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La mudanza que llegó cinco años tarde

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Esta es la crónica de una cadena de infortunios. Primero, unas casas que se agrietan. Después, centenares de evacuados. Un albergue habilitado para seis meses, en el que pasan cinco años. Un nuevo terreno para los vecinos. Una invasión ilegal que les arrebata el terreno. Un embajador taiwanés que les promete construir casas. Un constructor que se toma mucho más tiempo del pactado para urbanizar el terreno. Unos vecinos que amenazan a los albergados porque les estorban. Dos jóvenes asesinados. Notas de extorsión. Una embajada que retira el apoyo porque el gobierno no cumple con su papel. Decenas de vecinos que huyen.

Era casi la medianoche de uno de los últimos viernes de agosto cuando una hilera de automóviles, picops y camiones de la municipalidad de Mixco se dirigieron hacia el final de la cuarta avenida de Ciudad Satélite. Los vehículos se estacionaron frente a las calles donde el adoquín se convierte en asfalto, y decenas de personas se acercaron para ayudar a descargar los muebles, las bolsas de ropa y las láminas que llevaban los carros. Lo que parecía un convoy con donaciones para los vecinos, realmente era una mudanza que llegaba cinco años y cuatro meses tarde.

A pesar de lo apresurado y de la incertidumbre, aquella noche fue la más fácil que han pasado en los últimos años las 88 familias que ahora habitan el proyecto del final de la cuarta avenida. Todo empezó en marzo de 2012. Para ese entonces no eran 88 sino 180 las familias afectadas, vecinos de las colonias ubicadas en las faldas del Cerro Alux. Contaban con casas formales, unas compradas con el dinero que enviaban los esposos migrantes, otras a base de deudas y dobles jornadas laborales.

Pero una serie de temblores les hizo tambalear la vida entera. Tanto que debieron ser evacuadas por el agrietamiento de varios sectores. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) decretó que sus hogares eran inhabitables. Fueron trasladadas a un albergue provisional, en donde, les aseguraron, no estaría más de seis meses.

Pero pasó el tiempo y los vecinos terminaron quedándose en ese lugar, porque el proyecto habitacional que les prometieron en Ciudad Satélite estaba estancado. Mientras esperaban, algunas familias optaron por retornar a su propiedad en el cerro, a pesar del peligro. Otras, que alquilaban, consiguieron otro lugar para vivir. A inicios de 2017, solo quedaban 88 familias en un albergue con condiciones insalubres. Decidieron quedarse, dicen, porque si se iban, no los tomarían en cuenta para el proyecto en Ciudad Satélite, bautizado como “Prados de San Roque”.

La vida en el albergue duró cinco años y cuatro meses. Cinco años y cuatro meses que terminaron siendo un infierno, según cuentan los vecinos, quienes llegaron a ese terreno ubicado en Lo de Coy, zona 1 de Mixco, tristes, pero esperanzados. Pronto se acercó la Embajada de China-Taiwán y les prometió que se encargaría de la construcción de todas las casas. Les ofrecieron unas modernas edificaciones de bambú, en las que podrían vivir seguros. La municipalidad mixqueña prometió buscar el terreno y darlo en propiedad a cada vecino afectado.

Esos primeros seis meses fueron los más dulces. Al albergue llegaban jornadas médicas cada semana, la municipalidad les brindaba los tres tiempos de comida y los viernes proyectaban películas al aire libre.

El albergue era un conjunto de casas de tablayeso y lamina. Un cuadrado donde apenas cabían un par de camas y una mesa. No tenía servicios sanitarios ni cocinas. Cuatro familias debían compartir un baño portátil y hacer cola para lavar la ropa en la pila. Sin posibilidad de tener una cocina propia, usaban un comedor comunal a donde todos los días les llevaban los alimentos ya preparados.

Sus muebles estaban guardarlos en una bodega aparte; las mascotas fueron enviadas a otro albergue, los niños no podían jugar fútbol para no dañar la infraestructura, y si necesitaban ir al baño de noche era preciso salir al frío y caminar. Pero eran seis meses. Nada que ninguno de los vecinos no pudiera manejar. La comunidad estuvo animada esa primera parte del año. Pero para la segunda mitad, la duda empezó a plagar sus mentes.

