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El persistente

Vinicio Cerezo, quien después se lo llevaría como asesor al Congreso, da fe de la honestidad y disciplina del ahora candidato a fiscal. “Fue un funcionario muy trabajador y un profesional muy estudioso de los temas de seguridad. Yo creo que no simpatizan con él porque Julio es una persona muy correcta y se vuelve un obstáculo por decisiones que estén reñidas con la ley…"
—Aquí dicen que yo conozco absolutamente a todo el mundo. Primero, que conozco absolutamente a todos los militares de este país. Segundo, que conozco a todos los empresarios de este país. Tercero, que conozco a todos los políticos de este país. Cuarto, que conozco a todas las mafias de este país. Quinto, que conozco a todos los académicos de este país. Sexto, que soy un hombre intolerante, intratable, violador de los derechos, y cuanta babosada se le puede ocurrir a cualquier pendejo en este país.
Rivera Clavería ante la Comisión de Postulación al momento de su entrevista. Se postula por segunda vez al cargo de Fiscal General del Ministerio Público.
Rivera Clavería ha recorrido buena parte de su carrera en puestos relacionados con seguridad y justicia, entre los gobiernos de Vinicio Cerezo y Serrano Elías; y en 2012 con Otto Pérez Molina.
Julio Rivera Clavería no se posicionaba ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora tampoco, ni a la izquierda “porque son unos trasnochados”, ni a la derecha “porque son vetustos”.
Clavería se altera especialmente cuando se le pregunta por los señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
A Julio Rivera Clavería se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga.
Rivera Clavería inició su carrera en el Ministerio Público en 1976, donde trabajó por tres años en puestos administrativos de investigación, enfocándose en investigaciones de delitos del orden público.
La idea de ser Fiscal General y Jefe del Ministerio Público lleva rondándole por la cabeza desde hace unos diez años, aunque fue en 2010 cuando se postuló por primera vez para el cargo.
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Se postula por segunda vez al cargo de Fiscal General del Ministerio Público y ha sido elegido entre los seis finalistas. Ha recorrido buena parte de su carrera en puestos relacionados con seguridad y justicia, entre los gobiernos de Vinicio Cerezo y Serrano Elías; y en 2012 con Otto Pérez Molina. Se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga. Reconoce haber visto la corrupción de cerca, pero que nunca ha tenido la oportunidad de ocupar un puesto en el MP que le permita combatirla.

Corría el año 1990 y todo estaba revuelto en la Secretaría Técnica del presidente Vinicio Cerezo. Un teniente capturado, José Fernando Minera Navas acusaba a altos mandos del gobierno de estar vinculados con el tráfico de cocaína. El recién llegado a director de la Secretaría de Control Técnica de la Presidencia (Decap), Julio Rivera Clavería, aseguraba a  los medios que esta institución no tenía que ver con el narcotráfico. Eran los primeros años de la democracia, donde las redes de militares —en ejercicio y retirados— que se habían formado en los años anteriores tenían cooptado al Estado. Fueron también los años en los que Rivera Clavería, junto al presidente Vinicio Cerezo,  ocupó los puestos más altos de su carrera profesional.

Veinticuatro años después, Julio César Rivera Clavería, luego de ocupar diferentes cargos  de gobierno, además de servir como asesor en el Congreso, y dar clases en la Universidad Galileo, se encuentra frente a los miembros de la Comisión de Postulación que elegirán a los seis candidatos a Fiscal General. “Es fundamental, en los años venideros, comenzar a trabajar a fondo el tema de lavado de dinero. Guatemala se queda Q2500 millones sólo de narcoactividad, sólo de coca, y ese dinero se lava en este país y tengan la certeza que no lo lavo yo”, expone con firmeza el candidato.

Rivera Clavería inició su carrera en el Ministerio Público en 1976, donde trabajó por tres años en puestos administrativos de investigación, enfocándose en investigaciones de delitos del orden público. Estuvo tres años allí. Ahora, considera, ha llegado el momento de volver al ente investigador. La idea de ocupar este puesto lleva rondándole por la cabeza desde hace unos diez años, aunque fue en 2010 cuando se postuló por primera vez para el cargo. En aquel momento obtuvo la puntuación más alta,  por encima de Claudia Paz y Paz, que punteó en segundo lugar. Y aunque fue uno de los elegidos para el grupo de los seis que luego debía elegir el presidente, finalmente quedó fuera del proceso. Ahora, en estas elecciones, el puntaje de 46 puntos lo hizo quedar en séptimo lugar, pero los magistrados han vuelto a seleccionarle como uno de los seis aspirantes al cargo. 

