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La triste historia de los niños de Yulconop y el coyote usurero
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La triste historia de los niños de Yulconop y el coyote usurero

Vista del municipio de Santa Cruz Barillas.
Títulos de propiedad de algunas de las tierras objeto de la compraventa con el coyote.
Erlinda Lorena Samayoa, mamá de Ferdy Gabino, junto con don Santos, el abuelo y titular de la tierra vendida al coyote.
Santos Samayoa mira la propiedad objeto de la compraventa con el coyote.
Un cartel que promovía viajes legales a Estados Unidos oxidado bajo el techo de un garaje.
Nicolás Juan Juárez, a la derecha, abuelo de Roberto Ramírez, platica con el alcalde auxiliar, mientras el abogado Solares, chequea el estatus del título de tierra traspasado al coyote.
Carlos Roberto Castillo, padre de Wilson Wosveli, dice que no volvería a entregar el destino de su hijo en manos del coyote.
En una foto, Neftalí Pablo abraza a su mamá. Cuando se fue a Estados Unidos tenía 18 años.
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Esta es la historia del viaje de diez menores de edad guatemaltecos a Estados Unidos, que acabó en esclavitud y explotación laboral. Un viaje cuyo pago fue hecho con las propiedades de sus familias y que debido a la intervención de una corte federal las lograron recuperar. Una historia de niños migrantes que terminó en manos del FBI, y en una condena para los coyotes que le ofrecieron a toda una comunidad el sueño americano por US$15 mil.

Durante el primer semestre de 2014, una buena parte de la aldea Yulconop —que en q’anjob’al significa “adentro del pueblo”—, un lugar de 300 viviendas humildes, pasó a ser propiedad de una sola persona. Caballerías, parcelas de café, casas pequeñas, terrenos para siembra de maíz, laderas montañosas con riachuelos afluentes del río Amelco, un territorio, en el norte de Huehuetenango, ubicado a una hora de Santa Cruz Barillas, que ni sus pobladores saben dimensionar, a lo largo de seis meses fue traspasado legalmente a nombre de Francisca Soledad Serrano Herrera. A cambio de la tierra, una decena de adolescentes de la comunidad serían esclavizados y explotados laboralmente tras un largo viaje hacia Estados Unidos.

—El trato pactado fue de US$15 mil —dice hoy Santos Medardo Samayoa Castillo, vecino de Yulconop, agricultor de 66 años. En aquel momento, recuerda que entregó tres lotes de tierra que en conjunto sumaban 67 cuerdas de terreno (11 manzanas).

—El trato fue dárselo a Serrano.

Cuando dice “trato” y cuando dice “US$15 mil”, Samayoa se refiere al costo exacto de emprender un largo viaje. El viaje que Ferdy Gabino Samayoa, su nieto de 16 años en 2014, haría a los Estados Unidos (EE.UU). El viaje sería realizado por una decena de jóvenes de Yulconop, hasta Ohio, en el norte del país, donde existe una fuerte presencia de comunidades chuj y qanjobal, etnias propias del norte de Huehuetenango. Cada uno de los muchachos pagaría en total US$15 mil (alrededor de Q.112 mil).

—El trato era dar nuestro terreno como garantía de que de verás nuestro patojo, trabajando duro allá, iba a pagar el viaje —dice Samayoa.

Un viaje que terminó mal: esclavitud, encierro, extorsión, explotación laboral… La policía, la cárcel, la migra, un juicio… la incertidumbre sobre el destino de los muchachos… y el miedo constante a perder sus propiedades, el patrimonio construido a lo largo de una vida en un lugar tan remoto, en medio de la nada, como Yulconop (13 horas de camino desde Ciudad de Guatemala).

—Queríamos una mejor vida. Como aquí no hay nada para trabajar. Como aquí no se tiene futuro —interviene Erlinda Samayoa, melancólica, 38 años, madre de Ferdy.

¿Fronteras abiertas?

