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La tercera apuesta del profesor
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La tercera apuesta del profesor

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Lemus Orellana propuso una reforma al Código Procesal Penal: “El Código Penal Vigente, producto de una etapa histórica de regímenes militares y autoritarios, que ya queremos enterrar y cuyo alto costo aún estamos pagando, se muestra totalmente indiferente, de espalda a los cambios”.
En 1996 comenzará a asesorar a la Empresa Safari Seguridad, S.A., que trabaja para la industria azucarera, y partir de 2009 hasta la fecha será asesor penal de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua).
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Dicharachero, académico, penalista de humor negro según algunos de su alumnos; litigante preparado y eficiente según colegas. Con una experiencia profesional de 30 años de ejercicio y de 33 años en la academia, Edgar Lemus ha gravitado en torno a instituciones tan variadas como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Consejo del Ministerio Público en tres ocasiones y la Asociación de Azucareros de Guatemala desde 2009. Ahora busca por tercera vez dirigir el MP.

“Cuando llego a una clase lo primero que le digo a los estudiantes es: Yo no tengo alumnos, tengo víctimas, soy profesor de derecho procesal penal”, dice Lemus al empezar, y durante charla se disculpará varias veces por intercalar bromas y tender a dar cátedra en sus respuestas. “Es el problema de ser tantos años profesor, uno tiende a explicar las cosas como en clase”, asegura riendo.

Relajado, citando dichos y anécdotas cada tanto, Lemus irá desgranando una carrera marcada por la docencia y la práctica penalista; por la formación académica y el seguimiento de crímenes de alto impacto; por la participación en el Consejo del Ministerio Público y las aspiraciones a dirigir la persecución penal del país como jefe del Ministerio Público en tres ocasiones, frustrada la última, asegura, por condicionamientos políticos en el pasado gobierno.

Lemus, de 60 años, menudo, de cabello entrecano y hablar rápido y jovial, pertenece a una generación marcada por la guerra interna. Sus estudios en la Universidad de San Carlos (USAC) entre 1976 y 1981 coinciden con el periodo más intenso en el conflicto armado interno, una época de una sucesión de golpes de Estado y represión política particularmente intensa contra la USAC, la universidad estatal. Al cursar su tercer año de carrera comienza a sentirse atraído por la docencia, un interés que coincide con la salida de muchos profesores al exilio a consecuencia de la guerra. La falta de catedráticos lleva al Consejo Superior Universitario a incorporar a estudiantes de los años superiores para ser docentes de los primeros cursos de la carrera. Entre los alumnos elegidos para este sistema de educación in extremis se encontraba Edgar Lemus.

El ahora candidato recuerda ese periodo en voz baja y dubitativa. Muchos de sus compañeros dejaron la carrera por el peligro de asistir a clases, algunos más partieron al exilio, otros se incorporaron a movimientos insurgentes, y él afirma no haber militado ni en el Frente Robín García y el Bloque Estudiantil Organizado ni en ningún otro grupo, pero también dice no haber sido ajeno a la situación. De aulas universitarias con 100 o más estudiantes se pasa a salones con 60 alumnos, recuerda. Una profunda sangría lacera al país y a la universidad.

La rutina estudiantil de Lemus incluía asistir por a la universidad hacia las 5:30 y salir de ella alrededor de las 8:30 de la noche, dirigirse luego a trabajar al Hotel del Centro, ubicado en la 13 calle y 5ta avenida, donde era auditor nocturno entre las 9:30 de la noche y las 7 de la mañana. Uno de sus compañeros de trabajo de esa época, quien ahora trabaja en un hotel a una cuadra de la oficina del abogado, lo recuerda como bromista y alegre, y aprovechando la última parte del turno nocturno, entre las 3 y 7 de la mañana para repasar sus apuntes.

En una época en que el ejercicio del Derecho en Guatemala resultaba paradójico por los continuos estados de excepción y suspensión de las garantías constitucionales. ¿Era posible creer en el Estado de Derecho en un ambiente sin democracia?

Años después, sentado en una pequeña oficina en la zona 4 del bufete Lemus Orellana y Asociados que comparte con dos abogados que fueron sus estudiantes en la universidad, el postulante responde que el sistema judicial es inseparable del régimen político y que no se puede comprender uno sin el otro. El abogado está en mangas de camisa en la calurosa tarde del 1 de mayo, en la oficina de tres ambientes vacía por el día de asueto  (más tarde se pondrá de nuevo el saco azul para la cámara)  y reflexiona sobre esa época mientras fuera comienza a llover.