El inicio de su carrera junto a Vinicio Cerezo

Julio César Rivera Clavería (Ciudad de Guatemala, 1950) se graduó en derecho en 1979 en la Universidad de San Carlos. Allí formó parte del Frente Estudiantil Social Cristiano, y fue donde conoció a Vinicio Cerezo, uno de sus fundadores. En aquel entonces, Rivera Clavería asegura que tenía unos ideales, creía en la democracia como la forma de dar las mismas oportunidades a todas las personas y en las bulas papales de Juan XXIII. No se posicionaba ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora tampoco, ni a la izquierda “porque son unos trasnochados”, ni a la derecha “porque son vetustos”.

Inició su carrera laboral siendo pasante en el Juzgado Tercero del Ramo Penal, en 1973; fue asesor del Bufete Popular, en 1974; y luego formo parte del bufete profesional del abogado Roberto René Alonzo, desarrollando asesorías y consultorías hasta 1975, según lo consigna en su currículum.

Al salir de la USAC,  y del MP, trabajó como asistente de la gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (82-83), bajo la dirección de Francisco Reyes López; y posteriormente en la sección de Investigaciones Especiales del Banco de Guatemala durante el mandato de Oscar Humberto Mejía Víctores (83-84), donde investigó casos de falsificaciones, estafas bancarias, asaltos a bancos y vehículos de transportes de valores. Pero  fue hasta la llegada al poder de Vinicio Cerezo cuando Rivera Clavería comenzó a escalar en las jerarquías gubernamentales.

El expresidente Cerezo lo califica como alguien “más bien moderado y un poco conservador”, afirma además que “hasta extremadamente serio y un poco cuadrado”.  Cerezo, quien después se lo llevaría como asesor al Congreso, da fe de la honestidad y disciplina del ahora candidato a fiscal. “Fue un funcionario muy trabajador y un profesional  muy estudioso de los temas de seguridad. Yo creo que no simpatizan con él porque Julio es una persona muy correcta y se vuelve un obstáculo por decisiones que estén reñidas con la ley… ”, explica Cerezo, reconociendo que el candidato a fiscal es blanco de la crítica.

En el gobierno de Cerezo, Rivera Clavería ocupó el cargo de director de Presidios entre 1986 y 1988, cuando se construyeron los Centros Preventivos para hombres y mujeres de la zona 18 y el preventivo de Fraijanes (Pavoncito). En 1988 pasó a ocupar el viceministerio de Gobernación, dirigido por Roberto Valle Valdizán, hasta 1989.

Fue en ese tiempo en que  ocurrieron  algunas de las desapariciones extrajudiciales más sonadas de la era democrática, 11 de ellas recogidas en el caso sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocido como el de “la panel Blanca”, en los que fueron señalados agentes de la Guardia de Hacienda por tortura y desaparición. Clavería se exculpa y asegura que en su puesto no tenía relación alguna con la Guardia de Hacienda. A pesar de que esta institución, encargada del control de las aduanas y de realizar labores de contrainsurgencia, dependía del Ministerio de Gobernación. En 1990, Rivera Clavería fue nombrado director de la Guardia de Hacienda.

Otro de los casos en los que se señaló al Ministerio de Gobernación del gobierno de Cerezo, es el secuestro y desaparición de 11 estudiantes y dirigentes estudiantiles de la Universidad San Carlos. Por estas desapariciones, ocurridas entre agosto y septiembre del 89, hubo un acuerdo amistoso y nunca se buscaron responsabilidades penales.

El secretario de Rodil Peralta

El puesto que le llevó a la palestra pública fue el de secretario de la Corte Suprema de Justicia, de 1992 a 1994, cuando fue presidida por Juan José Rodil Peralta. Tal como recogen los diarios de la época,  Rodil Peralta reorganizó la Corte, dejando las tareas de la presidencia en manos de Rivera Clavería. “Un cálculo somero del tiempo que Rodil ha dedicado a su trabajo indicó que este ha estado al frente de la CSJ un 25 por ciento del periodo que lo ha dirigido. El resto ‘fuera del país sin fecha de regreso’, en su ausencia, la dirección formal de la Corte ha estado en manos de algún magistrado y la conducción real en manos de Julio Rivera Clavería”, indica un reportaje de la revista Crónica de la primera semana de julio de 1993 titulado “La increíble historia del magistrado Rodil y su corte descarada”.

