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La frustración. El gobierno de la ambigüedad.
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La frustración. El gobierno de la ambigüedad.

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Sorpresa: resulta que nadie está haciendo nada. Slowing envía cartas en señal de advertencia. La situación es crítica. La nación se desmorona.
¿Cómo no advertir, en el discurso del expresidente, esos mismos rasgos de irresponsable fanfarronería y de afable vacuidad, a medio camino entre el pudor cobarde y la hipocresía, tan prototípicos del guatemalteco?
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Presentamos la segunda parte (de tres) del ensayo periodístico Lo que queda del gobierno de la esperanza en el país de la eterna crisis: “cambios para no cambiar”, cuya primera entrega fuera publicada hace ocho días en Plaza Pública. Un repaso sucinto, no exhaustivo, de los cuatro años del gobierno saliente y una semblanza política y humana de su rostro insignia, Álvaro Colom, y de algunos de sus colaboradores más importantes, a través de amigos, conocidos, detractores, protagonistas y expertos, en un prólogo, tres partes y un epílogo escritos por el ciclista, cineasta y columnista iconoclasta Andrés Zepeda.

Junio, 2010. En semanas recientes Guatemala ha sufrido dos embates concomitantes: la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya. El país está colapsado.

Álvaro Colom se encuentra junto a su concejo de ministros y secretarios, presidiendo la reunión de gabinete, y gira instrucciones precisas: lo que resta del presupuesto para ese año deberá reorientarse para obras de reconstrucción.

Una vez disuelta la junta, Karin Slowing, titular a cargo de la SEGEPLAN, delega entre los suyos las directrices correspondientes en atención a las indicaciones del Presidente. Al no ser unidad ejecutora, la dependencia a su cargo se dispone a monitorear las acciones emprendidas por los ministerios.

Sorpresa: resulta que nadie está haciendo nada. Slowing envía cartas en señal de advertencia. La situación es crítica. La nación se desmorona.

Días más tarde recibe una citación de la bancada oficial indicándole que debe presentarse en el Congreso. Quieren saber el porqué del monitoreo y de las cartas. “¡Era una orden del Presidente!”, protesta, ingenua y espontáneamente sorprendida. “¡Y nadie la estaba cumpliendo!”.

* * * * *

Los vínculos, alianzas, apoyos y financiamientos que le permiten a un candidato alcanzar la presidencia inciden luego en el margen de maniobra con el que habrá de gobernar, y afectan también la agenda a seguir durante su gestión. Ese marco limitado (y hasta cierto punto comprometido) de autonomía para el ejercicio de los cargos de poder es propio de la práctica política, pero ciertamente puede ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias.

Veamos.

Álvaro Colom funda la UNE en septiembre del 2002, luego de su ruptura con la Alianza Nueva Nación, el conglomerado de centroizquierda por el que había sido postulado a las elecciones tres años antes. Algunos diputados de esa agrupación se van con él, pero el control del proyecto muy pronto se le escurre de las manos debido a la amplitud de sectores e intereses representados en su seno, resultado de esa notable habilidad que lo ha hecho capaz de hacer mancuerna y pactar con tirios tanto como con troyanos.

Contrario a las señales de identidad socialdemócratas que reclamaba para sí, en realidad el nuevo partido reunía integrantes de diverso sello ideológico, desde militantes desencantados de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca hasta antiguos miembros del Ejército, pasando por exfuncionarios del gobierno arzuísta y tránsfugas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en ese entonces en el poder. El mismo perfil empresarial de Colom, que antes de dedicarse de lleno a la política había destacado como propietario y líder gremial del negocio de maquilas (industria manufacturera caracterizada por sus deplorables condiciones laborales y salariales), evidenciaba en él, si no una contradicción, al menos un significativo viraje en términos de discurso y praxis.

Para 2007, año en que Colom competía por tercera vez en los comicios, la UNE era ya el partido político de mayor base a nivel nacional, con más de cien mil afiliados. El hoy expresidente ganó las elecciones con el 52.8 por ciento de los votos en una segunda vuelta marcada por el abstencionismo (51.7 por ciento), siendo la primera vez en la historia del país que alguien resultaba triunfador aun habiendo perdido en la ciudad capital, lo cual dejaba entrever que su respaldo político provenía casi exclusivamente de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos.

