Durante todo el siglo XX, en nuestra región la mayoría de los golpes de Estado estuvieron orientados a restablecer un orden político y económico que quien ejercía el poder estaba tratando de reformar y, en su inmensa mayoría, fueron sangrientos, bulliciosos y rodeados de toda una parafernalia que justificara la acción. A diferencia del mundo musulmán, donde los golpes de Estado fueron contra el conservadurismo religioso, en América Latina, y en particular en Centroamérica, los golpes de Estado tuvieron siempre la bendición de los jerarcas religiosos, en particular católicos, pues buscaron regresar al conservadurismo donde las élites políticas, económicas e ideológicas se sentían cómodas manteniendo sus beneficios.
Pero los ha habido también silenciosos, orquestados básicamente para asegurar impunidad y beneficios a la cúpula militar del momento. Así fue el de 1966 contra Julio César Méndez Montenegro, quien debió aceptar asumir el poder sólo en aquellas áreas donde no se ponía en riesgo el dominio de los comandantes militares y se les dejaba ejercer a su sabor, antojo y beneficio el combate a los opositores no conservadores. El Presidente civil condujo todo lo que no afectara los intereses de aquella camarilla; ésta organizó a su placer y beneficio el aparato público que controló durante 20 años (1966-1986). Tuvo, claro está, el apoyo, simpatía y protección de la élite económica, que los escogió para administrarles el Estado para ellos mantener sus beneficios, y la bendición a distancia de jerarcas religiosos.
El golpe de Estado que recientemente hemos vivido ha sido de este tipo, sólo que con la novedad que quien lo ha dado es el poder económico, sin tener ya que utilizar como intermediarios a los militares, pues quien ejercer el poder, a diferencia de 1966, es un ex militar que a la usanza sesentera ha corrompido toda la alta cúpula militar y se siente bien obedeciendo a algunos y mandando a otros. No ha habido tampoco bendición eclesial, posiblemente porque en los megatemplos también hay beneficiarios de la acción. La constitución de un “Comité de crisis,” cuya finalidad principal es “intervenir al momento que el Presidente deba tomar decisiones importantes, ante situaciones de la sociedad que puedan generar problemas o crisis, y que en su momento se vean como peligro de conflictividad” (elPeriódico 6 de marzo) es ni más ni menos que la toma del control de la represión social por parte del poder económico. De su existencia escuetamente se nos informó –como es ya práctica en este régimen cuando las cuestiones son importantes y no se pueden convertir en piezas publicitarias– pero viene a constituirse en el poder real, donde se tomarán las decisiones estratégicas para controlar a la población. El Presidente, que no perderá ni la compostura ni el estilo sultanesco, firmará acuerdos, ordenanzas y, cuando necesario, hará teatrales desplantes contra la intervención extranjera o contra algún periodista. Todo al más clásico estilo del régimen impuesto en 1966. Por diversos mecanismos la pareja presidencial aprendió a mandar, pero antes que eso también aprendieron a obedecer, y la semana pasada les han dejado más que claro quiénes son los que mandan y deciden en el país y ellos, más que felices, han aceptado esa situación.
En 1966, el golpe tenía la intención de no dar cuenta de los manejos políticos y financieros del régimen peraltista, así como, bajo el manto del combate al comunismo, asegurarse el control del Estado para su propio enriquecimiento. La desaparición forzada, la tortura y el asesinato político obtuvieron en ese entonces su “cédula de vecindad”, por lo que los empresarios lo vieron con buenos ojos, pues aún no se animaban a intervenir directamente. El golpe de ahora tiene como razón permitir que el modelo económico no se modifique un milímetro, y que si bien se puede mantener el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos –civiles o militares, ahora no importa– es necesario asegurar impunidad para los crímenes de los años ochenta y noventa pero, sobre todo, afianzar y focalizar el control y la represión inmediata, dejando en manos del empresariado el análisis y la programación de las acciones que permitan impedir cualquier movilización social que cuestione o critique el modelo de enriquecimiento y explotación económica actual.
La élite económica guatemalteca bien puede promover, justificar, financiar y divulgar movilizaciones sociales que pueden llegar a ser violentas, siempre y cuando sucedan en Venezuela y no en Guatemala. Aquí están dispuestos a no aceptar el menor grito, el más mínimo cuestionamiento. No saldrán trajeados de policías, pero lanzaran a éstos y al ejército contra la población. Y para estar seguros de que será así han entrado públicamente por el portón de la Sexta Avenida.
Ellos no se desgastan en campañas electorales, mucho menos explicando a la ciudadanía sus intenciones y programas. Ellos financian las campañas electorales y ahora, decididos, han dispuesto recortarle la rienda al Jefe de Estado, para que sólo se mueva en la dirección por ellos indicada. La democracia para ellos, como para los militares de antaño, es una palabra de muchas sílabas que se puede pronunciar en discursos, pero que no aceptan que se aplique, mucho menos que funcione efectivamente. Para ellos sus intereses, necesidades y caprichos son los únicos que cuentan y el gobierno bicéfalo que nos impusieron debe actuar sólo en esa dirección. Ya está en marcha, pues, la revolución conservadora de la que hace algunas semanas hablara el vocero del CACIF.
Como el golpe militar de 1966, la acción civil de este inicio de mes no tuvo cadenas de radio ni cierre de periódicos, mucho menos tanquetas por la calle o declaraciones estridentes. No tendremos, siquiera, novedades en el gabinete, aunque aquello de la “errática política exterior,” que un grupo de ciudadanos presentó hace unos días como cuestionamiento, bien puede tener algunas implicaciones.
Como sucedió en aquellos años, los golpistas no desean pasearse satisfechos por los corredores de Casa Presidencial, mucho menos ser atacados por enjambres de periodistas a cada paso. Si aquéllos se fueron de nuevo a sus plácidas instalaciones militares, los de ahora han regresado a sus oficinas comerciales, pero como aquellos militares, los empresarios de ahora tienen ya a mano todo el control de la información de los ciudadanos para así “evitar” las crisis.
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