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La parte no visible de los contratos del IGSS
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La parte no visible de los contratos del IGSS

Los 17 sindicados en el caso por el contrato irregular firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) y la Droguería PISA quedaron ligados a proceso.
La juez Silvia de León ligó a proceso penal a los 17 sindicados en el caso IGSS-PISA. Los hombres fueron trasladados al cuartel Matamoros, y las seis mujeres a la cárcel de Santa Teresa.
Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, será procesado por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones.
Las integrantes de la junta de licitación serán procesadas por el delito de fraude, eso, según la jueza, por no haber cumplido con las bases de licitación.
Julio Roberto Suárez, representante del Banco de Guatemala, y uno de los integrantes de la Junta Directiva del IGSS será procesado por el delito de fraude.
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Con la acusación formal de 17 personas, entre particulares y funcionarios públicos, da inicio el proceso por la defraudación al IGSS denunciada por el MP y la CICIG. La investigación concluirá hasta julio próximo, pero los elementos planteados hasta ahora explican la forma en que se negocian y acuerdan los contratos con el Estado.

Ninguno de los sindicados por el caso de defraudación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se libró de la prisión. Los 17 quedaron ligados a proceso por decisión de la Juez Sexta de Primera Instancia Penal, Silvia de León.

Con ello concluyó la maratónica primera audiencia que empezó el jueves 20 de mayo y finalizó a la medianoche del pasado martes, después de que se efectuaran las capturas de todos los imputados como resultado de una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

Fraude, asociación ilícita, cohecho activo y cobro ilegal de comisiones. Cada uno de los 17 enfrenta proceso penal por al menos uno de estos delitos.

Entre los procesados se encuentran los integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del IGSS, entre ellos el presidente de esta institución y exsecretario privado del Presidente, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, así como representantes de la Droguería Pisa de Guatemala.

Una “denuncia anónima”, según Juan Francisco Sandoval, fiscal a cargo del caso, alertó a la CICIG y al MP sobre supuestos actos de corrupción dentro del IGSS. Ello se convirtió en el punto de partida para la investigación. Los entes investigadores pudieron constatar dos hechos concretos. Primero: un contrato previamente pactado con una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos para dar el servicio de diálisis peritoneal a más de un centenar de pacientes cuyos riñones ya no cumplían la tarea de limpiar las toxinas de sus cuerpos. Y segundo: un intento más por adjudicar otro contrato, uno de hemodiálisis para pacientes de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Guatemala, con necesidad de limpiar por completo su sangre a través de una máquina.

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Desde noviembre de 2014, mediante llamadas telefónicas intervenidas, los presuntos responsables del fraude fueron escuchados durante varios meses por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). A partir de entonces, un rompecabezas de personajes, entre médicos, contadores, empresarios, enfermeras y tramitadores, fue revelando la forma en qué se puede dirigir la adjudicación de un contrato millonario entre el Estado y una empresa sin experiencia y con pocos escrúpulos.

En este caso, como lo demostró el MP, bastó tener el contacto con los funcionarios adecuados dentro del IGSS para cerrar un negocio millonario, de Q116, 227,035. Poco importó que la vida de cientos de personas se pusiera en riesgo. Faltó poco también, como indicó la fiscalía, para que se firmara otro contrato anómalo con el respaldo de funcionarios, la intervención de negociadores y la ambición de algunos empresarios. La gran beneficiaria detrás de ambos contratos sería la empresa Droguería Pisa de Guatemala S.A.

Tras el inicio de las escuchas telefónicas, la FECI identificó a los dos intermediarios principales señalados de servir de enlace entre empresarios y funcionarios del seguro social para obtener jugosos contratos. Desde el principio, los fiscales escucharon voces carismáticas, burlonas pero amables, bromistas y chabacanas. Los dos enlaces, descubiertos por los fiscales eran el Contador Público y Auditor, Otto Fernando Molina Stalling, asesor de la subgerencia financiera del IGSS, e hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, era uno de los operadores. El otro, un particular, Herberth Rodolfo García-Granados Reyes, se identificó ante los tribunales como Administrador de Empresas y extrabajador de Corporación Médica Claret.