“La medida de la democracia”, afirma, “es el respeto que recibe la persona sometida a un proceso penal, dicen muchos teóricos”. Uno de los síntomas de la democracia es el trato que reciben los ciudadanos procesados, la forma en que son sometidos a la ley y si tienen o no un verdadero derecho de defensa.

En la década de los 90, en el XVI Congreso Jurídico, Lemus Orellana propuso una reforma al Código Procesal Penal, que data de 1973, aduciendo que este orden jurídico tiene su raíz en un sistema autoritario. Se le recuerda a Lemus un fragmento de ese texto: “El Código Penal Vigente, producto de una etapa histórica de regímenes militares y autoritarios, que ya queremos enterrar y cuyo alto costo aún estamos pagando, se muestra totalmente indiferente, de espalda a los cambios”.

El abogado admite el planteamiento y lo sostiene, es más, asegura que años después profundizó en el Código Penal durante su especialización en Derecho Penal en el Instituto de Estudios de Ibero América y Portugal de la Universidad de Salamanca, en 1997. “Lo que encontré es que nuestro Código Penal reproduce el código español de la época franquista”, asegura adoptando un tono didáctico, “es prácticamente un copy paste en muchas partes, es un código que responde a una dictadura militar”.

Una de las conclusiones de su estudio es demoledora en ese punto: “el actual Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, no responde al programa penal de la actual Constitución, sino que a lineamientos y principios de una Constitución de corte autoritario, producto de regímenes militares y autoritarios”.

El laberinto de la justicia

En 1984, cuando Lemus Orellana se graduó de abogado, con el número de colegiado 3,015, el sistema de justicia de Guatemala era aún más precario que en la actualidad. El ahora postulante ya llevaba tres años dando clases de derecho procesal penal, primero como ayudante de cátedra con un sueldo de Q133 y después como auxiliar ganando Q146. Más que ufanarse de tener una plaza de profesor titular a los 30 años, Lemus prefirió ocultarlo a su familia ya que era una época en la continuamente aparecían noticias de profesores y estudiantes de la Universidad de San Carlos desaparecidos o asesinados y no quería preocupar a su madre anunciándole su nuevo trabajo.

La llegada de Lemus Orellana a la cátedra de derecho procesal penal fue en cierta forma azarosa, pues según él, al principio no le interesaba esta rama del Derecho. En las visitas a tribunales de su época de estudiante veía un sistema inquisitivo en donde el abogado acusador y defensor hacían prácticamente la misma tarea y era el juez quien llevaba a cabo la investigación. “No me gustó lo que vi, era algo muy burocrático. Prefería la academia porque uno se mantenía actualizado en la teoría y esperaba poder especializarme más tarde”, dice.

“Su pasión fue, y es, el derecho penal y procesal penal”, recuerda Ronalth Ochaeta, ex director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y su alumno en la cátedra de derecho procesal penal. En esos primeros momentos, sin embargo, la práctica profesional de muchos abogados era la de “todólogos”, se abrían pequeños despachos en los cuales lo mismo se llevaba casos de la rama Penal, Civil o Laboral, refiere Lemus.

En la década de los ochenta los alcaldes municipales ejercían funciones de juez de paz, aunque el trabajo usualmente lo realizaba el secretario municipal, muchas veces un estudiante de derecho o también ex oficiales de juzgado. Una precariedad en las condiciones del sistema de justicia que confirma José Eduardo Martí, integrante del primer Consejo del Ministerio Público entre 1995 y 1998, y que demandó una reforma que no llegaría sino hasta 1994, con el nuevo Código Procesal Penal. Una normativa que para Lemus sigue estando tan llena de parches como las carreteras del país.

“Académicamente describíamos a la fiscalía como la quinta rueda del carro del proceso penal, no servía para nada”, comenta el postulante. El flechazo con el área penal sin embargo lo tiene en 1988 en el Curso Regional de Defensa Pública realizado en San José, Costa Rica, auspiciado por la Asociación de Desarrollo Internacional (AID). Ve por primera vez la posibilidad de poner en práctica mucha de la teoría adquirida, siempre y cuando el sistema lo permita.

De esa época, estudiantes de Lemus Orellana recuerdan que el actual rector de la Usac, Estuardo Gálvez, fue su auxiliar de cátedra durante tres años y que su ahora rival por el cargo de Fiscal General del Ministerio Público, Eunice Mendizábal, viceministra antinarcóticos, fue su alumna. Lemus lo confirma.