La agrupación consiguió 51 escaños en el Congreso (de un total de 158), pero durante el primer año de gobierno se produjo una diáspora en la bancada oficial: casi la mitad de los diputados de la UNE abandonaron el partido, poniendo de manifiesto el carácter prácticamente postizo de una cuadrilla de trabajo en realidad inexistente, sin mística ni visión de largo plazo.

“Al ser demasiado polifacética, por no decir esquizofrénica, la agrupación nunca terminó de consolidarse”, destaca Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Es el precio que se paga por ceder espacios en función no de ideas compartidas sino por interés en obtener beneficios a corto plazo: “Cuando en vez de formar equipos sólidos uno mete a caciques territoriales sólo por atraer votos, es como venderle el alma al diablo”, opina Enrique Godoy. “Aunque se gane la elección, ya se sabe qué va a pasar después”.

La constelación del poder

El Congreso de la República, incluyendo por supuesto el hervidero de negociaciones que sus integrantes acostumbran fraguar al margen de toda actividad reglamentaria, goza en Guatemala de muchísima incidencia. Al respecto, Fernando Carrera evoca la apreciación del politólogo Francisco Beltranena, según la cual en nuestro país vivimos un régimen semiparlamentario: “Acá el Congreso tiene mucho poder, no sólo político sino sobre todo legal, jurídico, y eso permite que la agenda del Legislativo se imponga sobre la del Ejecutivo”, explica.

Pero está, también, el poder que Colom delegó en el círculo más cercano de colaboradores suyos, conformado principalmente por Sandra Torres, Gustavo Alejos (Secretario Privado de la Presidencia y principal financista identificable en su calidad de gerente de la empresa Conjunto Magno) y el grupo de los Peludos. A Torres, según se explicó en el capítulo anterior, le fue asignada la conducción del proyecto mimado del gobierno, el Consejo de Cohesión Social, cuyo impacto económico y mediático le valió a la Primera Dama un protagonismo indisputable que llegó a competir incluso con el que en principio le hubiera debido corresponder a su entonces consorte.

De Gustavo Alejos puede decirse en cambio que, pese a su perenne bajo perfil, fue el principal operador político y hombre de confianza número uno del Presidente. El cargo que ocupó le permitía una posición privilegiada en la repartición de negocios públicos, así como en el nombramiento de ministros, secretarios y directores. La influencia por él ejercida fue descrita como omnímoda: si en la antigüedad todos los caminos conducían a Roma, así también durante el gobierno de la UNE casi todos llegaban a él –sugirió el periodista Enrique Naveda. Y por aparte, el poder delegado en los Peludos (Orlando Blanco, Ronaldo Robles, Carlos Menocal, Fernando Barillas) descansaba en una relación con el dirigente cuya base era cierta sensibilidad política compartida que, con el tiempo, fue desarrollando vínculos de lealtad relativamente fuertes y estables.

En la constelación alrededor de Colom aparecen asimismo otras figuras que sufragaron su campaña como Tomás Zaragoza (fundador del Grupo Tomza, distribuidor de Zeta Gas), Jack Irving Cohen (propietario de la farmacéutica J. I. Cohen, que en tres años firmó contratos con el Estado por 520 millones de quetzales), Gregorio Valdés (cuyo abanico de empresas se inserta en sectores que van desde el aeronáutico hasta el de la telefonía, pasando por el de la construcción), Roberto Dalton (presidente de Disagro, corporación dedicada a la venta de fertilizantes e insumos agrícolas y a quien Colom nombró director ejecutivo de PRORURAL), Carlos Quintanilla (criador de semovientes, dueño de una empresa de seguridad y guardaespaldas de lujo de Colom durante ocho años, recompensado luego con la titularidad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS), Ricardo Cortés (abogado y empresario con negocios en Miami), Alfredo Mirón (con operaciones comerciales en el sector agropecuario), y “algunos banqueros”, en palabras del ex viceministro de Finanzas Ricardo Barrientos.

