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La hondureña sin miedo

Si me pregunta si lo que hacemos está al 100% apegado a la ley, le diría que no. Sobrepasamos lo que nos dicta la ley, pero estamos trabajando en pro de nuestro país y, más allá...
Aquí tuvimos que entender desde el principio que corremos bastantes riesgos investigando lo que nadie quiere investigar.
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La hondureña sin miedo

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Desde marzo de este año, Gabriela Castellanos Lanza es el rostro de la lucha contra la corrupción en Honduras, el país con el mayor índice de ésta en la región. Sus denuncias, desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han servido para procesar a media docena de funcionarios, y le han costado amenazas de muerte.

Redes-lateral

A primera vista, Gabriela Alejandra Castellanos Lanza no intimida en lo más mínimo. Es una mujer de estatura media, complexión delgada, con lentes sin montura, sonrisa casi permanente y cabello largo con algunas canas platinadas adelantadas a sus 40 años. Pero desde su puesto como directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras se ha forjado un nombre a fuerza de denunciar actos de corrupción desde marzo de este año, empezando con el caso de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que involucra a funcionarios de alto nivel y el mal manejo de más de US$350 millones de dólares.

Abogada de profesión, con especialidades en derechos humanos, violencia y convivencia social y en derecho no lucrativo, Castellanos Lanza trabajó durante los últimos 15 años con varias organizaciones no gubernamentales y desde diciembre pasado asumió como la directora ejecutiva del CNA, una instancia de la sociedad civil creada en 2001 mediante un acuerdo legislativo que en un inicio se planteó que funcionaría como un ente consultivo. Pero desde el nombramiento de Castellanos Lanza al frente del Consejo, este dio un brusco giro de timón y empezó a investigar directamente los casos de corrupción de alto impacto que llegaban a sus manos.

¿Por qué? Sencillo, porque antes nadie lo hacía en Honduras; porque la poca transparencia con la que manejan los fondos públicos ya le costó el retiro de ayuda internacional, porque ocupa la posición 140 de 175 países en el ranking del índice de percepción de corrupción que realiza Transparencia Internacional cada año; porque estos actos le cuestan a este país centroamericano, según cifras oficiales al 2013, un poco más de US$1 mil millones anuales.

“Y porque alguien tenía que hacerlo, porque alguien tenía que dar el primer paso”, dice Castellanos Lanza y dibuja cómo ve las investigaciones del Consejo, como una bola de nieve que ha empezado a rodar colina abajo: “Mientras el CNA desnuda la inoperancia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, también desnuda los actos de corrupción con nombre y apellido de los funcionarios que los cometieron, con pruebas que pueden ser judicializadas. Y ante ello, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados.”

¿Dónde encontramos la corrupción en Honduras?

¡En todos lados! En todas las instituciones del Estado, en todas las descentralizadas y todas las autónomas, y en todas ellas hay colusión con empresas privadas. Antes se pensaba que en unas pocas áreas del Estado eran permisibles a que hubiera actos irregulares y de corrupción, como en la construcción, pero ahora lo vemos en todo el Estado.

¿A qué grado?

En alto grado. En nuestras investigaciones encontramos que hay empresas privadas que están coludidas con funcionarios y con empleados públicos. El caso de IHSS se comenzó a investigar en marzo pasado en cinco líneas: compra de medicamentos, otorgamiento de plazas, compra de servicios, compra de equipo médico y desvío de fondos públicos. No sé cómo será en el resto de países de la región, pero aquí en Honduras se pierden fácilmente los medicamentos. Y, así de fácil, también se pierde equipo médico que vale millones. Por ejemplo, encontramos tres empresas hondureñas con contratos amañados por US$118 millones. Éstas eran quienes facilitaban los medicamentos, los aparatos y, además, los sistemas de digitalización para que supuestamente todo esto no se perdiera.

¿Este fue el primer caso?

Sí, el primer caso. Es que el CNA empezó a trabajar en 2005, pero más que nada dando charlas para prevenir y denunciar la corrupción. Y aunque se recibían denuncias, éstas eran más o menos analizadas y solo se pasaban a la Fiscalía contra la Corrupción (FECC) del Ministerio Público (MP). En diciembre del año pasado identificamos que esto era una pérdida total del tiempo y de los recursos de los ciudadanos que denunciaban y de nosotros mismos. Para eso era mejor que fuera directamente al MP a denunciar, aunque no se supiera si esto terminaría en un caso judicial.