Entre la academia y los tribunales

En el despacho de Lemus Orellana en zona 4 cuelgan algunas acuarelas abstractas y dos retratos del Quijote y Sancho Panza, un óleo con ambos, a caballo y burro, flotando en el aire, y una reproducción del grabado de Doré de la pareja en la Sierra Morena con don Quijote pensando en Dulcinea sentado en una peña. También cuelga en otro de los muros un acrílico con una serie de trazos de color ocre entrelazados. “Yo lo llamo el conflicto, tenía otro nombre, pero yo lo llamó así, en la práctica del litigio vivimos del conflicto, de desatar nudos”, dice el abogado.

Al fondo de la oficina, apilados sobre una mesa figuran constancias de la maestría que cursó en derecho pluralista público y privado, en 2004, por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; y en docencia universitaria, en la USAC, pendientes de tesis al igual que un doctorado en derecho pluralista público y privado, pendiente de examen de tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Sin colgar, aguardan también los diplomas de su especialización en derechos humanos, en el Instituto Raoul Wallenberg de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lund, Suecia, en 1994, a la que asistió gracias a la Hermandad Marista; y de los cursos de derecho penal, del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, España, en 1997. El abogado asegura no tener mayor inclinación por “el muro del ego”, la típica pared en los despachos de profesionales llena del más variopinto tipo de diplomas y reconocimientos.

Pero a nivel académico es conocido en el gremio por haber sido director del Área de Ciencias Penales, jefe del Departamento de Estudios Penales, coordinador del Instituto de Derechos Humanos, jefe de la División de Desarrollo Académico y presidente interino del Consejo Académico en la Universidad de San Carlos y docente en las universidades Rafael Landívar y Francisco Marroquín.

A finales de los 80 y principios de los 90 el bufete de Lemus Orellana y Asociados llevó casos de alto impacto como el secuestro y tortura de la monja estadounidense Diana Ortiz, en 1989, y el asesinato de Moisés Cisneros Rodríguez, hermano de la congregación marista muerto 1991; en ninguno de los casos los asesinos fueron condenados. También trabajó en un primer momento en el proceso contra el Estado de Guatemala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack.  Y por esa misma época coordinó el proceso por el asesinato de Mario Alioto, estudiante universitario muerto por una golpiza de agentes de la extinta Policía Nacional (PN) en 1994. En este caso fueron condenados Danilo Parinello, ministro de Gobernación, y Mario Mérida, viceministro del Interior, el jefe de las fuerzas especiales de Policía, Carlos Escobar, y el director de la PN, Salvador Figueroa. Sin embargo el fallo fue revocado tres meses después, y solo Escobar, el funcionario de más bajo rango de los procesados, quedó en prisión.

En la ODAGH, recuerda su ex director Ronalth Ochaeta, Lemus coincidió con la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, quien trabajaba en los casos de Moisés Cisneros y Cajolá, contra el desalojo violento de manifestantes por parte de la policía durante una manifestación.

Según Nery Rodenas, actual director de la institución, durante dos años Lemus desarrolló casos por la vía penal y a través de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue uno de los que contribuyó a que el proceso Cajolá culminara con el dictamen de que se habían violado los derechos humanos. De este periodo Lemus recuerda seguimiento de desconocidos, amenazas para el personal de la institución, y un clima general de tensión en el que prefirió no ahondar.

Es un tiempo en el que desde Sudamérica hasta Guatemala comienzan a surgir oficinas de derechos humanos bajo la sombrilla de la Iglesia Católica. Es la época en la que comienza a gestarse en el incipiente movimiento de los derechos humanos la recuperación de los hechos del pasado reciente. Acciones que se materializaran en el REHMI, el Informe "Guatemala: Nunca Más" o Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica sobre los crímenes del periodo de conflicto armado interno.

Punto de quiebre

Pero en estos años hay un momento de inflexión en la carrera de Lemus Orellana. El Ministerio Público, tal y como lo conocemos en la actualidad, se encuentra en formación y está por implementarse un nuevo Código Procesal Penal. Administrativamente se gestan cambios pero persisten prácticas del método inquisitivo del periodo anterior. Al abogado lo tientan para que se incorpore, junto con otros docentes universitarios, como fiscal. Al mismo tiempo se convoca la elección del primer Consejo del Ministerio Público, un ente de asesoría y consulta del Fiscal General, Lemus declina aspirar a una fiscalía y el Congreso de la República lo elige integrante del consejo junto a José Eduardo Martí, de la Universidad Rafael Landívar, y Marta Altolaguirre, de la Universidad Francisco Marroquín.

El Ministerio Público, sin embargo, empieza con el pie izquierdo.

