Crisis alimentaria en Guatemala: ¿Está el gobierno tomando medidas para atenderla? | Plaza Pública

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Un campesino rescata del agua unas mazorcas podridas en su parcela, en la aldea La Playa, Panzós, Alta Verapaz, donde las inundaciones de junio echaron a perder las cosechas en toda la región

Crisis alimentaria en Guatemala: ¿Está el gobierno tomando medidas para atenderla?

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Crisis alimentaria en Guatemala: ¿Está el gobierno tomando medidas para atenderla?

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Foto: Eduardo Say
Gráficos: Dénnys Mejía
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Mientras el gobierno despilfarra fondos en compras y proyectos cuestionados, abandona a la población más vulnerable: 400,000 guatemaltecos se encuentran en situación de crisis alimentaria y cerca de 3 millones están bajo amenaza de llegar a esta situación crítica.

En  junio del presente año el gobierno presentó el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia Ucrania en respuesta al alza en alimentos básicos como el trigo, el maíz y el frijol e insumos agrícolas. Sin embargo, la asignación presupuestaria de más de 6,000 millones de quetzales se destinó mayoritariamente a fines distintos tales como el proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial y el subsidio de combustibles que han sido tachados de clientelistas.  Así, sin fondos suficientes para resolverla y en manos del Maga y el Mides, la crisis alimentaria amenaza con llegar a ser crítica para cerca de tres millones de guatemaltecos sin que se avizore la acción efectiva por parte del Estado. Esta entrevista con Erick Coyoy, investigador de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la URL (VRIP), nos permite comprender la gravedad del problema y la ineficiencia en el uso de la suma asignada para resolverlo.

Ha resultado evidente el impacto que la invasión de Ucrania ha provocado en el alza de los precios del petróleo y cómo esto ha incidido en los precios de los combustibles en Guatemala.  Pero quizá necesitamos comprender mejor el impacto que tendrá sobre los precios de los alimentos.  ¿Nos podría explicar qué factores afectan y afectarán el precio y producción de alimentos? 

Como resultado del confinamiento durante la pandemia, todo el volumen del comercio internacional se redujo y, cuando se dio la reactivación económica en el 2021, las empresas no pudieron reaccionar rápidamente a la demanda. Eso trajo presiones inflacionarias. 

En febrero del 2022 esta presión se volvió crítica debido a la intervención militar de Rusia en Ucrania.  Además de crear problemas de insuficiencia de oferta, generó especulación en los mercados mundiales y, de inmediato, un repunte en el precio del petróleo y del gas natural que es un combustible muy utilizado en los países desarrollados. 

Es importante resaltar que el gas natural también sirve para la producción de fertilizantes directamente vinculados con la producción de alimentos. De esta cuenta, se produjo un repunte en el precio de los fertilizantes a nivel mundial.  

El bloqueo comercial a Rusia, así como las condiciones de guerra en Ucrania, generaron escasez en el suministro para el mercado mundial de alimentos.  Según el índice del precio mundial de los alimentos emitido por la FAO, entre junio y julio del 2022 el incremento ha sido de un 30%. 

Por otra parte, tanto Rusia como Ucrania son productores muy importantes de trigo que es un alimento básico. También el maíz se está viendo afectado y, seguramente, es el producto que más impacto está teniendo a nivel local. No solamente se trata de un problema de precios altos. Para la población de más bajos recursos, es una amenaza real para su seguridad alimentaria que generalmente es precaria. Hay que considerar que, en el caso del maíz en Guatemala, el precio prácticamente se ha duplicado, desde principios del 2021 hasta mediados del 2022 subió de Q100 que costaba el quintal de maíz a Q200 en el mercado La Terminal que es un referente muy importante para el precio nacional. 

¿Qué debemos entender por crisis en la seguridad alimentaria? 