Entre 2013 y 2014, toda familia de Yulconop que tuviera hijos menores de 18 años y que además tuviera alguna propiedad, un terreno, una parcela, recibió una llamada de Aroldo Rigoberto Castillo Serrano. Había una oferta que aprovechar, una gran posibilidad para los menores de edad que quisieran trabajar y estudiar en Estados Unidos. La coyuntura, “el ahora”, como decía Castillo Serrano, “leyes para que los niños fueran recibidos en la frontera sin problemas”. Ese era su mensaje.

Durante los meses en que las familias de Yulconop recibieron las insistentes llamadas de Castillo Serrano, la U.S. Customs and Border Protection, la fuerza de seguridad de la frontera Americana, registró a un total de 17,057 menores de edad no acompañados procedentes de Guatemala. Desde 2009, la cifra de menores se ha ido duplicando con cada cierre de año fiscal.

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En esos meses, los políticos estadounidenses también intentaban explicar esas cifras tan altas de niños migrando desde Centroamérica. La explicación siempre era arropada de demagogia y salpicada de acusaciones, pero que con el paso de los meses crearon el rumor de una frontera abierta para los menores de edad no acompañados. Por ejemplo, el senador de Alabama, Jeff Sessions decía: “La creciente crisis en la frontera es el directo y previsible resultado de las medidas adoptadas por el presidente (Barack) Obama. Él y su Gobierno han anunciado al mundo que no van a hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos, y han puesto de relieve, en particular, que los jóvenes extranjeros estarán exentos de estas leyes. El mundo ha escuchado el llamado del Presidente, y los inmigrantes ilegales están llegando a la frontera con la promesa de amnistía. El presidente Obama es el responsable de esta calamidad, y sólo declarando al mundo que nuestra frontera está cerrada se puede enmendar el error”.

El meollo de todo el flujo migratorio, la necesidad de su explicación, giró entonces en torno a dos programas específicos. Uno creado por la administración Obama: DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que daba permisos de empleo a los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y otro creado por la administración Bush: Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), que permitía la libertad de los menores no acompañados, bajo la custodia de una familia o un patrocinador, en tanto esperaban una audiencia de deportación ante un juez. Ambas cuestiones, gracias a los discursos políticos y a su alcance mediático de medias verdades, se convirtieron en el rumor necesario para que algunos coyotes plantearan una “oferta” enfocada al traslado de menores de edad desde Centroamérica.

Simone Dalmasso

“Hay que aprovechar ahora, decía don Aroldo”, recuerda Odilia América Juan, madre de Neftaly Pablo Mateo Juan, que tenía 16 años en 2014. Ella cuenta que Castillo Serrano convenció a Neftaly para viajar; “lo engatusó”, dice hoy antes de explicar que, a cambio, ella tuvo que dar las diez cuerdas de café (manzana y media) que su padre le dejó como herencia. “Como ahora hay leyes, para que pasen la frontera, decía don Aroldo”, lamenta. Así Odilia, resignada, traspasó legalmente su propiedad a nombre de la madre de Castillo Serrano: Francisca Soledad. Su herencia, su patrimonio, se convirtió en la garantía de un pago de US$15 mil.

Aroldo Castillo Serrano era el único que entonces ofrecía viajes a Estados Unidos en todo Yulconop. Los vacíos legales en Estados Unidos eran parte de su oferta, y la cuestión esencial para generar demanda. Un mercado. Una extorsión. Obtener propiedades.

En el norte y centro de Huehuetenango, según los pobladores, un coyote cobra entre US$6 mil (Q45 mil aproximadamente) a US$7 mil (Q52 mil) por cada traslado hasta Estados Unidos (tres intentos por vez). Aunado a ello, desde el momento en que se pisa suelo norteamericano, todo atraso en la deuda se incrementa en un 10% mensual. La mayoría de coyotes pide un anticipo como garantía: la mitad antes y la mitad después. Hay veces en que aceptan un terreno, un auto, o ganado para evitar una pérdida total en la transacción. En Yulconop, en cambio, Castillo Serrano tenía otro modo de operar. En principio el costo del viaje era el doble de lo normal. Los vecinos de Yulconop indican que de entrada no había anticipos, tampoco una mitad antes y la otra después, no cobraba intereses. Era un coyote extraño, con otras lógicas para operar. Únicamente pagar, sin fecha de caducidad, US$15 mil de deuda. Los costos iniciales corrían a su cuenta. ¿La garantía del pago? Las escrituras de los terrenos de las familias de Yulconop.