¿Estas denuncias no derivaron nunca en una investigación seria dentro de la CNA, en un primer momento, y después en el MP?

No. Había algunos casos de auditoría social, pero ésta era muy superficial y no existía una verdadera investigación. La información que reflejaban no servía para ser retomada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y mucho menos por el MP. Por eso creamos la Unidad de investigación, análisis y seguimiento, en donde recibimos las denuncias, las revisamos y las investigamos.

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¿Cuál es la diferencia ahora con usted a cargo?

Ahora nos centramos en la investigación de casos de gran impacto, en el que se involucren funcionarios o empleados de primera y segunda categoría, dando a conocer casos ejemplares para dar el mensaje de que nadie quedará impune. Y segundo, que hayan grandes cantidades de fondos públicos comprometidos en estos actos de corrupción.

Los fiscales muchas veces nos dicen a los periodistas que las pruebas que presentamos en nuestras investigaciones no siempre constituyen verdad jurídica para casos judiciales. ¿Qué diferencias hay entre sus denuncias y las de la prensa?

Justo eso, nosotros presentamos elementos constituyentes de pruebas jurídicas. Y no malentienda que veo de menos el trabajo de los periodistas, por favor. La diferencia es que en el CNA se investigan abogados, analistas financieros y en sistemas, además de investigadores de carrera. Toda esa capacidad técnica nos sirve para llevar pruebas que difícilmente un fiscal puede decir que no es una prueba jurídica. Cuando hemos dicho que un bien fue comprado con fondos del IHSS no sólo aportamos una escritura de compraventa o un registro de propiedad, sino que vinculamos el camino que recorrió el dinero público hasta la compra de una casa de cerca de US$1.2 millones, de un apartamento de US$500mil o de vehículo de lujo de US$ 100mil.

¿No teme que le digan: “aquí nadie llamó al CNA”?

Hay instituciones que son más fáciles de investigar que otras. En el pasado, ni el CNA mismo ni otras instancias de sociedad civil o del Gobierno investigaban. Pero ahora es el momento en que hay que alzar la voz sobre los actos de corrupción que estamos viendo y acompañarlos con los elementos de prueba, de fuerza probatoria para judicializar casos.

Para algunos sectores, lo que están haciendo debe ser muy incómodo.

Por eso digo que no es un trabajo fácil. Por ejemplo, el MP no es que nos haya abierto las puertas en un primer momento, sino que ha sido la presión social por todo lo que hemos hecho público y lo que le hemos llevado a ellos. Y lo hacemos así para que la sociedad conozca los hechos y presionen a las instituciones. Y hay que reconocer que, con el tiempo, hemos recibido un gran apoyo de los medios de comunicación para servir de portavoces de nuestras investigaciones. Y la presión de la opinión en general ha sido tan grande que el MP tuvo que irse abriendo poco a poco.

¿Los resultados de las investigaciones del CNA son solo consultivos o también vinculantes?

El CNA tiene un marco jurídico en la que se establecen 19 disposiciones. Pero de manera resumida, el Consejo se crea mediante un acuerdo legislativo en 2001 y su objetivo es persuadir y combatir la corrupción. Y para ello, se le faculta para tener reuniones con las cabezas de los tres poderes del Estado y ventilar casos. Hoy por hoy, no tenemos un marco legal que nos faculte para hacer eso. Hasta ahí, no hay más.

¡Pero están investigando!

Es que con el ambiente tan deprimido que tenemos en el tema de corrupción, hoy nadie se atreve a decirnos “no investigue la corrupción” en Honduras, “no den a conocer hechos y hallazgos al MP” y, más allá, “no brinde a los testigos que alimentan los casos”. Algo que antes, aunque la corrupción la tuvieran enfrente, no lo hacía nadie.

***

Las oficinas centrales de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) están en un edificio color crema con franjas anaranjadas, el mismo color de su logotipo, una “h” estilizada sobre cinco estrellas que parece más la marca de un hotel de los 70 que de una empresa estatal.

Al edificio lo delata una torre de antenas parabólicas y todo el mundo lo reconoce como un símbolo del desfalco y del continuo despilfarro del erario público. Así te lo dicen periodistas de diferentes medios de comunicación, políticos de todos los colores, taxistas que pasan frente a la fachada del inmueble e, incluso, la señorita que atiende en el restaurante vecino.

