El olor a gas –por ratos insoportable– era un remanente de la manifestación que en Totonicapán, horas antes, se había protagonizado. Junto a los muertos y los heridos que eran trasladados al hospital, el gas lacrimógeno continuaba latente. 

Alrededor, el lagrimeo, los ojos irritados, parecían inevitables.

Sin embargo, en ese momento, muy pocos de los casi 2 mil comunitarios dentro de las instalaciones del hospital habían sido afectados por el gas depositado en este ambiente. Sus lágrimas de esa noche eran a causa del dolor de recibir a sus heridos, a sus muertos. Y atentos, todos, esperaban las ambulancias, una tras otra. Las mismas que iban llegando con un herido y luego otro, un muerto y luego otro. El informe del hospital del día 4 de octubre contabilizaría, según la lectura del informe por parte de German Aguilar, director del Hospital Nacional de Totonicapán "Dr. José Felipe Flores": “6 personas fallecidas por arma de fuego y 34 heridos: 9 por contusiones o fracturas, 1 por desguince en el tobillo, 4 intoxicados, 3 con heridas corto punzantes, 1 por esquirlas, 1 en shock, 1 sin diagnóstico y 14 heridos por proyectiles de arma de fuego”.

En ese saldo todos –heridos y muertos– eran indígenas k’ichés.

El calibre de los proyectiles era un dato que en el informe no se especificaba.

Totonicapán, ese día, había salido a manifestar y en consecuencia fue reprimido con potencia. Campesinos, maestros, alumnos normalistas, autoridades indígenas y padres de familia bloquearon la ruta Interamericana en tres puntos: Alaska, Xecanchavox y Cuatro Caminos. Lanzaron piedras y palos contra el personal uniformado de las fuerzas combinadas de seguridad del Estado que, entre elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del ejército, llevaban uniformes antibalas, escudos, toletes, granadas de gas, camiones, armas letales y de disuasión y la instrucción para la PNC de desbloquear el camino.

“Nuestros muertos son los muertos de todas las comunidades, de todo Totonicapán”, reclamaba una vecina en el hospital, en medio de tantas personas por consolar y pocos, muy pocos, que pudieran dar consuelo.   

Cerca de la morgue, en la parte de atrás del hospital, la viuda de Arturo Félix Sapón Yax, con lágrimas en los ojos y sus sandalias manchadas de sangre decía: “Cómo voy a explicarle a mis hijos que a su papá lo mató el gobierno… y que nosotros pusimos a ese gobierno”.

Otra viuda, Josefa Barreno, entre llanto, descompuesta, decía: “Lucharon por nuestros derechos. Pero el gobierno nunca, como siempre, nos escuchó. Y ahora están todos muertos”.

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Casa Presidencial, 4-10-2012. Mauricio López Bonilla, Ministro de Gobernación, con el rostro desencajado, molesto, daba una primera conferencia de prensa sobre lo ocurrido en Totonicapán. Sí, sus órdenes de desalojar se habían cumplido, aseguraba –“quiero ser enfático en esto”, decía–, ninguno de los soldados ni nadie más de las fuerzas combinadas estaba en capacidad de disparar. “Las fuerza públicas y las fuerzas del ejército que nos han apoyado, no llevaban armas de fuego. Las fuerzas combinadas van equipadas con herramientas no letales: gases lacrimógenos y gas pimienta. Lo que siguen es una línea de protocolo”. El primer análisis del Ejecutivo: “Esto solo ocurre cuando se da un enfrentamiento tumultorio”. “Las comunidades se habían atacado entre ellas”.

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Totonicapán ha sido un territorio rebelde. Atanasio Tzul, líder y primer principal de Totonicapán, se negó al cobro de impuestos por parte de la corona española. Hay historiadores y académicos, como Efraín Tzaquitzal, Pedro Ixchíu y Romeo Tiu, autores del libro Alcaldes Comunales de Chwimiq´ina´, que sostienen que la organización social de Totonicapán, desde 1545, durante la época de los cabildos, “aún con leyes severas y formas de gobierno español, no dejaron de reconocer a sus legítimas autoridades (indígenas) y les importaba poco el reconocimiento de la corona y autoridades españolas”.

