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Existir ante la ley

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Una noche de finales de octubre de 2011, dos mil doscientos cuarenta y tres teléfonos dejaron de funcionar en el municipio de Chichicastenango, en Quiché. Así inicia un capítulo de la historia del caso de Telgua (Claro) contra la Alcaldía Indígena local, que podría hacer tambalear los cimientos del sistema de propiedad en el país.

Las líneas fijas de todo el pueblo y algunas aldeas cercanas no tenían tono, y los aparatos telefónicos, en proporcional correspondencia, ya no reaccionaban con sus habituales, insistentes y escandalosas percusiones. De igual manera, un buen número de conexiones a internet había colapsado; los comercios –y sus recepcionistas sudorosos de mirada nerviosa– presentaban mayúsculas dificultades para realizar transacciones con tarjetas de crédito; los teléfonos de la policía, los bomberos y demás servicios de emergencia también guardaban silencio. Nadie sin teléfono celular esa noche recibía llamadas en todo Chichicastenango.

Todavía hoy, a diario, aquella noche del 23 de octubre de 2011 es algo que se recuerda en todo el pueblo, no de modo voluntario, no, sino que persiste, por ejemplo, en cada casa al nada más levantar el auricular de cualquier teléfono de línea fija: ni uno solo de ellos da tono. En todo el municipio los teléfonos aún no funcionan. Chichicastenango lleva más de seis meses sin ese servicio. Es un lugar, diríamos, un tanto silencioso.

Hay gente que dice que basta con poner la mirada en el curso del tendido telefónico, arriba, en los tejados, desde una cuadra a otra cuadra, entre los postes, tomando como punto de partida cualquier línea de teléfono, para llegar al inicio de todo el problema.

Un problema complejo, sin embargo; a la vez histórico, con raíces que podrían remitir sin mayor dificultad, entre documentos, debates y análisis jurídicos, a poco más de 100 años atrás en el tiempo, atendiendo al contexto en que Guatemala se construyó como un república liberal, con una visión particular de su diversidad social, política y sobre todo cultural.

Tres dueños en un siglo

En primera instancia, a lo que se llega siguiendo esa maraña de cables en los tejados es a un pequeño y poco interesante terreno. Al terreno en el que desde la década del setenta anida el módulo del conmutador central de teléfonos del municipio, que en octubre ha dejado de funcionar. Está cerca de la entrada de Chichicastenango. Y lo primero que es inevitable notar son las láminas relucientes, candados, pilares de madera, todo alrededor de la compañía de teléfonos, que en conjunto, hacen de muro perimetral. Aunque parece una fortaleza endeble, improvisada, cumple su función: Aquí no entra nadie.

Un letrero anuncia: “El presente bien inmueble está intervenido por el juzgado de Quetzaltenango por espacio de dos años a partir de su notificación según expediente No. 1101-2010 Corte de Constitucionalidad. Municipalidad Indígena de Chichicastenango”.

Allí Telgua, la compañía de teléfonos propiedad de Claro, propiedad de Carlos Slim -el hombre más rico del mundo-, comparte simultáneamente el espacio con las austeras instalaciones de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango. Más en concreto, comparten el mismo número de registro de propiedad: el inmueble/finca 4093, folio 281, libro 23 del Quiché. Y por ende, un inconveniente.

Los pobladores –más que todo peatones que llegan al frontispicio del terreno para abordar un microbús que los lleve a la carretera interamericana a 25 minutos de Chichicastenango–, al preguntarles, traducen el conflicto sin divagar: “al parecer”, dicen, “no se sabe bien-bien quién es el verdadero dueño del terreno”.

De hecho, de esta finca existen tres registros de propiedad. Tres veces, en los últimos 100 años, el terreno ha sido inscrito y cada vez su dueño ha tenido un nombre diferente.

Una primera vez, en 1905, a título de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango.

Una segunda vez –aquí se ubica el origen del problema–, en 1975: La Municipalidad, obviando la primera inscripción en el registro, vendió la propiedad a la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel).