La debacle económica de Hondutel se deriva de una mezcla de acciones que permitió el Estado mismo. Por un lado, el desarrollo de la telefonía celular en Honduras se dejó en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, mientras que desde la estatal nunca se hizo lo posible para competir en ese mercado. Por otro lado, de ésta se robaba dinero a granel.

Por ejemplo, en la gestión del presidente Manuel Zelaya se acusó a la gerencia de la empresa estatal de permitir el cobro irregular de llamadas al exterior. Entonces, ni el MP ni el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) actuaron, aduciendo que no tenían la capacidad técnica para hacerlo.

El prontuario de la corrupción de Hondutel es aún más amplio. Sólo a manera de ejemplo: están varadas las investigaciones sobre Trescom, en que se perdieron US$5 millones de una deuda que terminó manchando hasta al entonces Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista; Interca, S.A., donde el Estado terminó cediendo ante una empresa de José Rafael Ferrari Sagastume para que no pagara un seguro millonario por daños ocasionados a la empresa tras la tormenta tropical Mitch; o Pronto, S.A., una empresa de Carlos Kattán, exdiputado y expresidente de la Comisión de Energía, que hacía uso ilegal del espacio radioeléctrico con el aval de la dirección de la estatal; o de Latinode Inc , por sobornos millonarios a empleados públicos para la asignación de contratos. Los casos costaron millones de dólares al Estado. Nadie en Honduras fue juzgado por ellos, mientras que la empresa vive en números rojos permanentes.

“Hondutel siempre fue visto como el gran botín… Hoy nos damos cuenta de que el botín estaba en cualquier institución del Estado… El Estado mismo es un botín”, dice Castellanos Lanzas y se le escapa una risa sarcástica. “El caso del Seguro Social lo demuestra”, agrega.

Aun así, el caso de Hondutel muestra lo cotidiana que es la corrupción para Honduras y sus habitantes. ¿Cómo era posible que las instituciones no se dieran cuenta de ello?

No puedo decir que no se daban cuenta o que desconocieran lo que estaba y está pasando en Honduras. ¡Eso es imposible! Lo que puedo decirle es que había una Fiscalía especial contra la Corrupción (FECC) en Tegucigalpa que tiene 20 años de vida con un poco menos de 30 resoluciones emitidas. Y ninguna de ellas es de gran impacto. Hablo de casos de empleados de tercera y cuarta categoría que cobraban un salario superior a lo establecido por ley o que recibían sobornos, pero nunca un alto funcionario.

Hasta ahora…

Pero es por el impacto social que han tenido los casos. Y en esta falta de institucionalidad no sólo es responsable el MP. Tenemos un TSC con un presupuesto de más de 200 millones de lempiras (US$ 9,4 millones) al año, con 530 auditores y, la verdad, el trabajo que hacen es bastante lamentable. ¡Tienen una unidad de verificación e investigación que no tiene absolutamente nada de información para hacerlo! Y tenemos una Procuraduría General de la República (PGR) bastante pasiva, por no decir otro adjetivo. Tenemos una Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) que tienen buenos técnicos que hacen buenos informes pero que, por una u otra razón, nunca salen a la luz pública de manera oportuna.

¿Qué tanto le interesa al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández combatir la corrupción?

Eso tiene que preguntárselo a los funcionarios de este Gobierno y no a mí.

Pero usted tendrá su opinión por lo que conoce, por lo que ha visto.

Como una hondureña más, veo que hay algún tipo de interés y tendrán su razón para ello. Veo que hay un discurso y se han tomado algunas acciones en el combate a la corrupción, pero creo que si el CNA sigue trabajando en esta línea se pueden dar más resultados.

Se le ha criticado que al estar investigando casos del Gobierno pasado, y no tocar al actual convierte al CNA en una institución afín a la administración del presidente Hernández.

No es así. Yo soy afín a la institucionalidad, pero no a un partido político. Como CNA recibimos 20 millones de lempiras (US$ 939,148.75) del presupuesto del Estado y hasta nos hemos planteado si deberíamos seguir recibiéndolo. Y puedo asegurar que mi salario, como directora ejecutiva, no viene de esa partida presupuestaria. Al contrario, dicen que estamos sesgados porque sólo hemos mostrado casos contra personas que pertenecen al Partido Nacional (PN). Y lo hemos hecho así porque el período de gobierno anterior también fue nacionalista y es la información que tenemos más a la mano. Pero también estamos entrando a alcaldías que han pertenecido a otros partidos políticos. Hoy por hoy, trabajamos junto a la FECC para entrar de manera conjunta en las alcaldías municipales de San Pedro Sula (Partido Nacional) y Choloma (Partido Liberal) y, también, en la Empresa Nacional Portuaria.

