Cerrar

Ir
Roxana Vega, 26, originaria de en la colonia Lomas del Edén, zona 5 capitalina, pide ayuda ondeando una bandera blanca, mientras da pecho al menor de sus tres hijos. Su esposo fue despedido de la maquila donde trabajaba. Simone Dalmasso

Cinco mil empresas quieren suspender a sus empleados: Cinco historias personales de paro

Tipo de Nota: 
Información

Cinco mil empresas quieren suspender a sus empleados: Cinco historias personales de paro

Historia completa Temas clave

Aunque el gobierno aprobó que las empresas optaran por suspender a sus trabajadores sin goce de salario, muchas se decidieron por los despidos masivos. Otros tienen asegurado el empleo, pero con un reajuste salarial sin opción a negociar. La crisis laboral que deja el coronavirus todavía no ofrece cifras exactas en el país, pero su impacto es cada vez más evidente.

Redes-lateral

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, fue un recordatorio amargo para quienes no tienen empleo, pero especialmente para los nuevos desempleados. Varias empresas han cerrado operaciones porque ya no hay demanda de sus servicios y, en consecuencia, cientos de personas han entrado en un paro forzado. Gabriel, que desde hace cinco años laboraba en un call center, se quedó sin trabajo a inicios de abril.

La empresa para la que laboraba lo envió a trabajar a casa a mediados de marzo, poco después de que se conociera el primer caso de COVID19 en el país. En las dos semanas siguientes el flujo de llamadas que atendía no había cesado pero el 6 de abril le pidieron que volviera a la oficina y llevara el equipo de cómputo que le habían dado; en ese momento le notificaron su despido.

La situación de Gabriel y de varias decenas de sus excompañeros era un golpe que ya había advertido la Organización Internacional del Trabajo y, entre otros, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último hasta proyectó la pérdida de empleos formales en América Latina y el Caribe con efectos a corto, mediano y hasta un lapso prolongado a causa de la pandemia. Guatemala, calcularon, perderá como mínimo el 7.5% de los empleos formales.

Esta valoración se hizo con la base de 1.3 millones de empleos formales. No obstante, la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos reportaba menos de un millón de personas aseguradas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Mientras que en los registros del IGSS hay 1,7 millones de cotizantes. En cualquiera de estos casos, y con base en los cálculos del BID, los nuevos desempleados llegarían a por lo menos 75,000 personas.

A sus 38 años, Gabriel busca una explicación a esta nueva realidad. «El mes pasado hice 50 horas extras, era colaborador, o sea, no era alguien que estuviera haciendo cosas malas», dice al teléfono. En su empresa había por lo menos mil trabajadores, y se ha enterado de que los despidos fueron masivos.

[relacionadapzp1]

Ha pasado un mes en casa, junto a su esposa y tres hijos, como una compensación a las vacaciones que no tuvo en un par de años. Aunque dice que ya tiene otras ofertas de trabajo en la industria de atención de llamadas en inglés, no deja de pensar en el despido.

Cree que seleccionaron a los trabajadores con más años en el puesto para que, si en un futuro vuelven a abrir las plazas, las cubran con jóvenes con quienes la empresa pueda ahorrar en pago de bonos. En la industria de call centers el salario estimado puede variar de 4,500, 6,000 y más de 8,000 quetzales. Gabriel espera noticias de la indemnización por los años de trabajo, un ingreso que quizá divida en ahorros y un emprendimiento que alterne con una jornada de trabajo. Toda decisión depende ahora del COVID19.

A la espera del bono

El 8 de abril se publicó la Ley de Rescate Económico a las familias por los efectos causados por el COVID19. El artículo 3 crea el Fondo para la Protección del Empleo, un bolsón con dos mil millones de quetzales que alcanzará para pagar tres salarios de hasta 2,250 quetzales, a razón de 75 quetzales diarios a quienes les hayan suspendido el contrato de trabajo.

Aunque fue hasta el 27 de abril que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo firmaron el instrumento para hacer operativa esta disposición, desde que salió la ley varias empresas informaron a sus empleados que la relación laboral quedaba en pausa.

[relacionadapzp2]

Éricka y Beatriz están suspendidas desde la primera quincena de abril, pero aunque sus empleadores les han dicho que cumplieron con todos los requisitos, ninguna tiene certeza de que recibirá el bono gubernamental.

