De igual forma sucede con las denuncias de asaltos y extorsiones a negocios y domicilios. Es fácil para cualquier usuario del transporte, conductor o vecino que se mueva alrededor de los puntos de delito saber dónde, cómo y cuándo actúan los delincuentes y dónde encontrarlos. Y ahí es donde nos preguntamos por qué no se hace nada si hay información.
La respuesta incluye varios factores, entre ellos el miedo de la población, la indiferencia, la desconfianza en las instituciones, la falta de recursos —diría el Gobierno—, etc. Pero sobre todo pienso en algo: quienes resultan mayormente afectados por la violencia homicida son personas de clase social baja del área urbana. Me refiero a quienes viven en las mal llamadas zonas rojas (zonas 3, 6, 7, 18…), usuarios y empleados del sistema de transporte público.
El hecho de que las víctimas mortales sean de clase social baja se traduce en algo de poca o nula importancia para el resto (clase media y clase alta). El hecho de que diariamente mueran tantas personas no significa un escándalo social. No todos los días vemos camisas blancas en las calles exigiendo el cese de la violencia. Pareciera que estamos acostumbrados a que muera gente de clase baja, que para muchos es un conglomerado sinónimo de mareros, pandilleros, shumos, choleros y salvajes.
Hasta el presidente y el ministro de Gobernación, cuando se les ha preguntado sobre las últimas alzas en las muertes violentas, se han justificado —de una manera muy fácil— diciendo que ello se debe a riñas entre maras. ¡Qué fácil es para las autoridades entender la dinámica de la violencia! Ni siquiera tienen que investigar para saber, en cuestión de horas, los móviles de los crímenes. Impresionante (no, no es cierto). Señores: no es normal ni se puede justificar que muera nadie bajo tales circunstancias, mucho menos jóvenes de 12, 14 o 17 años.
¿Quién vela por las viudas de los pilotos? ¿Y por los niños que se quedan sin su padre? Prácticamente les espera una vida de orfandad, ya sea porque la madre tendrá que someterse a largas jornadas laborales para poder seguir obteniendo los ingresos familiares o porque los niños deberán dejar la escuela y ponerse a trabajar —en el mejor de los casos—. ¿Qué consecuencias sociales tenemos de todo este caos? Y luego andamos quejándonos de que no hay valores y de que las familias tienen la culpa de la violencia en el país.
No me cabe duda de que alguien se beneficia de esta violencia homicida. ¿Qué se esconde detrás de todo este caos de sangre y balas? ¿A quién le conviene que esto siga ocurriendo?
Todo esto, acuerpado por una sociedad clasista y racista que cuelga una etiqueta de distinto valor sobre cada guatemalteco y guatemalteca dependiendo de su clase social (así como de su etnia y sexo). Difícilmente un clasemediero tendrá relación o empatía con la clase baja, pues su aspiración está en la clase alta. Mientras más pueda distanciarse del populacho, mejor.
En este país, la clase social a la que uno pertenezca determinará el valor de su vida, de su dignidad y de sus derechos. La violencia homicida también es cuestión de clases sociales.
Más de este autor