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El tortuoso y largo camino para poder enterrarlos

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Fueron masacrados hace 32 años en Covadonga, El Quiché. Los huesos se exhumaron hace cinco. Pero fue hasta ahora, cinco años después de una tortuosa espera y un embrollado proceso burocrático para obtener el apoyo del Estado cuando, finalmente, sus familiares pudieron oficiar el entierro. El Estado nunca llegó.

En 1981, en el norte de Chajul, El Quiché, empezó a funcionar el destacamento militar de la finca La Perla, según las líneas estratégicas de la política de contrainsurgencia del Estado de Guatemala y, mas detalladamente, del Plan de Campaña Victoria 82. Simultáneamente, se formaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las aldeas modelos y los campos de reeducación y concentración para insurgentes.

El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que se había instalado a mediados de los 70 en el área, recién había dado prueba de su potencial amenaza frente a los intereses oligarcas de Guatemala con el asesinato de José Luis Arenas Barrera, el  “Tigre del Ixcán”, dueño de la finca de café y cardamomo con cientos de mozos colonos.

Según datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), en 1982, en el área de Chajul, murieron más de 700 civiles en manos de militares y patrulleros que se habían instalado en la finca La Perla. La CEH da cuenta de un total de 13 masacres, nueve ejecuciones colectivas, 16 ejecuciones individuales y 10 desapariciones forzadas1.

Treinta y dos años después, el 19 de noviembre 2014, un pequeño grupo de familiares  de las vìctimas de la masacre de Covadonga —una de las 13 arriba mencionadas— emprendieron largos viajes desde sus hogares hasta el Ministerio Público de Nebaj, para recibir los restos de sus seres queridos, después de que la exhumación de las 16 víctimas halladas se realizara en septiembre del 2009.

En el grupo, que en la lluviosa mañana del miércoles se sentó en el patio del Ministerio Público, se encontraban indígenas de etnia ixil, q’anjob’al y k’ich’e. Algunos viajaron la noche anterior desde Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a unas ocho horas de camino enlodado.

El frío intenso de noviembre acompañó los familiares de las víctimas en la larga espera del proceso de la burocracia. Estuvieron allí toda la mañana y, finalmente, al mediodía llegó la autorización para entregar los restos a sus familias.

El grupo se reunió frente a las puertas de la Asociación Campesina para el Desarrollo Integral Nebajense (ASOCDENEB) donde, poco después, llegó un camión listo para cargar los ataúdes, las bolsas de azúcar y las cajas de comida compradas para las ceremonias del entierro.

El rostro de Nicolás Corio, representante legal de la asociación, era una máscara de desconsuelo, frustración y, al mismo tiempo, de orgullo: “El PNR nos abandonó, se burla de nosotros”. Explicó que después de muchas reuniones para aprobar fechas y desembolsos para la compra de los nichos, el Programa Nacional de Resarcimiento, el órgano del Estado responsable de dar la ayuda económica a las víctimas del conflicto armado, no cumplió con los compromisos asumidos, dejando abandonados a los familiares de las víctimas que, como en muchos otros casos, llevaban años esperando el reencuentro con sus seres queridos. “Mientras en la capital estaban jugando con los destinos de las personas, algunos familiares han fallecido y otros están demasiado ancianos o enfermos como para acompañar la inhumación. Eso es muy triste”, decía Corio.

En 2011, el Comité de Víctimas del Conflicto Armado interno de San Gaspar Chajul, frente al incumplimiento de los compromisos tomados por el PNR, interpuso una denuncia contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de justicia. Esta acción legal fue tomada después de muchos intentos frustrados de ser escuchados por sus autoridades. En 2009, el entonces Presidente de la Guatemala, Álvaro Colom, se negó a atender a una delegación de familiares llegada a la capital. Luego, se toparon con la indolencia de los responsables de la sede regional del PNR de Nebaj.

Frente a este muro de indiferencia, Corio logró encontrar apoyo económico de organizaciones internacionales: algunas dieron dinero en efectivo, otras prestaron un carro para acompañar la inhumación. “El PNR presupuesta 7 mil quetzales por cada nicho y si le añadimos ataúd y comida para el día de la inhumación, se llega a un promedio de Q17 mil por cada víctima. Nosotros pagamos cada nicho a 2,100 quetzales” sostenía orgulloso por su labor desempeñada para llevar a cabo este entierro.

Desde cuando nació, en 2003, el PNR ganó muy rápidamente una reputación por la mala gestión de los fondos que debía administrar en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno. Un ejemplo reciente: el pasado 29 de julio, durante la inhumación de las víctimas de la masacre de Xecax, Nebaj, los nichos que la agencia estatal hizo construir resultaron demasiado pequeños para el tamaño de los ataúdes.