Y Guatel, en 1998, traspasó el terreno a Telgua cuando fue privatizada.

La Alcaldía Indígena de Chichicastenango, en consecuencia, reclamó al Estado de Guatemala, al Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. Objetaba, en sí, las últimas dos inscripciones que había admitido el registrador. Es decir, reclamaba la autenticidad de sus derechos y lo prístino de su título de propiedad.

Eso fue hace 7 años.

Escarbar en papeles muy antiguos

–¿Por qué hasta hace 7 años y no antes se produce el reclamo?

–Hasta hace poco la Alcaldía Indígena no sabía de sus propiedades. Simplemente no lo sabía. Históricamente, a las autoridades indígenas nunca las han dejado ejercer su derecho de propiedad y el tiempo se había encargado de que se olvidara. Fue una vez que se privatiza Guatel, y los abogados de Telgua piden una firma supletoria para el negocio, que la Alcaldía Indígena emprende una investigación sobre sus propiedades –Amilcar Pop, uno de los abogados (hoy diputado por el partido Winaq) que ha seguido el caso desde el inicio, responde así en su pequeña oficina de la zona 1.

Cuando se enteraron, con el enviado especial del registro de la propiedad a la espera de la firma del alcalde indígena, encontraron, tras una investigación minuciosa, tras escarbar entre papeles muy antiguos, que desde el 14 de diciembre de 1905 la propiedad estaba a su nombre.

–La instauración de la república nos robó los intentos autónomos, nos impuso una homogenización grave a las distintas expresiones políticas y jurídicas de una sociedad dominada como la nuestra. Una de las repercusiones fue la venta de este terreno por parte del Estado en la década del setenta– dice Pop.

Pero llegar al punto actual, con teléfonos inservibles y facturas por Q40 a Q50 de la compañía de Carlos Slim para que los habitantes de Chichicastenango, según denuncian, no pierdan la línea telefónica, faltaba mucho tramo por recorrer. Amparos, apelaciones, denuncias, sentencias, sacrificios, negociaciones…

Dos sistemas que se encuentran pero que no se tocan

En el año de 2005, el Sistema de Justicia Oficial recibió en sus juzgados una visita poco esperada, peculiar, única. Se trataba de una comitiva que, aunque tenía una enorme relación con la justicia, no era ni común ni tradicional encontrarla en los pasillos llenos de jueces y magistrados.

Con el pantalón negro y corto, el morral blanco, el sute rojo en la cabeza y la vara de autoridad comunal, el alcalde indígena de Chichicastenango, José Macario Morales, con una mirada apacible, de 55 años, sin saber leer o escribir, sin hablar muy bien el castellano, dirigía a un pequeño número de personas –principales, secretarios, abogados y consejeros– y tocaba las puertas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir una cosa: que se invalidaran los dos registros de propiedad (de 1975 y 1998) que habían inscrito el terreno de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango como propiedad de otras personas.

Ambos sistemas de justicia coincidían en un mismo lugar, por un mismo caso, por primera vez en su historia. Fue un momento paradigmático. Los dos sistemas se encontraban pero apenas se podía decir que llegaron a tocarse. O a comprenderse del todo.

César Morales, el joven intérprete del alcalde José Macario, estuvo presente con ellos durante el inicio del proceso. Él explica que fue un poco duro y un tanto triste ser testigo de aquel encuentro poco simétrico: vio cómo esas figuras importantes, encargadas de impartir justicia, respetados en sus comunidades, obedecidos en todo Quiché como la última palabra ante cualquier conflicto, aquí, ante el Sistema de Justicia Oficial, atenuaban su autoridad. Hubo burlas cuando los vieron entrar en colectivo, también cuando saludaron en idioma k’iche’, o al inclinarse y hacer un gesto de veneración con sus trajes ceremoniales y sus bastones.

Aquí las autoridades fueron recibidas con una alta dosis de racismo, no sólo como simples querellantes de un caso. Un caso que daría sus bajas, indicios de éxito, aunque, como recalca Morales, “también aprendizajes”.