¿El Estado hondureño acompaña los esfuerzos del Consejo?

No es fácil. Los gobernantes hondureños no están acostumbrados a que venga una instancia de sociedad civil a fiscalizarlos y denunciarlos, mucho menos a que se tengan expedientes completos de instituciones públicas y de los actos de corrupción que pueden ser llevados como pruebas al MP, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses.

¿O sea que su investigación sobre el IHSS no es que haya sido del todo bien recibida?

Es que no es fácil que el CNA sea quien haya probado la existencia de empresas fantasmas y de fachadas que captaron 330 millones de lempiras (US$16.5 millones); donde identificamos que una sola persona saqueó las arcas de IHSS por más de 162 millones de lempiras (US$8,1 millones), que sean nuestras investigaciones las que determinaron 20 de los 32 bienes inmuebles asegurados por el MP.

Al final, ¿sí ha actuado el Estado con base a sus investigaciones?

Algo, pero no en todo. Todavía tenemos una lista de más de 30 bienes inmuebles, que a esta fecha no se aseguran. Y hemos dado nombres de testaferros que han pagado viajes y comprado casas y carros de lujo con dinero del Seguro Social que todavía no se investigan y para los cuales no hay requerimientos fiscales. Pero seguimos empujando a las autoridades.

¿Una instancia de sociedad civil empujando el quehacer de las instituciones del Estado?

Sí, porque tenemos una institucionalidad débil en combate a la corrupción.

¿Eso no es sobrepasar las atribuciones que tienen por ley?

Si me pregunta si lo que hacemos está al 100% apegado a la ley, le diría que no. Sobrepasamos lo que nos dicta la ley, pero estamos trabajando en pro de nuestro país y, más allá, no estamos haciendo nada ilegal. Recabamos hechos, analizamos los hallazgos, investigamos las situaciones y presentamos las pruebas correspondientes. Y se ha validado socialmente nuestro trabajo. Por ejemplo, nos hemos reunido con la mitad de diputados del Congreso Nacional solicitando reformar la Ley de la CNA para poder instar procesos y ninguno nos ha dicho que no a ellas.

¿Podrían negarse a ello?

No, por lo menos nadie se atreve a hacerlo públicamente.

Me cuesta creer que un diputado, que un gobernante, que un político, quiera darle mayor poder a la sociedad civil. ¡Y me cuesta más que eso pase en Honduras!

Totalmente de acuerdo, pero creo que es el momento político en que podemos pedirlo. Sabemos que de lo que nos dicen los diputados a lo que hagan en el pleno pueden pasar muchas cosas. Pero también, que es el momento en el que el CNA puede solicitar, por ley, el instar procesos para que se pueda representar a las víctimas difusas de estos casos de corrupción, que al final somos todos los hondureños.

¿Esto se puede hacer?

Sí, porque respeta lo que dice el Código Procesal Penal hondureño, que permite la figura de un acusador privado. Lo que decimos es que queremos empujar al MP en los casos que hemos investigado y seguiremos investigando.

¿Cómo en el caso del IHSS?

Sí, nosotros tenemos un caso en el que hemos proporcionado hechos, hallazgos, pruebas y le he llevado testigos. Ahora lo que queremos es que el MP lo tome como una prueba formal en el proceso y participar en él.

Si con empleados de cuarta categoría hacían poco, ¿cómo confiar en que ahora lo harán con gente de mayor nivel político o económico?

¡Ya lo están haciendo! Pero de nuevo, es por la estrategia que tomamos. No sólo llevamos los casos al MP, porque entonces nos quedaríamos esperando a ver qué hacen y pasaría que los engavetarían si no les interesara sacarlos a luz pública. Por eso, presentamos la información con un respaldo probatorio a nivel jurídico y lo hacemos público también, para empujar el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECC)

***

La Fiscalía contra la Corrupción ha estado lejos de ser un modelo de eficacia. En febrero de 2013 se filtró a la prensa el informe final del equipo evaluador de la FECC, parte de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Su observación principal era que en ésta “no se encontraron evidencias de esfuerzos serios ni consistentes para dar con los responsables de conocidos casos de corrupción que han lesionado la dignidad nacional”.