Cinco siglos más tarde, en Totonicapán, las autoridades comunales todavía existen. Se respetan y se reconocen. Representan a cuatro zonas de la cabecera, ocho aldeas, 36 cantones, cada uno con varios parajes y caseríos, además de dos colonias ubicadas en el cantón Poxlajuj. Las zonas, aldeas y cantones forman lo que desde muy antiguamente se ha denominado “El pueblo indígena de los 48 cantones de Totonicapán”.

Cada segundo sábado de mes, por la mañana, todos los alcaldes comunales se reúnen en el primer piso de la casa de los 48 cantones de Totonicapán, en el centro de la ciudad. Lo que se discute en esas asambleas, el antropólogo Stener Ekern en su libro Comunidad y liderazgo k’iche’ lo relata así: “Igual que a nivel cantonal, sus tareas son detalladas en una serie de consignas que se relacionan con la defensa del patrimonio de los indígenas de Totonicapán. La cuestión principal, por lo tanto, es conservar la soberanía de las comunidades frente a todos los poderes externos, incluidas agencias del Gobierno de Guatemala”. Y cuando algo afecta o amenaza el patrimonio de Totonicapán, su poder de convocatoria suele ser masiva.

Es algo que Totonicapán, en años recientes, ya ha demostrado.

En 1987, 48 Cantones se opuso al auto evalúo de propiedades para defender el bosque que les pertenece y consiguió que el gobierno no impusiera un precio sobre sus tierras. Rechazó el Impuesto Único sobre Inmuebles en 1998. En el 2001 se pronunciaron en contra del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En 2005 detuvieron la Ley General de Aguas. En 2011 protestaron masivamente en contra del alza de la tarifa eléctrica. En casi todas estas ocasiones, el presidente de 48 cantones se reunió con el mandatario de turno.

El 4 de octubre de 2012, no obstante, cuando 48 Cantones protestó por un alza en la tarifa del servicio eléctrico, también por la poca socialización de la propuesta de reforma constitucional, y por la imposición del cambio a la reforma magisterial,  el presidente Otto Pérez Molina atendió tarde, muy tarde, a Juana del Carmen Tacam, la actual presidenta de los 48 Cantones de Totonicapán.  

Sería también, la primera vez que una manifestación masiva de Totonicapán fuera reprimida violentamente.

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Guardia de Honor, 5-10-2012. Ulises Anzueto, ministro de Defensa, está sentado justo al lado del presidente Pérez Molina. Es un día luego de la manifestación de Totonicapán. Una fotografía publicada en varios medios muestra a un soldado con un fusil apuntando hacia un objetivo desconocido dentro de la manifestación. “Yo también vi la fotografía”, titubea Anzueto ante algunos periodistas, “él sostiene el arma pero no tiene el dedo en el gatillo, el seguro del fusil está puesto, eso lo pueden analizar en la imagen”. Horas más tarde se contradice, Anzueto afirma otra cosa y admite que el ejército sí había utilizado los fusiles de alto calibre. Segundo análisis del Ejecutivo: “Siete de los soldados que estaban ahí aceptan haber disparado.

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Antes del lanzamiento de la primera bomba lacrimógena, antes de que los soldados dispararan un solo tiro en contra de los manifestantes, nadie escuchó a 48 Cantones. Las peticiones  de Totonicapán llegaron a la Casa Presidencial sin receptor y rodeadas de mucho silencio. Sin embargo, cada una de ellas se había fraguado desde mucho tiempo atrás.

La reforma a la Constitución, por ejemplo, como explica un análisis de los líderes comunitarios, elimina totalmente, a futuro, las figuras de autoridad indígena. “Las alcaldías, las organizaciones de comunidad, no son contempladas por la nueva constitución. Las esquiva y las omite. Las desaparece”, relataba Carmen Tacam.

Desde el artículo 1, la reforma constitucional, como analiza José Santos Sapón, abogado de la concatedral de San Miguel Arcángel de Totonicapán, obliga a los pueblos indígenas a aceptar una nación, “una sola y única nación y no un solo Estado”. “Una nación es un conglomerado humano, de aspecto sociológico, y el Estado tiene un aspecto jurídico”.

Es decir, explica Sapón, un Estado puede ser multiétnico, puede ser uno, pero cuando el artículo 1 de la reforma dice: “La nación guatemalteca es una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe”, Sapón, que también trabaja en la pastoral de justicia de Totonicapán, explica que no hay posibilidad de autonomía, no hay posibilidad de entender a los pueblos indígenas dentro de ese contexto. “Se trata de una nación hegemónica, donde no se admite lo indígena”, indica.

