La CC es un órgano de consulta que resuelve si una propuesta o ley es inconstitucional y tiene la facultad de vetarla. Las comisiones de postulación, por medio de élites emergentes y tradicionales, desataron un juego de ajedrez en cuyas contiendas estaban en juego funcionarios públicos y autoridades gremiales. Un juego interesante para los estudiosos de las relaciones de poder, pero dañino para las universidades del país, para los organismos Legislativo y Ejecutivo, para el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y para la formación y el desarrollo de un sistema de justicia integral e independiente. Han sido varios los casos en los que la CC se ha extralimitado en sus funciones al disfrazar normalidades jurídicas como afrentas a la Constitución de la República. Así han respondido a los intereses y a las necesidades de los financistas de los magistrados en funciones, que fueron elegidos por el buen juego de ajedrez de cada bando de las élites políticas y económicas infiltradas en las tomas de decisiones de los organismos y gremios que hasta hoy eligen magistrados titulares y suplentes para integrar la CC.
Hay dos ejemplos del 2014 que ilustran el comportamiento de la CC cuando resuelve casos de alto impacto. El primero es la anulación del juicio por genocidio en el que se encontró culpable al dictador Efraín Ríos Montt de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Es importante porque no solo es un caso que atañe a Ríos Montt, sino también al expresidente Otto Pérez Molina, que estaba en funciones durante ese año y que también ha sido acusado desde diferentes sectores como otro de los perpetradores del genocidio en Guatemala. Y ahora Pérez Molina enfrenta una acusación formal por parte de la Cicig y del Ministerio Público por su presunto liderazgo en defraudación aduanera y saqueo del Estado junto con operadores e integrantes de élites políticas y empresariales. El segundo caso es la resolución final que dejó sin efecto las demandas y los amparos que presentaron sectores de la sociedad civil y partidos políticos ante la CC por la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese año. Los diputados abandonaron el hemiciclo con el propósito de romper cuórum, pero de todas formas el Partido Patriota (PP) y el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) llevaron a cabo el proceso de elección aduciendo que existía mayoría para elegir candidatos. Las demandas se basaron en el carácter inconstitucional de la elección por la violación del debido proceso eleccionario, y los amparos se dirigieron por dos vías: la primera, anular todo lo actuado, es decir, regresar a la elección de la lista final de candidatos elaborada por la comisión de postulación; y la segunda, anular la elección de magistrados realizada por la alianza PP-Líder. En ambos casos la CC resolvió a favor del oficialismo. En el primero hubo influencia de la élite económica tradicional con capacidad política; y en el segundo, de la élite emergente con capacidad económica.
Acaparar las máximas magistraturas de los tribunales de justicia desde la mercantilización de la academia, las deudas pendientes y el mercado de los votos permite que desde lo legal se proteja de cualquier sanción por irresponsabilidades o ilegalidades cometidas a quienes ejercen el poder político y económico. Una protección judicial que impacta negativamente en el famoso Estado de derecho y que contradice la independencia de las instituciones del sistema de justicia y los principios de verdad y justicia. No hay que temerle a la negociación política para la elección de magistrados de la última instancia judicial una vez que existan límites para impedir la politización deliberada de sus designaciones, ya que, cuando la institucionalidad de un país es débil o está en construcción, como la de Guatemala, casi siempre sus resoluciones son un mecanismo de impunidad.
Para recuperar la esencia de la CC (ver IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, 2012), y aprovechando el Diálogo Nacional, se debe transformar completamente el proceso de elección de magistrados titulares y suplentes para descartar la compraventa de votos para cubrir deudas como la opción principal de las personas que desean garantizar impunidad. Para ello, los contrapesos serán claves. Por un lado, la función política representada por el Congreso o el presidente de la república. Y por el otro, la función técnica representada por el consejo de la carrera o por los magistrados de la CSJ. Contrapesos adecuados que reducirán el campo de acción del clientelismo y de la corrupción y que promoverán postulaciones transparentes con base en requisitos técnicos, académicos y profesionales. Las comisiones de postulación tendrán que ser eliminadas porque tienen vela en este entierro, en este esfuerzo por eliminar la capacidad de veto político que tiene la CC sobre las resoluciones judiciales.
Más de este autor