Las dos mujeres aguardan. Es una tormentosa espera porque tienen cuentas por pagar. El Ministerio de Trabajo va a paso lento. Tienen ahora a 50 inspectores que hacen la revisión de documentos y notificación en un lapso aproximado de 10 días.

Hasta el 4 de mayo, 5,214 empresas requirieron el permiso, y solo a 752 les habían autorizado, aunque hay 983 preautorizadas. Estas entidades inscribieron planillas con un total de 21,859 personas, que serán las primeras en recibir el bono la primera semana de mayo, aseguró en una conferencia de prensa el ministro de Economía, Antonio Malouf. 1,732 han sido rechazadas. El resto está en revisión. En el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social hay 156,522 empresas inscritas.

Éricka, madre de dos hijos, esposa, en sus treintas, trabaja en una empresa de confección de uniformes en la zona 1 capitalina. La planilla se compone de 20 personas, incluyendo al área de operarias, bodega y administración. Al iniciar la emergencia, la fábrica resolvió mandarlos a todos de vacaciones.

Justificaron que no tenían recursos para contratar al médico que exigía el gobierno en cada centro de trabajo. Cuando volvieron, luego de Semana Santa, los convocaron a todos para anunciarles la suspensión de trabajo. No querían despedirlos, porque tampoco tenían recursos para saldar indemnizaciones y no hay una fecha exacta de regreso a la normalidad laboral.

[relacionadapzp3]

Éricka, que cada año anhelaba sus vacaciones, ha vivido la cuarentena obligada con «frustración».  «No estamos tranquilos, no podemos salir», dice.

Su situación, explica, no es tan delicada como la de sus compañeras, que el día de la suspensión de trabajo lloraban sin consuelo. «Varias son madres solteras que pagan alquiler», refiere.

Ella tiene a su esposo, que es herrero. Ambos tienen ahorros que les permitirán cubrir los pagos de comida, cuota de colegio de uno de sus dos hijos, y el material e internet que le piden para las tareas. Pero todo con «limitaciones», explica.

Si llega el bono del gobierno, servirá para ajustar el pago de las deudas con el banco en junio, cuando vence el plazo que dieron para retrasar los pagos.

[relacionadapzp4]

Beatriz, madre de tres niñas, esposa, que trabaja en el área de cocina de una empresa de comida saludable instalada en el Centro Comercial Zona Pradera, vive una historia similar a la de Éricka.

El negocio, que nació hace poco más de un año, con la emergencia no ha logrado mantener sus ventas, a pesar de ofrecer servicio a domicilio. Antes de eso, el comercial tenía suficiente clientela para mantener una planilla de ocho personas.

El 15 de abril recibió su salario y le enviaron por whatsapp una carta en la que le anunciaron que esa sería la última quincena que recibiría porque la empresa había pedido la suspensión colectiva de contratos.

En uno de los párrafos se lee «…no devengan un salario mientras dure la suspensión, pero continúan acumulando sus prestaciones de ley». La pausa sería evaluada a fin de mes, de acuerdo a las disposiciones presidenciales. Y si no hubiera cambio, de nuevo se analizaría el 15 de mayo.

Beatriz tiene el trabajo asegurado, pero no una fecha segura para regresar. Los centros comerciales están cerrados desde el 16 de marzo. Todavía está en su periodo de lactancia, pero eso no le asegura ninguna protección laboral. Las mujeres embarazadas son las únicas que no pueden ser suspendidas.

[relacionadapzp5]

Y ninguna empresa debería suspender sin autorización gubernamental, pues al hacerlo quedan expuestos a una multa y a saldar el pago correspondiente a sus empleados, informó el Mintrab.

Por suerte, dice Beatriz, su esposo sigue con trabajo en un call center a jornada completa desde casa. En tanto, ella combina el cuidado de sus tres hijas con la venta de comida a sus vecinos porque debe tener el ingreso para pagar la deuda de una tarjeta de crédito. También espera el bono del gobierno.