No era la primera vez que se hacía una observación de este tipo. En 2005, un diagnóstico realizado a la FECC determinaba que existía una “ausencia de una clara y decidida política de persecución de los actos de corrupción” que eran denunciados. Incluso, el 7 de abril de 2008, cuatro fiscales de la FECC se declararon en huelga de hambre denunciando que 41 casos de alto impacto cometidos por políticos, funcionarios de primer nivel y empresarios habían sido engavetados. La huelga se mantuvo por 38 días. Cinco años después, el 93 % de los casos denunciados seguía sin ser investigado.

Según el equipo evaluador, tomando en cuenta el alto costo que representaba para el Estado cada sentencia condenatoria lograda por esta fiscalía de 2006 a 2012, resultaba preocupante que en los casos en donde tuvo éxito se tratara de “asuntos de poca trascendencia social económica”. A ello se sumaba que la FECC no mantenía relación alguna con otros operadores de justica e instituciones de control administrativo que tiene el Estado hondureño, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) o la Procuraduría General de la República (PGR); o con instituciones de sociedad civil como la misma CNA.

Las críticas principales las lanzaban al fiscal especial Henry Salgado, quien fuera el titular de la FECC hasta junio de 2012, cuando fue separado de su cargo para dar paso a la investigación del equipo evaluador. Según el informe, el mismo Salgado intentó ayudar a personas vinculadas a casos de alto impacto para lograr su libertad, como cuando sugirió a Óscar Danilo Santos, acusado de soborno en el caso Latinode Inc.-Hondutel, contratar un abogado específico para que el dictamen de la FECC saliera a su favor.

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A pesar de los señalamientos sobre Salgado, el entonces Fiscal General de Honduras, Luis Alberto Rubí, lo puso como titular de la Fiscalía de Medio Ambiente mientras era investigado. Tres meses después de ser conocido el informe final, pasó a la Fiscalía del módulo de trámite rápido del MP, donde sigue desempeñándose como subjefe de la sección. Y nadie ha reclamado por ello.

Así, para muchos cuesta creer que el Estado hondureño se interese por resolver los casos de corrupción en el país. “Y como venimos de una cultura de muy, muy, muy poca transparencia y de bastante opacidad, cuesta más”, explica Castellanos. “Esto lo podemos ver, por ejemplo, porque existe hasta hace muy poco un Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, donde las instituciones tienen que transparentar sus acciones y no lo hacen”.

Y también tienen una Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de la Información, empujada por este Gobierno, que permite tipificar la información pública bajo las categorías de “reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta”.

Sí, y como CNA nos hemos enfrentado a ella cuando pedimos información a la Comisión para la promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza). Aun así, con recursos de revisión ante el Instituto hemos logrado recibir alguna información. Y ese es un gran “pero” para nuestro trabajo, porque iniciamos las investigaciones con la información que debe de ser pública de oficio. Pero estamos cambiando poco a poco esta realidad.

Veamos un caso sencillo, aún con un tablero electrónico en el Congreso Nacional, los hondureños no pueden saber cuál diputado votó por una ley específica.

Es la falta de transparencia a gusto y paciencia de todos. Y aún con el tablero, el problema es que no funciona en todas las leyes que nos interesa conocer cómo votaron.

¿Esto no es prueba de lo difícil que resulta auditar el trabajo de los diputados?

Primero, no todo acto de opacidad o de falta de transparencia constituye un acto de corrupción. El CNA tendría un poco más de interés de investigar a los diputados si todavía tuvieran la disponibilidad de fondos departamentales, que antes eran utilizados para hacer campaña.

Aun así, lo que vemos es una lógica de impunidad de los diputados porque al desconocer quién vota por “x” o “y” ley no permite conocer si ellos obtienen o no beneficios directos con sus decisiones; o, más simple, si llega o no llega a trabajar. No sé qué tanto poder tienen ustedes para meterse con el Congreso…

Poder político, ninguno. Por ley, solo tenemos el poder de alzar la voz. En Honduras hay un doble discurso. Hay funcionarios que dicen que se tomarán medidas para combatir la corrupción, pero por otro lado no se hace nada. Ante ello no podemos cruzarnos de brazos; mientras el CNA desnuda la inoperancia de las instituciones, también desnuda los actos de corrupción con nombre y apellido de funcionarios, con pruebas que pueden ser judicializadas. Y ante ello, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. Lo repito: Sin ningún tipo de poder político investigamos cosas que ni el MP se ha atrevido a investigar.