La Alcaldía Indígena, agrega Pop, se enfrentaría luego a un monstruo tan grande en poder económico como Telgua. Era el inicio de un caso difícil, largo, pero que aportaría una reflexión sobre el papel político de los pueblos indígenas en la historia de Guatemala.

En el trasfondo de este caso subyacería un primer reconocimiento para las autoridades indígenas al ser vistos institucionalmente como sujetos de derecho. Existirían, ahora, ante el Estado. Serían alguien, por primera vez, alguien en toda su historia como alcaldías indígenas. “No espíritus, sino personas ante la ley”, como defienden ellos.

La espera de esta resolución, sin embargo, sería ardua, intensa y complicada. Implicaría sacrificios.

“Ustedes no existen”

Con el caso a cuestas, José Macario Morales enfermaría de gravedad. Fueron testigos de su agotamiento físico los habitantes de Chichicastenango. Pero también fueron testigos de ello cada uno de los implacables abogados que contrataba Telgua para hacerle frente. A su alrededor, no obstante, mientras José Macario pasaba intermitentemente de impugnado a querellante, de acusador a perseguido, de amparista a apelante, de enfermo grave a relativamente estable, durante más de cinco años, la disputa por un pequeño terreno casi a la salida de Chichicastenango adquirió dimensiones inusitadas, se volvió un tema político, incluso llegó a escenarios internacionales, marcó varias veces la agenda del Presidente, de embajadores y diputados.

En los medios de comunicación, sin embargo, fue algo que apenas sucedió.

“Telgua seguramente en un principio pensó: “ah, es una Alcaldía Indígena, no importa, aplastémosla”. No esperaban nunca que se igualaran las fuerzas. Que se acuerparan, poco a poco, en torno a la Alcaldía Indígena muchas instituciones, una fuerza política, otra étnica, y otra de asesoría legal”, declara, efusivo, José Luis Tiguilá, vocero de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango.

Tiguilá tiene razones suficientes para decirlo y hacerlo en la manera que lo dice. Lo dice y con un manojo de documentos en la mano, pareciera que, plantado allí, en una aldea de Salcajá en Quetzaltenango, pensara en el día de la resolución del primer amparo. Una primera respuesta. El 4 de mayo de 2010 fue un día de celebración. El Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Quetzaltenango, a donde la CSJ había remitido el caso, declaraba “con lugar” la acción constitucional de amparo promovida en contra del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. Se suspendía, por dos años, las inscripciones dos y tres de la finca en disputa. Pero se recomendaba, finalmente, no resolverlo mediante un amparo sino en un juicio ordinario.

El Sistema de Justicia Oficial se mostraba prudente, pedía vencidos y ganadores en juicio, también pruebas irrefutables de que el terreno era de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango. “Fue importante”, dice Amílcar Pop, “se había logrado un primer resultado. El documento de 1905 era  válido pero había que demostrarlo”.

Telgua apeló.

Apeló esta vez ante la Corte de Constitucionalidad, con un argumento de desacreditación. Partiendo de la manera en que el Estado, desde una perspectiva racista, ha entendido desde su fundación a los pueblos indígenas.

En el expediente 1101-2010 de la Corte de Constitucionalidad, la apelación de la compañía del hombre más rico del mundo dice:

La postulante carece de legitimación activa, porque no indicó los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica conforme a la ley. No existe ley específica que le reconozca capacidad para actuar como sujeto de derecho a una supuesta Municipalidad Indígena; por el contrario, el texto del artículo 7 del Código Municipal es claro en definir al municipio como institución autónoma de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y asidero constitucional, por lo que cualquier jactancia de esa calidad supondría atentar contra el orden jurídico, político y administrativo e incluso podría conllevar repercusiones penales.

Habida cuenta de lo anterior, al no existir la persona jurídica nunca pudo haberse concretado un agravio personal y directo en su contra y los efectos jurídicos de la sentencia apelada están en fraude de ley, temporalmente reconocidos a una entidad inexistente.