—Otro así no íbamos a encontrar —dice Erlinda Samayoa.

—Otro quedaba muy lejos. Hasta Soloma (tres horas de camino) —dice Odilia Juan.

—Nosotros vimos que era bueno —dice Santos Samayoa.

—Los muchachos lo pagarían todo trabajando en los Estados. Luego la tierra sería devuelta —dice Rigoberto Castillo Agustín. Su hijo Wilson Castillo intentó el viaje propuesto por Aroldo Castillo Serrano.

Los esclavos de Yulconop

Es lunes 11 de abril de 2016 y el juez federal James Carr, desde el estrado de la Corte Distrital norte de Ohio, lanza una amenaza para uno de los acusados que espera su veredicto final:

—No espere una pizca de clemencia de mi parte si antes no devuelve esas propiedades.

El tono del juez no oculta desagrado.

Frente al juez, Aroldo Castillo Serrano presta atención a esas palabras. Su vida, la que podría vivir dentro de una cárcel, es lo que está en juego.

Se supone que ese día, Carr establecería una sentencia definitiva. Pero tras escuchar la acusación a cargo de la fiscalía federal y los argumentos de la defensa, la declaración de culpabilidad de todos los acusados y varios testimonios, el juez nota que todavía hace falta algo para cerrar el caso. Y eso le molesta.

Hasta este punto, el juez ha prestado debida atención a la historia de un lugar lejano, en el norte de Huehuetenango, en Guatemala, de nombre Yulconop. Es un lugar que se repite en la acusación, en los testimonios, en los argumentos de la defensa. Y es también la historia de un viaje —el viaje de diez muchachos— con un desenlace irritante y desagradable. Una relato que pudo ser contado ante esta corte federal como consecuencia de una investigación de la Federal Bureau of Investigation (FBI) que detectó una red criminal dedicada a la esclavitud y explotación laboral de migrantes en el condado de Marion, en el noroccidente del estado de Ohio.

La intervención del FBI, dentro de la acusación planteada por la fiscalía ante la corte, empieza por el final de su trabajo: el día de las capturas y rescates. Es en esa parte en que hay que tele- transportarse a la fría madrugada del 17 de diciembre de 2014, donde más de 100 agentes federales recorren un camino rural en el condado de Marion. Están armados, llevan vehículos todo terreno, y el objetivo principal es rodear Oakridge Estates, un parque de 200 remolques en Agosta Road, aproximadamente a media milla del condado de New Bloomington. "Ocupamos cada pulgada de la carretera y rodeamos el parque de casas rodantes", dijo a un medio local el General Jay McDonald que ese día supervisaba a los oficiales del Departamento de Policía de Marion en la operación.

Simone Dalmasso

Lo que encontraron en Oakridge Estates fueron remolques con condiciones infrahumanas para la vivienda: hacinamiento, negligencia e insalubridad. Era el lugar de residencia de la red de trata de personas (como los identificó Dana Mulhauser, del Departamento de Justicia, ante el juez) y sus víctimas: al menos diez niños guatemaltecos procedentes de Yulconop.

La teniente Christy Utley, que participó en la operación, contó a The Marion Star, que en un remolque de dos dormitorios, vivían siete personas, entre ratas y cucarachas, sin camas ni calefacción, sin agua caliente, donde los baños tampoco funcionaban. El FBI recopiló pruebas luego del rescate de niños y adultos. Se calculó que 45 personas pudieron ser consideradas víctimas, mientras al menos seis deberían responder ante un tribunal federal. De los acusados, cuatro, incluido el líder Aroldo Castillo Serrano, se declararon culpables desde un principio ante el juez James Carr.