Guatemala siempre tiene problemas estacionales en la disponibilidad de alimentos. Esto quiere decir que, debido a los altos niveles de pobreza, la gente no logra contar con un flujo permanente de ingresos para comprar alimentos en las épocas en las que sus propias cosechas de subsistencia no están disponibles y eso genera episodios de «hambre estacional», como le llaman las instituciones de gobierno.  

Cuando a esta situación añadimos eventos climáticos cada vez más frecuentes y que afectan de manera más dura a los agricultores, especialmente en regiones vulnerables como el corredor seco, la capacidad de alimentarse de las familias se reduce y entran en una crisis. 

Si a la situación añadimos lo que hablábamos antes: el fuerte incremento del precio del maíz blanco, y segundo por el incremento de precio de los insumos agrícolas como el fertilizante, resulta previsible que se agudicen los problemas de provisión alimenticia. Precios altos de productos de consumo y precios altos de insumos para la producción agrícola. La expectativa es que la producción de alimentos para el próximo año se vea disminuida pues los agricultores no contarán con los fertilizantes para generar la productividad usual en sus cultivos.

¿Podría elevarse el récord histórico de desnutrición dadas estas circunstancias extraordinarias?   

Sí, principalmente lo que se refiere a desnutrición aguda, derivada del hambre. El Programa Mundial de Alimentos hace un informe todos los años acerca de la situación hambruna en el mundo. La expectativa es que esta situación se deteriore el próximo año. En el caso de Guatemala, esta situación se agrava por la inestabilidad climática que hemos venido experimentando los últimos años.  La estación lluviosa apenas ha empezado y ya hemos visto situaciones de lluvias extraordinariamente fuertes, inundaciones severas que seguramente afectarán áreas de cultivo agrícola.  

El gobierno no ha hecho nada para atender el problema y tampoco tenemos una estimación de daños. Pero, lo que es seguro es que habrá un desabastecimiento para la población. Debemos tomar en consideración que la mayoría de los guatemaltecos vive en áreas rurales y depende de los cultivos de subsistencia para su propio consumo. Al verse afectados por altos precios y una temporada altamente lluviosa, su disponibilidad de alimentos puede verse afectada. 

¿Cuál es el número de guatemaltecos que tentativamente estará en situación de crisis alimentaria?   

Actualmente, unas 400,000 personas están ya en una fase de crisis de seguridad alimentaria porque no logran abastecerse de suficientes alimentos para no pasar hambre.  Lo que puede ocurrir en el 2023 es que esta cantidad de personas en situación crítica se eleve significativamente. 

Y aun cuando no están en crisis, alrededor de 3 millones de guatemaltecos están en situación de riesgo, es decir, no se ha concretado la situación de hambruna, pero el riesgo es real. Si la situación se sigue deteriorando, por lluvias, inundaciones, pérdida de cultivos podemos llegar allí con esa cifra tan elevada de personas.

¿Conforme a sus afirmaciones anteriores, actualmente esos 400,000 guatemaltecos ya deberían estar recibiendo una asistencia directa por parte del gobierno?

 Sí, efectivamente, eso es lo que debería ocurrir. La misma Plaza Pública ha documentado que hay personas que apenas logran abastecerse para un tiempo de comida al día. Y es precisamente porque la asistencia del gobierno no llega. Ni el Mides, ni el Maga cumplen con su función de atender a estos segmentos más necesitados. 

En el informe  publicado, se indica que hay áreas geográficas de Guatemala más afectadas. ¿Cuáles son los departamentos?  

Todo el altiplano occidental: Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Alta Verapaz, y, además Chiquimula en el corredor seco. Pero en el altiplano occidental el problema se agrava, pues es allí donde más golpea  el cambio climático. El trastorno que ha ocurrido en el régimen de lluvias que ya no es confiable. A los agricultores les afecta seriamente esta inestabilidad pues no pueden producir sus cultivos como lo han hecho siempre. 