Las jornadas medicas se fueron reduciendo. Aún les daban comida, pero ya no tenía sabor ni sazón y era cada vez más escasa. Las proyecciones de cine también cesaron. “¿Y el proyecto?”, preguntaban cuando llegaba alguien, quien fuera, pero no había respuesta. “¿Y las casas? ¿Y qué pasó?” Las autoridades esquivaban las preguntas. “Ya casi”. “Ya va”. “Estamos arreglando algunos problemas”. 

Al tercer año, cerca del 45% de familias se había retirado del albergue. No solo estaban cansados de la cola para ir al baño, el problema mayor fue que empezaron a ser acosados por vecinos de las colonias circundantes. Les molestaba tenerlos cerca, los tachaban de indigentes y delincuentes. En un principio había soldados de planta en el albergue para protegerlos, pero se fueron. Y cuando eso ocurrió empezaron las extorsiones. La dueña de la tienda recibió un mensaje en el que le ordenaban pedir una cuota a cada vecino o de lo contrario matarían a todos.

El gobierno dejó de enviarles la comida, y cada quien debía velar por su bienestar. La embajada asiática también retiró el ofrecimiento de las casas de bambú porque las autoridades no cumplían con poner los terrenos a nombre de los beneficiarios. 

En cuestión de meses perdieron la poca ayuda que aún tenían y la esperanza que traía la oferta de China-Taiwán.

Algunos culminaron su éxodo voluntariamente. Regresaron a las casas agrietadas aunque no hubiera luz o agua. Preferían vivir sin recursos, pero en sus propiedades. Los que se quedaron estaban cansados. Las tensiones con las colonias vecinas subían y la ayuda bajaba. ¿Y los terrenos?, seguían preguntándose porque al albergue ya no llegaba nadie. Era 2015 y la crisis del Partido Patriota (PP) hizo que la municipalidad de Mixco, que dirigía el hijo del presidente, se olvidara aún más de ellos.

Pasó el cuarto año. Pasó el quinto. Quedaban 88 familias de las 180 que llegaron. Algunos vecinos decidieron mover los baños portátiles a la par de sus casas, pero los drenajes y las reposaderas no estaban diseñados para esto y dejaron un río de aguas negras y desechos por todo el camino. Otros hicieron letrinas en su vivienda, abrieron hoyos en el suelo y les echaban tierra cada cierto tiempo. Las heces y la orina se movían libremente por todo el terreno, apestando y ensuciando todo a su paso.

Las colas para la pila, aunque eran menos familias, no disminuían. Las señoras hacían fila durante tres o cuatro horas mientras recordaban los buenos tiempos en los que aún vivían en el cerro. Se imaginaban lejos del albergue, de la suciedad, del abandono. Luego se preguntaban hasta cuándo seguirían así, lavaban la ropa y regresaban a sus casas de plástico. Ya no tenían siquiera esperanza.

Mientras entristecían, los vecinos de su alrededor se enfurecían. Las tensiones habían escalado los últimos meses y el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) ya había entrado a mediar algunos problemas. La situación fue tan tensa, que las tres colonias colindantes al terreno bloquearon dos de las tres salidas del lugar. Así los tenían mejor controlados.

A inicios de agosto pasado, los albergados recibieron una amenaza: "habrá consecuencias si no se van", decía un papel.  Hicieron caso omiso y dos semanas más tarde, dos de sus jóvenes fueron asesinados a balazos, mientras bebian en una tienda del barrio. Aún no saben si el ataque estaba relacionado con la amenaza o con un problema de maras, algo frecuente en el sector, pero tampoco quisieron averiguar. Esa misma semana, 43 de las 88 familias se retiraron del albergue.

Luego llegó la segunda amenaza.

Era viernes en la tarde cuando recibieron un mensaje que les advertía que tenían hasta el domingo para retirarse o “iba a correr sangre”, según cuenta Eva Ruiz Morales, miembro el Cocode. El miedo invadió el albergue y de inmediato pidieron ayuda a la Municipalidad de Mixco. Esa misma noche inició el traslado de las 45 familias restantes a Ciudad Satélite, al proyecto que aún no estaba completado, pero que era la opción más segura de momento.