Ni Éricka ni Beatriz son el nombre verdadero de estas dos mujeres. No quieren problemas en su empresa. Con la excepción de Gabriel, nadie quiso dar su nombre y apellido para este reportaje. A unos protagonistas le avergüenza el estigma. A otros, les preocupa depender aún de sus antiguos empleadores para recibir sus prestaciones, o les abruma el miedo de que otros no les quieran contratar.

Los despedidos

Sofía, estudiante universitaria, soltera, en sus treintas, recién había cumplido un año de trabajar en una empresa de telemarketing en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, cuando le informaron que el banco que los subcontrataba para ofrecer préstamos retiró el proyecto.

«Al principio dejaron el área de tarjetas de crédito, que es lo más fuerte, pero me enteré que también la cerraron porque ya no estaban vendiendo lo mismo», expone. 150 personas se quedaron sin empleo.

[relacionadapzp6]

Sofía no comprende por qué su empleador no decidió pedir la suspensión de labores al Ministerio de Trabajo. «Nunca lo vieron como opción. Pregunté, pero nada de respuestas», dice, no obstante que la empresa cumple con el requisito de tener a todos sus empleados registrados en el IGSS.

No le han pagado la indemnización, y le advirtieron que lo harán a plazos. Le sorprende el despido, pero no el cese de trabajo. «Ya me lo imaginaba, porque es una mediana empresa y si el banco no estaba abierto no iba a producir. Se vino todo abajo». Dejó a medias varios trámites de préstamos de pequeños empresarios, con necesidad de un fondo para saldar deudas. Un ejemplo de los muchos eslabones que resultan afectados al cierre de una empresa.

«Tengo un techo, vivo con mis padres, tengo comida, pero tengo pagos personales de servicios y si te atrasas un mes te cobran mora. No me imagino qué penas pasará una persona que es responsable de una familia y es la única que lleva ingresos a su hogar», reflexiona.

Al igual que Sofía, hay maestros, personas que prestan servicios de mantenimiento, trabajadoras domésticas, o pilotos que han sido despedidos. La lista es larga y todavía no está bien documentada por el sistema gubernamental.

Los despedidos son de todas las edades, de diferente condición social. Si el pico de la enfermedad se esperaba para inicios de mayo, es evidente que también el pico de la crisis económica por desempleo.

Trabajar, pero con reducción del salario

Olga, divorciada, 48 años, madre, abuela, sintió alivio el día que le confirmaron que la maquila en la que trabajaba desde hace cinco años, con otras 19 personas, volvía a la actividad.

La maquila pertenece a un coreano que estaba de visita en su país cuando inició la crisis. Acostumbrados a que los suspendan cuando el trabajo disminuye, no se extrañó mucho cuando la mandaron a descansar a mediados de marzo. Le pagaron su salario y un proporcional de bono 14 y aguinaldo.

[relacionadapzp7]

Se supo despedida, igual que lo habían hecho en diciembre pasado cuando por quinto año la liquidaron. Aunque sospecha que nunca le han dado el pago justo de su indemnización. A mediados de abril recibió la llamada. Podía volver al trabajo, otra vez, como nueva empleada.

La otra novedad que recibió, pero que supo hasta que le pagaron la quincena, es que ahora en lugar de ganar 1,500 le pagarán solo 850 quetzales. Esto significa que su cuota diaria bajó de 100 a 56 quetzales por una jornada de lunes a viernes de 6:30 a 3 p.m., y los sábados medio día.

Además de esta nueva condición, no está inscrita en el IGSS. Sospecha que la mitad de sus compañeros, y más específicamente las mujeres que trabajan como operarias de costura, no tienen el beneficio. Cuando cae enferma, falta al trabajo y le descuentan el día. Su única salida es ir al centro de salud, o descansar y automedicarse.

Aunque desde abril dejó de pagar alquiler, porque ahora vive con sus hijos, debe cubrir sus servicios básicos. Su situación se agrava porque no tiene ningún soporte ni oportunidad de jubilarse. Los abusos de los que ya era víctima se agravaron con la emergencia. El Mintrab no puede actuar en estos casos, porque no actúa de oficio. Y Olga no desea hacer ese trámite ahora, porque lo que más importa es tener la paga asegurada, por mínima que sea.

Autor
Edición

 

 

 

 

Ver Comentarios

 

 

 

 

Autor
au
Edición
a