El Tribunal Supremo Electoral informó en su momento que en la nómina de financistas aparecían también Guillermo Castillo (segundo ministro de Comunicaciones nombrado por Colom), Luis Alejos (primo de Gustavo, encargado financiero a nivel nacional de la UNE y antecesor de Castillo en la cartera de Comunicaciones), José Ramón Fernández (finquero retalteco muy influyente en la costa sur) y Ricardo Luna (dueño de la licorera Distribuidora Baco). Sin embargo, según informa la revista El Observador (No. 9, octubre 2007), no se cita a empresarios que también aportaron lo suyo, tales como Carlos Meany (propietario de Maderas El Alto y de algunas compañías textileras, luego nombrado ministro de Energía y Minas), Fernando Monroy (con negocios en la industria cerámica) y Luis Pedro Chang (socio de Monroy en una empresa que presta servicios de grúas portuarias, señalada de contratos anómalos en los gobiernos de Arzú y Portillo).

Una personalidad compleja en busca de equilibrios

Con una bancada descrita por Fuentes Knight como “dispersa, oportunista y sin principios”, sumada a una Primera Dama que le imprimía gran fuerza a sus propios proyectos a costa de otros del gobierno si era necesario, Colom veía cómo iban cerrándosele algunos espacios. A esos factores externos habría que agregar un temperamento que el mismo exministro refiere como ambivalente, sin definiciones precisas, casi como ensayando estrategias de sobrevivencia política frente a condiciones extremas.

En virtud de personalidades diametralmente opuestas, parecía haber una relación de complementariedad casi mecánica entre el Presidente y su esposa. A criterio de Berganza ella era dueña de toda la voluntad, la intransigencia, la fuerza y la pasión por hacer cosas que él no tenía. “Fue la espina dorsal que a él le faltaba”. Mientras las decisiones del Presidente siempre flotaban en la incertidumbre, con doña Sandra se sabía a ciencia cierta si era sí o no –comenta el politólogo Gustavo Porras. “Llenó los vacíos existentes y rebalsó muchos espacios ante la incapacidad operativa de la burocracia gubernamental”, a decir de Iduvina Hernández, directora de la organización Seguridad en Democracia (SEDEM).

Algunos epítetos, recogidos entre especialistas y conocidos del expresidente, permiten conformar un mosaico policromático de apreciaciones intersubjetivas acerca de Colom:

“Inseguro. Con mucha inteligencia y conocimiento de lo público pero falto de carácter para enfrentar todas las decisiones que se requerían” (Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA).

“Vacilante. Exagerado buscador de equilibrios” (Hernández).

“Mandilón. Sorprende cómo alguien tan falto de carácter y con tan poca claridad sobre lo que quería hacer hubiera llegado tan lejos” (Berganza).

“Un político débil y timorato, pero honestamente comprometido con la política social. Una buena causa muy mal perdida” (Carrera).

“Un bejuco noble, frágil en su constitución pero flexible y que, con un apoyo fuerte, es capaz de dar lo mejor de sí” (Slowing).

“Demasiado conciliador” (Marco Cerezo, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, FUNDAECO).

“Una personalidad compleja” (Barrientos), “como casi todos los políticos" (Carrera).

“Un hombre bueno, preso de las circunstancias en las que le tocó vivir estos cuatro años, sean de carácter familiar, político o público” (Ardón).

“Obligadamente conciliador, producto de sus circunstancias y su historia” (Ronaldo Robles).

Aguambado. Flojo, pendejo e incoherente” (Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, CALAS).

Hasta aquí ha sido omitida la mención de una figura, el Vicepresidente, cuyas atribuciones (coordinar la administración pública, co-formular la política exterior del Estado, cubrir el mandato presidencial en caso de ausencia) son de máxima relevancia pero que, sin embargo, de acuerdo al consenso crítico tampoco fueron llenadas satisfactoriamente. Rafael Espada –escribe Fuentes Knight en su libro– no supo aprovechar las fortalezas de la propia vicepresidencia, que tenía un espacio de acción muy amplio aunque sin la burocracia que le permitiera concretar o darle seguimiento a muchas de las acciones que él impulsaba en el ámbito propiamente político.