La mudanza duró 24 horas. Algunos vecinos que ya contaban con escrituras, habían iniciado la construcción de sus casas meses atrás. Otros llegaron a improvisar con láminas y champas para marcar su lote. Para la mañana del domingo, en el terreno de Lo de Coy, solo quedaron los baños portátiles Mapreco, los cuales deberán permanecer ahí hasta diciembre de este año por temas contractuales.

Este traslado marcó el fin del éxodo que había comenzado hace casi seis años. Ciudad Satélite representa esperanza, cuentan los vecinos. Lo dicen con una sonrisa que no les llega a los ojos, porque la tristeza de haber dejado sus vidas en las grietas del cerro aún los acompaña. Es el fantasma que se rehúsa a dejarlos en paz.

Eva Ruiz Morales tiene 40 años y vivió ocho de ellos en un terreno propio en las laderas del Cerro Alux. Sonriente y orgullosa enseña su nueva casa en Ciudad Satélite. Es más pequeña que la de antes, cuenta, pero al menos ya tiene un techo sobre su cabeza y ya van en camino de pagar el préstamo de Q76 mil que pidieron para construirla. Ella y su familia fueron de los que salieron luego de la primera amenaza.

Ruiz Morales ya había tenido una mala experiencia con los desastres naturales. En 2009, con el paso de la tormenta Agatha, hubo un deslave en su terreno. La Conred pidió a los vecinos del cerro que se trasladaran a una parte más elevada del área. Ahí fue cuando se empezó a dar cuenta que algo no caminaba bien en esas laderas. Podían escuchar los retumbos de la tierra e incluso sentir su movimiento. “Nosotros lo comentábamos con otros vecinos, pero como no estaba a simple vista”, dice, mientras dirige la mirada hacia la silueta del cerro, visible desde la entrada de su nuevo hogar. Recuerda que fue un 28 de diciembre de 2011 cuando la tierra retumbó por última vez y una semana después se abrieron las grietas. “En mi propiedad había cinco grietas. Tres pasaban por el centro de la casa”, explica y hace un gesto que busca ejemplificar la forma de las fisuras.

Aunque extraña su casa y sus pertenencias, Ruiz Morales nunca pensó en retornar al cerro por motivos de seguridad. “Ni regresé por mis cosas”, dice y explica que las había dejado en una bodega, pero por falta de pago las sacaron a la calle y nunca supo qué pasó con ellas. Su lema se volvió borrón y cuenta nueva. Pero sus ojos se llenan de lágrimas mientras recuerda lo vivido. No es la única que tiene esta reacción.

Alba Hernández, originaria de Retalhuleu, vivió en las laderas del cerro durante una década. Su esposo trabajó todo este tiempo para construir una casa para vivir con sus tres hijos. La naturaleza, sin embargo, tenía otros planes. Las grietas rodearon su propiedad y Conred los incluyó en la lista de evacuados. Tan solo empieza a contar su historia, empieza el llanto. Hernández llora por el trato en el albergue, por la lucha que ha significado sacar a sus hijos adelante en ese ambiente, y por la nueva mudanza.

“El trato en el albergue fue terrible. No al principio, sino después”, cuenta mientras arregla los productos de la tienda que tiene en la parte de enfrente de su casa.

Los malos tratos de los vecinos no terminaron cuando salieron del albergue. En Ciudad Satélite, las personas que viven frente a los lotes que ocupan las 88 familias tampoco los miran con buenos ojos. Ruiz y Hernández señalan que existe animosidad debido a la manera en la que fueron trasladados y al problema del desalojo del terreno. Una de las maneras en la que Hernández siente el rechazo es en su negocio. “Yo vendía pan y tenía mi tienda allá. La puse acá también porque así ayudo a mi esposo. Allá ganaba Q50 o Q60 diarios. Acá ya no. Hay mucha competencia. El señor que viene a dejar pan, por ejemplo, me dijo que a mí no me daba para vender porque ya le daba a alguien más”, cuenta, sus ojos llenos de lágrimas, porque el dinero es vital para mantener a sus hijos en la escuela.

Los roces con los vecinos y los malos tratos parecen afectar poco a las 88 familias. Les duele, lo admiten, pero saben que eso pasará. Su enfoque es rehacer sus vidas después del albergue, donde estuvieron en el abandono y el olvido.