En el fondo, el otro factor que podría ser peligroso para las organizaciones ancestrales, argumenta Sapón, es la modificación del artículo 66.

Primero, como explica los 48 Cantones de Totonicapán, porque el Estado, tras la modificación, asumirá una protección que no le corresponde sobre pueblos indígenas. Y segundo, porque no reconoce “la organización social” de los pueblos originarios.

En la actualidad, el artículo 66 de la Constitución de la República, desde 1985, en la primera etapa de la era democrática para Guatemala, dice: “Protección a grupos étnicos.  Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya.  El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.

Luego de la Reforma, este artículo podría transformarse así: “Identidad y derechos de los pueblos Indígenas. El Estado reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca; respeta y promueve sus formas de vida, de organización, costumbres y tradiciones, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, sus distintas formas de espiritualidad, idiomas, dialectos y el derecho a trasmitirlos a sus descendientes. También reconoce, respeta y protege el derecho a usar, conservar y desarrollar su arte, ciencia y tecnología, así como el derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente establecidos, debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y reconocimiento”.

El primer cambio, explica Sapón, es El Estado “reconoce, respeta y promueve”, por “reconoce, respeta y protege”. “Los pueblos indígenas no necesitamos protección”, dice Sapón, “necesitamos desarrollo. Este cambio es un gran atraso para nosotros. Es un despotismo”.

-¿Y el epígrafe del artículo actual que refiere Protección a Grupos Étnicos?- pregunto al abogado.

-El epígrafe no se interpreta. Da una idea pero no se interpreta.

La siguiente modificación es la ausencia del reconocimiento de lo social. “La organización social queda fuera, es decir, en la reforma sólo dice organización. Si yo soy un Cocode (Consejo Comunitario de Desarrollo), si soy un Comude (Comité Municipal de Desarrolllo), como ya soy una organización ya no tengo que reconocer a mis autoridades indígenas, las anuló”, defiende Sapón.

El otro problema de este artículo se da cuando se menciona el “derecho de acceso a los lugares sagrados legalmente establecidos, debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y reconocimiento”. ¿Y quién hace la ley?, pregunta Santos Sapón: “El Congreso. Pero quién es el Congreso para decidir qué es y cuál no es un lugar sagrado. Entonces las gradas en el parque podrían ser un sitio sagrado. Ninguno de nosotros lo reconoceríamos”.

-¿Qué reformas se podrían proponer desde la perspectiva de pueblos indígenas?

-Pues hay varias. Una sería el reconocimiento del concepto de comunidad dentro de la Constitución, desde el artículo 1. Y la otra sería modificar el artículo 203, el monopolio de la justicia. El sistema de justicia oficial no reconoce, fuera de convenios, la justicia indígena.  

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Ministerio Público de Totonicapán, 5-10-2012. La auxiliar fiscal del Ministerio Público, Brenda Limatuj, es la encargada de la escena del crimen. Pasan minutos de las dos de la mañana cuando, en la oscuridad, la auxiliar fiscal considera que ha terminado su trabajo. La fiscalía de Sololá ha hecho la recopilación de evidencias. La fiscalía auxiliar del MP de Totonicapán ha hecho el levantamiento de cadáveres. La zona del enfrentamiento, un área que abarca un kilómetro de la carretera interamericana, entre el kilómetro 169 y 170, es jurisdicción del departamento de Sololá. El departamento de Totonicapán inicia en el kilometro 171.5. Cuando amanece, sobre el asfalto, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, encuentra todavía fragmentos de municiones, cartuchos de escopeta y casquillos calibre 5.56 para fusil. “La escena se ha manejado mal”, señalaba, indignada, Menchú. En las fachadas de las casas de todo Totonicapán serían colocadas infinidad de moñas negras.

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En 1996 el servicio de electricidad en Totonicapán (y en casi todo el país) cambió de ser público a tener empresas de capitales españoles como propietarias. Deocsa-Deorsa, como comentan los líderes comunitarios, bajo sus nuevos términos, dio un primer y arbitrario incremento en el precio de la energía eléctrica.