Después de cargar las cajas de madera y las provisiones de alimentos al camión, subieron los músicos y los guías espirituales que animarían el velorio y la ceremonia del entierro. En el grupo sobresalía la presencia de un anciano y de un niño, hijo de un sacerdote. El viaje de cuatro horas en camino de terracería no se anunciaba muy cómodo. Los familiares prefirieron amontonarse en la palangana de un pick up, a pesar de la lluvia gélida que penetraba la ropa y los huesos.

Pasado el municipio de Chajul, el viaje se detuvo frente a la señal de alto de un soldado: trabajadores de la empresa HidroXacbal, dueña de la homónima hidroeléctrica ubicada arriba de la aldea de Juá, estaban detonando explosivos en el camino.

Seguía lloviendo. La gente esperó, paciente, sin un comentario de cansancio, descontento o malhumor… Era como si la lluvia y el frío, al igual que la poderío de las empresas y la ausencia del Estado, fueran elementos interiorizados y asumidos como normales, como parte de la incomodidad de la vida que recibieron por destino.

Los atrasos en el viaje hicieron que éste terminara cuando ya era de noche. Toda la comunidad estaba esperando la llegada de la comitiva, también bajo la llovizna. Los ataúdes fueron trasladados con prisas a la iglesia católica de la aldea.

Los antropólogos forenses del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) recompusieron los restos de las víctimas en los ataúdes. Eran piezas muy deterioradas, osamentas desarticuladas y fragmentos de huesos quemados. Eran los huesos de aquellos que, según los sobrevivientes, fueron concentrados en el juzgado y en la iglesia de la aldea donde la mayoría fue asesinada a balazos. Otros murieron por las explosiones de bombas. Luego, ambos edificios —el juzgado y la iglesia —, y los cadáveres que se amontonaban adentro, fueron incendiados.

El café caliente de la cena volvió a levantar los ánimos y el velorio siguió toda la noche.

En la madrugada del día siguiente, el cortejo ya estaba listo para meter los ataúdes en los nichos recién construidos, en el pequeño cementerio que comparten con los vecinos de la aldea de Estrella Polar, escenario de otra masacre de 1982.

Por un momento, la lluvia paró. La comitiva dejó el camino principal para meterse a un sendero lodoso entre los árboles. Se respiraba el aire puro.

El entierro fue sobrio, sin excesos de llantos y gritos. Se consumió entre las llamas del fuego levantado por los guías espirituales, la música del violín y de la guitarra.

Una antropóloga forense procedió a repartir un pequeño memorial del proceso de exhumación a los familiares de las víctimas. El documento de papel impreso a color fue recibido con una gratitud profunda, enseguida guardado en nailon, como se hace con los documentos y las pocas cosas preciosas que la gente de estos lugares posee, para que la humedad no lo arruine.

Finalmente, se instalaron las lápidas en memoria a los caídos, cerrando el proceso de dignificación de las víctimas, un proceso largo. Una espera atormentada.

Finalmente.

De regreso del cementerio, ya en Covadonga, se acercó Eulalia Juan Juan, 58 años, comunitaria de la aldea de Rancho Escondido. Es una sobreviviente de la masacre de Estrella Polar, donde fueron aniquiladas 95 personas. Se trata de otro caso simbólico de la negligencia del Estado, porque las exhumaciones de las víctimas terminaron en el 2006 y todavía el PNR no ha cumplido con los compromisos que le corresponden.

“Es una burla” protesta la señora, “nos están dejando como si fuéramos basura; no contamos nada”. Cuenta que la convocaron el 17 de octubre en Chajul, para luego desmentir cualquier acuerdo sobre la fecha de inhumación de sus cuatro hermanos asesinados por el Ejército. “No resuelvo mi dolor y me siento muy agotada”, dice la mujer que aún sigue esperando por el entierro de los suyos.

  • 1. La CEH vincula al destacamento militar de la finca La Perla los casos 3750, 3749, 3324, 3327, 3645, 3485, 3143, 3561, 3818, 3188, 3127, 3523, 3813, 3446, 3586, 3559, 3663, 16724, 3525, 3562, 3770, 3277, 3526, 3727, 3466, 3406, 3082, 3389, 3443, 3221, 3527, 3515, 15141, 3494, 3532, 3328, 3107, 3707, 3440, 3001, 3388, 11203, 16505, 3285, 3341, 3286, 3283, 3284, 3712, 3666, 3667, 3665 y 7257. Fuente: Informe Caso Covadonga, San Gaspar Chajul, El Quiché. CAFCA, 2014.
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