Quizás, dice, una ausencia de visión estratégica le impidió ejercer un grado de influencia parecido al de alguno de sus antecesores, a lo que se agregaba el espacio ganado por Sandra Torres, que reducía su campo de acción. Y aquí encaja como anillo al dedo aquel chiste según el cual los problemas del gobierno se debieron a que el Presidente actuó como Vicepresidente mientras la Primera Dama se creía Presidente y el Vicepresidente hizo las veces de Primera Dama.

Dimes y diretes

Demasiado pronto empezó a pesarle a Colom el costal de ofrecimientos que no tuvo reparos en esparcir durante la campaña, o a la hora de hacer público su llamado Plan de la Esperanza, o a través de aquel Plan de los Cien Días que, dicho sea de paso, incluía la ampliación de zonas francas (¿será esa, acaso, una medida socialdemócrata?) y que en palabras de Edgar Guerra, presidente de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano, “sirvió de papel higiénico”.

¿Cómo no advertir, en el discurso del expresidente, esos mismos rasgos de irresponsable fanfarronería y de afable vacuidad, a medio camino entre el pudor cobarde y la hipocresía, tan prototípicos del guatemalteco? Mañana te pagoNunca más vuelvo a beberEn enero me pongo a dietaSólo la puntitaDisculpeFíjeseAhorita voy… No tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno que somos.

“Resolvemos las cosas a medias. Adoptamos soluciones de parche. Destapamos un hoyo para tapar otro”, escribía Manuel José Arce en referencia a los chapines y su abultada reserva de cláusulas dilatorias. “La sonrisa, el ademán, las fórmulas de cortesía, de elusión, diminutivos y diminutivos de diminutivos, complementan el lenguaje velado, el circunloquio. Grita o se esconde en condicionales discretos. No se logra asir fácilmente en un sí o un no. Simula, inventa, elude, se miente a sí para poder mentir a los demás”, retrataba Luis Cardoza.

Eugenio Incer, investigador de AVANCSO en el área de estudios sobre el campesinado, se dio por un tiempo a la tarea de registrar los vaivenes en el discurso de Álvaro Colom, observando en él recurrencias que perfilaban su carácter altamente ambiguo, como el hecho de reconocer el peso de la historia y, unos días después, afirmar frente a coroneles y generales que “hay que voltear la página”, en referencia al conflicto armado interno; o como haberse atrevido a decir que la familia necesita del rescate de principios y valores, y que “Sandra y yo estamos dispuestos a dar el ejemplo”, para luego consentir su propio divorcio en el vano intento de eludir un escollo legal que le impedía a Torres optar por la presidencia. “Este proceso electoral nos trajo, a Sandra y a mí, ese acercamiento con la Biblia. Yo no sé si los pastores tienen tantas biblias como nosotros”, había dicho el 15 de enero del 2008 en su visita a la Fraternidad Cristiana.

Y así, entre dimes, diretes, personalidades vacilantes, voluntades dominantes, incertidumbres crecientes, oportunismos rampantes y constelaciones de poder siempre al acecho, los primeros reveses del gobierno no tardaron en aparecer.

Rupturas, renuncias, destituciones, escándalos

Aquejado por un derrame cerebrovascular, José Carlos García, ministro de Economía, fue el primer miembro del gabinete en presentar su renuncia el 17 de marzo, apenas dos meses y tres días después de haber asumido funciones. En tan breve lapso había sufrido, en sendas reuniones de gabinete, tres o cuatro arremetidas de Sandra Torres, quien descalificaba de manera tajante sus acciones para enfrentar la crisis. Así lo refiere Fuentes Knight en su Rendición de cuentas.

La siguiente baja, mortal en este caso, ocurriría a finales de junio con el fallecimiento de Vinicio Gómez, titular de Gobernación, y de su viceministro de Seguridad Edgar Hernández, en un confuso accidente de helicóptero cuyas causas fueron atribuidas de manera oficial a que el piloto de la nave, con experiencia de seis mil horas de vuelo, omitió revisar si contaba con reservas de combustible suficientes para llegar a su destino.