Desde hace tres meses, aunado a este incremento establecido y constante, se dio un nuevo incremento, todavía más arbitrario, de 62.5 por ciento en las facturas. Sucedió una vez que el fondo británico Actis, por medio de su representante Jaime Tupper, adquirió Deocsa-Deorsa en mayo de 2011. La empresa se convirtió en Energuate.

Esta empresa heredó casi un millón y medio de clientes a nivel nacional y es la encargada de distribuir la energía en 20 de los 22 departamentos de Guatemala.

“Hemos librado una lucha por más de 10 años contra Unión FENOSA–DEOCSA, ahora Energuate, por los constantes incrementos abusivos a la tarifa del servicio, cobrando en muchas facturas el alumbrado público donde éste no existe, y esto viene a afectar la precaria economía de la población indígena y rural de Totonicapán”, resalta el vicealcalde Hernández durante la lectura de un comunicado.

La presidenta Tacam, por su parte, durante una breve intervención en una conferencia de prensa indicaba, indignada, que los representantes de dicha empresa presentaron una denuncia en contra de la alcaldía indígena de Totonicapán ante el Ministerio Público. “Cosa que atenta contra la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y atropella la dignidad de un Pueblo”, completaba Hernández.

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Salón de los alguaciles, Totonicapán. 5-10-2012. El procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, lucía pálido, descompuesto. Afuera, los cuerpos de los fallecidos Rafael Batz  y Santos Nicolás Menchú, de Pasajoc; Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordoñez, José Eusebio Puac Ordoñez, del cantón Chipuac; y Arturo Félix Sapón Yax, de Panquix, eran conducidos por gente de sus comunidades a una tarima en el parque central. Rigoberta Menchú hablaba con la presidenta en el mismo salón de los alguaciles de los 48 Cantones, dejaba expuesto al procurador De León Duque –justo a su lado– y destacaba lo que éste un día anterior había mencionado: la importancia del derecho de libre locomoción sobre el derecho fundamental de la vida. De León Duque, empalidecido, se limitaba a guardar silencio. “El derecho a la vida es primero”, resaltaba Tacam. Ese día, la estatua de Atanasio Tzul, en el parque de Totonicapán, sería cubierta con una capa negra en señal de luto.

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Hasta hace dos meses, la presidenta de 48 Cantones, Carmen Tacam, evaluaba y sopesaba pros y contras al dar apoyo a los alumnos normalistas en su lucha contra las Reformas al Modelo de Subsistema de Formación Inicial Docente (Reforma Educativa).

Todo cambió de golpe, señala Hernández, cuando los alumnos resultaron heridos en una manifestación pacífica el pasado septiembre por la lucha de sus derechos y muchos padres de familia se acercaron para pedir consejo. También para pedir la involucración de la alcaldía.

Y la alcaldía, en su comunicado de peticiones, dice:

“No estamos de acuerdo con esta propuesta de reforma educativa, porque se refiere únicamente a las escuelas normales, y (una) reforma educativa no debe ser aplicada solo a los maestros. La propuesta deja fuera a todos los jóvenes estudiantes que no aprueben los exámenes de ingreso a la universidad. No hay calidad educativa, ya que los contenidos a desarrollarse en 3 años, se comprimirán en 2. Abiertamente se esta haciendo un negocio con la educación del país y la misma no es clara respecto del presupuesto para las becas a todos los estudiantes que continúen con los estudios superiores”.

Hasta el momento, ninguno de los tres temas que activaron la manifestación logró ser escuchado.

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Guardia de Honor, 6-10-2012. El Presidente, Otto Pérez Molina, rodeado de varios soldados heridos, en sillas de rueda y convalecientes, explica las circunstancias de la actuación de las fuerzas combinadas ante la manifestación. “Uno de los contingentes del ejército iba en camino, cuando faltaban tres kilómetros el oficial que iba a cargo se comunicó con la Policía Nacional Civil y este le dijo que ya no era necesario porque acaban de recibir la instrucción de retirar las unidades”.  “Los tres vehículos que llevaba el ejército, dos camiones y un pick up, llevaban contingente equipado para responder a disturbios civiles, es decir el contingente no iba armado”. “Los que sí iban armados eran los de seguridad de los vehículos, iban cuatro soldados equipados en cada uno de los camiones y tres en el pick up, el resto del contingente no iba equipado”.  Tercera afirmación del Ejecutivo: “En la investigación del Ministerio de Defensa hay siete soldados que ya aceptaron que ellos dispararon –7 de 11 soldados que iban en los tres vehículos– dispararon su fusil al aire porque temieron por su vida”. Dispararon.

