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El pico del conflicto minero
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El pico del conflicto minero

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“¿Qué se buscaba el MP en los vídeos? Según algunos investigadores, en ellos se podría identificar quiénes supuestamente atacaron la mina el 11 de enero; si eran personas ligadas a los movimientos sociales o no; incluso, si existió realmente un ataque y quién lo inició. Pero los vídeos, mientras Rotondo estuvo a cargo de la seguridad de la minera, nunca se le entregaron al MP”.
“Cualquier comunidad que se encuentre bajo el control e influencia de la Iglesia católica puede ser manipulada para actuar y retener personas impunemente, movilizando a la población para realizar actos violentos en contra de actividades que se relacionen a la actividad minera”, se concluía en el informe de Rotondo, fechado el 24 de julio de 2012.
Imagen del informe de impacto ambiental.
Vista general del lugar donde opera la Minera San Rafael.
La resistencia de comunitarios de El Escobal
Pobladores de San Rafael Las Flores rechazan las operaciones de la empresa minera.
Archivos en un cuarto del despacho del alcalde Hugo Loy Solares contienen las papeletas de la Consulta Comunitaria de Mataquescuintla. La consulta fue declarada inconstitucional después del amparo presentado por la empresa minera.
Los restos del camión y de los carros quemados que llevaban dinamita y personal de la empresa minera están guardados en la comisaría de la Policía Nacional Civil de Mataquescuintla.
El sacerdote Néstor Melgar celebra misa frente a las instalaciones de la empresa. Los vecinos ahí presentes se oponen al proyecto minero.
El peruano Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la Minera San Rafael, fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a dejar el país.
Luis Fernando García (izquierda) y Adolfo Agustín García (derecha), pobladores de San Rafael Las Flores, fueron dos de los heridos por la seguridad de la minera.
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Tiempo aproximado de lectura: 23 mins

Los hechos violentos alrededor del conflicto minero en San Rafael Las Flores y los municipios aledaños arrancaron en septiembre de 2012, acabaron con la vida de cuatro personas, y se extendieron durante ocho meses. Todavía nadie sabe responder por qué la escalada de violencia ni a ciencia cierta quiénes son sus responsables.

Durante ocho meses, las manifestaciones contra la minería en Santa Rosa y Jalapa se tornaron violentas: se quemaron casas, equipo y vehículos de la empresa minera, públicos y privados: hubo más de medio centenar de heridos; y, murieron cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las acusaciones se repartieron. El Ejecutivo tuvo un discurso flácido, inconsistente: primero inculpó al partido Libertad Democrática Renovada (Lider); después se contradijo y res...

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