En resumen, como indica Pop, Telgua preguntaba: “¿cómo diablos se atreven a reclamar algo si ustedes –Alcadías Indígenas– no existen y nunca han existido ante la ley?”.

Escucharon en vista pública, con estos argumentos, al abogado de Telgua, Carlos Nuñez, otros interesados: la Presidencia de la República, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, la Municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango, la Procuraduría General de la Nación, la de Derechos Humanos, el Registro de Información Catastral de Guatemala y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra Pueblos Indígenas.

El panorama tenía circunscrito un paisaje político.

Un “capricho” sin respuesta

Si Telgua hace preguntas, Chichicastenango también tiene las suyas propias. Algo que en definitiva a nadie en el pueblo le queda claro. Hay dudas; zozobra. Los pobladores quedan encerrados entre signos de interrogación una vez que llega la factura mensual de servicios telefónicos que deben pagar puntualmente a 18 kilómetros del municipio, en Santa Cruz del Quiché, por un servicio que no sirve y “para no perder la línea”. Lo recuerdan una vez que levantan el teléfono –por urgencia, por necesidad, por ocio o por inercia– y de nuevo nada funciona.

Cuestionamientos que se hacen a diario tanto indígenas como no indígenas, entre comerciantes, dueños de hoteles, dependientes de mostrador, encargados de restaurantes, dueños de ciber-cafés, pilotos de microbús, representantes de Inguat, pilotos, maestras...

“¿Porqué Telgua, con sus millones que hace a diario, quiere precisamente ese y no otro terreno?”.se preguntaban hace dos semanas el comerciante Eligio Calgua y el piloto de microbús Carlos Cifuentes, frente a la propiedad en disputa.

“El terreno no es ni interesante, ni amplio, ni tan céntrico, ni estratégico económicamente”, reclamaba Manuel Toll, horas más tarde, desde su puesto como manager de un hotel.

A muchos en el pueblo, el sentido común les señala un punto de contraste: “es una pelea entre David y Goliat”, dicen, se ponen de acuerdo. Todo indica que el tema de Telgua y la Alcaldía Indígena de Chichicastenango no es algo que pase desapercibido en este lugar, y parece discutido ampliamente en las sobremesas, en reuniones familiares, en charlas cotidianas por todo el municipio. Aunque no se atreven, no quieren, son reticentes, y esquivan dejar claro a cuál de las dos partes apoyan.

Si se le pregunta directamente a Telgua, si se llena una solicitud formal y protocolaria, si se visita sus oficinas centrales, si se hace una fila de espera por más de media hora, si se llama al gerente financiero José Cervantes, si se gestiona una entrevista con Carlos Nuñez, su representante legal en este caso a través del departamento jurídico de doce abogados y se pregunta, más allá del interés patrimonial de la compañía, ¿cuál es el motivo principal (estratégico, empresarial, económico, de cobertura– sobre el terreno en disputa?, entonces nada.

Nada.

Luego de insistir cada dos días durante dos semanas en busca de una respuesta, la compañía del hombre más rico del planeta guarda silencio…

Una sola vez atendió Carlos Nuñez su teléfono. Breve, se le hizo notar que a Chichicastenango le gustaría una respuesta.

–Te respondo más tardecito. Estoy en una reunión importante. ¿Quién te dio mi número de celular…? –decía una voz un poco aniñada, descompuesta, incomoda, en el auricular.

“¿Qué quiere Telgua? Ese capricho de Telgua”, sonreía Vilma Aguirre, una ancianita dueña de una panadería que mostraba, no sin cierto descaro y divertimento, su teléfono de línea gestionado en otra compañía.

La Alcaldía Indígena, por su parte, no maneja un concepto de propiedad privada como lo conocen en la concepción jurídica oficial de Guatemala. El terreno serviría para el pueblo, para sus juicios comunales, como sede de los principales líderes de los 87 cantones de Chichicastenango.