Cuando Rodil Peralta dejó  la Corte Suprema de Justicia en 1994, se  abrió un proceso en su contra por peculado, concusión, fraude, malversación de fondos, omisión de denuncia y usurpación de calidad. Cargos de los que quedó libre en 2003, después de que el Ministerio Público no apelara el sobreseimiento del caso.

A pesar de todo, Clavería evalúa este periodo en la Corte Suprema como “muy bueno”. Preguntado por los procesos de corrupción que se le abrieron al entonces presidente de la CSJ, responde que eso era Rodil y no él: “¿Por qué no me hicieron a mí algún proceso? Porque no hay nada. Primero porque no administraba fondos, mi función era eminentemente administrativa judicial”, asegura.

A su salida de la Corte, centró su carrera como asesor en el Congreso, de 2000 a 2010, participando en la elaboración de múltiples anteproyectos de leyes, entre ellos el de Ley de creación del Sistema Nacional de Seguridad, en 2004; la Ley de la Defensa Nacional, en 2004; la Ley de Combate al Crimen Organizado, Terrorismo y Actividades Conexas, en 2005; reforma al anteproyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2007; la Ley de Armas y Municiones, en 2009; y la Ley de Servicios Privados de Seguridad, en 2009. En el Congreso continuó trabajando junto al entonces diputado por la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo y llegó a ocupar el cargo de secretario adjunto de la DC. 

Las fuerzas de tarea y López Bonilla

Fue hasta la entrada en el poder de Otto Pérez Molina cuando nuevamente Rivera Clavería volvió a ocupar un puesto en el Ejecutivo. En esta ocasión, lo hizo como viceministro de Seguridad bajo las órdenes de Mauricio López Bonilla en el Ministerio de Gobernación, desde enero de 2012 hasta noviembre de ese mismo año. Se rumoró, que su nombramiento fue por mediación del exgeneral Ricardo Bustamante Figueroa, jefe de inteligencia y del Archivo del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Jorge Serrano Elías y actual director de la Secretaría Técnica de Seguridad. Preguntado por ese posible padrinazgo, Clavería indica que Otto Pérez Molina  le llamó a ocupar este cargo por su amplia experiencia en seguridad.

“A mí me habló el señor Presidente (a quien asegura, conoce desde que Otto Pérez Molina trabajaba en el Estado Mayor de la Defensa Nacional durante el gobierno de Cerezo). Me pidió que le mandara mi currículo, para ver si calificaba para ese ministerio. Yo calificaba para Ministro, no para Viceministro, y les acepté porque consideré que se podía hacer algo para el país”, explica.

Agrega que conoce a Ricardo Bustamante desde hace 10 u 11 años, cuando se creó el Instituto de Estudios en Seguridad de la Universidad Galileo, y Bustamante, encargado de dirigirlo, le llamó para que le ayudara a estructurarlo y dar clases. ”Esa es mi relación con él”, indica. Actualmente, Clavería da clases en el Instituto de Estudios en Seguridad en el diplomado, la licenciatura y la maestría en Seguridad Pública, de la que él mismo se graduó en 2013.

Como viceministro de Seguridad, Clavería se hizo cargo de las recién creadas fuerzas de tarea, inauguradas por Pérez Molina en enero de 2012, que se convirtieron en el punto central de la estrategia de seguridad de su gobierno. Este cargo le dio notoriedad en los medios de comunicación e hizo despertar suspicacias de que lo estuviera utilizando como medio para llegar al MP. Rivera Clavería no lo niega:

—Dicen que utilizó las fuerzas de tarea como plataforma para tirarse a Fiscal General…

—¿No es un derecho?, ¿acaso la fiscal no se está utilizando la fiscalía y se hizo propaganda para tratar de reelegirse?, ¿acaso Rony López no está diciendo que es el mejor fiscal de crimen organizado y se lo saca Cicig porque trabaja para ellos? O, ¿No lo está haciendo Anabella de León que dice que es la mejor Registradora (de la Propiedad) que ha pasado en el país?, ¿o el Ministro de Gobernación que está apoyando a Eunice Mendizábal? Entonces, ¿cuál es el problema?