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En junio de este año el gobierno de Guatemala presentó el Programa Nacional de Emergencia conflicto Rusia Ucrania con una asignación de 6,741 millones de quetzales el cual se anunció como «destinado a la población más vulnerable».  ¿Realmente se está destinando a la población más vulnerable este dinero? 

No. Lamentablemente, no hay acciones concretas nuevas para la población con alto riesgo de seguridad alimentaria que es, sin duda, la más vulnerable. Por ejemplo, dentro de esta cifra más de la mitad (Q3,191 millones) están destinados para un programa de infraestructura vial, aprobado por el Congreso de la República.  La experiencia nos demuestra que este tipo de proyectos no llegan a la población más necesitada. Inclusive, por los problemas de corrupción, quizá ni siquiera llegan a finalizar los proyectos planteados, aunque sí se pagan los fondos. 

 

Además de esta cifra tan elevada, también se asignaron más de 2 millones de quetzales al Ministerio de Energía y Minas para el subsidio a los combustibles. La evidencia demuestra que la población más necesitada no se va a ver beneficiada por este subsidio. En el caso del diésel muy parcialmente pues se utiliza para el transporte de alimentos y de personas. Pero en el caso de la gasolina son los automóviles de lujo los que más la utilizan. 

Apenas se anuncian 450 millones para seguridad alimentaria, pero no se sabe si son recursos adicionales a los que ya manejaba el presupuesto aprobado para este año al  Maga. Hasta junio, los tres ministerios con más baja ejecución eran Comunicaciones,  el Maga y el Mides que, desafortunadamente, se han convertido en los más ineficientes ejecutores del gasto público.

La decisión de subsidiar los combustibles dada la magnitud de la crisis alimentaria no parece muy razonable.  Aparte, según lo demuestra su estudio, no es sostenible. 

Efectivamente, el subsidio a los combustibles terminó en julio. En agosto, todos los usuarios quedaremos sujetos a los precios internacionales. Afortunadamente, en este momento los precios están bajando, porque los países desarrollados han empezado a tomar medidas para contener la inflación en sus países y esto ya incidió en la reducción del precio del petróleo, pero realmente quedamos sujetos a los vaivenes de los precios internacionales, no es que esta medida de gobierno haya sido una solución. De hecho, en  julio las reducciones leves que vimos fueron consecuencia de la baja internacional de los precios y no a una medida de subsidio. 

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¿Cree usted que este subsidio resultó en una medida populista sin impacto para la gente más necesitada? Pareciera un desperdicio de los recursos. 

Totalmente demagógica y populista. El problema mayor no es solamente lo limitado de la capacidad del gobierno para sostener un subsidio como el de los combustibles, sino que además no beneficia a la población más necesitada. Hogares con 3, 4 vehículos son los más beneficiados en lugar de apoyar a hogares donde las personas no pueden comprar alimentos para comer tres veces al día. 

Otra cuestión que ustedes analizan es que la gente que utiliza el transporte público no ha sido beneficiada con la reducción en el precio de los pasajes. 

Ese es otro problema. La PDH hizo una estimación de que las personas que se movilizan a pie llegan a gastar hasta Q40 en transporte al día para movilizarse a su trabajo. Se están gastando la mitad de su salario en transporte público. Esto les deja una muy reducida capacidad para sus necesidades de alimentos y otras cosas básicas. 

¿Cuál fue el monto de la asignación destinada a la crisis alimentaria en este programa de emergencia?

Fue de  Q450 millones. No se anuncia si son fondos adicionales al presupuesto ya asignado al Maga y al Mides. El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para este año no contemplaba el escenario de crisis en el que estamos. No se tiene certeza de que realmente el gobierno está atendiendo este problema con fondos adicionales, o si solamente se tomó la decisión de que los fondos ya existentes se designen a la emergencia. 

No existe información clara de si el gobierno está haciendo algún tipo de esfuerzo para apoyar a las personas en crisis alimentaria. Hasta finales de junio no había ninguna evidencia de una asignación adicional en el presupuesto.