Marcela Tovar Gómez, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, en su informe Perfil de los pueblos indígenas de Guatemala, menciona: “Recordemos que la cultura maya es un cultura colectiva, donde el concepto de propiedad privada coexiste con el concepto de propiedad comunal o colectiva. Sin embargo la propiedad comunal, sobre todo en lo referido a aspectos relacionados con la tierra, es un concepto más bien territorial, que se ancla al debido respeto como concepto jurídico”.

Sujetos de Derecho

El 16 de mayo de 2011, un día caluroso, Telecomunicaciones de Guatemala S.A. recibió en sus oficinas de la zona 1, en Guatemala, 12 folios con la respuesta a su apelación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Para Telgua la Alcaldía Indígena de Chichicatenango no existía ante la ley, pero quienes interpretan la ley, el máximo tribunal de justicia, le daban la siguiente respuesta.

Sobre el particular resulta pertinente subrayar que el origen de las municipalidades o alcaldías indígenas se remonta a la época colonial y su estela se extiende hasta tiempos contemporáneos, funcionando con organización y conformación definidas en una significativa cantidad de comunidades rurales, en las que son percibidas como legitimas e importantes autoridades locales que, en términos generales, coadyuvan a la resolución de conflictos comunitarios y con frecuencia actúan como intermediarios ante las manifestaciones de poder público oficial.

La delimitación precisa de su esfera competencial y parámetros de compatibilidad con el sistema estatal convencional es un tema del que, como otros vinculadas al pluralismo jurídico, convendría que el Derecho auxiliado de otras ciencias se hiciera cargo; más no puede ser ése el objeto de examen del presente desarrollo, que se concentra en elucidar una cuestión más concreta y elemental: si es dable considerar a la amparista como sujeto de derecho. Por ello deviene insustancial el supuesto traslape funcional que la apelante le reprocha a la municipalidad indígena respecto al municipio y sus entes rectores previstos en el Código Municipal.

En resumen, “sin lugar” la apelación y confirmaba la sentencia emitida un año anterior: suspender por dos años la segunda y la tercera inscripción en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, y esolverlo luego todo en un tribunal ordinario.Tenía base en artículos puntuales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Firmaba Alejandro Maldonado Aguirre, presidente de la Corte de Constitucionalidad.

­“Significaba que la Alcaldía Indígena era el propietario del terreno y que además existe. Que su alcalde indígena es su representante legal y que también existe. Nunca antes había sucedido”, subraya Pop, con los ojos bien abiertos, y luego dice: “La negación fue inmensa”.

Toj, un sacrificio

Los últimos días del Alcalde Indígena, José Macario Morales, fueron ajetreados. Dos semanas antes de morir, lo recuerdan charlando con varios jóvenes de todo Chichicastenango. Hablaba de la misión de la alcaldía, aconsejaba, explicaba la importancia en el modo de operar con la justicia de los abuelos, cómo tener prudencia en el diálogo, a pensar en comunidad, perseverancia, enseñaba lo que había comprendido de un país como Guatemala. Parecía tener prisa. Moriría de una pulmonía y un paro cardíaco en el Hospital Nacional Santa Elena de Santa Cruz del Quiché. Fue en marzo del año pasado, el día 25. Un viernes. Tenía 56 años.

José Macario no alcanzó a ver la resolución de la Corte de Constitucionalidad. El caso, comentan quienes lo conocieron bien, lo había debilitado. Con un trabajo ad-honorem de 24 horas, todos los días de la semana, el dinero para las medicinas no alcanzaba. Algunos, a la espera de la respuesta de la CC, le decían que abandonará todo. Pero él no quería. Se negaba. “Quiero dejarles algo bonito a los que nos siguen en Chichicastenango, a los jóvenes. Al pueblo entero”, era su frase más repetida. Al decirla, rememoraba muchas cosas, entre ellas el terreno que sus abuelos alguna vez pensaron también en heredarles. 

“Si el Toj es el nahual que significa pago, ofrenda y agradecimiento, José Macario fue el Toj de Chichicastenango”, dice hoy César Morales, su joven intérprete, un poco afectado.

