Sin embargo, sus componentes se aseguraron de impedirlo. De esa manera, hubo un evento de votaciones que solo reafirmó la preocupación planteada: se empoderó en el Congreso y en el Ejecutivo a una estructura similar a la defenestrada por corrupta, adaptada al momento.
Con su discursito de «ni corrupto ni ladrón» y fingiendo no ser político, Morales actuó al mejor estilo politiquero. Mintió con tal de ser elegido y lo consiguió. Doce meses después de que asumió, las valoraciones sobre su desempeño indican que su informe de gobierno sería una hoja en blanco. Es decir, plantean que Jimmy Morales no ha producido nada al frente de la primera magistratura.
Sin embargo, déjenme disentir de esa afirmación. Al contrario de quienes piensan que el actual presidente no ha gobernado y no ha hecho una sola cosa como mandatario, pienso que sí ha ejercido su función, solo que no para quienes se debe. Ni uno solo de los meses transcurridos desde que juró cumplir la Constitución ha dejado de utilizar su investidura para hacerla valer en favor de quienes sí son sus representados.
A lo largo de este período, lejos de fortalecer el entorno institucional, Jimmy Morales, de la manera más seria como puede hacerlo un gobernante, se ha dedicado a consolidar la perversión de los servicios de inteligencia. Dichos servicios, en lugar de cumplir las funciones que la ley ordena y apegarse al sistema de controles democráticos al que la misma norma los obliga, de hecho han retomado funciones de espionaje.
La oficina de seguridad presidencial, a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), ha sido claramente involucrada en actividades ilegales. En abril de 2016, la captura de un grupo de guardias de la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (Visegua), presuntos integrantes de la Mara 18, vinculó al jefe de la SAAS, Jorge Ignacio López Jiménez, con el trasiego de armas a dicho grupo.
Según un reporte del Centro de Medios Independientes (CMI), las armas que se les incautó a los detenidos «son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado y están prohibidas para empresas de seguridad». La empresa Visegua ha sido proveedora de servicios de seguridad al Estado, los cuales puede y debe proporcionar la Policía Nacional Civil, por montos que en diez años le significaron percibir 32 millones de quetzales.
En septiembre, López Jiménez, quien seguía en el cargo, volvió a los titulares. Esta vez, porque el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, confirmó ante una comisión del Congreso que el jefe y el subjefe de la SAAS, López Jiménez y César Augusto Sagastume, respectivamente, estarían involucrados en espionaje a activistas sociales y periodistas. La información provenía originalmente de dos agentes de la misma SAAS que habrían indicado ante la oficina del Procurador de los Derechos Humanos haber recibido órdenes de vigilar a varias personas. Esto, pese a que en septiembre el presidente afirmó haber destituido a los titulares de la SAAS y, luego de la denuncia, dichos agentes han sufrido amenazas de muerte.
La SAAS operó estas estructuras al amparo de la influencia de Herbert Armando Melgar Padilla, asesor ad honorem de la Presidencia y dirigente del partido de gobierno. En agosto, justo cuando se presentaba la crisis por el espionaje desde la Presidencia, Melgar Padilla consiguió que el diputado titular Alsider Arias pidiese permiso de manera indefinida. Esto dejó vacante la curul, que con toda tranquilidad el exasesor de seguridad de la Presidencia Melgar Padilla asumió de inmediato por ser diputado suplente. De esta forma, el principal asesor de seguridad del gobernante se blindaba con inmunidad en prevención de posibles investigaciones sobre su actuar ilegal.
En un año de labores, por lo tanto, si en algún campo Jimmy Morales ha sido productivo es en el de permitir a sus propios servicios de seguridad revivir las perversas acciones del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) y valerse del poder para vigilar. De tal manera, su informe, de atenerse a lo realmente hecho, no debería estar vacío, sino indicar cuánto y con qué nivel de eficiencia ha servido a los más perversos y oscuros intereses.
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