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Las mentiras del estado de sitio
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Las mentiras del estado de sitio

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“La actividad minera está en el municipio donde menos problemas ha habido, sino que han sido en Jalapa, Mataquescuintla y Casillas”, afirmó Pérez Molina. Sin grandes dotes para la geo-referencia, su declaración estaba llena de imprecisiones.
Aquel 2 de mayo, una solitaria pregunta incomodó al Presidente: ¿No se estaba limpiando el camino para que la minera pudiera funcionar sin ser molestada por la resistencia contra la minería en la zona? “No se está limpiado camino a nada”, dijo.
El gobierno justificó el estado de sitio aduciendo una gran criminalidad en la zona y acusó al movimiento anti minería de estar ligado al narcotráfico.
Tanques de el ejército se desplazaban en los municipios en estado de sitio.
Una manta en la región de Santa María Xalapán anuncia el rechazo a la actividad minera.
El estado de sitio tenía como objetivo retomar el control territorial de Santa María Xalapán y Mataquescuintla, Jalapa.
Otro objetivo del estado de sitio era que el ejército cooperara con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para efectuar 53 órdenes de allanamiento y 33 de captura.
Los restos de las patrullas de la Policía Nacional Civil que fueron quemadas durante la retención de los agentes.
Firmas de pobladores de Santa María Xalapán que rechazan la exploración y explotación minera en el territorio.
En el listado de los buscados destaca el presidente del Parlamento Xinca, Roberto González Ucelo. López Bonilla lo había acusado el 29 de abril en la noche de liderar la resistencia violenta.
Uno de los heridos de bala durante el enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil y los comunitarios. Eduardo Demetrio Camacho Orozco, miembro de la FEP de Escuintla, murió de un balazo.
El ejército estableció un destacamento en Santa María Xalapán.
Según el abogado del Parlamento Xinca, las fuerzas de seguridad se está moviendo para defender una empresa que ha causado zozobra en la región.
En cada retén y en todo operativo, soldados y policías tenían un listado de personas que debían capturar durante el estado de sitio, con número de identificación y posible dirección.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron varios allanamientos en la comunidad.
El 10 de mayo, el gobierno derogó el estado de sitio que nunca fue ratificado por el Congreso de la República.
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Siete días duró el estado de sitio en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa. El Ejecutivo intentó justificar la medida aduciendo una gran criminalidad en la zona y acusó al movimiento anti minería de estar ligado al narcotráfico. Al final, la PNC capturó a cinco habitantes de la zona (11 órdenes de capturas están aún vigentes) y nunca probó la supuesta relación de los líderes con el crimen organizado, y la alta criminalidad que según el Ministerio de Gobernación aquejaba a la zona resultó un mito, según sus propios datos.

–Las fuerzas de seguridad se están moviendo para defender una empresa que ha causado zozobra en la región –dijo Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

Era la noche del 1 de mayo y los pobladores de Xalapán aseguraron haber visto cómo por la tarde se movilizaron efectivos militares y policiales hacia Jalapa.

–Se viene un estado de sitio –vaticinó Jiménez.

Hasta entonces, el Ejecutivo afirmaba que estaba estudiando las circunstancias antes decidirse a decretar un es...

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