Molina Stalling y García-Granados fueron presentados por el fiscal Juan Fernando Sandoval, como las bisagras de diversos negocios desde el IGSS. Bajo su responsabilidad estaba licitar y negociar la contratación de servicios. “Por toda la gestión”, decía el fiscal, “Molina Stalling y García-Granados cobraban una comisión”.

En una escucha del 15 noviembre de 2014 –un día antes de ser adjudicado el contrato millonario de diálisis peritoneal–, Molina y García-Granados quedan en evidencia al hablar de la adjudicación a la empresa Pisa, además de la comisión que debían cobrar:

RODOLFO GARCÍA-GRANADOS:  Otillo.

OTTO MOLINA STALLING: ya me confirmaron.

RGG: ¿Cuánto?

OMS: Ya lo aprobaron.

RGG: ¿Lo de nosotros?

OMS: No lo del primero

RGG: A vaya

OMS: Ajá. Entonces ahorita tenemos que demostrar la seña, mañana lo espero subir por la tarde, dígale que uno ya está confirmado, que la aceitada, verdad, pidámosle el quince.

RGG: Ok. Yo lo que había pensado era… había pensado el dieciséis.

Según la investigación, los réditos de entre el 15% y el 16% por este negocio pueden alcanzar los Q18 millones.

Ese mismo día, García-Granados y Molina Stalling pactaron una cita con el gerente de ventas de Pisa, Édgar René de la Peña, otro de los detenidos por el fraude al IGSS, para proponer el cierre del trato. En las pruebas presentadas por la fiscalía, los dos principales intermediarios negocian el día para publicar la adjudicación del contrato en Guatecompras y presionar el pago de la comisión por parte de los directivos de Pisa. “Mañana los agarramos de los huevos, eso tenelo por seguro”, alardeaba García-Granados. Los investigadores del MP aún no han concluido si el pago de la comisión llegó a concretarse. Sin embargo, el artículo 442 del Código Penal establece que con sólo ofrecer el soborno, se incurre en este delito.

En base a esas evidencias, la jueza Silvia de León, los ligó por el delito de asociación Ilícita. Además de que a García-Granados le imputó el delito de cohecho activo, y a Molina Stalling el de cobro ilegal de comisiones.

La gran batalla por Guatecompras

El 21 de julio del 2014, el IGSS inició el procedimiento para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal para sus afiliados. Sólo dos empresas participaron con la intención de obtener el contrato: Medicina Corporativa de Diálisis y Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima.

El IGGS, tras un concurso realizado por la Dirección de Recursos Humanos y autorizado por la Junta Directiva, para integrar la Junta Licitadora, designó a la sicóloga, Carmen Yadira Gil Quiñonez; a la enfermera, Delia Haydeé Castañon Guerra; a la secretaria Mayra Lissbeth Gómez Suárez; a la técnico en hemodiálisis, Doris Elubia González Salazar; y a la enfermera, Alba Maritza Maldonado Gamboa. La Junta de Licitación que se encargaría de escoger la empresa responsable de la atención más de un centenar de pacientes con insuficiencia renal.

Todas ellas fueron capturadas el pasado 20 de mayo. Sus abogados defensores esgrimieron, entre otros argumentos, que con una escolaridad de hasta tercero básico, más un curso de 10 meses en enfermería, una persona no podía considerarse “idónea” para integrar una Junta de Licitación. La Ley de Contrataciones del Estado no especifica los niveles de escolaridad necesarios para integrar una Junta de Licitación. Sin embargo, en su artículo 11 indica que está permitido, incluso, llamar a integrantes de otras instituciones del Estado si en caso no se contara con personal idóneo.

La juez Silvia de León las ligó a proceso por fraude. La juzgadora admitió que las investigaciones pueden encontrar atenuantes en sus actos debido a la falta de conocimiento acerca del proceso, pero que mientras tanto, deben acogerse al proceso iniciado.