¿Hay programas específicos contemplados en el programa presentado por el presidente de la República para paliar la crisis de la guerra en Ucrania a través del Maga? 

En el caso del Maga (que es el que debiera atender a los pequeños productores), existe un programa de apoyo a la agricultura familiar. Se supone que debe dar asistencia técnica y capacitación e insumos a los agricultores para mejorar su producción.  Este programa está destinado a cerca de 700,000 familias. Desafortunadamente, cuenta con muy pocos recursos.  Además, lo que encontramos es que el ministerio no tiene las capacidades de ejecución del magro presupuesto. 

Por ejemplo, se habla siempre de abastecer a los agricultores de semillas, de fertilizantes e insumos para la producción, pero estos apoyos casi nunca llegan. Como antes mencioné, el Maga es uno de los ministerios de más baja ejecución del gobierno. O sea que, no solamente tiene un presupuesto insuficiente, sino que además no lo ejecuta. 

El Maga antes hacía distribución de alimentos. Esa función se la quitaron y se la trasladaron exclusivamente al Mides pero, hasta junio, el Mides no tenía ningún resultado concreto en relación a este tema. Esta inactividad se refleja en que, debido a que el Mides no tiene la capacidad de ejecutar esta política pública, acude al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Esta organización apoya al gobierno haciendo la compra y distribución de alimentos a poblaciones necesitadas. 

Hasta este momento, no se ha iniciado ninguna acción en este sentido, a pesar de que ha sido bastante anunciado.  El mismo presidente de la República ha dado declaraciones en el sentido de que están haciendo una gran compra de alimentos, pero hasta el día de hoy no está ejecutado ese presupuesto.

¿Existen programas específicos en el Mides definidos para paliar la nueva crisis?

Durante la crisis del COVID-19, la asistencia del Mides a la población más vulnerable, con ocasión de la pandemia, fue principalmente de transferencias monetarias que le llamaron Bono Familia.  Se anunció que entregaron hasta Q3,000 a los hogares más necesitados.  Por esta vía utilizaron unos Q6 mil millones. 

Otra área de intervención fueron Q1 mil millones entregados para la compra de alimentos para los hogares de más bajos recursos.  Estos fondos se destinaron a personas que no cuentan con acceso a una cuenta bancaria o a un contador de energía eléctrica que fueron los mecanismos para identificar a quienes se les hizo transferencias. Por esta razón, el gobierno acudió al Programa Mundial de Alimentos para que apoyara en la compra y distribución de estos como mecanismo para que llegara la población más precaria. Eso solamente se hizo durante el 2020 y seguramente ayudó a estas personas a sobrellevar la situación de ese año. El problema es que solamente fue por un año. Ya en el 2021 no operó ese programa, ni el Bono Familia, ni la compra de alimentos. 

En el 2022 estamos de nuevo en un escenario de crisis para esa población y no hay ningún programa similar, a pesar del anuncio de que este programa iba destinado a proteger a la población más vulnerable. Hasta el momento no se ha ejecutado nada en este sentido.

El presidente de la República se ufana de la buena situación financiera de Guatemala. ¿Tomando en cuenta esta crisis que opinan ustedes de esta postura? 

Básicamente se debe al poco apoyo que recibieron las personas más necesitadas. La respuesta fue mínima en el 2020 y prácticamente nula en el 2021 y 2022. Hasta este momento, no hay ninguna respuesta para la emergencia que está viviendo la población más vulnerable por inflación en los precios de alimentos y por lluvias torrenciales que tuvimos en junio. 

Como usted mencionaba antes, ya se ha producido con el invierno que inicia la inundación de parcelas y muchas personas se quejan de la burocracia para obtener ayuda. ¿Han ustedes determinado cómo son estos trámites que se le exigen a los campesinos con necesidad de ayuda?