¿”Se ha atrevido” es la frase correcta?

No sé…

¿Qué tanto no se atrevido o que tanto no ha querido?

Hay de todo un poco. Por ejemplo, tenemos en el MP autoridades que no han sido electas de una manera transparente. Desde ahí, la institución está bastante mal. Pero somos positivos y vemos que hay buenos fiscales; que son los que se atreven más. Y es con ellos con los que estamos trabajando… Hasta donde podamos.

***

A principios de mayo de este año, Castellanos Lanza reconoció en conferencia de prensa que tanto ella, como otros miembros del personal del CNA recibieron amenazas de muerte por las denuncias que había realizado sobre el IHSS, Coalianza y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), a quien investigaban por compras irregulares de bonos del Estado y contratación de personal.

Hoy, a la directora ejecutiva siempre se le ve rodeada de un grupo de hombres armados. Hombres de guayabera y semblante serio. Junto a ellos también hay un soldado con el uniforme del Ejército de Honduras. Es de baja estatura, pelo al ras y tercia su fusil cada vez que se acerca una persona extraña a ella. “Es la seguridad que nos proporcionó el Estado, algo que no fue fácil, pero presentamos diferentes situaciones de riesgo que mereció esa medida”, dice a manera de disculpa.

Antes de que ella se siente a hablar en el restaurante del hotel Clarion, en Tegucigalpa, su grupo de guardaespaldas ya tomó posición. Uno en la entrada principal. Otro, tras las ventanas que dan a la piscina. El soldado, fusil al hombro, cubre la retaguardia. ¿No cansa andar con tanta seguridad? “Es por las situaciones a la que nos exponemos, pero seguimos investigando”, dice.

Desde agosto, en el tintero, hay investigaciones abiertas contra el Registro Nacional de la Persona (RNP), la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y al menos tres municipalidades de tipo A, de las que tienen los presupuestos más altos del país. “Y tome en cuenta que para muchos en este país sería más fácil investigar a un diputado que a un alcalde”, dice.

No teme poner en peligro a la institución, a sus investigadores, a estos fiscales con los que puede trabajar… A usted misma por estar investigando.

Creo que cada quien es consciente de sus actos y cada quien sabe el riesgo que corre. Al final, yo sólo estoy haciendo mi parte, porque para eso me pagan y porque soy hondureña. Es cierto, al final quien corre más peligros somos nosotros en el CNA que los fiscales, quienes podrían andar carros blindados, si así lo dispusieran.

Usted anda, por lo menos visibles, dos guardaespaldas y aquí matar a una persona, estadísticas en mano, es bastante fácil. ¿Está consciente que pueden matarla por el sólo hecho de ser medianamente incómoda con las declaraciones alrededor de sus investigaciones?

Sí, y es el riesgo que he asumido.

¿No tiene miedo de lo que pueda pasarle en Honduras?

No, miedo no. Por mi trabajo conozco Guatemala y El Salvador, y no me puede venir a decir que se puede caminar tranquilamente con un teléfono celular en su mano en esos otros países.

Es muy diferente que te roben un celular, aunque sea con un arma en mano, a que grupos de poder económico o político se sientan amedrentados por estar tocando sus intereses con el trabajo que realizan.

Sí, pero no les tengo miedo a ellos.

Le repregunto: ¿No la pueden matar por tocar intereses de terceros con mucho poder político y económico?

Sí, sí pueden. Pero desde la primera investigación, la del Seguro Social, tomamos consciencia de lo que estábamos haciendo, del alcance que podría tener y de las repercusiones que podría traer para el CNA y a nosotros en particular.

¿Esto no la limita? Por ejemplo, muchos colegas periodistas hondureños prefieren meterse con las pandillas que un político corrupto, porque éstos últimos pueden estar coludidos con el crimen organizado.

Yo entiendo esa postura. Y yo y mi equipo tomamos una postura contraria: Aquí tuvimos que entender desde el principio que corremos bastantes riesgos investigando lo que nadie quiere investigar.

¿Ese es el precio que se podría pagar por destapar la corrupción en Honduras?

Ojalá que no. Mire, soy creyente de corazón. Soy de las que creo que “cuando a uno le llega la hora, le llega”. Espero que no sea ahora, por mi familia y por el trabajo que todavía falta por hacer.

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