En dicha oportunidad, argumentaba que en esta ocasión la reforma tributaria, contrario a veces anteriores, iba a ser aprobada. Básicamente, porque esta contaba con la anuencia de la élite económica y sus pregoneros, los medios de comunicación.
¿Qué llevó a que esta vez la élite económica diera su voto de confianza al paquete tributario? En parte porque la reforma apenas toca sus bolsillos. Si bien es cierto que se incluyó un gravamen de 5% a los dividendos, este resultará compensado por una reducción gradual en el régimen general de utilidades, que pasará de la tasa actual de 31% a 28 y 25% en 2013 y 2014, respectivamente. Del mismo modo, como bien hace notar Jonathan Menkos, la actualización si bien aumentará los controles a las empresas, dejó relegados aspectos medulares como el de renta mundial o precios de transferencia, “olvidando” así gravar fuentes importantes de renta de las grandes empresas. Asimismo, los cambios impositivos para nada afectan a conglomerados con ganancias extraordinarias como las mineras, petrolíferas, telefónicas y empresas que bajo el amparo de los regímenes de zonas francas y maquilas gozan de injustificados privilegios fiscales.
Sin embargo, esta razón no es ni de cerca la más importante a la hora de explicar el voto de confianza de la élite empresarial, sobre todo cuando ha sido este grupo quien histórica y sistemáticamente se ha opuesto a todo intento de aumentar los impuestos –la base financiera del Estado–, en especial los que vayan por el lado de la tributación directa, como es el caso con este paquete. Esta oposición en el fondo lo que ha buscado es mantener al Estado de Guatemala en su mínima expresión, o como bien dicen algunos, en “trapos de cucaracha”. Configurando un modelo de Estado raquítico, que ha sido funcional para el gran capital, pero disfuncional para el resto de la ciudadanía –puesto que no puede garantizar derechos básicos como la salud y la educación, ni promover el desarrollo. Se dice funcional, porque un Estado con pocos recursos es necesariamente un Estado débil, de capacidad limitada y poca autonomía frente a las presiones de intereses especiales, como los de la élite económica –la camarilla que desde la época colonial controla la política y la economía del país, aunque ahora con algo de competencia del denominado capital emergente.
Entonces, ¿qué ha cambiado ahora para que dicha élite haya consentido el robustecimiento financiero del Estado? Antes de responder debo hacer dos consideraciones. La primera, este es un gobierno cercano a la élite empresarial, como puede apreciarse en la composición del gabinete. La segunda, la reforma, más que incrementar los ingresos públicos de forma tal que represente un fortalecimiento del Estado –como sí lo contemplaban los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal–, tiene como objeto recuperar la carga tributaria perdida ante la recesión económica mundial, y de esa forma disminuir la dependencia del endeudamiento de estos últimos años.
A mi juicio la actualización tributaria tiene varios propósitos. Uno es disminuir el papel de los diputados en el manejo del presupuesto –en el Congreso se aprueban los préstamos–, debido a que estos no necesariamente responden a los intereses empresariales, y cuando lo hacen representan ciertos costos para dicha élite. Otro, y mucho más importante que el anterior, consiste en que la reforma tributaria facilitará al gran capital hacer sus grandes negocios a través de las alianzas público-privadas. Cuestión que veremos en la siguiente columna, que será la final de esta serie de tres.
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