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En el cantón Chipuac los muertos se entierran rodeados por la milpa, al lado del maíz. Jesús Baltazar Caxaj Puac fue uno de los fallecidos en Alaska. Temprano, junto a su hijo Santos Eligio Caxaj, el 4 de octubre bajó a la carretera. Iban armados con sus almuerzos, frijol y unas tortillas. “Su lucha”, como vecinos llaman a su suma en la manifestación, tenía dos propósitos: la primera, que el gobierno siguiera reconociendo a sus autoridades, que respetarán sus mandatos, la vara de los alguaciles. Y la segunda, Santos Eligio estudia en la Escuela Normal Rural de Occidente y no quería, como lamenta Josefa Barreno, “que nuestro hijo se tardara tantos años para poder ir trabajar luego de la reforma educativa”.

En el cementerio de Chipuac, Baltazar Caxaj Puac descansa al lado de Francisco Ordoñez y de José Eusebio Puac Ordoñez. A su alrededor está la milpa.

–Ellos eran mis vecinos– dice Santiago Monroy, herido de bala en una de sus piernas, en una de las camas desde el hospital.

–¿Estuviste en Alaska (Baltazar, Eusebio y Francisco murieron en Alaska)? –pregunté.

–Ellos murieron por los soldados.

–¿Qué fue lo que pasó en Alaska?

–Los soldados, cuando llegaron, de una vez empezaron a disparar. Se bajaron y empezaron a disparar. A mí me dieron en la pierna. Es una bala.

–Eran cinco soldados– Domingo Puac interviene desde su cama. También lo hirió una bala. También es de Chipuac.

–En mi caso– dice Puac –corrí como veinte metros hasta que me detuve. Fue cuando vi que los dedos de mi pie ya no estaban. Eso fue en Alaska, como a las tres de la tarde. Mire, a uno hasta pena le da a veces matar a un animalito, pero estos… había uno que hasta parecía Rambo: Tacatacatacatacataca!

–¿Vieron a algún guardia de seguridad con escopeta?

–Donde yo estaba, no– dice Puac.

Dos días antes, en el hospital, Arturo Carrillo Rodas, uno de los heridos de Chuixchimal, explicaba: “Fue el guardia del camión de Cementos Progreso. Ese sí se echó como a tres. Nosotros le prendimos fuego al camión. Los soldados luego llegaron de una vez a disparar. A algunos de nosotros nos quitaron nuestros machetes. Tuvimos que correr”. 

Los fallecidos, todos heridos por arma de fuego, según dato del doctor Jorge Destarac, jefe regional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, fueron ocho en total: Rafael Batz (Pasajoc), Santos Nicolás Menchú (Pasajoc), Jesús Baltazar Caxaj Puac (Chipuac), Francisco Ordoñez (Chipuac), José Eusebio Puac Ordoñez (Chipuac), Arturo Félix Sapón Yax (Panquix), Domingo Caniz (Chipuac) y uno más de Santa Catarina Ixtahuacán cuyos familiares no dejaron que Inacif  abriera su cuerpo debido a que en su cosmovisión esto no le permitiría llegar completo al “Ajaw” (Cielo).

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Arquidiócesis de los Altos-Quetzaltenango–Totonicapán, 6-10-2012: “Denunciamos la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Este es el fondo de la cuestión. Y prevenimos que no se vaya a culpar solamente a personas particulares como un agente de seguridad o soldados en lo individual que resulten siendo chivos expiatorios para excusar al gobierno de la progresiva militarización a la que se está llevando al país. Y pedimos a nuestras autoridades políticas y judiciales que sean honrados y valientes al descubrir y castigar como es debido a los culpables”. Cacif, 7-10-2012: “Apoyamos el irrestricto cumplimiento de la ley y el respeto a las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida de  los habitantes, así como garantizar su libre locomoción”. ONU-OACNUDH, 7-10-2012: “Ante esta situación se considera importante resaltar que el ejercicio del derecho legítimo a la manifestación es un pilar fundamental de un Estado democrático y no puede conllevar como resultado la muerte de personas”. EE.UU., 6-10-2012 “Esperamos que el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación investiguen de manera profunda para esclarecer los hechos”.

*Con información de Juan Luis García