Así terminaba una investigación que había tomado casi dos años. Un rastreo de pistas que, como fue presentado ante la corte federal, empezaba desde la frontera sur de Estados Unidos, en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), donde los menores no acompañados de Yulconop, bajo el programa de TVPRA, fueron entregados a Aroldo Castillo Serrano como “un amigo de la familia” que se haría responsable dentro de Estados Unidos de cada uno de ellos. Era, en realidad, un tramo más como parte del viaje de US$15 mil. Un trámite de frontera. Un patrón que se repetía en la ORR y que el FBI detectó para seguir la pista de Castillo Serrano y su banda hasta Oakridge Estates, el parque de casas rodantes.

 “Era un trabajo agotador. De seis días a las semana. De jornadas de 12 horas trabajando dentro de una granja de huevos. Sin comida. Sin servicios. Nos quitaban nuestros cheques de pago y nos daban sólo una parte para comprar comida. Había que pagar renta para estar en el remolque. Había que pagar la deuda del viaje con Castillo Serrano. De lo contrario, él se quedaría con las propiedades de nuestros padres”, se lee en el resumen de los testimonios que existen dentro de la acusación de la fiscalía federal.

Con todos estos elementos, el juez Carr explicó ese lunes 11 de abril que fácilmente podía establecer una condena de 70 años de cárcel para Aroldo Castillo Serrano. Pero le preocupaban las propiedades que habían quedado en manos de los Castillo Serrano, la familia de Aroldo en Yulconop, dueña desde 2014 de buena parte de una aldea en el altiplano guatemalteco. Por eso el juez Carr, luego de dar sentencia a dos de los cómplices de Castillo —Conrado Salgado Soto y Pablo Durán Jr., con penas de cuatro años y tres meses, por conspiración; y un año y dos meses por cobijar a extranjeros indocumentados, respectivamente—, quiso dar una oportunidad al líder de la banda para reducir su condena: Si regresaba de manera legal las propiedades a las familias de las víctimas de Yulconop, en un plazo de tres meses, la pena de 70 años sería reducida a 12.

El juez había hablado.

La próxima audiencia fue programada para el 27 de junio de 2016. Ese día el juez Carr decidiría la sentencia para Castillo Serrano. Ese día se cerraría uno de los casos más emblemáticos (y mediáticos) para ejemplificar, según Estados Unidos, los riesgos y vulnerabilidades que corren los migrantes.

Las tierras para reducir una condena

Tras el ultimátum del juez federal, en Yulconop empezó a suceder algo fuera de lo normal. Así lo describen los vecinos: “Una cosa rara”. De casa en casa, de propiedad en propiedad, entre abril y mayo de este año, de forma “espontánea”, doña Francisca Soledad Serrano buscó a los padres de los muchachos que emprendieron el viaje hacia Estados Unidos en 2014. Quería devolverles las propiedades que habían dejado a su nombre antes de salir de Guatemala. Quería hacerlo de manera formal, ante un abogado, ante el Registro de la Propiedad.

—Ahí lo que sea su corazón. Ahí le dejo en su conciencia el pago. Los patojos ya llegaron. Acá le dejo las escrituras de su propiedad —decía doña Francisca a los vecinos de Yulconop sin mencionar el juicio de su hijo ante una corte federal en Ohio. Sin justificar su “bondad”. O la posibilidad de reducir la condena.

Muchos de los niños migrantes de Yulconop, para entonces, aún debían buena parte de los US$15 mil. Algunos llegaron a juntar US$9 mil, otros US$7 mil, y así en distintas proporciones. Dinero que, según la fiscalía federal, había sido ganado después de trabajar 12 horas diarias consecutivas durante varios meses, en una granja de huevos, en Ohio: La Trillium Farm, también bajo investigación. “Los cheques de pago eran entregados a los cómplices de Aroldo Castillo Serrano”, indica la acusación de los fiscales. El fin último de los menores era pagar el viaje y recuperar las propiedades de sus familiares, y por eso resistían (bajo amenazas), para intentar luego una verdadera vida en Estados Unidos.

