lo logran, recurren al terrorismo en todas sus manifestaciones para impedir que se legisle en beneficio general.
Más de este autor