Prados de San Roque: de la invasión a los problemas burocráticos

Aún estaba Amílcar Rivera en la municipalidad de Mixco cuando las grietas ocurrieron. Él fue quien alertó a Conred del peligro en el que estaban los vecinos de las colonias Los Olivos, Asunción, Anexo San José, Los Magueyes y Finca San Jerónimo. Esto fue a finales de 2011 cuando el alcalde electo, Otto Pérez Leal, era la sombra de Rivera para tener un proceso de transición tranquilo y sin problemas. De esta forma, Pérez Leal fue informado de las 180 familias que iban a necesitar acción rápida desde su toma de posesión.  

El problema principal que tenían en el Cerro Alux era que se iba a dar un deslave o un hundimiento de tierra más temprano que tarde. La tierra se deslizaba entre cinco y tres centímetros por día, una velocidad rápida y poco usual. El arquitecto Walter Monroy, de Conred, explica que esto se dio porque la cantidad de fosas sépticas y de construcciones en el área colapsaron el terreno.

Monroy fue el encargado de llevar el proyecto desde sus inicios. Recuerda que luego de que Pérez Leal tomó posesión en enero de 2012, se continuó el trabajo con la municipalidad para evitar una tragedia en el sector del Cerro Alux. Evacuaron a las familias para evitar pérdidas humanas en una posible emergencia. El que el nuevo alcalde fuera hijo del presidente agilizó la gestión de recursos. Conseguir el terreno, los materiales, la ayuda para los alimentos, y otras cosas como jornadas de vacunación o ayuda psicoterapéutica, también. “El día de la inauguración del albergue llegó Otto Pérez Molina y todo”, recuerda.

Monroy, al igual que los vecinos, también está triste y molesto por los cinco años y cuatro meses que duró el albergue. Su unidad, la Dirección de Recuperación de la Secretaría Ejecutiva de Conred, evaluó 26 terrenos para decidir cuál era el mejor para el traslado. Al final avalaron cuatro, entre ellos el de Ciudad Satélite, propiedad de la empresa Faval, S.A. El Fondo para la Vivienda (Fopavi) se decantó por este y el contrato se definió como compra de lote con servicios básicos. Esto quiere decir, que la urbanización del lote estaba a cargo de la empresa que era su propietaria.

 

 Faval, S.A, una empresa propiedad de Enrique Valls,  fue seleccionada para hacer el trabajo en diciembre de 2013. Valls recuerda que fue en los primeros días de enero de 2014 que le dieron el adelanto del 50%, equivalente a Q3.6 millones, para iniciar el proyecto. El trabajo iniciaría en febrero, pero al llegar al lote de Ciudad Satélite, la sorpresa fue que el terreno había sido invadido por un grupo de personas sin hogar. “Fopavi me pidió poner un letrero que decía que ahí se iba a realizar un proyecto de vivienda y que era del gobierno. Debía haber puesto que era propiedad privada en lugar de algo gubernamental porque así evitaba que la gente llegara”, explica mientras toma café y juega con su lapicero. Valls ha trabajado toda su vida en el negocio de la construcción.

El constructor recuerda la invasión como si fuera ayer, pues, según asegura, le costó a su empresa Q500 mil arreglar el embrollo legal. Se dieron dos intentos de desalojo entre marzo y junio de 2014. Ninguno fue fructífero. En agosto de ese año, la tercera fue la vencida y Valls, acompañado del Ministerio Público, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Policía Nacional Civil (PNC), logró sacar a los invasores del terreno. Hasta entonces empezaron los trabajos.

El proyecto debía haber tardado entre seis y ocho meses, pero diversos problemas entre 2014 y 2017, significaron que Valls detuviera el trabajo dos veces. “Me he tardado. Ese ha sido mi gran pecado y estoy pagando por eso”, reconoce. Está consciente, dice, del daño que ha implicado a las familias la tardanza, pues debido a ella se perdió la donación de las casas de bambú ofrecidas por la embajada de China-Taiwán. Además, implicó que otras familias retornaran al lugar de riesgo.

El entonces  viceministro de Comunicaciones, Carlos Barillas, cuenta que en la Mesa Técnica de Vivienda, en la que participan el Ministerio de Comunicaciones, Fopavi, el despacho del Procurador de los Derechos Humanos, la Conred, la municipalidad de Mixco, los vecinos afectados y los constructores, se está buscando nuevamente la donación de las casas. Aunque están conscientes que hay familias que no van a poder gozar de esto porque ya construyeron en el nuevo lote.