Aunque, en estas elecciones, su posición en el viceministerio lo ha perjudicado. La Convergencia de Derechos Humanos Humanos, conformada por 15 organizaciones sociales, presentó una tacha en contra de Rivera en donde se señalaba: "La falta de independencia que garantice el eficaz cumplimiento de sus obligaciones como Fiscal General". "Fue un funcionario nombrado por el presidente, y en democracia es necesario que funcione el tema de  los frenos y contrapesos para que pueda haber un equilibrio", indicó Stephanie Rodríguez, coordinadora de incidencia política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) que coordinó el proceso de elaboración de las tachas de la Convergencia. 

Además, a pesar del inicial éxito mediático de las fuerzas de tarea, poco a poco se empezó a poner en evidencia su poca efectividad en el combate al crimen y los escasos resultados en los índices de inseguridad. Su relación con Mauricio López Bonilla tampoco era buena. Rivera Clavería –aseguran varias personas que trabajaron con él en Gobernación en esos meses— no permanecía en su despacho más allá de las seis de la tarde y  en ocasiones se ausentaba y no respondía al teléfono. A diferencia de López Bonilla que dedica muchas más horas a su tarea. El candidato a fiscal reconoce que no trasnochaba en su despacho: “Yo sé hacer mi trabajo profesionalmente, sé hacerlo bien. Primero. Pero segundo, ¿tú has visto que con trabajar 20 o 30 horas más han bajado los niveles de violencia o criminalidad? El problema no es de trabajar 20 o 30 horas, el problema es de saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo”.

Fuentes de Gobernación cuentan también que durante estos meses Rivera se hacía acompañar del arquitecto y exdirector del Banco Nacional de Vivienda (Banvi) durante el Gobierno de Vinicio Cerezo, Rafael Escobar Donis, acusado de malversación de fondos y de dejar en banca rota a este banco creado para la construcción de vivienda popular. Escobar Donis es padre de Rafael Escobar Pereira, representante legal de la empresa Turismo Actual que durante este gobierno realizó un dudoso contrato en Puerto Quetzal por Q120 millones. Según fuentes consultadas, Escobar acompañaba al viceministro incluso en reuniones de las que, en principio, era totalmente ajeno. Rivera Clavería no niega su amistad con el exdirector del Banvi, y reconoce haber recibido en un par de ocasiones la visita de su amigo, pero asegura que la presencia de Escobar en su despacho obedecía únicamente a motivos amistosos, nada más.

Finalmente, en noviembre de 2012, Rivera Clavería fue sustituido del cargo de viceministro de Seguridad, por Eddy Juárez Prera. Y, aunque pasó a la recién creada Inspectoría General, solo duró en este cargo diez meses, hasta septiembre de 2013. Actualmente trabaja como asesor de prevención municipal en la Municipalidad de Ciudad de Guatemala.

—¿Por qué salió usted del Viceministerio?

—Nos pusimos de acuerdo con el señor Ministro porque él quería poner a un su amigo, yo le dije que no había ningún problema. —Y agrega, en otro momento de la conversación “tuve diferencias, no personales, y aclaro, no personales, de trabajo, porque yo tengo otra visión totalmente diferente”, aunque no quiere especificar cuál era la divergencia entre sus visiones de trabajo.

—Hay una coincidencia de fechas entre lo sucedido en la cumbre de Alaska  (asesinato de 8 campesinos a manos del Ejército el 4 de octubre de 2012) y su salida del viceministerio (noviembre 2012).

—¿Que yo manejé la cumbre de Alaska? Mire, los operativos en el gobierno se manejan de forma distinta. La función del viceministerio es manejar la PNC.

—Y el enlace con el ejército ¿quién lo tiene?

—El Ministro. Y si usted revisa los medios de comunicación en ese momento, el señor Ministro fue el que asumió el trabajo de conducción de ese operativo, no fui yo. Por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. Es más, nosotros dimos la orden de que la policía llegara hasta tal punto y ahí se quedara, de ahí en adelante, quien haya dado otras órdenes… ¿cuántos policías hay procesados? Eso le da una idea.

