La idea de fraude electoral y el proceso de desgaste institucional al que ha sido sometido el Tribunal Supremo Electoral son parte de un proceso de deterioro institucional que empezó en agosto de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales expulsó a Iván Velásquez, el comisionado anticorrupción de la Cicig. Hacer un recuento de esa estrategia regresiva es fundamental para entender por qué es tan peligroso seguir repitiendo el concepto de fraude electoral.
Un breve recuento empezaría con e...
La idea de fraude electoral y el proceso de desgaste institucional al que ha sido sometido el Tribunal Supremo Electoral son parte de un proceso de deterioro institucional que empezó en agosto de 2017, cuando el presidente Jimmy Morales expulsó a Iván Velásquez, el comisionado anticorrupción de la Cicig. Hacer un recuento de esa estrategia regresiva es fundamental para entender por qué es tan peligroso seguir repitiendo el concepto de fraude electoral.
Un breve recuento empezaría con ese fatídico domingo 27 de agosto de 2017, la primera fase de la destrucción de la institucionalidad democrática nacida de la transición en 1985:
- Estrategia 1: descalificar a los actores primordiales de la lucha contra la corrupción. Los acontecimientos desatados a partir de abril de 2015, cuando se conoció el caso La Línea, tuvieron una gran debilidad: se basaron en tres caras visibles principales (Iván Velásquez, Thelma Aldana, Miguel A. Gálvez). La estrategia regresiva empezó con el aparentemente más fuerte e invulnerable: el comisionado Velásquez.
- Estrategia 2: destruir las instituciones democráticas. La batalla legal que se dio luego de la expulsión permitió que se cuestionara el accionar de dos pilares de la transición: la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos.
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- Estrategia 3: introducir la idea del fraude. Aprovechando que las estrategias 1 y 2 habían levantado sospechas fundadas sobre la Cicig y su utilidad, la noción de fraude fue introducida con fuerza en agosto de 2018 con motivo del convenio de cooperación Cicig-TSE. Desde ese momento, durante 10 meses consecutivos, se difundió la idea del fraude, especialmente al amparo de las debilidades comunicativas del TSE y a partir de la aplicación de las nuevas reglas electorales, al punto de que unos días antes de las elecciones se conoció que, según la encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, el 31 % de los guatemaltecos creían en la posibilidad de que existiera un fraude electoral.
Estas estrategias para destruir la institucionalidad se combinaron en paralelo con la idea de un presidente dispuesto a «dar su vida» para defender la libertad y la Constitución de la República, a tal grado que en septiembre de 2017 comparó su lucha con el asedio del Alcázar de Toledo: «Pues muera como hombre, hijo, que el alcázar de Toledo no se rinde» (Jimmy Morales).
Uno de los últimos actos de esta estrategia regresiva se cumplió cuando los desafortunados errores de comunicación de los resultados del TSE posicionaron con fuerza la idea del fraude. Lamentablemente, candidatos de diversas ideologías como Estuardo Galdámez, Edmond Mulet, Thelma Cabrera y Manuel Villacorta acuerparon la idea del fraude e incluso solicitaron la repetición de las elecciones. Presenciamos, por tanto, una pieza maestra de estrategia política: la ilación de una estrategia regresiva que, en conjunto, está diseñada para reposicionar a los defensores del sistema. Desafortunadamente, parece que esta historia no tendrá un final feliz.
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