Pisa S.A. pasaría el primer filtro para ganar la licitación de diálisis peritoneal el 2 de octubre de 2014, cuando la Junta de Licitación, por unanimidad, votaría a su favor. Su nombre sería publicado el 16 de noviembre de 2014.Luego de cumplir con trámites burocráticos, el contrato sería adjudicado formalmente hasta el 17 de diciembre de 2014. Para esa fecha ya había sido avalado por la Junta Directiva, que no observó ninguna anomalía durante todo el procedimiento. El contrato con Pisa sería firmado y aprobado por la Gerencia General del IGSS sin que nadie advirtiera la falta de mobiliario, equipo e infraestructura de la empresa ganadora para prestar los servicios médicos ofrecidos.

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“Nosotras revisamos hoja por hoja toda la licitación. Nosotras fuimos a las instalaciones de Pisa. Un doctor nos explicó cómo serían los procedimientos, cómo se colocarían las sondas, los guantes, todo paso por paso”, dijo Mayra Gómez ante la juez de León en defensa de la postura que tomó la Junta de Licitación.

Sin embargo, de julio a diciembre de 2014, el pleito, las quejas, los descontentos se llevarían casi en silencio en el portal de Guatecompras. La Junta Directiva, y la Junta de Licitación, se convertirían en una pared, que no atendía, no escuchaba. Tan sólo por este concurso se presentaron siete inconformidades, de ambas empresas participantes.

Algunas de ellas banales, pero la mayoría con cuestionamientos de fondo, que ponían en evidencia a una empresa sin experiencia, sin personal, aunado a que los servicios en su totalidad serían subcontratados con otra empresa distinta a la oferente.

El IGSS hizo caso omiso a todas las alertas.

El representante legal de la empresa perdedora de este concurso, Medicorp Baxter S.A., Luis Alfonso Pineda Torrado, se quejó con fuerza durante todo el proceso. Se protestó una primera vez el 2 de octubre de 2014, recién estipulada la licitación: El IGSS había pedido ampliar la documentación de ambas empresas, pero el reclamo de la perdedora es que el correo electrónico con esta solicitud nunca les llegó.

Con ello, sin más, Medicorp quedaba eliminada de la jugada. La Junta Licitadora respondió que la solicitud sí había sido enviada, pero no aportó pruebas de ello. Pineda Torrado se quejó una segunda vez, el 8 de octubre, y una tercera el 10 de octubre, ambas por el mismo error de una falta de notificación para Medicorp, pero también fueron rechazadas.

Pineda Torrado reclamó una cuarta vez el 17 de octubre, con mejores fundamentos: se detallaba la subcontratación de otra empresa, Medicina Corporativa S.A., para prestar todos los servicios que ofrecía Pisa; se denunciaba la falta de infraestructura, el poco detalle técnico de los procedimientos de diálisis, el copy—paste de las bases de licitación para que la propuesta de Pisa encajara perfectamente con los requerimientos de mobiliario requeridos por el IGGS, entre otros. La Junta de Licitación respondió, a través de Guatecompras, que los argumentos de Pineda Torrado estaban fuera del plazo legal para detener el proceso. Pisa S.A. era la ganadora irrefutable.

—¿Supo usted que este concurso fue impugnado? —preguntó la jueza a la enfermera Mayra Gómez.

—No. Hasta ahí no llegamos.

—¿Quién asesoraba legalmente a la Junta de Licitación?

—La licenciada Viviam Pinto.

—¿No le llamó la atención porqué Pisa no tenía un centro asistencial para dar el servicio, sino que lo trasladaba a un centro asistencial que no era el oferente?

—No me acuerdo, pero en el expediente estaban las direcciones.

—¿Las oficinas de Pisa, cómo eran?

—Preciosas.

¿Pero eran oficinas?

—Oficinas —respondió Gómez.

El último intento de suspender la adjudicación de Q116 millones a la empresa inexperta sucedió el 16 de diciembre de 2014. Un día antes de que el gerente general, Álvaro Manolo Dubón González, firmara el contrato definitivo con Pisa S. A.