Monroy es uno de los pocos funcionarios que muestra su molestia por todo el proyecto. Afirma que le “hierve la sangre” cuando piensa en todo lo que pasaron las familias, en la pérdida de la donación de las casas y en cómo fue posible que se permitiera su estadía en un terreno que era una bomba de tiempo para epidemias y otras condiciones de salud. También cuestiona el rol del constructor y qué hizo con el 50% por ciento de adelanto que se le dio. “Entiendo lo de la invasión. Lo demás solo es una mala gestión y administración de los recursos”, concluye.

Valls sostiene que el dinero se invirtió correctamente, exceptuando los Q500 mil que, asegura, se destinaron al trabajo legal para desalojar a los invasores. El problema fue que tuvo que hacer varios cambios a los planos. Uno de los más notables debido que la Conred declaró 25 lotes de Ciudad Satélite como no habitables por su cercanía a un barranco, tuvo que reajustar ese espacio y rehacer los planos, dice. Otros cambios fueron los materiales de las tuberías y de la planta de tratamiento, la cual cambió porque se llenó de vegetación. El constructor sostiene que Fopavi no le quiere pagar por esto y que el arquitecto Félix Nufio, supervisor de esta institución, le dijo esto en una de las mesas técnicas.

Nufio explica que los cambios que quiso hacer Valls no pasaron por el proceso correspondiente por lo que la institución no tiene conocimiento de ellos ni puede ajustar el precio o pagar por algo que no era lo que decía el contrato. Sumado a esto, el arquitecto dice que el proyecto en Ciudad Satélite solo tiene avances de un 39%, y la ley establece que debe ser 50%. Valls lo niega; la obra está trabajada un 70%, asegura, pero Fopavi no ha hecho la inspección correspondiente.

Fopavi y el Micivi no ha podido evaluar el avance de la obra por existe una denuncia penal contra Faval, S.A. por la tardanza e incumplimiento del contrato. Esta se encuentra en la Fiscalía contra la Corrupción. Aunque Barillas confiesa que la acusación únicamente es para “apretar las tuercas” y que el proyecto finalice lo más rápido posible.

La urbanización de Ciudad Satélite va en camino. La administración de Neto Bran buscó agilizar el proceso para sacar al resto los vecinos del albergue. Mynor Espinoza, portavoz de la municipalidad, explica que el alcalde se preocupó porque “tiene un lado muy humano”. Barillas, por otro lado, cuenta que llegó al ministerio a encontrar una serie de proyectos atrasados, algunos desde la época de las tormentas Stan y Agatha, y decidió darles prioridad. Entre los más relevantes se encuentran: “La Lagunilla” en Santa Rosa, “Mi Querida Familia” para los vecinos del Cambray II, y “Prados de San Roque”.

Los trámites burocráticos para que los vecinos puedan llamar hogar a los lotes en Ciudad Satélite van en camino. Ya hay 93 escrituras, a pesar de que solo hay 88 familias en el lugar. Osorio, el presidente del Cocode, explica que esto es porque hay personas que aún están en trámites para ser incluidas en la lista de beneficiarios. Además, el proceso de escrituración tomó años, pues algunos vecinos perdieron los papeles y documentos que los hacían propietarios. Espinoza explica que la municipalidad apoyó con asesoría legal para este tema.

Valls espera entregar el proyecto lo más pronto posible y que le paguen. Su inversión, asegura, ya excedió el costo del lote, que fue de Q7.5 millones. Barillas y Nufio, por otro lado, están a la espera de que se levante la denuncia para evaluar si lo que dice el constructor es cierto. Además de pedir los nuevos planos para contrastar con el proyecto original, pues aún faltan medidas de mitigación en el terreno para evitar otro desastre. El exviceministro explica que, por ejemplo, las tuberías de los lotes salen al barranco y esto podría causar un eventual deslizamiento por el desgaste.

Mientras la burocracia sigue, los vecinos piden préstamos para construir en su nuevo lote. Otros se conforman con sus casas de lámina porque ya tienen un terreno que pueden llamar propio y la oportunidad de una vida lejos del albergue. Por primera vez en casi seis años, ya no se sienten olvidados. Solo tristes, pero esperan que ese sentimiento desaparezca pronto. 

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