Su muerte trastocó la dinámica de todo el municipio. Fue sorpresiva. Evidenció también su esfuerzo en el panorama político. La fuerza que se aglutinaba en torno a su figura. El día de su funeral Chichicastenango se llenó de carros blindados. Stephen Mcfarland, el ex embajador de Estados Unidos, llegaba para despedirse. El ex Presidente Álvaro Colom mandó sus condolencias. Sergio Morales, procurador de los derechos humanos, estaba entre los dolientes. Alcaldes indígenas de toda Guatemala visitaban un pueblo desconsolado.

Su silla en el concejo de principales todavía sigue vacía.

Su puesto, sin embargo, lo ocuparía Tomás Calvo. La tarea debía continuar.

Telgua, la compañía del hombre más rico del planeta, volvería a demandar.

Los demandaría por despojo, unos meses después.

¿Cómo pedir ayuda?

La comandancia de la Policía Nacional Civil de Chichicastenango parece abandonada. El pasto crece entre las baldosas de la entrada. Un hombre con cara de pocos amigos, encerrado en una bartolina, bajo un cartel que indica “cárcel preventiva”, mira con resentimiento a todos los que pasan por la entrada de la recepción. Al fondo, el oficial Arrivillaga Alvarado llena unos formularios mientras escucha una pequeña radio de banda ancha. Es la única vía de comunicación con esta comandancia.

Desde octubre del año pasado en Chichicastenango, a decir del oficial Arrivillaga, casi no pasa nada. En realidad sí han de pasar muchas cosas allá afuera, se rectifica, pero a falta de teléfonos, los asaltos, las denuncias, los conflictos, toda anormalidad ha bajado en más del 75 por ciento.

–¿Cómo hace alguien de Chichicastenango para pedir ayuda?

–Si se tiene el número personal de uno de los agentes, rápido damos trámite. Llegamos –dice el oficial.

Los agentes de la PNC intentan, confían, tienen la esperanza, de que el boca en boca, dé a conocer los nuevos “números de emergencia” en todo el municipio.

A tan solo una cuadra de distancia, sobre la avenida por la que se sale del pueblo y se llega a Santa Cruz del Quiché, la cabecera departamental, pasa exactamente lo mismo. Esta vez es el bombero Víctor Méndez el que explica que los casos de emergencias han menguado, estadísticamente, “a ojo de buen cubero”, ya no es como antes.

–El nuevo número de los bomberos es el 40350823 –dice Méndez. –Estamos para servirles –agrega.

En contraste, el número de la PNC son muchos y no uno sólo. “Es el número de quien esté de turno”, dice Arrivillaga.

Desde el día en que los teléfonos fallaron…

Hubo un momento en que Telgua y la Alcaldía Indígena de Chichicastenango quisieron resolver el problema fuera de lo penal. Un pacto. Un arreglo de manos estrechadas. La compañía de teléfonos se comprometía a construir un Centro Comercial en el terreno y sería administrado por la Alcaldía Indígena, y ellos, Telgua, continuarían tranquilamente funcionando donde siempre. Pero Telgua no cumplió su parte. Alegaba, una vez más, con otra estrategia jurídica, ser el propietario del terreno.

El 23 de octubre de 2011, la Alcaldía Indígena, con la resolución de la CC a su favor, y el suspenso de las otras inscripciones distintas a las del 14 de enero de 1905, decidió intervenir –interpretando de modo excesivo la resolución de la CC– la propiedad.  Puso láminas, candados, pilares de madera, y bloqueó el acceso al inmueble. Ese día, el pueblo tuvo un fallo masivo en el servicio telefónico.

Telgua clamó despojo. Pidió medidas preventivas. Tenía sus aparatos allí dentro.

El oficial Arrivillaga recuerda que hace poco más de cinco semanas estaban listos, como apoyo, para hacer efecto un Interdicto de Posesión, un procedimiento jurídico cuyo objetivo es atribuir la posesión de una cosa a una determinada persona física o jurídica frente a otra, de manera provisional. El abogado Núñez entraría a la propiedad, quitaría las láminas, daría mantenimiento a cada una de las máquinas, derrumbarían el muro perimetral, encendería las antenas, quitaría los candados… Chichicastenango volvería a estar comunicado.