El presidente Ramiro de León Carpio designa a Ramsés Cuestas Gómez, a quien pronto acusarán de la institución de manera errática y poco transparente. El penalista José Eduardo Martí, integrante de ese primer Consejo del MP recuerda a Cuestas como alguien “que quería comprarle metralletas a los fiscales”, algo a lo cual el consejo tuvo que oponerse y que no atendía ninguna de las recomendaciones del Consejo. “Tuvimos que pararlo junto con Marta Altolaguirre y Edgar Lemus”, apunta el abogado. En una entrevista del 17 de marzo de 1996 en Prensa Libre, titulada Cuestas Gómez deber renunciar, Lemus aseguró que el Fiscal General contaba “con una oficina blindada y muy bien equipada” mientras los fiscales no contaban ni siquiera con computadoras. Cuestas renunció el 6 de mayo de 1998.

En estos años una relación laboral, según varias fuentes de organizaciones de derechos humanos, supondrá un punto de quiebre en la carrera de Lemus y comenzará a poner distancia entre Lemus Orellana y algunas organizaciones de sociedad civil. En 1996 comenzará a asesorar a la Empresa Safari Seguridad, S.A., que trabaja para la industria azucarera, y partir de 2009 hasta la fecha será asesor penal de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua).

Lemus admite que esta relación laboral puede haber generado desconfianza en algunas organizaciones. En 2010, de hecho, la Convergencia por los Derechos Humanos vetó su candidatura a fiscal general del MP por considerar que “defiende a grandes empresas” y podría no ser imparcial. “Consideraron”, dice Lemus, “que como trabajaba para la industria azucarera, un sector económico poderoso en el país, podía favorecerlo en mis resoluciones. Mi vinculación con Azasgua fue a través de la empresa Safari que le da servicios de seguridad a ese sector y con quien empecé a trabajar primero. Pero una vez electo como fiscal tendría que dejar esa asesoría”. Para Lemus, de todas maneras, este asunto no supone un obstáculo de fondo.

Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, declinó comentar la candidatura de Edgar Lemus. Y Nery Rodenas, director de la ODHAG, aseguró no conocer en detalle las críticas que realizó la Convergencia por los Derechos Humanos en su contra.

El silencio de algunas organizaciones de derechos humanos en torno a su candidatura contrasta con el apoyo de otros litigantes en el sector público y privado que ven en Lemus Orellana un académico que ha sabido llevar a la práctica la teoría. Un consultor diligente desde el Consejo del MP electo en tres ocasiones por el Congreso, de 1995 a 1998, de 2008 a 2010 y de 2011 a la fecha.

Y alguien que valora sobre todas las cosas su libertad. (Como muestra de ello algunos de sus colegas señalan los cerca de 20 años que separaron su primer matrimonio del segundo. “Pero ahora ya tengo años casado. No piense que soy uno de esos solteros maduros”, bromea.).

Todos tienen un plan

En varios momentos de la entrevista con Plaza Pública Lemus recupera el tono didáctico, hace preguntas que luego él mismo responde, explica algún tramo de teoría para fundamentar una explicación y cuenta una anécdota o un chiste para asegurar la atención. Las maneras del docente.

Frente a la Comisión de Postulación, al igual que frente al reportero, Lemus destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones para ser efectivos. Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Organismo Judicial no pueden ser feudos particulares. Una política pública de seguridad del Ejecutivo tiene que tener su contraparte en toda la cadena del sistema de justicia.

―¿Es responsabilidad solo del MP? ―se pregunta. ―Pues no ―dice respondiéndose a sí mismo. ―La coordinación entre instituciones ha mejorado con la gestión de Paz y Paz. Pero el límite para esta relación es la autonomía en los procesos de investigación.

De igual manera, respecto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el postulante se manifiesta a favor de que continúe con su labor de investigación hasta el último día de su periodo legal en el país. “No es el Ejecutivo, ni nadie más el que tiene que disponer esto, simplemente se tiene que seguir con la norma que rige su gestión en la ley”, concluye.

A diferencia de otros de los seis candidatos a jefe del MP, Lemus rescata varios aspectos de la gestión de la actual fiscal general, a la vez que crítica carencias de raíz en la institución. Valora las fiscalías especializadas contra el secuestro, narcotráfico, lavado de dinero… pero resalta que muchas de ellas tienen más un impacto mediático que real. ¿El ejemplo? La fiscalía contra la corrupción, que “ha tenido éxitos últimamente” pero no en proporción al número de casos que acumula.