El mismo Colom duda todavía de esa versión y sospecha que se trató de un asesinato. Las suspicacias son comprensibles teniendo en cuenta que en México han fallecido ya dos secretarios del Interior en circunstancias demasiado similares y además en un contexto, también compartido, de combate frontal a los poderosos cárteles del narcotráfico.

Raúl Robles y Eusebio Del Cid, ministros de Agricultura y de Salud respectivamente, fueron removidos de sus cargos a mediados de julio. La salida de ambos obedeció, según fuentes del Ejecutivo, a su escaso desempeño: en el caso del primero se mencionaban algunos problemas en la entrega de fertilizantes, y en el del segundo la falta de soluciones a la crisis.

En septiembre se produjo el despido de Carlos Quintanilla, secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, por un escándalo de espionaje en las oficinas y la casa de la pareja presidencial. Poco después, a finales de diciembre fueron destituidos Marco Tulio García, titular de la cartera de Defensa, junto con su viceministro, el jefe y el subjefe del Estado Mayor y el inspector del Ejército. Se dijo que el cambio obedecía a la necesidad de renovar la cúpula castrense para poder cumplir con el plan de seguridad trazado, aunque extraoficialmente trascendió que se habían negado a acatar las órdenes presidenciales en relación con la entrega de los archivos militares para hacerlos públicos.

Antes de terminar el 2008 se produciría una aparatosa estampida de diputados fuera de la bancada oficial. Manuel Baldizón fue expulsado “por indisciplina y faltas a las normas internas”, llevándose consigo a doce correligionarios. Uno de ellos, Luis Enrique Mendoza, declaró a la prensa que su salida y la de sus compañeros se debió a que nunca fueron tomados en cuenta para integrar el comité ejecutivo, y responsabilizó a las hermanas Sandra y Gloria Torres de pretender quedarse con el poder del partido para dirigirlo de acuerdo a sus intereses.

Baldizón formó a partir de entonces su propia agrupación política, con la que llegó a segunda vuelta en los comicios presidenciales recién pasados. Mientras tanto la UNE, que había empezado la legislatura con 51 escaños, se quedaba solamente con 29, viéndose forzada a pactar con otras bancadas para impulsar a duras penas su agenda en el hemiciclo.

Nombramientos tambaleantes

Después de más de treinta cambios en el gabinete, sólo el Canciller Haroldo Rodas se mantuvo en el cargo a lo largo de toda la administración. El sucesor de Robles en Agricultura, Julio Recinos, renunció en marzo del 2009 por supuestos “motivos personales”. En su lugar quedó Mario Aldana.

A Economía no le fue mejor. Tras dos meses sin ministro, se nombró a Rómulo Caballeros en mayo del 2008, pero renunció en marzo siguiente. Para reemplazarlo fue designado Rubén Morales, quien dimitió en junio del 2010. Ese mismo mes se marcharon el ministro de Energía, Carlos Meany, y el de Finanzas, Juan Alberto Fuentes (éste último alegaría más tarde un apoyo insuficiente por parte de Colom tras reiterados e infructuosos intentos de reforma fiscal). Su sucesor, Edgar Balsells, se distanció también de la política gubernamental arguyendo desorden en el gasto público y finalmente fue destituido en noviembre del 2010.

En Gobernación, Francisco Jiménez fue nombrado tras el deceso de Gómez, pero no llegó a durar en el ejercicio de su cargo ni siquiera seis meses, al ser trasladado al Consejo Nacional de Seguridad (más adelante recibiría una demanda por incumplimiento de deberes y abuso en un contrato suscrito por el Registro Nacional de las Personas, RENAP). En enero del 2009, Sandra Torres consiguió colar a un operador suyo, Salvador Gándara, quien dejó el cargo el 7 de julio (más adelante la CICIG lo ligó a proceso por concusión y lavado de dinero). En su lugar quedó Raúl Velásquez, quien se vio involucrado en la compra anómala de gasolina para la Policía a través de una empresa de cartón (el famoso caso Maskana). Fue destituido en febrero del 2010. En su relevo ingresó Carlos Menocal.

Mario Aldana, tercer ministro de Agricultura, también fue removido en febrero del 2010 por irregularidades en la licitación de fertilizantes (Ricardo Barrientos, quien siguió de cerca el proceso, asegura que Aldana quiso hacer compras de alimentos correctamente, “pero se generó un escándalo y tuvo que salir”). En su lugar fue nombrado Alfonso de León.