Rivera Clavería se encuentra en su oficina, en una de las torres del edificio Géminis, en zona 10. En el despacho no hay más personal. Tampoco se ven libros, folders, papeles, que indiquen que éste es un lugar de trabajo. Rivera Clavería inicia la entrevista a la defensiva. Sabe que tiene muchos enemigos. Es muy discreto al hablar de su vida personal y responde con monosílabos. Está casado con María de Pilar Castellanos Paz, de ascendencia española, y tiene dos hijas que, según indica, están en la universidad. Entre sus aficiones se encuentra el karate, arte marcial en el que ha llegado al hachidan (octavo grado de diez) y en la que es maestro de cintas negras. De hecho, en su tarjeta de presentación aparece el símbolo del ying-yang (taijitú), un concepto del taoísmo que simboliza el equilibrio.  

Rivera Clavería no hace ostentación de dinero y, aunque hay personas que afirman que “tiene mucho”, la realidad es que vive en una casa en Santa Elisa, una colonia de clase media de la zona 12 “desde hace 30 o 40 años”. El afirma que si tuviera dinero éste sería fácilmente rastreable, que lo pudo tener, dados sus cargos en el gobierno de Cerezo, pero que todo su dinero se lo ha ganado de forma honrada. En Guatecompras queda consignado que en 2013 recibió, por servicios profesionales al Ministerio de Gobernación, un total de Q.386,430.10 (Q.32,202.51 al mes) y desde 2013 cobra Q.1000 mensuales a la Procuraduría de Derechos Humanos por el arrendamiento del inmueble que ésta utiliza para la auxiliatura de Sanarate, El Progreso. 

La sombra de sus supuestas compañías y Castresana

Clavería se altera  especialmente cuando se le pregunta por los señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), recogidos en los informes publicados por esta entidad de Naciones Unidas en 2010 y 2014. Habla alto, rápido y ofrece algunas de sus respuestas sin pensarlas demasiado.

“Son señalamientos, me parecen absurdos, me parecen fuera de lógica, fuera de tiempo, me parecen irresponsables”.

En su último informe, la Cicig señala a Rivera Clavería como uno de los involucrados en la Red Moreno, en la que también ha sido relacionado Ricardo Bustamante. Una red de tráfico, de contrabando y extorsiones que utilizó las estructuras armadas por el espionaje contrainsurgente en las aduanas,  la llamada Cofradía –dirigida por el jefe del Estado Mayor Presidencial Juan Callejas y Callejas, jefe de la Sección de Inteligencia, y por Luis Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial— y que permaneció activa durante la década de los 80 y la primera mitad de los 90. El empresario Alfredo Moreno Molina, quien también fue exempleado de aduanas, de migración y exguardia de hacienda, fue conocido como la cabeza de esta red. La Red Moreno fue desbaratada durante el gobierno de Álvaro Arzú; y Alfredo Moreno y sus colaboradores, Santos Reyes Salvador y Óscar Rolando Chávez, fueron capturados, acusados de defraudación tributaria y aduanera. Según el informe de la Cicig, un testigo protegido llamado Ovidio Mancilla, quien hacía limpieza en la oficina de Santos Reyes, indicó en un anticipo de prueba, en mayo de 1999, que tanto Juan José Rodil Peralta como Julio Rivera Clavería solían visitar la oficina de Santos Reyes.

Preguntado por este señalamiento, Rivera Clavería dice que  éste carece de sentido y que los testigos protegidos sirven “para armar casos”. Agrega que el MP nunca lo llamó a testificar. Y que él, cuando ocupaba el puesto de director de la  Guardia de Hacienda en el año 90, ayudó a armar el caso. “Cuando yo estuve en la Guardia de Hacienda, toda la información que nosotros veníamos recolectando de cualquier narcotraficante, se la trasladábamos al MP  —si el MP formalizaba acusación o no, eso ya no era problema mío— toda esa base que yo dejé sirvió para iniciar el proceso contra Moreno en la época de Álvaro Arzú porque ese presidente tuvo los pantalones para parárseles, fue el único que ha tenido los pantalones para hacerlo”, asegura.