―Si hay un delito tenemos que realizar investigaciones penales al interior del mismo MP para ver porque algunos casos no avanzan, no se vale predicar sin convertirse ―dice Lemus.

Lemus valora el esfuerzo por hacer más eficiente el desempeño de los fiscales. “Me dicen que no ataco a Claudia (Paz y Paz). Hizo su esfuerzo por volver más eficiente el MP, y es una primera experiencia. No creo que lo haya hecho mal. Mi crítica es que se implanta el modelo chileno de división entre equipos de fiscales para investigación y equipos para litigar automáticamente pero sin hacer ajustes para entender el contexto”, asegura, conciliador, y añade que tampoco se puede desmantelar este sistema de la noche a la mañana sin perder valiosos recursos, por lo que propone mejorar las habilidades de los fiscales.

La gran debilidad en ese punto la ve Lemus tanto en la falta de capacitación de algunos fiscales para litigar como en el retraso con que llegan los expedientes.

―Como yo litigo me doy cuenta, veo que el fiscal le dice al juez: “Hala, fíjese usted que hace como cinco días me llegó el expediente. Ayer estaba analizando este caso”. ¿Será una justificación para su incompetencia? Ahora bien, si lo veo continuamente, digo: “ese fiscal es chueco”.

Una oferta difícil de rechazar

Durante su entrevista con los integrantes de la Comisión de Postulación, Lemus habló de politización del MP, injerencias, inclinaciones. Se le pregunta sobre eso y responde:

—Muchas veces es una politización representada por el poder del gobierno, que quiere controlar el MP sugiriendo que personas pueden estar dentro. Hay un interés por cooptar la institución, un interés que siempre ha existido. ¿Qué pasó con la autonomía del MP?, ¿qué pasa cuando las personas en la institución tienen que responder al partido de turno?, pues eso no contribuye en nada.

—Hay quienes piensan que con la elección de Paz y Paz hubo una anomalía en ese sistema, por la crisis política que provocó la destitución del fiscal Conrado Reyes…

—No creo que hay sido totalmente así la decisión —dice Lemus mientras baja la voz y habla más lento abriendo las manos en un gesto que busca comprensión, y añade: —Siempre hay una influencia, lo hay —se detiene, pensativo, y después de unos segundos continúa: —Yo hubiera sido fiscal si hubiera aceptado las condiciones de la UNE, y eso muchos lo saben, no sé si lo ha oído. Me sentaron y me dijeron: “usted es el Fiscal, usted puede escoger al secretario específico y al secretario privado. Pero esta es la planilla y con nombres y apellidos, una serie de fiscalías”.

Edgar Lemus trabajó como asesor legal en el Ministerio de Gobernación en el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Su labor de consultor en el viceministerio de Apoyo al Sector Justicia, explica, consistía en responder a los requerimientos de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, por su experiencia en ese campo.

A él lo invitó a Gobernación, en tiempos del Gobierno de Óscar Berger, el entonces viceministro de Seguridad, Vinicio Gómez, que en la siguiente administración sería nombrado titular de la cartera del Interior y fallecería en un accidente aéreo. El vínculo con Gómez se remonta a la cátedra del viceministro en la escuela de criminalística de la Policía Nacional en 1990, donde lo conoció, y su relación se consolidó cuando este fue subsecretario ejecutivo del MP. Según registros del Ministerio de Gobernación Lemus devengó en total Q198 mil en 11 pagos de Q18 mil cada uno durante su labor como asesor legal.

—¿Y por qué no aceptó usted esas cuotas para dirigir el MP? —se le interroga.

—Las posibilidades de fallar o fracasar son muy altas en un cargo así. ¿Cómo puedo estar con un equipo que no responda a mis objetivos y planes? Cuando me dijeron eso yo les dije: “miren (en voz baja y como pidiendo disculpas), así es muy difícil”. Después de eso asume el licenciado (Amílcar) Velásquez. Luego se cae el proceso. Yo no sé qué tantos compromisos tuvo que aceptar Claudia al final.

—¿Esto es algo que se repite en todas las elecciones de fiscales generales?

—Para mí era la primera vez que las condiciones eran tan grandes. Acepto que haya quien me diga: “Bueno, necesito alguien que me garantice cierta gente para tener un contacto directo”. Tampoco vamos a llegar totalmente puros, no estamos hablando de santidad. Perfecto. Ellos necesitan seguridad y control, para ver que no les están jugando shuco, pero nunca había visto que pidieran tanto control. —Y el aspirante a Fiscal General termina: —No era solo piezas claves, hasta las fiscalías tenían nombre y apellido.

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