En campo no lo hemos hecho. Pero a través de entrevistas con funcionarios del Maga nos hemos enterado de que la distribución de alimentos se realiza a través de las municipalidades que elaboran los listados de beneficiarios. Lamentablemente, este procedimiento hace que estos listados puedan estar cargados con un sesgo político. Los distintos gobiernos se han negado a realizar un registro de beneficiarios de asistencia social que sería el mecanismo idóneo.  Este procedimiento es el que manejan otros países para atender crisis como la que actualmente tenemos.



Los registros de personas necesitadas sirven para identificar fácilmente a los beneficiarios en tiempos de crisis. Debido a esta carencia, en el 2020 cuando se aprobó el Bono Familia, no sabían cómo identificar a los más necesitados y acudieron al consumo de energía eléctrica, sin embargo, un segmento importante de la población no cuenta con este servicio. Los más necesitados se quedaron sin apoyo.  A pesar de la experiencia del 2020, el gobierno no sistematizó esta información. Hoy, los ministerios del Maga y Mides carecen de sistemas de identificación de beneficiarios que les permita ser ágiles en la asistencia que deben entregar a las personas más necesitadas. 

¿Qué recomendaciones haría al gobierno para atender con eficacia la crisis alimentaria que se avecina?

Lo primero sería implementar mecanismos de ejecución eficientes en el Maga y el Mides. En el 2020 se acudió al apoyo del Programa Mundial de Alimentos para la compra y distribución de estos, destinados a esa población que no pudo llegar a la transferencia monetaria. Se debería activar un mecanismo similar. 

En el programa sí está anunciado, pero no solamente es un tema de compra también tiene que haber eficiencia en la distribución porque muchos alimentos que se compran se pierden porque no se distribuyen. En el 2020 hubo evidencia de alimentos que fueron embodegados por los alcaldes y que se perdieron ya que no fueron almacenados correctamente. 

Se debe contar con un mecanismo eficiente de distribución y también con recursos adicionales a los recursos aprobados para el presupuesto el año pasado por el Congreso. Porque si no estamos hablando de que no hay un esfuerzo extra. 

El presidente habla de disponibilidad de recursos. Lamentablemente eso ya no es cierto. El año pasado terminaron con un saldo favorable de 12 mil millones de quetzales, pero prácticamente ya se gastó en la ampliación presupuestaria destinada al Micivi para el mejoramiento de infraestructura vial y para el subsidio de combustibles. 

De esa cuenta, tuvieron que pedir la aprobación de un préstamo al Banco Mundial durante mayo que fue aprobado de manera sumamente ágil y extraordinaria por el Congreso y, ahora, el ministro de Finanzas está hablando de un nuevo préstamo de 400 millones de dólares por el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) precisamente porque la disponibilidad de fondos está agotada. 

En este momento, el gobierno solo cuenta con la recaudación ordinaria, pero con el riesgo de que, si esta crisis económica se extiende, la recaudación ordinaria también puede decaer. Por esta razón, el ministro de Finanzas sí habla de la necesidad de un nuevo préstamo, a pesar del discurso optimista del Presidente, pero no es claro que el Estado tenga esa solvencia.

El presidente habla del buen desempeño de la macroeconomía en el país, sin aclarar que esto se debe en gran medida al enorme aumento de las remesas. ¿Qué piensa usted de esto?

Las remesas son un factor que para nada depende del gobierno. Más bien refleja el abandono de la población que da lugar a la emigración y, por consecuencia, al aumento de las remesas familiares. 

Los flujos migratorios no se detienen. De hecho, las cifras del 2022 para la población retornada por deportación se han incrementado sustancialmente respecto del año pasado. En el 2020 hubo una baja muy importante por la pandemia, pero antes de la pandemia la cifra alcanzaba unas 20,000 personas deportadas al mes. Estamos volviendo a esas cifras. Esto quiere decir que los flujos de salida no se detienen, porque las personas no encuentran ninguna posibilidad de desarrollarse en el país.

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