También, dentro de los informes de la Cicig, se afirma que en 2010 el Movimiento Cívico Nacional, organización ciudadana dirigida actualmente por Rodrigo Arenas, presentó una tacha en la que se indicaba que Clavería era “amigo incondicional” de Carlos Quintanilla Villegas, exjefe de la  Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de Álvaro Colom, acusado de espionaje, intercepción de comunicaciones y revelación de secretos, absuelto en 2010.  Al cuestionársele por esta tacha, Rodrigo Arenas afirmó que fue la Cicig quien les dio la información y que ellos no investigaron nada.  “La Cicig nos utilizó y nosotros le creímos. Éramos novatos en el tema, y creímos que sus intenciones eran las correctas, ellos nos proporcionaban la información, un abogado intermediario nos hacia todos los documentos y nosotros presentamos las tachas”, explica Arenas.

Ante la acusación de Arenas, Diego Álvarez , vocero  de la Cicig, responde que el documento elaborado en 2010 contiene información que proviene de las instituciones de sociedad civil, “pero no se hacía, como no se hace ahora, juicios de valor. Sólo era información que presentaron las asociaciones”. 

Entre tanto, Rivera Clavería dice que no conoce de nada a Quintanilla. “Si yo lo conociera diría que sí lo conozco. El gran problema de este país fue haber aceptado a alguien como Castresana como comisionado. Ese hombre es un inepto, desde mi punto de vista”, indica.

Además, la Cicig publicó en su informe de 2010: “Sus antecedentes (de Rivera Clavería) muestran un perfil de funcionario vinculado a los organismos de seguridad previos a los acuerdos de paz y no acredita experiencia en litigio e investigación criminal”. Y en el documento presentado el año pasado lo señala por el asesinato a un hombre en julio de 2011 cuando una banda de asaltantes entró a su casa de zona 12.  Rivera siempre adujo defensa propia.

Se le pregunta a Rivera Clavería por sus vínculos con Ortega Menaldo, director de inteligencia durante el Gobierno de Cerezo y jefe del Estado Mayor Presidencial con Serrano Elías, acusado de formar parte de la Red Moreno. Según una publicación de la revista El Observador de junio de 2012: “De Rivera Clavería se ha dicho que pertenece al grupo de Ortega Menaldo desde principios de la década de 1980”. Y también por su relación con Julio Girón Barillas, exsecretario privado de Alfonso Portillo, acusado de haber desviado a cuentas de Panamá Q190 destinados a la compra de municiones, y de recibir cinco cheques por US$3.4 millones de Comcel entre 1999 y el 2000.  En el caso de Ortega Menaldo, Clavería niega todo: “Con él nunca tuve relación. Él fue jefe del Estado Mayor en la época de Serrano Elías. Yo estaba en el OJ”. Con Julio Girón dice haber competido en karate, pero no tener una relación más estrecha.

—Aquí dicen que yo conozco absolutamente a todo el mundo. Primero, que conozco absolutamente a todos los militares de este país. Segundo, que conozco a todos los empresarios de este país. Tercero, que conozco a todos los políticos de este país. Cuarto, que conozco a todas las mafias de este país. Quinto, que conozco a todos los académicos de este país. Sexto, que soy un hombre intolerante, intratable, violador de los derechos, y cuanta babosada se le puede ocurrir a cualquier pendejo en este país. Lo primero que le puedo decir es que yo he sido un hombre público, yo he tenido relación con gente —y asegura no tener abierto ningún proceso penal ni ninguna denuncia.

Rivera Clavería desmiente cualquier  vínculo con Quintanilla y Girón, y niega conocer a Ortega Menaldo. En cuanto a Rodil Peralta y Escobar Donis simplemente se distancia de la trayectoria de éstos, vinculada con corrupción.

—Pero usted a lo largo de toda su trayectoria sí ha tenido que ver la corrupción muy de cerca.

—La he visto. Pero, ¿acaso yo he trabajado en el MP? El día que me toque hacerlo lo voy a hacer.

Además de combatir la corrupción, afirma que de llegar a la cabeza del Ministerio Público seguirá trabajando junto con la DEA en el combate al narcotráfico. Mejorará las investigaciones y seguirá en la colaboración con la DEIC para el combate del crimen. Planea coordinar los mejores equipos de las otras instituciones de seguridad y de justicia en el país, con el mayor aporte de tecnología, y con un control de la información para evitar las filtraciones.

Ya en la nómina de los seis, en las próximas horas, el presidente decidirá si Rivera Clavería,  después de 30 años de vida profesional vinculada con los temas de seguridad, pisa nuevamente el ente investigador en el que inició su carrera en 1979.

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