En Salud, Celso Cerezo fue elegido para sustituir a Del Cid, pero en septiembre del 2009 Colom le pidió la renuncia por “problemas de conducción política” hacia los diputados, miembros del gabinete y de la prensa, aunados a la crisis del sistema de salud.

Por último, en Educación Ana de Molina dimitió en julio del 2009 por desacuerdo con relación al presupuesto asignado y la injerencia de Cohesión Social en detrimento de la calidad educativa. Su lugar fue ocupado por Bienvenido Argueta, incondicional de Sandra Torres, a tal extremo que cuando la diputada Nineth Montenegro le requirió información de beneficiarios de Mi Familia Progresa, la entregó incompleta. Tras plantearse un recurso, la Corte de Constitucionalidad ordenó la destitución de Argueta en marzo del 2010. Fue reemplazado por Dennis Alonzo.

Algunas explicaciones

¿Hasta qué punto semejantes pautas de discontinuidad son la norma regular y no la excepción en el contexto de nuestra administración pública reciente? “No es para tanto”, sostiene Barrientos, si se exceptúa lo ocurrido en Agricultura, donde lo que pudo apreciarse fue “un desfile de ministros sin poder frente a un proyecto de negocios empresarial”, y en Gobernación: “Gómez murió, Gándara y Velásquez cometieron anomalías registradas por la Contraloría y por lo tanto había que removerlos, y Jiménez fue muy ingenuo por firmar documentos que lo comprometieron”.

Ardón, en cambio, explica el fenómeno en razón de “un pasticho” de intereses cuya composición inicial nunca se terminó de asentar como proyecto político. “Creo, también, que la influencia de la Primera Dama y su manera tan peculiar de conducción pudo haber causado algunos cambios”, especula. “Y, por supuesto, las malas escogencias. No hubo equipos claros”.

Carrera complementa esta idea: “Una pésima gestión del Presidente, con una conducción errática. No fue un líder firme, lo cual le llevó a manifestar sus intereses de manera voluble, y eso se vio reflejado en sus colaboradores más cercanos”. Además, dice, cambiar de gerentes continuamente no garantiza éxitos en una administración, sino todo lo contrario.

El peso de Sandra Torres como factor de hecho dentro del gobierno y su estilo explosivo de ejercer la autoridad es señalado también por Gutiérrez, variables que redundan en una estructura de mandos que propiciaba “conspiraciones y directivas bicéfalas”. La improvisación y la rotación, dice, “es un rasgo de gobiernos frágiles”.

Hernández, a su vez, le atribuye el fenómeno a la carencia de cuadros políticos y técnicos necesarios para conducir de manera adecuada un programa de gobierno serio, problema estructural del Estado guatemalteco y, por lo tanto, no exclusivo de este mandato.

El país de la eterna crisis

Además de la gasolina, los precios del trigo y del maíz en Guatemala aumentaron de manera considerable a partir de marzo del 2008, provocando que se encarecieran también el pan y las tortillas: era la primera de las crisis que le tocaría enfrentar a la administración de Colom. Asimismo subieron la leche y el arroz, todo lo cual se reflejó en una tasa de inflación más de tres veces mayor a la del año anterior (de haberse mantenido esa tendencia, revela Fuentes Knight, el país hubiera podido llegar a una inflación anual de entre quince y veinte por ciento o más, superada en nuestra historia reciente sólo en 1990, cuando se permitió una fuerte devaluación del quetzal).

Una segunda crisis, también económica, fue la recesión financiera mundial a finales del 2008, extendida durante todo el año siguiente. En mayo del 2009 se generó una tercera crisis, de índole acaso más mediática que médica, con el ingreso al país de la gripe A (H1N1). La noticia de su aparición cundió con una rapidez y una intensidad superiores incluso a las de la propagación del virus mismo, lo cual se explica en parte por la tendencia de las cadenas informativas dominantes a generar contenidos que buscan, por encima de todas las cosas, impactar la sensibilidad del público, y en parte también porque la infección se originó en México, país vecino con el que la nación guatemalteca comparte una frontera tan extensa como porosa.