“Hasta ceremonia había ese día”, recuerda el oficial.

José Luis Tiguilá dice que era un recibimiento con tún y chirimilla. “A la costumbre de nosotros”. El representante de Telgua, sin embargo, como comentan incluso personas ajenas a la Alcaldía Indígena, dio media vuelta y huyó. “Tuvo miedo”, sonríe la ancianita dueña de la panadería.

Nuñez, como abogado, ni Telgua, como institución, quisieron ni por teléfono ni por correo dar su versión de los hechos: ¿Por qué no fue posible hacer efecto el interdicto de posesión sobre el terreno hace unas semanas? 

Días más tarde, llegaría una citación para Tomás Calvo. Venía membretada por la Fiscalía de Crimen Organizado y Narcotráfico del Ministerio Público. Telgua acusaba a las autoridades, en efecto, de Crimen Organizado y Narcotráfico. “Una turba había bloqueado el acceso al inmueble”, explicaban.

El caso se reactivaba. Adquiría una nueva magnitud. Acusaciones fuertes. La Fiscal General, Claudia Paz y Paz tendría que intervenir en el asunto, ensuciarse un poco, evaluar el caso, leer el expediente. El pasado 17 de abril la Alcaldía Indígena de Chichicastenango la esperaba a las ocho de la mañana. (El tún, la chirimilla presentes.) Mandaría, no obstante, a uno de sus representantes.

Arturo Aguilar, secretario de Cooperación Internacional del MP, con semblante un poco estupefacto, en el salón del Museo Chichicastenango, explicaba, lacónico, nervioso, frente a los líderes comunitarios, que ciertamente el MP había cometido un grave error. “No es la fiscalía de Crimen Organizado y Narcotráfico a la que le corresponde esta acusación. No. El error fue en la clasificación de la denuncia”.

La acusación no anulada pasó a la Fiscalía Distrital de Santa Cruz del Quiché.

Falta muy poco para que se venzan los plazos. Se reactiven las licencias. Se lleve a cabo, finalmente, el juicio ordinario donde se decidirá a quién pertenece el terreno.

Ambas partes, de momento, trabajan su estrategia.

–¿Cuál podría ser el interés de trasfondo que hay en este caso?, ¿cómo por ejemplo podría afectar algún poder?, ¿hay alguna teoría de por qué tanta insistencia por parte de la compañía del hombre más rico del planeta? –hace unas semanas la batería de preguntas fue dirigida a Amílcar Pop en su oficina.

–No conviene que las autoridades indígenas empiecen a existir ante la ley. En esencia, si se les reconoce como sujetos de derecho, si los jueces fallan a favor de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango y el caso se vuelve todavía más relevante… hay que estar seguros de una cosa: a lo largo del país empezarían a surgir más reclamos de propiedad –decía Pop.

En realidad lo que se dirime acá no es si Telgua es buena o mala, sino cómo el viejo racismo del Estado, que se adueñó, según la resolución de la CC, de lo que no era suyo para venderlo, puso en problemas, muchos años después, a un colectivo y a una empresa que de una u otra forma habrán de ser compensados.

La crítica, sostenida por el fallo de la CC, recaería entonces en la forma en que Guatemala se construyó como país, derogaría los argumentos propietaristas que olvidan la historia y alimentaria un reclamo antiguo: que el sistema legal de registro de la propiedad no edificó en el último siglo sobre tierra firme, sino sobre arenas movedizas. 

No conviene que las autoridades indígenas empiecen a existir ante la ley. En esencia, si se les reconoce como sujetos de derecho, si los jueces fallan a favor de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango y el caso se vuelve todavía más relevante… hay que estar seguros de una cosa: a lo largo del país empezarían a surgir más reclamos de propiedad.
Existirían, ahora, ante el Estado. Serían alguien, por primera vez, alguien en toda su historia como alcaldías indígenas. “No espíritus sino personas ante la ley”, como defienden ellos.
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