Se trataba de un recurso de reposición presentado por Elmer Vargas Espino, mandatario judicial de Medicorp. Esta vez, la empresa perdedora argumentaba en contra de la decisión final de la Junta Directiva, integrada por Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, representante del Poder Ejecutivo y presidente del IGSS; Julio Roberto Suárez Guerra, representante de la Junta Monetaria y Presidente del Banco de Guatemala; Jesús Arnulfo Oliva Leal, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, en representación de esta entidad; Erwin Raúl Castañeda Pineda, representante del Colegio de Médicos y Cirujanos; Max Erwin Quirín Schoder, representante del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); y Julia Amparo Lotán Garzona, representante de los Trabajadores ante la junta directiva del IGSS. La Junta Directiva respondió, como lo hizo anteriormente la Junta de Licitación, que la queja en contra del contrato otorgado a Pisa S.A. estaba fuera de los tiempos legales para presentar impugnaciones.

“Soy inocente. ¡Inocente! La Junta Directiva, contrario a lo que se cree, no tiene ninguna responsabilidad administrativa”, reclamó Juan de Dios Rodríguez. “Con los enfermos renales no se puede hacer más que prolongarles la vida”, agregó ante la juez Silvia de León.

Para la fecha del último recurso presentado contra Pisa S.A., el MP y la CICIG ya habían empezado las investigaciones.

Los integrantes de la Junta Directiva del IGSS también fueron capturados el 20 de mayo, acusados, cada uno, de fraude, al igual que los miembros de la Junta Licitadora.

Pisa S.A. ataca de nuevo

Junto al servicio de diálisis peritoneal, Pisa S.A. se movía también para negociar y obtener otro contrato millonario. En esta ocasión, el IGSS necesitaba contratar a una empresa privada para brindar el servicio de hemodiálisis en distintos departamentos del país. En ese momento, Pisa S.A entraba un tanto desgastada, cuestionada una vez más por su falta de infraestructura. Pero eso no sería un impedimento significativo.

El representante legal para Guatemala y Panamá de esta empresa mexicana, Ramiro Armando Lorenzana Ortiz, y el gerente de ventas, Edgar René de la Peña Archila, tenían un plan B para subsanar anteriores batallas e intentar ganar este contrato. La primera parte del plan la constituía su operador estrella, Herberth Rodolfo García-Granados Reyes, de nuevo.

La segunda parte del plan, aun si sólo se sabía de su existencia a través de García-Granados, incluía a un médico internista, el nefrólogo Arturo Adolfo Castellanos Poou. Desde su puesto como médico del IGSS, Castellanos Poou, como señaló el fiscal Juan Fernando Sandoval, contaba con información privilegiada sobre los requisitos del IGSS para esta nueva licitación de servicios de hemodiálisis.

Empresarios, negociadores, médicos, todos serían escuchados durante meses a través de intervenciones telefónicas a causa de la investigación dirigida por la CICIG. Así la fiscalía pudo reconstruir cómo se creaba un enorme castillo de aire para licitar y obtener este nuevo contrato millonario.

El primer problema para que Pisa S.A. pudiera licitar lo constituyó la empresa en sí misma. Así, la fiscalía logró seguir los pasos de García-Granados en un periplo desaforado de seis días para inscribir una nueva empresa, ORTOSA, como testaferro de Pisa S.A. y tras ello participar en Guatecompras. Luego, García-Granados (al menos su voz) aparece dialogando con Arturo Castellanos Poou en busca de los médicos nefrólogos que se encargarán de brindar el servicio de hemodiálisis.

La búsqueda de García-Granados, poco a poco, se convierte en una aventura que va desde la contratación de enfermeras, hasta el alquiler de un local, confiando en que sus contactos internos en el IGSS lograrán que el concurso de licitación le favorezca.

“Soy inocente. Uno tiene que ver cómo ganar los concursos. Si se toman las bases de licitación, yo llené todos requisitos, pero para eso se debe realizar todo lo que se escucha en las llamadas”, indicó García-Granados ante la jueza.

Detrás de cada uno de los movimientos de García-Granados estaban los directivos de Pisa S.A. “Está en los expedientes –indicó García-Granados– el apoyo científico, legal, era el que Pisa S.A. me daba para poder licitar”.

Pero García-Granados fracasaría en esta licitación. Sus llamadas, su búsqueda por médicos, el intento de alquilar un local, la lucha por crear una empresa en apariencia potente, todo en conjunto, se resumiría en un esfuerzo echado a perder. Ni Pisa S.A., ni los nefrólogos ni tampoco García-Granados lograron llegar a negociar hasta un alto nivel dentro del Estado para obtener la contratación.