Como sea, los niveles de histeria resultaron mayores que el peligro propiamente dicho, no obstante lo cual, se registraron mil 170 casos y diecinueve muertes a pesar de algunas medidas en los sistemas de emergencia y prevención que tomó el gobierno. El pánico a la gripe porcina quedó muy pronto en el olvido cuando de manera simultánea surgió la cuarta crisis, esta vez de carácter político, provocada por la muerte de Rodrigo Rosenberg, cuyas declaraciones póstumas hicieron tambalear la institucionalidad del país generando un clima de tensa polarización, exacerbada por el reciente golpe de Estado en la vecina Honduras.

La erupción del Pacaya y la tormenta Agatha, ocurridas en 2010 y también en simultáneo, representan el quinto gran dolor de cabeza que sufrió el gobierno. El conteo se incrementaría con, por lo menos, tres crisis más: una de gobernabilidad, ocasionada por disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico (con su respectivo saldo de terror y muerte) que condujeron a declarar estado de sitio en Petén y Alta Verapaz; otra climática, con la llegada en octubre del 2011 de la depresión tropical 12-E, cuyos daños (cuantificados en 2.7 mil millones de quetzales) sumieron al país entero en estado de Calamidad Pública; y la tercera, política, con el desgaste que supuso la candidatura presidencial de Sandra Torres, truncada en último momento tras un fallo adverso de la Corte de Constitucionalidad.

El desenlace de la Sandrofobia en las cortes, reconoce Slowing, tuvo un impacto interno muy grande. “Afectó el desempeño diario de todos nosotros, muy especialmente en términos de desarrollo”. Sin embargo, al hacer referencia a otros momentos difíciles resalta el desempeño de Alejandro Maldonado, titular de la CONRED, en su reacción al impacto que ocasionaron los derrumbes e inundaciones, y de Haroldo Rodas, ministro de Relaciones Exteriores, en su pronta y efectiva movilización para obtener apoyos internacionales durante el llamado Rosenbergazo. Hubo buenos manejadores de crisis, dice. Y agrega: “Desgraciadamente, faltaron cuadros entrenados para convertir las crisis en oportunidades”.

Sin embargo, señala Carrera, de una manera o de otra el gobierno logró sobrevivirlas a todas, incluso habiendo enemigos directos y manifiestos en sus intenciones de derrocarlo: “El rompimiento constitucional no sólo se mencionó con la crisis Rosenberg sino también en el 2011, en caso hubiera sido aprobada la candidatura de Sandra Torres, por temor a que su caudal electoral le permitiera obtener la victoria”. A su criterio, lo de las crisis internacionales fue mala suerte, no así las tormentas: “No hay políticas públicas de prevención de riesgos derivados del cambio climático”, reprocha con sobrada razón, si se tiene en cuenta que Guatemala ocupa el segundo lugar en vulnerabilidad por el cambio climático, sólo más protegida que Bangladesh.

Ardón opina que muchas de estas crisis develaron no sólo las debilidades del gobierno sino las del Estado. “La gerencia fue cuestionable y el funcionariado, pobre”, sostiene, “pero el instrumental para trabajar también es deficiente”. Y un detalle más, muy importante por cierto, para explicar el hondo y aún latente efecto que dejó el rosario de crisis en el imaginario nacional: la cobertura mediática, de sesgo marcadamente desfavorable durante toda la administración. “No destruyeron a Álvaro Colom sino al país”, se queja Slowing, “y a mí me indigna, porque si algo le hace falta a los guatemaltecos es volver a confiar en su Estado”.

El papel de la prensa mal llamada ‘independiente’

La prensa adversa a Colom y a su equipo de gobierno, que fue mayoritaria en número y sistemática para atacarlo (cebándose sobre todo en la figura de Sandra Torres y los programas por ella impulsados), contribuyeron decisivamente a incrementar la hostilidad ciudadana y a enrarecer su percepción respecto de un desempeño de por sí caracterizado por la opacidad, la torpeza y el despilfarro.