Ahora doña Francisca se daba a la tarea de devolver todas las tierras sin dar explicaciones a los vecinos en Yulconop: 12 años de cárcel versus 70 (la sentencia/amenaza del juez Carr) era parte de la motivación que nadie supo en su momento.

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Pero probar la devolución o no de los terrenos, desde Guatemala, en el Registro de la Propiedad, resulta una tarea difícil desde Estados Unidos. El juez, la defensa y la fiscalía se sintieron ciegos para verificar el último requisito con el fin de reducir la pena de Aroldo Castillo ante una corte federal. Creer sin verificar, tener fe, y confiar en que todo había sido devuelto a sus propietarios originales era un dilema. La corte federal, entonces, autorizó un verificador especial para comprobar la devolución de las propiedades. Plaza Pública acompañó al delegado de la corte federal de Ohio, el abogado guatemalteco Pedro Pablo Solares, especializado en temas de migración, en su recorrido por Yulconop en Huehuetenango.

Simone Dalmasso

¿La misión? Comprobar que Aroldo Castillo Serrano había devuelto en su totalidad las propiedades, para luego escribir un peritaje que el juez Carr considerará antes de emitir la sentencia contra Castillo Serrano.

—¿Está satisfecho con la devolución de su propiedad? —es la pregunta recurrente del delegado de la corte federal a los vecinos de Yulconop. Con esa pregunta, Solares va recorriendo el mismo camino de doña Francisca Serrano. Va descubriendo que, en efecto, los trámites de devolución ya han iniciado.

La mayoría de respuestas son afirmativas.

—Ah ya. Ya me devolvieron. Como cayó preso este señor —dice Santos Samayoa, satisfecho.

— Sí, pues. Sí. Vino doña Francisca con mis papeles… —contesta Odilia Juan a las preguntas del abogado.

En el norte de Huehuetenango, la dinámica de traspaso de propiedades es algo habitual. No hay mayor misterio en ello. A falta de bancos en los alrededores, un terreno es una forma de pagar una deuda. A falta de requisitos necesarios —como un trabajo fijo— para optar a un crédito o un préstamo, una parcela es un bien para negociar. Pero, sobre todo, es un efecto de la ausencia de entidades del Estado que regulen este tipo de trámites: En Santa Cruz Barillas no hay juzgados, no hay policía, no hay Ministerio Público. Sólo propiedades para garantizar pagos y deudas.

—Es que él (Aroldo) era vecino. Vecino de nosotros. Alguien confiable —se justifica Erlinda Samayoa.

—Acá en el pueblo es un benefactor. Dio oportunidades a la gente de poder salir. No es visto como alguien malo —dice Agapito Francisco, padre de Roberto Francisco, de 16 años, que salió hacía Estados Unidos con Aroldo Castillo en 2014.

—Lo que sabíamos era que estaban trabajando. A algunos no les gustaba cómo los trataban. Pero la cosa era pagar la deuda. Era trabajar allá, duro, ganando dólares, o trabajar acá, que significa bajar a la Costa Sur, a cortar la caña… ¿Qué es mejor? —desafía Carlos Castillo Agustín.

Aquí en Yulconop, a pesar de un juicio, de la explotación laboral, de un enorme operativo de la policía y el FBI, Aroldo Castillo Serrano no es un criminal. No es ni bueno ni malo. “Dio una oportunidad”. Todo es parte de las respuestas que obtiene Solares como delegado de la corte federal.

Una condena de 15 años

La fiscalía federal, a través de la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Vanita Gupta, presentó a Aroldo Castillo, ante el juez James Carr, como alguien muy poderoso en Guatemala. “Rico y prepotente”. Con influencia dentro de su comunidad. Su casa, sin embargo, no difiere demasiado de las otras de Yulconop: sencilla, de madera, y rústica.