La fiscalía lo expuso a través de una llamada entre Ramiro Lorenzana, directivo de Pisa S.A. y García-Granados:

RODOLFO GARCÍA-GRANADOS: Mira, papaíto, la justificación para que nos eliminaran no existe y no es razonable. Yo lo que quiero saber (es) si nosotros ahorita impugnamos eso.

RAMIRO LORENZANA: Ah no, hay que impugnarlo, por supuesto que hay que impugnarlo.

(…)

RL: Anoche tuve yo una reunión con la gente del Seguro Social. El tema es que la gente de las otras empresas, pusieron mucha plata ahí; incluso pagaron antes.

RGG: Ok.

(…)

RL: Mira vos, no va a cambiar incluso yo les dije, va ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? dije yo, va. No porque ya se recibió del otro lado. Entonces yo le dije al cuate: “pero habíamos quedado en algo ¿verdad?”. Y le dije habíamos quedado en que… “sí”, me dijo, “el tema es de que se fueron más arriba”. Oh, dije, va: está bien va y la cantidad que pusieron fue buena mano.

(…)

RGG: Pero qué falta… discúlpame, qué falta de huevos los de esos tus cuates para que no tengan la honorabilidad de respetar lo pactado.

RL: Y sabes que es lo que pasa, insisto, estos fueron más arriba de donde yo fui.

RGG: Pero por qué…, porque no dijeron si lo que se trataba era de hablar y decir: mira mano a mí me están ofreciendo tal cosa

RL: Esta gente de una vez escaló. Ojo porque ni siquiera fue con JD, verdad.

RGG: si pues sí.

RL: fue…

RGG: Directamente hasta allá arriba.

RL: Así es, hasta arriba.

RGG: Distinguida dama.

El nuevo contrato de Pisa S.A. se perdió. No hubo pago. No hubo hemodiálisis. No hubo empresa. Nada. Fue parte de lo que todos los abogados defensores intentaron usar a su favor: “Sin pago no hay fraude”, expusieron. El fiscal, Juan Fernando Sandoval, explicó que el fraude estaba en el hecho de que se había atentado contra el Estado, contra la Constitución. “La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, señaló.

De León compartió este criterio. La juzgadora les explicó a los defensores que tras las modificaciones al Código Penal, el delito de fraude se puede cometer aún si no hubo pago. El artículo 450 de esta normativa establece que comete este delito quien use cualquier artificio para defraudar al Estado, sin entrar en detalle del significado de esa palabra.

Por este nuevo intento de adjudicar un contrato a Pisa S.A. la jueza Silvia de León decidió que De la Peña debe enfrentar proceso penal por cohecho activo; Castellanos Poou, por asociación ilícita, y Lorenzana por ambos delitos.

A la cárcel

La defensa de todos los acusados insistió en que no había méritos suficientes para que éstos quedaran ligados a proceso. La jueza, sin embargo, determinó que aunque los resultados no fueran concluyentes para establecer si los acusados eran culpables o no, los elementos sí apuntaban a que su situación debe ser investigada mientras ellos están sometidos a un proceso. Las solicitudes de medidas sustitutivas también fueron negadas: la jueza accedió a la petición del MP y ordenó prisión preventiva para todos.

La jueza estableció como fecha de la próxima audiencia, el 27 de julio próximo. Mientras, los acusados permanecerán recluidos. Las integrantes de la Junta de Licitación y la sindicalista Lotán Garzona, guardarán prisión preventiva en el Centro de Detención para mujeres Santa Teresa. García-Granados lo hará en el cuartel militar de Matamoros. El resto de implicados, en la base militar Mariscal Zavala.

Una “denuncia anónima”, según Juan Francisco Sandoval, fiscal a cargo del caso, alertó a la CICIG y al MP sobre supuestos actos de corrupción dentro del IGSS. Ello se convirtió en el punto de partida para la investigación. Los entes investigadores pudieron constatar dos hechos concretos.
El contrato con Pisa sería firmado y aprobado por la Gerencia General del IGSS sin que nadie advirtiera la falta de mobiliario, equipo e infraestructura de la empresa ganadora para prestar los servicios médicos ofrecidos.
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