Pero ojo, que no es lo mismo opacidad que corrupción, explica Slowing. Se trata de problemas distintos con estrategias diferenciadas para su combate. Según ella, fueron principalmente la ignorancia y el desprecio por los procesos, por un lado, y la opacidad por el otro, los rasgos que caracterizaron el actuar de la gestión saliente. Los niveles de corrupción más bien se mantuvieron, al menos en el Ejecutivo, en una escala similar a la de administraciones anteriores.

No obstante, la prensa local, en teoría obligada a escarbar los hechos superficiales a fin de sacar a luz evidencias que se encuentran más allá de lo aparente, eligió más bien (con algunas excepciones en todo caso minoritarias) evidenciar la organicidad de sus vínculos económicos, comerciales e ideológicos con el sector privado y con la tradicional oposición de éste a las políticas reformistas. De hecho, es común observar en sus espacios esa costumbre, convertida casi en derecho adquirido, de litigar sin ecuanimidad ni capacidades suficientes en sustitución de los también disfuncionales tribunales de justicia.

Ejemplos para sustentar lo antes expresado abundan, sobre todo en las páginas de los diarios y en los segmentos radionoticiosos: la difícil pero necesaria racionalidad lógica detrás de buena parte de las transferencias interministeriales, el caso Rosenberg y la candidatura de Sandra Torres son tres de los casos que hubieran requerido más investigación y menos saña ideológica.

Un botón más que evidente apareció en el titular de portada del matutino Prensa Libre del pasado 19 de diciembre (reproducido semanas más tarde en el editorial de elPeriódico), según el cual “el 95.8% reprueba la gestión de Colom”. En realidad, el rotativo se limitó a circular la pregunta entre su público lector y a recoger y tabular las respuestas que éste le proporcionó vía telefónica; la cifra referida, por lo tanto, carece de rigor estadístico al no hallar sustento en una muestra representativa del universo poblacional del país.

“Creo que Álvaro Colom no tenía una idea completa del tamaño del poder de veto del principal poder económico y del vínculo cuasi umbilical de éste con la élite mediática”, comenta Hernández. Se trata, dice, de un poder meramente fáctico que contribuye claramente a la construcción del imaginario social de destrucción de la institucionalidad. La opinión pública, explica el escritor y humanista español José Luis Sampedro, no es un espejo del pensamiento reflexivo de la gente. Es, más bien, una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. “Y quien controla la educación y los medios es el poder económico”.

El efecto de ese poder de influencia en la percepción (e incluso en el comportamiento) de la ciudadanía constituye una paradoja que Berganza ha explicado en varios de sus textos de análisis: la gente reconoce el carácter tendencioso de los medios informativos pero aún así los consume y, más delicado todavía, es incapaz de advertir hasta qué punto y en qué medida su comprensión de la realidad se ve no sólo afectada sino manipulada por esos discursos, a menudo enlatados y difundidos de conformidad a intereses que no son los suyos.

La indagación aquí recopilada es, de hecho, prueba viviente y palpable en cierto grado de esa dinámica degenerativa que hace imposible establecer, en el terreno de la práctica, la línea divisoria exacta entre hechos y rumores, entre referencias precisas y datos alterados, entre información y desinformación.

* * * * *

El gobierno no llegaba todavía a la mitad de su mandato y ya daba muestras de fatiga y de desgaste propios más bien de su fase terminal. El Rosenbergazo debilitó la credibilidad del Ejecutivo en una proporción que bien cabría tildar de inmerecida, arrancándole además, de la noche a la mañana, el apoyo y beneplácito de las élites, que en su mayoría pasarían a declararle a partir de entonces una guerra abierta.

Se generó también un clima de polarización ideológica nada propicio para el avance de políticas de Estado necesitadas de anchos y sólidos consensos. Una de las víctimas más sensibles fue la malograda reforma fiscal.

Álvaro Colom veía cada vez más menguado su poder, cada vez más limitado su margen de maniobra, cada vez más agotados sus recursos políticos. ¿Habrá sido capaz, a esas alturas, de intuir las nuevas embestidas que lo acechaban a la vuelta de la esquina, haciendo temblar aún más su ya titubeante conducción?

(En los próximos días, TERCERA PARTE: la decepción. El gobierno de la desesperanza).

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