—¿Aroldo? Pues Aroldo se fue para allá hace como 13 años. Si no se hubiera ido no hubiera tenido problemas. Pero la necesidad es grande usté —dice doña Francisca Serrano. El padre de Aroldo Castillo, Rigoberto Castillo, está enfermo y no puede caminar. Una de sus hermanas, la más pequeña, sufre de hipertiroidismo. Su esposa es epiléptica…

Según el FBI, Aroldo Castillo se convirtió en coyote en 2011. Llevaba únicamente adultos. Luego de la coyuntura de 2014, empezó con el traslado de los menores.

—Él siempre fue bien portado. Pero como aquí no tenemos nada, nada. Allá agarró vicios. A mí me pidió favor de que le aceptara las propiedades de la gente —dice su madre.

—¿Para qué querían todas estas tierras, qué harían con ellas? Prácticamente, en algún momento, llegaron a ser los dueños de todo Yulconop… —se le pregunta a doña Francisca. Ella sonríe…

—Con estas tierras no podemos hacer nada. Era nuestra garantía para que se pagara el viaje. Es nuestra costumbre arreglar las cosas así. Se las íbamos a devolver. No somos malas personas…

* * *

El 27 de junio de 2016, el juez James Carr lee la sentencia. Aroldo Rigoberto Castillo Serrano es condenado a 15 años de prisión. La defensa, a cargo de David Klucas, está contenta. El peritaje realizado por Solares en Yulconop, la verificación del trámite de devolución de propiedades, ha surtido efecto en la decisión del juez. No obstante, tras reducir la pena, James Carr aún fue severo: “una total y absoluta indiferencia moral”, “Engañó a los jóvenes con educación y lo que encontraron fue deplorable: Ellos sólo querían ayudar a su familia”.

Los hijos legales de Yulconop

Alrededor de la historia de los muchachos de Yulconop que viajaron a Estados Unidos, hay muchos ojos encendidos, llenos de ilusión, con ganas de marcharse. Hay primos, sobrinos, hermanos que escuchan cómo aquellos menores de edad se fueron, llegaron, y no importa cómo vivieron ni cómo los trataron. Lo único que importa ahora es que están allá.

—Mamá estoy estudiando —ha dicho Ferdy Samayoa por teléfono desde Los Ángeles, desde la casa de su familia adoptiva.

—Estoy a punto de obtener la residencia —ha dicho Roberto Ramírez a su abuelo Nicolás Juan Juárez.

—Estoy bien —ha llamado, tan solo hace una semana, Neftali Pablo Mateo a su madre Odilia Juan.

No hay modo de explicar en Yulconop que el caso de todos ellos ha sido especial. Luego del operativo policial en Oakridge Estates, muchos de los menores pasaron a custodia de las autoridades americanas. Les buscaron un hogar y un lugar donde estudiar. “Fueron víctimas, víctimas de una red que los explotaba, que les quitaba su dinero, que no les daba un lugar digno para vivir”, intenta advertir el abogado Pedro Pablo Solares. “No es algo que pase todos los días…”. Pero diga lo que diga, los ojos de otros menores de Yulconop siguen encendidos.

“¡Lo lograron!”, dicen y ríen.

Es seguro que muchos de ellos, desde aquí en Yulconop, también lo intentarán.

Durante los meses en que las familias de Yulconop recibieron las insistentes llamadas de Castillo Serrano, la U.S. Customs and Border Protection, la fuerza de seguridad de la frontera Americana, registró a un total de 17,057 menores de edad no acompañados procedentes de Guatemala.
Ahora doña Francisca se daba a la tarea de devolver todas las tierras sin dar explicaciones a los vecinos en Yulconop: 12 años de cárcel versus 70 (la sentencia/amenaza del juez Carr) era parte de la motivación que nadie supo en su momento.
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